Gobierno reclama a la ONU que su informe sobre el caso Ayotzinapa es prematuro y carece de rigor

Ante el informe de la ONU-DH, del 15 de marzo pasado, el gobierno de México respondió que los dictámenes periciales del Protocolo de Estambul “no sustentan fehacientemente" la comisión de actos tortura, en la investigación sobre el caso Ayotzinapa. 

El informe, publicado por la ONU-DH, precisa que en la investigación del caso Ayotzinapa 34 personas han sido víctimas de tortura.
El informe, publicado por la ONU-DH, precisa que en la investigación del caso Ayotzinapa 34 personas han sido víctimas de tortura. Cuartoscuro

El gobierno de México reclamó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) el contenido del reporte Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, asegurando que su publicación “desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el Gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto”.

El informe, publicado el pasado 15 de marzo por la ONU-DH, afirma que 34 de los procesados por el caso Ayotzinapa fueron torturados, a lo que el gobierno respondió que los resultados de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de los dictámenes periciales del Protocolo de Estambul “no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos”.

El gobierno de México señaló a la ONU-DH que los asuntos referidos en su informe se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones presentadas “resultaron prematuras”, y podrían afectar el resultado de las indagatorias.

“Se estima que el Informe de mérito carece de rigor metodológico y sustento jurídico para arribar a la conclusión de que se está cometiendo una ‘doble injusticia’ como su mismo título lo describe”, se señala en la respuesta del gobierno mexicano.

En otro punto, aseguró que las autoridades excluirán pruebas en casos en los que se compruebe la comisión de actos de tortura, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales aplicables en el caso.

También refrendó su determinación de agotar todas las líneas de investigación y de continuar trabajando con el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), “en interés de arribar a conclusiones en el caso en el presente año, que atiendan la legítima demanda de los familiares y de la sociedad mexicana en su conjunto”.

“Doble injusticia”

El informe, publicado en marzo pasado por la ONU-DH, precisa que en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han sido detenidas y procesadas 129 personas, y que, tras analizar 34 casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.

“En todos los casos analizados, todos los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura”, señala el informe.

De acuerdo con el documento, los involucrados serían funcionarios de la fiscalía, de la Policía Federal y elementos de la Secretaría de Marina.

En el informe, la ONU-DH subrayó que las autoridades han dado explicaciones “improbables y fácilmente refutables sobre las lesiones, como alegar estado de ebriedad, autogolpes o caídas, por lo que recomendó a la PGR investigar e identificar a los responsables de estas violaciones a derechos humanos, y a sus superiores jerárquicos, y llevarlos ante la justicia.

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