Juez procesa a Javier Duarte por tres nuevos delitos
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Cuartoscuro

Juez procesa a Javier Duarte por tres nuevos delitos

Los nuevos delitos son: peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. El juez rechazó vincularlo a proceso por otros cuatro delitos que solicitaba la Fiscalía de Veracruz al considerar que éstos se enmarcaban dentro del peculado.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
20 de mayo, 2018
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Un juez de la Ciudad de México encontró indicios razonables en las investigaciones de la Fiscalía de Veracruz para abrir procesos en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por tres nuevos delitos y ordenó que el exgobernador permanezca preso en el Reclusorio Norte.

Además ordenó 6 meses de investigación complementaria para que tanto la Fiscalía de Veracruz como la defensa reúnan las pruebas que consideren convenientes.

Leer: Juez declara legal la detención de Javier Duarte por cinco nuevos delitos; extesorero declara en su contra.

De la misma forma, el juez negó la petición de la Fiscalía de Veracruz de procesar a Duarte por 4 delitos más al considerar al considerar que estos delitos ya se enmarcaban en el de peculado y no se justificaba abrir nuevos procesos por ellos.

Los nuevos procesos que el juez Júpiter Lopez Ruiz ordenó que se abrieran contra Javier Duarte están relacionados con dos hechos. El primero es el presunto desvío de 220 millones de pesos de la comisión de agua del estado hecho por el cual el juez abrió proceso por peculado.

El segundo hecho es el uso ilegal de un helicóptero de Veracruz luego de haber pedido licencia y el no haber entregado nunca formalmente los bienes y demás elementos de su administración al gobernador interino. Por este caso, el juez ordenó que se inicie proceso por los delitos de tráfico de influencia e incumplimiento de un deber legal.

Al finalizar la audiencia el abogado defensor de Javier Duarte, Ricardo Reyes Retana, dijo que éste no era el resultado que esperaba aunque consideró positivo que los procesos nuevos quedaran abiertos por 3 y no por 7 nuevos delitos como pretendía la Fiscalía de Veracruz. También anunció que estudiarán si apelan o interponen un amparo en contra de esta nueva determinación.

Durante la audiencia, que tuvo una duración de 3 horas, Javier Duarte solo habló una vez al final de esta para preguntar al juez: “Juez entonces solo para que le quede claro. Se me está vinculando a proceso solo por 3 de los 7 delitos nuevos que se me querían imputar” y el juez le respondió que sí.

Defensa: hay documentos falsificados

Durante la audiencia realizada en la Sala 1 del edificio de juzgados orales en el Reclusorio Norte, el equipo de abogados de Duarte intentó desvirtuar la imputación del desvío de 220 millones de pesos argumentando “mala fe” del Ministerio Público al haber incluido oficios presuntamente falsificados como datos de prueba en el caso.

En particular los abogados se refirieron a dos oficios con los números 1347 y 1750 a través de los cuales el entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac habría ordenado – bajo presuntas órdenes de Duarte – al director de la Comisión de Aguas del Estado que transfiriera como “préstamo” 220 millones de pesos hacia una cuenta de Veracruz.

Los abogados sostuvieron que en la carpeta de investigación de la propia Fiscalía hay un examen de un perito en grafoscopía que analizó las firmas en ambos documentos y concluyó que las firmas plasmadas en ellos no corresponden a las del exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac.

Y aunque el propio Audirac luego declaró ante el MP que el sí ordeno dichas transferencias por “órdenes personales de Duarte,” los abogados dijeron que esto era “contradictorio” pues fue el propio exfuncionario (hoy también procesado en Veracruz) quien en su momento aportó el dictamen pericial donde se señala que las firmas no son suyas.

“Esta es una postura claramente contradictoria y por lo tanto es un testimonio que carece de validez” dijo uno de los defensores que además insistió en que no hay otras pruebas que – a su juicio – sostengan que Duarte ordenó esa transferencia.

Pese a esto el juez sostuvo que los argumentos expuestos por la defensa se tendrían que desahogar en un juicio oral pero que, en esta fase inicial de vinculación, lo que se requiere es corroborar que el hecho existió y que el imputado pudo haberlo cometido.

“Aquí no se le está declarando culpable o inocente, eso hay que aclararlo. Peor lo que es real es que sí existió esa transferencia de recursos que refiere el Ministerio Público y que no se usaron para lo que tenían un fin. Tan es así que hubo 97 obras que quedaron inconclusas (…) de ahí que hay indicios razonables de que usted pudo cometer estos delitos” dijo el juez dirigiéndose a Duarte.

Al finalizar la audiencia los fiscales solicitaron al juez 3 meses de investigación complementaria para redondear su caso, pero los abogados defensores solicitaron que este plazo fuera de 6 meses, lo que fue concedido por el juez. En este lapso ambas partes reunirán las pruebas que consideren pertinentes para, en el caso del MP formular la acusación formal que permite ir a juicio y, en el caso de la defensa, para desvirtuarlo.

Fiscalía: el saqueo existió

En entrevista al término de la audiencia el fiscal General del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, se dijo satisfecho de la determinación del juez de haber vinculado a proceso para Duarte y restó importancia al hecho de que en el caso del desvío de los 220 millones de pesos el juez solo haya vinculado al exgobernador por uno de los cinco delitos.

“El juez lo que hizo fue autorizar la investigación complementaria por el delito de mayor gravedad que es el de peculado pero eso no implica que, al momento de formular la acusación, no se pueda vincular a Duarte a proceso por peculado o por alguno de los otros delitos que contemplábamos inicialmente” dijo el fiscal.

Cuestionado sobre el destino final que pudieron haber tenido los 220 millones de pesos transferidos ilegalmente a una cuenta del gobierno del estado que luego fue cerrada, el fiscal dijo que están trabajando en ese seguimiento.

“El saqueo existió. La cuenta del gobierno a donde fue enviado el dinero fue saqueada y luego cerrada porque ya no había nada, no tenía fondos (…) para qué se habría usado ese dinero es algo que estamos investigando. Solicitaremos dictámenes contables forenses para tratar de seguir ese rastro” dijo.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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