La corrupción mata: colusión de funcionarios y criminales favorece la impunidad en México

El informe "La corrupción mata" señala que para poner fin al estado de violencia e impunidad en el país, es necesaria la creación de un mecanismo internacional de investigación de crímenes atroces, que indague la participación de funcionarios públicos coludidos con grupos criminales.

La violencia e impunidad podrían aumentar en México con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior.
La violencia e impunidad podrían aumentar en México con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior. Cuartoscuro

En México la corrupción mata. De acuerdo con un informe elaborado por la fundación Open Society, 2017 ha sido el año más violento en dos décadas, con más de 25 mil homicidios; además, se han incrementado los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, al igual que las desapariciones.

Todos estos delitos, explica el informe, han crecido gracias a “la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables”, en especial cuando estos son funcionarios públicos, lo que se traduce en impunidad.

El informe “La corrupción mata”, señala que, a lo largo de los últimos años, se ha podido documentar la participación de funcionarios estatales y municipales, en coordinación con cárteles, en crímenes de lesa humanidad, lo que indica “una colusión sistémica entre servidores públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México”.


De acuerdo con Open Society, el aumento de la violencia y la impunidad por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia en el país podría agravarse con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Inicialmente, indica el informe presentado por la organización, el despliegue de las fuerzas federales en las calles, en 2006, se dio con el objetivo de combatir a los grupos criminales; sin embargo, “fue aplicado sin regulación adecuada del uso de la fuerza y casi sin sanciones por los crímenes perpetrados durante las administraciones de Enrique Peña y Felipe Calderón”.

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Esta situación ubica a México como el país con la tasa más alta de impunidad en América y como una de las cuatro naciones más corruptas de la región.


Homicidios y desapariciones en aumento

Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los casos de homicidio doloso aumentaron en un 149.8% entre 2015 y 2017.

En 2015 se registraron 16,909 casos; para 2017, fueron 25,339. Antes de eso, el año con más homicidios dolosos había sido el 2011, cuando se presentaron 22,409.

El informe señala que, además del aumento de los homicidios, estos se han extendido a varias áreas del país.

En 2011, los estados más violentos del país fueron Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Estado de México y Sinaloa; para 2016, los que presentaron más violencia fueron Guerrero, Estado de México, Baja California, Michoacán y Veracruz.

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En 2017, Guerrero se mantuvo como el estado más violento, seguido por Baja California, Estado de México, Veracruz y Chihuahua.

Además de los homicidios, otro fenómeno en crecimiento en el país son las desapariciones de personas: desde 2006, año en que comenzó formalmente la política de seguridad llamada “guerra contra las drogas” hay 34,092 personas reportadas como desaparecidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Del total de personas desaparecidas registradas en el RNPED, 13767 casos se dieron durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y los otros 20,325 en la administración de Enrique Peña.

De acuerdo con el informe, en el caso de las desapariciones forzadas cometidas por elementos de las fuerzas federales, pocos han sido llevados a juicio, y cuando esto sucede, generalmente se da el uso “de chivos expiatorios, como oficiales de menor rango, para evitar investigaciones sobre los máximos responsables”.

Información obtenida por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) indica que, de 37 investigaciones iniciadas contra militares sospechosos de cometer desapariciones forzadas en México, solo ha habido tres condenas.

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La tortura, refiere el informe, continúa siendo una práctica “rutinaria y generalizada a nivel estatal y federal”, hecho confirmado en 2017 por el Relator Especial de la ONU.

En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 744 denuncias de tortura y trato cruel e inhumano por parte de autoridades federales; en 2017 fueron 401 las denuncias presentadas.

Para la organización, es urgente la creación de una Fiscalía General de la República que sea independiente del poder ejecutivo federal, pues con el esquema actual, con la Procuraduría General de la República (PGR), “la persecución penal es susceptible de obstrucción y manipulación”.

Asimismo, destacan la importancia de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, como herramienta para el combate de las prácticas corruptas en el país.

Sin embargo, reconoce el informe, las políticas públicas implementadas para combatir la corrupción y la impunidad en el país no han sido suficientes, por lo que propone la creación de un mecanismo internacional facultado para investigar de manera independiente estos delitos, y perseguir crímenes atroces.

“México necesita un mecanismo internacional, no solo como primer paso para propiciar la rendición de cuentas que sus ciudadanos han buscado durante tanto tiempo, sino también para abordar las debilidades del sistema de justicia penal que lo tornan inadecuado para investigar las estructuras y prácticas de corrupción”, señala.

Para ello, México “necesita expertos que aporten objetividad, experiencia y habilidades técnicas para la abrumadora tarea de fincar responsabilidades a quien corresponda por los crímenes más graves”, concluye el informe.

Consulta la versión completa del informe “La corrupción mata” en la página corrupcionquemata.org.

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