Peña Nieto impone arancel a hidrocarburo, como pidió una filial de Odebrecht en un contrato con Pemex
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Archivo Cuartoscuro

Peña Nieto impone arancel a hidrocarburo, como pidió una filial de Odebrecht en un contrato con Pemex

La petición del arancel fue establecido en el contrato realizado entre las empresas Braskem –filial de Odebrecht– y Grupo Idesa, Pemex Gas y Petroquímica, firmado en febrero de 2010, durante la administración de Felipe Calderón.
Archivo Cuartoscuro
30 de mayo, 2018
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A través de un decreto, el presidente Enrique Peña Nieto cumplió la petición de las empresas Braskem –filial de Odebrecht– y Grupo Idesa de imponer un arancel a las importaciones de polietileno, polímero que dichas compañías producirían en México en la planta llamada Etileno XXI.

Esta petición fue establecida en el contrato realizado entre las empresas y Pemex Gas y Petroquímica, firmado en febrero de 2010, durante la administración de Felipe Calderón. Dicho contrato fue enviado a la plataforma Méxicoleaks, de la cual Animal Político forma parte.

Etileno XXI vendería polietileno a Pemex, por eso, ésta suspendió la inversión a sus propias plantas en Cangrejera y Morelos para producir polietileno, pese a ser proyectos del Programa Nacional de Infraestructura del sexenio, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.

El contrato de 2010 era para que Pemex le vendiera etano a las empresas, es decir, la materia prima para producir polietileno. Sin embargo, una de las cláusulas de las compañías establecía la petición de imponer un arancel para los países no incluidos en tratados de libre comercio que quisieran vender polietileno a México.

“Es fundamental para la economía de las instalaciones del Proyecto (la planta Etanol XXI) que el Gobierno de México incremente las tarifas aplicables a la importación de toda clase o tipo de polietileno a México (…) que sean al menos similares a las tarifas aplicables (…) en los Estados Unidos de América o Canadá (actualmente 6.5%)”.

Seis años después, el presidente Enrique Peña Nieto concretó la cláusula. El 1 de enero de 2016 firmó un decreto en el que se establece que “el polietileno de baja densidad lineal es una resina con importantes volúmenes de comercialización, resulta conveniente crear una fracción arancelaria específica para dicha mercancía con el arancel a la importación de 5%”.

La preferencia

Etileno XXI es uno complejo petroquímico establecido en Veracruz tan ambicioso que, según se estableció en el contrato, es capaz de producir 1 millón de toneladas de polietileno, polímero que sirve para la fabricación de plásticos, y en el que se invirtieron 3 mil 200 millones de dólares.

Etileno XXI “representa una de las inversiones brasileñas más importantes realizadas en México” que prosperó gracias al “decidido apoyo de la Presidenta Rousseff” durante su primer mandato, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2015, como parte del anuncio de la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca entregada a la expresidenta durante su visita de Estado a nuestro país.

Las empresas operadoras son Grupo Idesa y Braskem, constituida en 2004 en Sao Paula, Brasil y filial de Odebrecht, la compañía que presuntamente entregó sobornos a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, durante la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de ser favorecida con obra pública cuando asumiera la presidencia, según reveló Mexicanos contra la Corrupción.

La planta Etileno XXI fue inaugurada el 22 de junio de 2016, cinco meses después del decreto que impuso el arancel para el polietileno, por el secretario de energía, Pedro Joaquín Coldwell, y ha significado un mejor negocio para la empresa que para Pemex.

La empresa mexicana le vende etano a 16 centavos de dólar por galón, pero el valor en el mercado es de 50 centavos de dólar por galón.

Esto ha significado pérdidas por mil 900 millones de pesos para Pemex, pues “el precio al que vendió el etano fue menor al costo de ventas y al gasto de transportación incurridos”, según señaló la Auditoría Superior de la Federación en la tercera entrega del Informe de la Cuenta Pública 2016.

Además, Pemex se comprometió con Braskem-Idesa a proveerle 66 mil toneladas de gas etano diario, pero para cumplir, Petróleos Mexicanos tuvo que comprar etano a otras empresas de Estados Unidos este año porque lo que produce no le alcanza para abastecer a los complejos petroquímicos de Cangrejera y Morelos, que trabajan al 40% de su capacidad, y al volumen comprometido con Etileno XXI.

Los funcionarios

Los funcionarios que firmaron el documento por parte de Pemex Gas y Petroquímica Básica fueron Arturo Arregui, subdirector de Planeación; Víctor Domínguez Cuéllar, subdirector de ductos (ambos mencionados durante las investigaciones de Odebrecht). Fernando Amor Castillo, subdirector de gas licuado y petroquímicos básicos y Armando Ricardo Arenas Briones, subdirector de producción.

Domínguez Cuellar salió de Pemex en 2014, pero ahora es parte de la consultora DM Integración Energética. Una consultoría privada que se especializa en el asesoramiento de mercados de gas y petróleo en México.

Arenas Briones, ex director de PGPB hasta 2014, fue señalado en 2009 por ser parte de una red de corrupción en la asignación de contratos con Pemex a empresas propietarias de sus familiares.

Por Braskem, firmó Cleantho de Paiva Leite Filho, director de Unidad de Negocios Internacionales. Él fue identificado por Alexandrino Alencar, directivo de Odebrecht, como el representante de la empresa en México. Sin embargo, Leite ha declarado que Etileno XXI no forma parte de las investigaciones contra Odebrecht, al no ser un negocio de la rama constructora de la empresa.

Por el lado de Idesa firman José Luis Uriegas Uriegas, como Director General; y Patricio Gutiérrez Fernández como Director de Planeación y Desarrollo de Negocios. El primero se desarrolló antes de estar en Idesa como funcionario de Nacional Financiera, prestamista de Braskem-Idesa para el proyecto.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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https://www.youtube.com/watch?v=cqiupsqBZik

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