Verificado.mx: Los jueces que absolvieron a Nestora Salgado concluyeron que no había pruebas en su contra
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Archivo Cuartoscuro

Verificado.mx: Los jueces que absolvieron a Nestora Salgado concluyeron que no había pruebas en su contra

En las sentencias se señala “falta de elementos para procesar por los delitos de secuestro agravado y privación de la libertad”, no por errores en su detención. El Ministerio Público todavía tiene la opción de buscar pruebas en su contra y reactivar los juicios.
Archivo Cuartoscuro
Por Montserrat Sánchez y Paris Martínez
23 de mayo, 2018
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Los expedientes de los juicios penales seguidos entre 2013 y 2016 contra Nestora Salgado —candidata al Senado de la República con el partido Morena— muestran que la excomandante de la Policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, recuperó su libertad al concluirse que, en todos los casos, el Ministerio Público no tenía pruebas para demostrar que había cometido los supuestos secuestros que se le imputaron.

Incluso, hubo jueces que fueron más allá en su análisis de los hechos y concluyeron que los supuestos secuestros que se le atribuyeron fueron, en realidad, “detenciones legales” realizadas por la Policía Comunitaria de Olinalá, y no acciones personales, además de que el cobro por la liberación de esos detenidos no se trató de un “rescate”, sino de una “fianza”.

Estos son los argumentos asentados en las resoluciones de los jueces, quienes no plantean -contra lo afirmado por José Antonio Meade, candidato del PRI a la Presidencia- que la liberaron “por fallas de la policía” o por “errores en el debido proceso”.

En la causa penal 048/2014-II, por ejemplo, el juez ordenó la puesta en libertad “por la falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, a Nestora Salgado García, por los delitos de secuestro agravado y privación de la libertad”.

Esta es, en todos los casos, la conclusión a la que arribaron los distintos jueces que llevaron los procesos penales en Guerrero contra Salgado, y en algunos casos, como en la causa penal 05/2014-I, el juez no sólo ordenó su liberación por falta de elementos, sino que calificó la decisión como un acto “justo y apegado a derecho”.

En el caso del proceso penal en su contra por el delito de delincuencia organizada, que siguió un juez federal, Salgado quedo libre por falta de pruebas.

Aun así, en Guerrero hay procesos abiertos, porque el ministerio público objetó la decisión del juez, pero a dos años de distancia de esto, los procesos no se han reactivado.

Consulta aquí la causa penal 048/2014-II y la 05/2014-I

¿Secuestro o arresto legal?

Los expedientes penales del caso Nestora Salgado, a los que Animal Político tuvo acceso, explican que la ahora candidata al Senado no fue liberada por una “falla de la policía” o por errores de “procedimiento”, como han afirmado tanto el candidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, al igual que sus voceros.

En ese mismo sentido, Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de Meade, dijo en dos entrevistas de radio -Atando Cabos de radio Fórmula y Así las Cosas en W Radio- que Salgado había sido liberada “no porque no hubiera cometido esas acciones (supuestos secuestros). Fue un tema de procedimiento”.

Nuño incluso dijo que el caso Salgado era igual al de Florence Cassez, acusada de secuestro, pero liberada por errores en el debido proceso.

Eso no dicen las resoluciones de los jueces.

En realidad, los expedientes señalan que la liberación se decretó porque los actos que se le atribuían a Nestora Salgado no encuadran con la definición penal del delito de secuestro, ni con la de ningún otro delito, por lo cual no existían elementos para procesarla.

En el auto de libertad relacionado con la causa penal 048/2014-II, por ejemplo, el juez que llevó el caso concluyó que “aún cuando esté demostrada la existencia de una privación de la libertad, cierto también es que, en el presente caso, no puede sostenerse válidamente que fue con el fin de recibir un rescate para sí o para un tercero, sino que dicha institución a la que pertenece la inculpada forma parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Policía Comunitaria, y consiguientemente, los actos que se le imputan a Nestora Salgado García se entienden como una detención”, no como un secuestro.

En este caso, los supuestos secuestrados eran, en realidad, personas detenidas por la Policía Comunitaria, bajo cargos de robo de ganado.

El juez subrayó que estas personas fueron detenidas por la autoridad, y no secuestradas por una banda criminal, porque los cuerpos de Policía Comunitaria de Guerrero, incluido el de Olinalá, así como los centros de detención que operan, “tienen legitimación en términos de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, y no tiene como propósito delinquir, sino colaborar en la seguridad de las poblaciones o comunidades donde se conforma una Policía Comunitaria o Ciudadana”.

Además, el juez subrayó que la existencia de los cuerpos de Policía Comunitaria está sustentada “en el ejercicio de un derecho que les da (a los pueblos y comunidades indígenas) el artículo 2 de la Carta Magna, pues en esos lugares existe un sistema de justicia indígena propio”.

Por esa misma razón, el juez determinó que la imposición de un monto económico para que los detenidos por la Policía Comunitaria de Olinalá recuperaran su libertad es “válidamente considerada una fianza”, y no un cobro de rescate.

Por todo ello, subrayó el juez en el auto de libertad, las acciones que se imputaron en 2013 a la entonces comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá “no son constitutivas de la figura típica de secuestro”, razón por la cual que ordenó que Salgado saliera de la cárcel.

Denunciantes aleccionados

Durante el segundo debate entre candidatos a la Presidencia, realizado el pasado 20 de mayo, el aspirante priista José Antonio Meade dio lectura al testimonio de una persona, que en 2013 acusó a Nestora Salgado de exigirle 5 mil pesos, a cambio de la liberación de su hija, detenida por la Policía Comunitaria de Olinalá.

“Soy la comandante Nestora Salgado –leyó Meade–, y sólo le llamo para decirle que, a cambio de la libertad de su hija, me tiene que entregar la cantidad de 5 mil pesos, así que ya sabe, cuando tenga esa cantidad, me la entrega y, entonces, yo le entrego a su hija”.

Aunque Meade atribuye estas palabras a Nestora Salgado, en realidad no existen pruebas de que ella alguna vez las haya dicho.

Se trata, en realidad, de un extracto de las declaraciones ministeriales formuladas por un matrimonio, cuya hija fue arrestada por la Policía Comunitaria de Olinalá, y fueron extraídas de la página 10 de la causa penal 05/2014-I, instruida contra Nestora Salgado por el delito de secuestro.

Cuando Meade dio lectura a dicho extracto del expediente, sin embargo, omitió señalar que en la página siguiente de ese mismo expediente, el juez determinó que dicho testimonio no podía ser considerado verídico, debido a que los denunciantes incurrieron en diversas contradicciones e inconsistencias.

Luego de analizar este testimonio, el juez concluyó que los integrantes de este matrimonio “no se conducen con probidad en los hechos que narran en sus diversas comparecencias ante el órgano investigador, y por lo tanto, sus declaraciones se desestiman”.

La primer denuncia por ese supuesto secuestro fue presentada el 19 de julio de 2013, días después de que la Policía Comunitaria arrestara a la hija del matrimonio que reportó los hechos, y luego, este matrimonio hizo dos ampliaciones a su denuncia, durante los días 22 y 23 de julio. En esas tres primeras comparecencias ante el Ministerio Público, sin embargo, los denunciantes nunca señalaron que Nestora Salgado les hubiera pedido ninguna cantidad a cambio de la liberación de su hija. No fue sino hasta un mes después, el 15 de agosto de 2013, que este matrimonio formuló una ampliación de su denuncia, ahora para incluir la acusación del cobro de rescate.

Sin embargo, al estudiar dicha declaración, el juez consideró que “de haber sido ciertos tales argumentos, de inmediato (se) pudo haber puesto en conocimiento al órgano investigador (sobre dicho cobro)” el mismo 19 de julio, cuando se inició la denuncia, “y no comparecer hasta el 15 de agosto” para hacer ese agregado.

Estas inconsistencias entre lo que dijeron los denunciantes en julio y lo que dijeron en agosto de 2013, evidencian que “no se conducen con veracidad, al variar los hechos en su última declaración”, determinó el juez.

Además, esta divergencia en sus declaraciones, se subraya en el expediente, deja ver que el matrimonio quejoso “se conduce con aleccionamiento”. Es decir, que alguien les dijo a estas personas lo que debían agregar a su denuncia. El juez también destacó que los denunciantes tampoco especificaron lugar, día y hora en la que ocurrieron los supuestos hechos, por lo que, “al no ser claros y precisos respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, (esos testimonios) resultan insuficientes para demostrar que existió una exigencia de pago para rescatar” a nadie.

Por las mismas fallas, otros testimonios expuestos por el Ministerio Público para incriminar a Nestora Salgado también fueron desechados.

Juicios en revisión

Aunque Nestora Salgado fue liberada en 2016, luego de pasar casi tres años en prisión, todos los autos de libertad emitidos en su favor están actualmente impugnados por el Ministerio Público y, por lo tanto, dichas resoluciones están en proceso de revisión.

Eso no quiere decir que las resoluciones judiciales que concedieron la libertad a Nestora Salgado por falta de pruebas no estén vigentes, sino que el Ministerio Público tiene la opción de buscar pruebas en contra de Salgado y, en caso de que las hallara, los juicios podrían reactivarse. A dos años de la liberación de Salgado esto todavía no ocurre.

En tanto eso no suceda, los razonamientos expuestos por los jueces en favor de Nestora Salgado se consideran válidos.

La CNDH

Tal como Verificado 2018 ha informado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí consideró que la Policía Comunitaria violó los derechos humanos de los detenidos. Incluso los acusó de que, en algunos casos, los torturó.

Esto lo dictaminó después de analizar y entrevistas a los detenidos.

La CNDH, sin embargo, consideró que esto también se explicaba por la falta de leyes y reglamentos que dictaran el proceder de la Policía Comunitaria.

Lee aquí la recomendación completa de la CNDH sobre el caso.

 

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Chile: 4 claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet

Una gran mayoría de chilenos votó este domingo a favor de reemplazar la Constitución vigente, que fue redactada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.
26 de octubre, 2020
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chile

Getty Images
Las autoridades iniciaron el recuento de votos en la noche del domingo.

Por primera vez en la historia de Chile, este domingo se preguntó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución.

El resultado fue abrumador: uni 78% de la población votó por el cambio de la Carta Magna.

Será además la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Tras conocer los resultados preliminares, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que “triunfó la ciudadanía y la democracia” tras conocerse los primeros resultados del histórico plebiscito.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, indicó.

El proceso, que transcurrió en tranquilidad, generó largas filas tanto en el país como en el extranjero, mientras las autoridades se esforzaban por mantener la distancia entre los votantes para evitar la propagación del coronavirus.

colas

AFP
Se han reportado largas filas a lo largo del país.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

chile

AFP
Efectivos del Ejército ayudan a algunas personas a ejercer el voto.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente ampliay en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

colas

Getty Images
Las autoridades han pedido a la población mantener la distancia social.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

chile

Getty Images
Muchas filas buscan mantener el distanciamiento social.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

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Las largas filas se han mantenido desde que abrieron los centros para ejercer el voto.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

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El referendo ha transcurrido con normalidad.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

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El referendo se realiza en medio de la pandemia de coronavirus.

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

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El proceso ha sido calificado de histórico.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

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Las autoridades han tomado medidas especiales para evitar la propagación del virus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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