Corrupción en salud e inseguridad marcan debate de candidatos a gubernatura de Jalisco
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Corrupción en salud e inseguridad marcan debate de candidatos a gubernatura de Jalisco

Los punteros Enrique Alfaro, del Partido Movimiento Ciudadano, y Carlos Lomelí, de la coalición Juntos Haremos Historia, fueron los más increpados; por parte de los siete candidatos llueven promesas y escasean los cómo.
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Por Martha Hernández Fuentes
28 de mayo, 2018
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En el debate por la gubernatura de Jalisco, los siete candidatos coincidieron al señalar presuntos actos de corrupción y desabasto de medicamentos en el sector salud; aunque el tema de seguridad se programó hasta el debate del 10 de junio, en el encuentro de este domingo se abordó dentro del apartado de derechos humanos.

Cultura, salud y deporte; infraestructura y gasto público; así como derechos humanos, fue el orden definido en el sorteo del evento organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).

Entre los aspirantes, los ataques, cuestionamientos y descalificaciones se dirigieron principalmente hacia el puntero y el que ocupa el segundo lugar en la mayoría de las encuestas, Enrique Alfaro Ramírez, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), y Carlos Lomelí Bolaños de la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí Bolaños, respectivamente.

Corrupción en Sector Salud

El candidato puntero en las encuestas, de MC, señaló: “El mensaje es muy claro, quienes han desfalcado al sector salud van a pagar las consecuencias de sus actos. Lo digo aunque se ponga nervioso algún candidato aquí presente”.

No mencionó por su nombre al abanderado de Morena-PT-PES, pero desde el primer debate del 13 de mayo Alfaro Ramírez advirtió que denunciará a Lomelí Bolaños por presuntas irregularidades en contratos con el Gobierno del Estado. A la fecha no ha presentado públicamente la denuncia.

De la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) diagnosticó: “solo 10% de infraestructura de primer contacto tiene equipamiento e infraestructura adecuada, solamente el 17% de los centros de primer nivel cuentan con el mobiliario mínimo; solamente 24% tiene personal suficiente y solo 4 de cada 10 recetas son surtidas; el abasto de materiales e insumos médicos es solo de 21%”.

Combate a la corrupción, planteó el emeceista como solución, sin abundar sobre el proceso para el saneamiento de la dependencia estatal.

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Martínez Espinosa, sentenció: “El uso indebido de recursos públicos en el sector salud provocó un criminal desabasto en los hospitales públicos y dejó sin médicos a muchas instalaciones hospitalarias, eso me parece que es sencillamente criminal”.

Señaló como presunto responsable al ex titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Antonio Cruces Mada, y probable corresponsable al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz; por compra-venta a sobreprecio, “aquí entre nosotros, Carlos Lomelí tendría que hablar sobre este tema”, agregó en alusión al candidato de Juntos Haremos Historia y dueño de la empresa farmacéutica Lomedic.

De la anterior administración de extracción panista, el actual gobierno tricolor tendrá que responder sobre el seguimiento a casos por presuntas irregularidades, anotó el abanderado blanquiazul que prometió transparentar compras de medicamentos y combate a la corrupción, sin profundizar ello.

Carlos Lomelí, candidato que ocupa el segundo sitio en las encuestas con casi 15 puntos de diferencia respecto al puntero, aseguró que en caso de ganar las elecciones sus empresas no participarán en licitaciones del Gobierno Estatal.

“Quiero decirle a Miguel (del PAN) que si quiere hablar de corrupción, solamente vendí en las administraciones panistas: llegué con (Francisco) Ramírez Acuña y me fui después de Emilio (González Márquez)”.

No abundó sobre los contratos que sus empresas han signado con el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto. De los señalamientos por presuntas irregularidades en Pensiones del Estado, dijo: “no tenemos absolutamente nada que ver”. Aseguró que tiene 8 auditorías permanentes en sus empresas y que las licitaciones las ha ganado vía electrónica.

De su propuesta, indicó que dará cuentas de cómo recibe la SSJ en caso de ganar las elecciones. Una “radiografía”, dijo que será el compromiso inicial, sin dar detalles sobre la estrategia de combate a la corrupción.

A Enrique Alfaro le dijo que en lugar de una memoria USB, como la que llevó al anterior debate el abanderado de MC con presuntas pruebas contra Lomelí, el candidato de Morena-PT-PES llevó un disco duro con supuestas evidencias de irregularidades en materia inmobiliaria, contratos y concesiones en la gestión del alcalde con licencia de Guadalajara. También prometió denuncias.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Castro Reynoso, señaló que en la SSJ “ni el ex titular ni nadie debe estar por encima de la ley”, achacó parte del desorden en las finanzas a problemas heredados de anteriores administraciones; aseguró que la cobertura en salud ronda en 80% en la entidad, “en este gobierno se han construido 6 centros de salud y 3 regionales”, pero “ni en cantidad, ni en calidad, ni en servicio es lo que los jaliscienses desean”.

Cambiar el modelo de fiscalización, compras en línea y transparentes con una plataforma tecnológica, invertir 2 mil millones de pesos (mdp) en infraestructura para hospitales centros regionales de salud y combatir la corrupción “sea quien sea y esté donde esté”, prometió. Aunque se le preguntó sobre los detalles de su plataforma para transitar al sistema único de salud universal, no abundó en ello.

“¿Por qué no denunció a Cruces Mada, si tan enterado está de lo que está pasando en el sector Salud?” increpó la abanderada del Partido Nueva Alianza (Panal), Martha Rosa Araiza, al priista Miguel Castro. De Lomelí Bolaños indicó que “huele a corrupción”.

La propuesta de ella fue combinar la educación con el tema de salud: invertir en medicina preventiva, telemedicina y deporte; higiene escolar, universalizar la educación sexual, garantizar acceso a métodos anticonceptivos; aumentar salarios de maestros, contratar médicos, psicólogos  y enfermeras para las escuelas, enlistó como propuestas sin dar números.

El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Orozco Santillán propuso acercar el IMSS, ISSSTE y Hospitales Civiles a comunidades lejanas, “necesitamos hospitales regionales en cada ciudad media”; que la activación física y el deporte sean ejes de la cultura de la prevención, planteó tras lamentar la obesidad que existe en el Estado.

Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Salvador Cosío Gaona, sostuvo: “está prohibido enfermarse en Jalisco, sobre todo en las noches, en días festivos y en las comunidades apartadas, bueno, también en las ciudades medias y en la metropolí porque se tienen que hacer citas que tardan meses en llegar”.

El verdeecologista planteó aumentar al menos 3% la inversión en salud para ampliar la cobertura, infraestructura y subsidiar medicamentos; combatir la corrupción e impunidad. No abundó en cómo aterrizaría su proyecto. Dijo que antes debe discutirse el tema de Seguridad porque hay médicos y pacientes que tienen problemas de traslado ante “el caos que vive Jalisco”.

Seguridad

El tema de Seguridad no fue el principal en los dos primeros debates. El 10 de junio se abordará de manera más amplia en el tercer encuentro en Lagos de Moreno. Sin embargo, moderadores y candidatos aprovecharon los escenarios en Guadalajara y Puerto Vallarta, el 13 y 27 de mayo, para hablar sobre la problemática en Jalisco.

El abanderado del PVEM, Salvador Cosío, reprochó desde su primer intervención: “Previo al primer debate solicité a la autoridad un cambio en la agenda de los temas a discutir, exigí que Seguridad fuera el primero, la petición fue negada (…) es una irresponsabilidad que hoy nos pongan a debatir de deporte, cultura, infraestructura, gasto público y demás temas, que son importantes, sí, pero hoy son secundarios cuando lo que urge es la seguridad. Si que incendien un camión con la gente adentro y muera un bebito de ocho meses no es tocar fondo ¿qué más tenemos que hacer, qué más tenemos que ver para que entendamos que lo urgente ahora es la seguridad?”.

Terminar con “amiguismos” en los nombramientos, compromiso por igualdad, equidad respeto a los derechos humanos inalienables, enlistó entre sus compromisos.

El candidato del partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, respondió cuando en el apartado de Derechos Humanos se le preguntó sobre los desaparecidos: “Nuestro planteamiento de fondo tiene que ver con que mientras tengamos un sistema para que los delincuentes estén en la calle y no en la cárcel, jamás vamos a poder recuperar la paz y la tranquilidad (…) Con los delincuentes no se pacta, no se dialoga, con los delincuentes se tiene que actuar con todo el peso de la ley”.

Insistió en “refundar” Jalisco, rediseñar el sistema porque las instituciones encargadas de procuración e impartición de justicia están rebasadas y las nuevas fiscalías nacieron sin recursos suficientes para operar, como la de Desaparecidos y la Anticorrupción; “un nuevo pacto social” y combate a la corrupción a fin de resolver este y otros problemas.

El candidato del PRI, Miguel Castro Reynoso, propuso un pacto por la paz, poner sobre la mesa las propuestas de todos los candidatos para conjuntar soluciones. “Ratifico ese compromiso de que podamos cerrar filas”.

El priista cuestionó la gestión del puntero durante su paso como presidente municipal de Guadalajara. “Enrique Alfaro reprime a comerciantes, reta a golpes a adultos mayores y en muchas ocasiones no respeta la libertad de los medios de comunicación”.

De la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí Bolaños, habló de consolidar la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos “conformada por familiares, expertos, funcionarios, público en general y notables”; fortalecer y darle verdadera autonomía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), ser respetuoso, atender y darle seguimiento a las recomendaciones.

El abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Martínez Espinosa, reprobó el evento que encabezó el Gobierno del Estado en el marco de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, a unos días del ataque contra el exfiscal de Jalisco y los tres bloqueos con autos incenciados en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara.

“Un gobierno que le da más relevancia a la salida de la tuneladora que a una tragedia, es un gobierno que no respeta los derechos humanos; un gobierno que no invierte en construcción de escuelas, es un gobierno que viola los derechos de las personas”, recalcó

Del PRD, Carlos Orozco Santillán, señaló; “nosotros estamos preocupados por toda la población, incluyendo la seguridad que tiene que ver con los derechos humanos”.

Particularidades

A Enrique Alfaro se le cuestionó si como gobernador de Jalisco replicará el polémico programa de Arte Público como lo hizo en Guadalajara, a lo que respondió que le apostará a la cultura.

De infraestructura básica, diagnosticó que se necesitan 159 mil millones de pesos (mdp) para resolver el rezago en la materia, dinero que calculó obtener de ahorros obtenidos de programas de austeridad por 4 mil 500 mdp, otros 4 mil 500 mdp al “cerrarle la llave a la corrupción”, gestión de 9 mil mdp anuales de recursos federales y “nuevas modalidades de asociación público privada”.

Carlos Lomelí basó su proyecto girando entorno al triunfo del candidato presidencial del candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Al priista Miguel Castro, quien signó su primer compromiso de su campaña  “a favor de la vida”, se le cuestionó sobre el matrimonio igualitario y el aborto, a lo que respondió que se apegará a lo marca la ley y los ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El candidato del PAN se le cuestionó si coincidía con el ex mandatario blanquiazul, Emilio González Márquez, respecto al “asquito”. Él no comparte ese tipo de expresiones, respondió.

El candidato del PRD, Carlos Orozco señaló: “la izquierda ilustrada defendemos el derecho inalienable de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo”, criminalizar a las mujeres es revictimizarlas y exponerla a la muerte; también fue enfático al pronunciarse a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

A la candidata de Panal se le cuestionó la viabildiad financiera de sus propuestas en materia de educación y salud, cuestionamiento que no respondió.

Salvador Cosío recalcó la propuesta del PVEM de pena de muerte a secuestradores, con el añadido de “quienes queman vivos a niños”; dijo que urge recuperar territorio y revisión a penales y despenalizar la mariguana.

Dedicatoria de canciones

En el cierre, quien aparece como puntero en la mayoría de las encuestas, Enrique Alfaro, dijo: “Candidato Castro, cuando lo escucho lo único que puedo pensar es en una frase que me gusta mucho de Juan Gabriel `ser muy bueno es su virtud´; y sobre el candidato Lomelí, la verdad pienso más bien en Paquita la del Barrio, varias canciones y varias frases”.

Lomelí respondió “voy a desenmascarar a varios candidatos, les voy a quitar su aura de buena gente porque son corruptos”.

Castro pidió al emeceista dejar de dedicar canciones y ver que de su gestión como alcalde de Guadalajara, “a casi seis meses de este 2018 todavía no acaban de cerrar sus  cuentas de 2017 ante la Auditoría Superior. Hablan de un proyecto como de Disneylandia (…) son malos para gobernar y buenos para gritar”.

Fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción; ampliar la inversión en materia de seguridad, educación, salud, infraestructura carretera, cultura y transparencia; no endeudar el estado y mejorar el transporte público, fueron promesas de todos. La mayoría no abundó en detalles de cómo lo harían, algunos esbozaron cifras en cuanto a metas.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

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Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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