Verificado.mx: Documentos faltantes e inconsistencias en el expediente Rébsamen (primera parte)
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Verificado.mx: Documentos faltantes e inconsistencias en el expediente Rébsamen (primera parte)

La delegación Tlalpan sí tenía un expediente incompleto del edificio que albergaba al Colegio Rebsamen y la información sí estuvo reservada por cuatro meses, tal como han denunciado padres de familia.
Por Irene Larraz
17 de mayo, 2018
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El derrumbe del Colegio Rébsamen fue nuevamente tema en el segundo debate de candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Mikel Arriola, Alejandra Barrales y Purificación Carpinteyro volvieron a acusar a Claudia Sheinbaum de ser responsable de las irregularidades y corrupción que causaron el desplome de uno de los edificios del plantel, en el que murieron 19 niños y seis adultos, tras el sismo del 19 de septiembre pasado.

Las acusaciones van desde que ella, como delegada de Tlalpan entre 2015 y 2017, no clausuró el colegio, a pesar de las irregularidades en la construcción y los permisos de operación, hasta que ocultó información y no entregó el expediente completo de este plantel.

Verificado 2018 consultó con el equipo de la propia Sheinbaum, entrevistó a padres de familia y revisó expedientes.

Con base en esta información, puede concluirse que la delegación Tlalpan sí tenía un expediente incompleto del edificio que albergaba al Colegio Rebsamen y la información sí estuvo reservada por cuatro meses, tal como han denunciado padres de familia.

Opacidad

Bajo la gestión de Claudia Sheinbaum, la delegación tomó la decisión de no difundir información del colegio durante cuatro meses, amparándose en una orden judicial. El Comité de Transparencia Delegacional, en sesión extraordinaria el 27 de octubre de 2017, reservó la información.

La delegación alegó que lo hizo en respuesta a una notificación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), en la que señalaba que la información era parte de una investigación judicial.

Sin embargo, la notificación sólo exigía la reserva de los datos personales y no había ninguna prohibición expresa que impidiera generar versiones públicas.

La decisión se mantuvo hasta el 21 de febrero, cuando Sheinbaum ya había solicitado licencia para contender por la jefatura de Gobierno capitalina. Esta decisión se tomó por instrucciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF).

Un día después, el 22 de febrero, Tlalpan desclasificó la información y abrió un micrositio donde publicó de nuevo el expediente de la escuela.

El expediente

Al arranque de su administración, Claudia Sheinbaum denunció que los expedientes que había recibido de la administración 2012-2015 estaban incompletos. Citó como ejemplo los de la Dirección General de Obras, sobre los que aseguró que había nueve proyectos adjudicados de los cuales faltaban expedientes, o en la Dirección de Jurídico y Gobierno, donde denunció que había 43 expedientes perdidos.

Esta denuncia la hizo pública durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en octubre de 2015.

Esta misma entrevista fue utilizada por el equipo de la ahora candidata de Morena para explicar las razones por las cuales el expediente del Colegio Rébsamen estuviera incompleto.

Sin embargo, el Bufete Fuentes León, que representa a seis de los padres de las víctimas y familiares de algunos de los adultos fallecidos, sostiene que Tlalpan entregó información incompleta y que esto es responsabilidad del gobierno delegacional.

Entre los documentos faltantes, de acuerdo con el bufete, están:

* Los vistos buenos de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 19, entre 2007 y 2017 (se tiene que renovar cada tres años). Sin embargo, en el aviso de funcionamiento señala que existe un visto bueno con vigencia hasta el 16 de abril de 2016.

* Certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos de Rancho Tamboreo 19 con folio 16122, fechado de 7 de septiembre de 1993, que figura en el aviso de funcionamiento.

* El colegio estaba ubicado no sólo sobre Rancho Tamboreo 11 y 19, sino también sobre Calzada de las Brujas 34 y 40. Sin embargo, no hay ningún documento oficial sobre la fusión de estos dos predios, por lo que también falta toda la documentación sobre ellos.

* Renovaciones del visto bueno de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 11 entre 2009 y 2017. El último visto bueno es de 2017 y el anterior, de 2009; pero por ley, este documento debe renovarse cada tres años, por lo que faltarían dos. Lo mismo sucede con el visto bueno de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 19: sólo aparecen los de 2007 y 2017.

* No hay planos de los inmuebles.

* No existen documentos que acrediten que se cumplieron las órdenes de clausura de 2010 y 2014, ni la orden de demolición de 2014. Tampoco el pago de la multa impuesta en 2010.

* No hay ningún documento que acredite la revisión de la escuela tras el sismo del 7 de septiembre.

* No figuran las autorizaciones ni los programas internos de Protección Civil del Colegio Enrique Rébsamen, que deben de renovarse cada año. Sólo existe una prevención del año 2017 a la solicitud de autorización del programa interno de protección civil de Rancho Tamboreo 11.

Inconsistencias en el expediente

Maritere Ruiz, de la organización Suma Urbana y colaboradora de la plataforma #ObraChueca, que denuncia irregularidades en el sector de la construcción, corroboró la falta de documentos y constató las inconsistencias en el expediente presentado por la delegación, entre las que se encuentran las siguientes:

* En 2010 existe una orden de clausura y demolición; sin embargo, no figuran pruebas de que se cumpliera. Este es el principal argumento de Sheinbaum para sustentar su denuncia penal contra los directores Jurídico y de Gobierno, Alejandro Zepeda Rodríguez y Miguel Ángel Guerrero López.

* En 2015 y 2016, la escuela construyó una ampliación del edificio que se desplomó, ubicado en Rancho Tamboreo 19, a decir de algunos padres de víctimas. Sin embargo, en el expediente no aparece ningún registro de manifestación de construcción. En este caso, también es posible que la obra se realizara de forma clandestina, sin notificarse a la delegación.

* Los documentos existentes registran el aumento de metros cuadrados para Rancho Tamboreo 19, sin embargo, no existen manifestaciones de obra para esos años. Esto último constituye otra inconsistencia, ya que para que aumentaran los metros debían existir manifestaciones de obra que acreditaran ese crecimiento de la construcción.

* En lugar del certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos para Rancho Tamboreo 19, lo que se presenta es la solicitud, no la aprobación. En ella consta que “el uso de suelo para escuela secundaria aparece prohibido” para ese predio.

* Aunque el el aviso de constancia de seguridad estructural de 2013 para Rancho Tamboreo 19 tiene una vigencia de cinco años, el 17 de julio de 2014, se presenta otro aviso de constancia de seguridad estructural.

* En la solicitud de autorización del programa interno de protección civil, que debe presentarse cada año.

* Una prevención insta al colegio a presentar cuatro documentos faltantes; entre ellos, la actualización del programa interno del predio Rancho Tamboreo 19, y se determina que tiene un plazo de cinco días para subsanarlo. El trámite está inconcluso y pese a ello no se clausuró el colegio.

* En el aviso de visto bueno de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 19, con fecha 28 de agosto de 2006, se declaró un número de licencia de construcción de fecha de 1981. Sin embargo, las únicas dos licencias de construcción entregadas por la delegación Tlalpan a Rancho Tamboreo 19 son del 25 de noviembre de 1983 y del 19 de febrero de 1984.

Lea ‘DRO del Colegio Rébsamen usó un documento falso para evitar su detención’

Lo que SÍ está en el expediente

El expediente inicia con la denuncia penal de la delegada, Claudia Sheinbaum, “en contra de quien resulte responsable” por el derrumbe del Rébsamen. El resto del expediente está desordenado, mezclando documentos de los dos predios que conforman el colegio, Rancho Tamboreo 11 y 19, y sin ningún orden cronológico.

El documento contiene licencias de construcción de 1983, expedientes de verificación de 2010 y 2013, avisos de visto buenos de seguridad y operación incompletos, avisos de constancia de seguridad estructural, uso de suelo del predio Rancho Tamboreo 11 con número de licencia 1/245/83/14, un oficio de prevención al Programa Interno de Protección Civil y el aviso de funcionamiento de establecimiento mercantil con giro de bajo impacto.

¿Qué permisos de operación y protección civil tenía el Colegio Rébsamen para operar?, ¿en qué estatus está el proceso judicial de la dueña de esta escuela?, ¿qué procesos legales han iniciado los padres? Es información que se publicará en la segunda parte de esta historia.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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