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La corrupción mata: colusión de funcionarios y criminales favorece la impunidad en México

El informe "La corrupción mata" señala que para poner fin al estado de violencia e impunidad en el país, es necesaria la creación de un mecanismo internacional de investigación de crímenes atroces, que indague la participación de funcionarios públicos coludidos con grupos criminales.
Cuartoscuro
3 de mayo, 2018
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En México la corrupción mata. De acuerdo con un informe elaborado por la fundación Open Society, 2017 ha sido el año más violento en dos décadas, con más de 25 mil homicidios; además, se han incrementado los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, al igual que las desapariciones.

Todos estos delitos, explica el informe, han crecido gracias a “la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables”, en especial cuando estos son funcionarios públicos, lo que se traduce en impunidad.

El informe “La corrupción mata”, señala que, a lo largo de los últimos años, se ha podido documentar la participación de funcionarios estatales y municipales, en coordinación con cárteles, en crímenes de lesa humanidad, lo que indica “una colusión sistémica entre servidores públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México”.


De acuerdo con Open Society, el aumento de la violencia y la impunidad por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia en el país podría agravarse con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Inicialmente, indica el informe presentado por la organización, el despliegue de las fuerzas federales en las calles, en 2006, se dio con el objetivo de combatir a los grupos criminales; sin embargo, “fue aplicado sin regulación adecuada del uso de la fuerza y casi sin sanciones por los crímenes perpetrados durante las administraciones de Enrique Peña y Felipe Calderón”.

Lee: Verificado.mx: ¿La corrupción cuesta 9% del PIB en México?

Esta situación ubica a México como el país con la tasa más alta de impunidad en América y como una de las cuatro naciones más corruptas de la región.


Homicidios y desapariciones en aumento

Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los casos de homicidio doloso aumentaron en un 149.8% entre 2015 y 2017.

En 2015 se registraron 16,909 casos; para 2017, fueron 25,339. Antes de eso, el año con más homicidios dolosos había sido el 2011, cuando se presentaron 22,409.

El informe señala que, además del aumento de los homicidios, estos se han extendido a varias áreas del país.

En 2011, los estados más violentos del país fueron Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Estado de México y Sinaloa; para 2016, los que presentaron más violencia fueron Guerrero, Estado de México, Baja California, Michoacán y Veracruz.

Te puede interesar: Homicidios repuntan en marzo: asesinatos en gobierno de Peña Nieto ya superan los que hubo con Calderón.

En 2017, Guerrero se mantuvo como el estado más violento, seguido por Baja California, Estado de México, Veracruz y Chihuahua.

Además de los homicidios, otro fenómeno en crecimiento en el país son las desapariciones de personas: desde 2006, año en que comenzó formalmente la política de seguridad llamada “guerra contra las drogas” hay 34,092 personas reportadas como desaparecidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Del total de personas desaparecidas registradas en el RNPED, 13767 casos se dieron durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y los otros 20,325 en la administración de Enrique Peña.

De acuerdo con el informe, en el caso de las desapariciones forzadas cometidas por elementos de las fuerzas federales, pocos han sido llevados a juicio, y cuando esto sucede, generalmente se da el uso “de chivos expiatorios, como oficiales de menor rango, para evitar investigaciones sobre los máximos responsables”.

Información obtenida por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) indica que, de 37 investigaciones iniciadas contra militares sospechosos de cometer desapariciones forzadas en México, solo ha habido tres condenas.

Lee también: Los casos de desaparecidos, una tendencia constante entre los sexenios de EPN y Calderón.

La tortura, refiere el informe, continúa siendo una práctica “rutinaria y generalizada a nivel estatal y federal”, hecho confirmado en 2017 por el Relator Especial de la ONU.

En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 744 denuncias de tortura y trato cruel e inhumano por parte de autoridades federales; en 2017 fueron 401 las denuncias presentadas.

Para la organización, es urgente la creación de una Fiscalía General de la República que sea independiente del poder ejecutivo federal, pues con el esquema actual, con la Procuraduría General de la República (PGR), “la persecución penal es susceptible de obstrucción y manipulación”.

Asimismo, destacan la importancia de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, como herramienta para el combate de las prácticas corruptas en el país.

Sin embargo, reconoce el informe, las políticas públicas implementadas para combatir la corrupción y la impunidad en el país no han sido suficientes, por lo que propone la creación de un mecanismo internacional facultado para investigar de manera independiente estos delitos, y perseguir crímenes atroces.

“México necesita un mecanismo internacional, no solo como primer paso para propiciar la rendición de cuentas que sus ciudadanos han buscado durante tanto tiempo, sino también para abordar las debilidades del sistema de justicia penal que lo tornan inadecuado para investigar las estructuras y prácticas de corrupción”, señala.

Para ello, México “necesita expertos que aporten objetividad, experiencia y habilidades técnicas para la abrumadora tarea de fincar responsabilidades a quien corresponda por los crímenes más graves”, concluye el informe.

Consulta la versión completa del informe “La corrupción mata” en la página corrupcionquemata.org.

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Fusiles Barret, AR-15 y lanzacohetes, los arsenales estadounidenses del crimen organizado en México

Los cárteles mexicanos de narcotráfico suelen utilizar armas de guerra, la mayoría compradas ilegalmente en EE.UU. Su creciente capacidad de fuego preocupa a las autoridades de ambos países.
25 de octubre, 2019
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Es una de las imágenes más vistas en redes sociales: camionetas con ametralladoras patrullando las calles de Culiacán, Sinaloa, durante la fallida operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Autoridades y expertos identificaron el arma como una Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de Estados Unidos.

Pero no fue la única. El día del operativo, el jueves 17 de octubre, decenas de jóvenes recorrían la ciudad con fusiles de asalto AK47 y R15, además de granadas y pistolas 9 milímetros.

En estos días la atención de los medios y analistas mexicanos se concentra en la batalla de Culiacán.

Pero en realidad, el uso de armas compradas ilegalmente en Estados Unidos es frecuente entre la delincuencia organizada del país, que según especialistas han acumulado verdaderos arsenales con estas importaciones.

Emboscada Aguililla

AFP
El CJNG atacó a policías con granadas y fusiles de asalto en Aguililla, Michoacán.

Un ejemplo ocurrió el 14 de octubre, durante el enfrentamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación con policías en Aguililla, Michoacán.

Las autoridades encontraron evidencias de que en la emboscada se utilizaron casquillos del calibre .50 como los del Barret.

Se trata de un arma, capaz de atravesar fuertes blindajes, utilizada por francotiradores de élite de las tropas estadounidenses.

Ninguna de estas armas es fabricada en México. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la mayoría proviene de armerías en Arizona y Texas.

El destino de este mercado son bandas de delincuencia organizada, como se demostró en los ataques de Culiacán y Aguililla. Y el resultado es violencia en el país.

“La correlación entre la producción de armas en Estados Unidos y el alza de homicidios en México es muy alta”, le dice a BBC Mundo Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano.

Bazucas, morteros, granadas

Lo que sucedió en Sinaloa y Michoacán es una muestra de la capacidad de respuesta militar que han adquirido los carteles de narcotráfico en los últimos años, coinciden especialistas.

Lanzacohetes

AFP
El CJNG usó lanzacohetes para derribar un helicóptero militar.

Las organizaciones utilizan armas de guerra en sus operaciones, no solo en la batalla contra grupos rivales sino como respuesta a las autoridades.

Por ejemplo, en 2015 el CJNG derribó un helicóptero de la Secretaría de Marina con un lanzacohetes RPG-7, de fabricación rusa. El arma entró al país por la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales.

En 2016, tras la tercera captura de “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, la Secretaría de Marina encontró decenas de fusiles de asalto, entre ello un Barret.

Ese modelo de arma se utilizó en enero de este año en Tamaulipas durante un enfrentamiento entre los carteles del Noreste y El Golfo que causó la muerte a 21 personas, según la Fiscalía del estado.

Pero en distintos momentos las autoridades han confiscado otros artefactos de guerra.

Durante una operación contra el cartel de La Familia Michoacana, la Sedena confiscó ametralladoras SAW 5.5 con capacidad de 700 disparos. También fusiles Remington 700 utilizado para francotiradores, granadas y bazucas.

Fusil Barret

AFP
El gobierno de México ha confiscado fusiles Barret a carteles de narcotráfico.

Un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados establece que el arsenal de los carteles incluye granadas de 47 milímetros, por ejemplo.

También pistolas consideradas de última generación que utilizan balas trazadoras capaces de traspasar blindajes. En México se conocen como “matapolicías”.

Al Cartel de Sinaloa se le han confiscado bazucas y morteros utilizados en el ejército estadounidense.

Algunos de estos ejemplares se exhiben en el Museo de los Enervantes en las instalaciones centrales de la Sedena, en Ciudad de México.

“Operación Frozen”

El creciente poder de fuego de los carteles de narcotráfico es uno de los problemas más graves del país reconocen autoridades.

De hecho tras la batalla en Culiacán, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron implementar una estrategia especial en la frontera común contra el tráfico de armas.

Culiacán

AFP
En la operación de Culiacán para rescatar a Ovidio Guzmán se usaron armas de guerra.

El operativo se llama “Frozen” y según el presidente Andrés Manuel López Obrador fue parte de una conversación telefónica con Donald Trump tras la fallida operación militar en Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la estrategia consiste en “sellar las fronteras”, para impedir el tráfico ilegal de armas.

La vigilancia se aplicará especialmente en cinco de los principales sitios de cruce fronterizo, donde según la Sedena se concentra el paso irregular de arsenales.

López Obrador propuso que Estados Unidos utilice más sistemas de tecnología, como rayos X o detectores de metales en sus pasos fronterizos.

Más de 200.000 armas ingresan cada año a México y el 70% proviene de armerías estadounidenses, afirma la Secretaría de la Defensa.

De acuerdo con la SRE en el 70% de los homicidios en el país se cometieron con armas de fuego. Muchas son estadounidenses.

Homicidios en México

AFP
El 70% de los homicidios en México se cometen con armas de fuego.

Las estimaciones oficiales indican que en los últimos diez años ingresaron al país unos dos millones de armas de fuego, de distintos calibres. De éstas se han confiscado 193.000 de acuerdo con la Sedena.

Con la operación “Frozen” se pretende reforzar la seguridad en las aduanas fronterizas donde, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) existen serios problemas.

En 29 de las 49 garitas aduanales “no existe la infraestructura necesaria para la aplicación de sistemas de Reconocimiento no intrusivo, lo que implica debilidades en la operación”.

El dato corresponde al informe de la cuenta pública presentado en 2018 por la ASF, el organismo del Congreso responsable de fiscalizar la aplicación del presupuesto.

Miedo en la frontera

Las aduanas son una de las rutas por donde llegan los arsenales a carteles y bandas de delincuencia organizada, dice Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

La operación la realizan redes capaces de introducir “camiones completos” con armamento, le dice Rivas a BBC Mundo.

Fusil Barret

AFP
El fusil Barret es usado por las tropas de EE.UU.

“Las aduanas son absolutamente permeables, no tenemos elementos suficientes de control y no hay decomiso suficiente de armas”.

Por ejemplo en las garitas fronterizas existen básculas que detectan el peso excesivo de los vehículos, un elemento para sospechar que lleva armamento.

Pero en muchos casos los agentes aduanales se ven obligados a permitir el paso de los camiones.

“Si detienen esos vehículos no hay la certeza de que un grupo delictivo no vaya a tomar represalias contra sus familias”.

El destino de esos cargamentos son los grandes carteles de narcotráfico, pero no es el único.

En muchos casos, las autoridades han confiscado armas provenientes de Estados Unidos a bandas más pequeñas. Un ejemplo ocurrió en el barrio de Tepito, en el centro de Ciudad de México.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana confiscaron al grupo Unión Tepito fusiles AK47, R15 y una bazuca. La operación ocurrió este martes.

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