La SCT aprobó construir el segundo piso de Puebla, aunque era la opción más cara y sin planeación
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La SCT aprobó construir el segundo piso de Puebla, aunque era la opción más cara y sin planeación

Aunque había tres opciones que serían más baratas, tanto en construcción como en el peaje que pagarían los usuarios, el gobierno de Moreno Valle eligió la opción más cara y la que fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto.
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24 de mayo, 2018
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En 2014 el gobierno federal dio luz verde a construir un Viaducto Elevado en Puebla aun cuando era el proyecto más caro de tres posibles opciones: un libramiento, que seis años antes se había presupuestado en mil 933 millones de pesos; ampliar la autopista a diez carriles en su cruce por la ciudad poblana, valuado en 4 mil 400 millones, o construir un paso elevado por 10 mil millones.

Se optó por el más caro, pero además sin que hubiera planeación previa: se adjudicó una obra de 13.3 kilómetros y 18 metros de ancho, pero se construyó un segundo piso de 15.3 kilómetros y 21 metros de ancho.

La obra resultó cara no sólo para las finanzas públicas —el gobierno federal pagó 4 mil 500 millones—, también para los usuarios. Recorrer la carretera México-Puebla cuesta 1.40 pesos por kilómetro, con dos casetas incluidas. El peaje del Segundo Piso cuesta 3.59 pesos el kilómetro, 2.5 veces más que toda la autopista.

Documentos oficiales consultados por Animal Político indican que el peaje del Segundo Piso también es más alto del que se hubiera pagado con el libramiento: 1.20 pesos por kilómetro.

Sin estudios previos

La Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2012 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente año con una partida de 43 millones de pesos para un estudio de preinversión para el Viaducto Elevado de Puebla, pero el estudio jamás se realizó.

El 17 de mayo de 2013, el titular de la dirección general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Óscar Callejo Silva, pidió la cancelación del estudio a pesar de que la documentación era necesaria “para la correcta proyección” de la obra, pues incluía un estudio de demanda, el anteproyecto ejecutivo y el estudio de impacto ambiental, entre otros documentos, según se lee en los documentos oficiales que consultó Animal Político.

Pero la falta de estudios no impidió que en 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aprobara la entrega de 5 mil millones de pesos para subsidiar el Viaducto Elevado, una de las 266 promesas de campaña que Enrique Peña firmó ante notario público como candidato a la Presidencia de la República. 

La entrega de los recursos públicos se hizo sin contar con la aprobación de la Cámara de Diputados. Lo que se hizo fue una “modificación presupuestal” para inyectar recursos al “Programa de Apoyo para Infraestructura Carretera U002”, un programa que en el PEF aprobado por los legisladores en 2014 estaba en ceros, sin recursos asignados.

De ese programa salieron 2 mil 500 millones de pesos para el arranque de la obra en 2014, y se repitió el esquema en 2015 y 2016 para asignar un subsidio de mil millones anuales, hasta que finalmente en agosto de 2016 se inauguró el viaducto elevado.

La falta de documentación y estudios que justificaran la obra fue la constante en el desarrollo del proyecto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó, entre otras irregularidades, que la obra se inició sin un proyecto ejecutivo autorizado, sin el estudio costo-beneficio y sin la Manifestación de Impacto Ambiental.

¿Fue mejor opción técnica? ¿la menos onerosa?

La promesa de campaña de Peña Nieto se rubricó con el folio CG-040 y se incluyó en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicación 2013-2018, acompañado por la leyenda: “o la opción que técnicamente mejor resulte”.

La SCT consideró dos posibles opciones, según documentación que la dependencia entregó a Animal Político, aunque al final se optó por la más cara.

La primera alternativa: modernización y ampliación a diez carriles del paso de la vialidad en su cruce por la ciudad, con carriles para laterales para el tránsito local, una solución que tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado” y costo estimado de 4 mil 400 millones de pesos.  

La segunda el viaducto elevado, una solución que —igual que la primera opción—, tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado”, pero con la desventaja de que “el uso de esta infraestructura sería en hora de máxima de demanda, con lo que podría existir una sobreoferta de la misma”. El costo estimado de esa obra fue de 10 mil 500 millones de pesos, más IVA, y consideraba un tramo de 16.6 kilómetros de largo.

En el mismo documento oficial hay contradicciones sobre la valoración de las dos opciones. Primero se dice que “de manera objetiva y cuantitativa se consideró al Costo Anual Equivalente (CAE) como el mejor indicador”, lo que significaba que ampliar la carretera era la mejor opción. “La alternativa 2 es la que requiere de una inversión mayor a lo largo de la vida útil del proyecto”. Pero en otro párrafo se menciona que la alternativa 2 “representa el menor CAE por lo tanto resulta ser la más adecuada”.

Alternativa Costo de inversión Conservación rutinaria Riego de sello Carpeta Reconstrucción CAE
1 4,400,000,000 2,669 12,900 71,171 195,721 539.6
2 10,500,000,000 5,641 27,265 150,422 413,682 1,285.3

Más allá de lo contradictorio de las afirmaciones en el estudio, los datos del CAE y los costos totales de las obras muestran que el viaducto elevado era 2.3 veces más caro que la ampliación, pero el gobierno optó por esa alternativa.

Pero además de la económica, entre los proyectos hay otra diferencia: la segunda opción es la que prometió Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial y la que buscaba el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, quien buscó sin conseguirla la candidatura del PAN para los comicios de este 2018.

El estudio de la SCT consideró además que la obra podría generar una ganancia del 17.6% anual (la Tasa Interna de Retorno), aunque en el contrato de concesión que el gobierno de Puebla con OHL-Pinfra se estableció que la ganancia sería del 10% anual real, más la recuperación de la inversión inicial.

También señaló que la obra se pagaría a partes iguales por el gobierno y empresas del sector privado, con un proceso de licitación que se realizará en junio de 2015 para que la obra estuviera en operación en enero de 2018.

Pero el proceso planteado en los documentos de la SCT no se siguió, la obra se adjudicó a mediados de 2014 sin licitación de por medio y se puso en operación en octubre de 2016, justo al cierre del sexenio de Moreno Valle.

Una obra ‘exprés’

El 19 de junio de 2014, la SCT entregó al gobierno de Puebla el permiso de derecho de vía para construir el viaducto elevado sobre la autopista federal. Ese mismo día la dependencia emitió los lineamientos del programa U002 “Programa para Infraestructura Carretera” para entregar el subsidio de 5 mil millones de pesos y financiar la mitad de la obra.

De acuerdo con esos lineamientos, de los que Animal Político tiene copia, para recibir el subsidio el gobierno de Puebla debía demostrar, entre otras cosas, que tenía “proyectos ejecutivos, evaluaciones financieras y técnicas que aseguren la factibilidad” de la obra.

Pero la obra se inició sin tener ni estudio de costo beneficio ni proyectos ejecutivos.

Al analizar la cuenta pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación dijo: “En la revisión del título de concesión, se observó que la SCT otorgó el subsidio en materia de infraestructura carretera al gobierno de Puebla, para el proyecto del viaducto elevado, aun cuando no se contaba con el estudio costo-beneficio ni con el proyecto ejecutivo”.

En respuesta a la auditoria, la SCT presentó en octubre de 2015, un año después de iniciada la obra, un estudio de costo-beneficio. Animal Político tuvo acceso al estudio, vía una solicitud de información que atendió la ASF. El documento no tiene la fecha en que fue realizado, no incluye firma, sello, ni tiene referencia alguna a los autores o responsables del estudio.

Además, dice la ASF, “no se tiene evidencia de que se contara con el estudio previo al otorgamiento del subsidio”.

Ni siquiera se tuvo el cuidado de tener un título de concesión que tuviera los datos correctos: la SCT se refiere a una autopista de 16.6 kilómetros de longitud y 21 metros de ancho, mientras que el título de concesión hace referencia a una obra de 13.3 kilómetros de largo y 18 metros de ancho, y la obra que se construyó fue de 15.3 kilómetros de largo y 21 metros de ancho.

Otras irregularidades

Pero no fueron las únicas irregularidades. La ASF revisó el desarrollo de la obra entre 2014 y 2016 y detectó costos inflados: “algunos de los precios son elevados respecto a los precios de mercado y a los propuestos en otros proyectos similares realizados por la misma empresa” por más de mil 173 millones de pesos.

También se detectaron pagos por obras y servicios no recibidos por más de 180 millones de pesos, y un pago de 2.7 millones de pesos por un anticipo no justificado.

A ello se sumaron “trabajos de mala calidad al interior de las trabes prefabricadas; cabezales, trabes, losas y prelosas; ramales de tuberías de PVC, de marcos y registros”.

Dice uno de los informes de la ASF que “no obstante que la obra ya se había concluido y se encontraba en operación, no se tenía autorizado en su totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la documentación que acreditara las modificaciones efectuadas”.

El gobierno de Puebla incluso intentó que vehículos pesados o de carga tuvieran la obligación de transitar por el viaducto elevado —y pagar la cuota por hacerlo—, restringiendo su circulación por la parte baja de la autopista México-Puebla. La acción fue señalada por la ASF, quién pidió el inicio de un procedimiento administrativo contra los funcionarios responsables, sin que hasta la fecha se haya sancionado a nadie.

El viaducto elevado, un logro en infraestructura según la administración federal de Enrique Peña Nieto y de Rafael Moreno Valle en Puebla, sí desahoga el tráfico en la zona y disminuye los tiempos de traslado.

Sin embargo, su construcción fue más para el lucimiento de los funcionarios involucrados y a un costo de 4 mil 500 millones de pesos, además de una concesión que no le retribuye ni un peso a las arcas públicas.

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Vacunas COVID: qué pasó con las millones de dosis de AstraZeneca que México y Argentina prometieron producir

Los presidentes de México y Argentina anunciaron en 2020 que empresas privadas en sus países producirían hasta 250 millones de vacunas de Oxford-AstraZeneca para inocular a la región en el primer semestre de este año, pero aún no se dispone de una sola dosis.
29 de abril, 2021
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Entre 150 y 250 millones. Esa era la cantidad de vacunas de AstraZeneca que supuestamente iban a estar disponibles para combatir el coronavirus en América Latina en el primer semestre de 2021.

Al menos eso es lo que habían anunciado en agosto pasado los presidentes de Argentina y México, tras dar a conocer que empresas privadas en sus países producirían en conjunto la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica con sede en Reino Unido.

El proyecto, financiado por la fundación del millonario mexicano Carlos Slim, tenía como objetivo producir y distribuir las vacunas en toda América Latina (con excepción de Brasil, que tiene su propio acuerdo).

Sin embargo, llegando a mayo, todavía no está disponible ni una sola dosis de este preciado antiviral.

La ausencia de este elemento clave en la lucha contra el covid-19 se está sintiendo particularmente en Sudamérica, que vive un rápido aumento de casos por la segunda ola de la pandemia.

Uno de los más presionados por la falta de esta vacuna es el mandatario argentino, Alberto Fernández, quien contaba con el antiviral producido por su país y México como la principal arma en su estrategia de vacunación.

A finales de 2020 el gobierno de Fernández firmó con AstraZeneca su primera y más grande compra de vacunas: 22,4 millones de dosis.

Las primeras 2,3 millones de inoculaciones debían estar disponibles en marzo pasado, y otras 4 millones en abril. Sin embargo, hasta el momento el país -que vive un récord de contagios diarios- no recibió una sola dosis de ese contrato.

Alberto Fernández (izq.) y Andrés Manuel López Obrador

BBC
Alberto Fernández (izq.) y Andrés Manuel López Obrador anunciaron la producción conjunta de la vacuna en agosto pasado.

Esto llevó a que muchos criticaran al gobierno por haber priorizado el acuerdo con AstraZeneca por sobre otras opciones, como la vacuna de Pfizer-BioNtech, farmacéuticas con las que las autoridades argentinas no lograron llegar a un acuerdo, como sí lo hicieron varios de sus vecinos, incluyendo a Uruguay y Chile.

Algunos incluso acusaron al gobierno de haber ninguneado a Pfizer-BioNtech para favorecer al Grupo Insud, responsable de la “pata argentina” de la producción de la vacuna de Oxford- AstraZeneca, algo que las autoridades negaron.

En medio de los rumores y las tensiones, el empresario farmacéutico argentino Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud, acudió a las redes sociales para rechazar las acusaciones y explicar por qué se ha retrasado la producción de la vacuna.

¿Qué pasó?

Sigman, cuyo laboratorio, mAbxience, es el que fabrica el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, aseguró a través de una serie de tuits que el problema no tiene que ver con ese proceso, que se realiza en Argentina, sino con el que viene después: el envasado, que se realiza en México.

“Envasar cada tipo de vacuna requiere una serie de equipos e insumos específicos que, por la alta demanda global, hoy resultan imposibles de conseguir rápidamente“, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 19 de abril.

“Este es, de hecho, el problema que enfrentó en México el laboratorio Liomont, quien formula, fracciona y envasa el principio activo que mAbxience produce en Argentina y que determinó una demora en el inicio de la producción”.

De esta forma Sigman se desmarcó completamente de los retrasos.

Incluso aclaró que “al día de hoy mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”.

Planta de mAbxience en Garín, provincia de Buenos Aires

Grupo Insud
El laboratorio argentino mAbxience ha producido decenas de millones de dosis del principio activo de la vacuna AstraZeneca, pero los problemas de envasado han retrasado el proceso.

BBC Mundo se comunicó con Liomont en México, que hasta ahora no ha realizado declaraciones públicas sobre el retraso en la producción de vacunas, pero hasta el momento de publicación de este artículo no obtuvo respuesta.

Fuentes del laboratorio sí aseguraron que el proceso continúa “en tiempo y forma”. Sin embargo, el propio gobierno de México ya reconoció el retraso existente con el envasado de las vacunas de AstraZeneca en el país.

Qué dicen en México

El corresponsal de BBC Mundo en ese país, Marcos González Díaz, señaló que las demoras fueron reconocidas recientemente por quien es considerado el “zar del coronavirus” y principal cara del gobierno mexicano frente a la pandemia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Consultado el pasado 22 de abril, durante su conferencia de prensa diaria sobre el covid, sobre cuándo estarían listas estas vacunas en México, el funcionario admitió que es un tema “que causa inquietud”.

“El proceso de envasado ha requerido varios elementos de calibración para que esté en los estándares de calidad más altos posibles”, explicó.

“Durante un tiempo, un pequeño retraso de aproximadamente unos 10 y 12 días que tuvo que ver con la escasez mundial de unos filtros, de un componente muy específico del proceso de fabricación. Esto ya fue solventado hace varias semanas, más de un mes y medio, y ahorita ya se está en el proceso de envasado”, señaló.

No obstante, aclaró que aún falta la última parte del proceso: “La verificación sanitaria (…) que dura 18 días”.

López-Gatell agregó que “todavía hay un paso adicional”.

“La empresa, no Liomont, sino la empresa Astra(Zeneca), en su matriz en Oxford, está planteando que se necesitan unos días más para un proceso específico técnico que tiene que ver con la calidad del envasado”.

Logo de AstraZeneca

Reuters
La farmacéutica sueco-británica difundió un comunicado este miércoles en el que lamentó los retrasos, pero aseguró que se entregarán 150 millones de dosis “en la primera mitad del año”.

“En síntesis”, concluyó, “aún tenemos retraso y no hay una fecha precisa de liberación“, reconoció.

Por su parte, este miércoles el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, también se refirió al retraso: “El comunicado oficial que tenemos es que son dificultades en insumos, ajustes en sus fórmulas respecto a la sustancia activa, pero en resumen, que en mayo se regularizaría la entrega de esta vacuna para México”, sostuvo.

Comunicado de AstraZeneca

Las declaraciones de Ebrard coincidieron con la publicación de un comunicado por parte de AstraZeneca en Argentina.

Tras un encuentro con la ministra de Salud de ese país, representantes de la farmacéutica sueco-británica difundieron un mensaje en el que reconocen un retraso, pero garantizan la pronta entrega de las vacunas.

Lamentamos confirmar un retraso en nuestra intención de iniciar envíos antes para América Latina a pesar de trabajar incansablemente para acelerar el suministro”, indicaron.

No obstante, aseguraron que “AstraZeneca continúa en camino de suministrar 150 millones de dosis de la vacuna de covid-19 en América Latina, excluyendo Brasil, en este año”.

“Estamos entregando nuestra vacuna, sin ninguna utilidad financiera para nosotros durante la pandemia, a partir de la primera mitad del año tal como lo anunciamos en agosto pasado“, resaltaron.

¿Sputnik latinoamericana?

A pesar de los problemas en la fabricación de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, México y Argentina podrían volver a colaborar en la fabricación de otra vacuna contra el coronavirus: la Sputnik V de Rusia.

“Tras una reunión en Moscú entre el canciller Ebrard, y su homólogo ruso Sergei Lavrov, este miércoles se anunció que México comenzará a envasar la vacuna rusa Sputnik en mayo”, informó el corresponsal de BBC Mundo en México.

“Ebrard dijo que será el laboratorio de propiedad estatal Birmex el que produzca la vacuna en el país, en colaboración con el Fondo Ruso de Inversión Directa”, detalló.

La semana última, el laboratorio argentino Richmond anunció que producirá la sustancia activa de la vacuna rusa en Buenos Aires.

Así, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la Sputnik V.

Alberto Fernández recibiendo la vacuna Sputnik V en enero de 2021

Reuters
El presidente argentino, Alberto Fernández, se vacunó con la Sputnik V en enero pasado. Ahora la vacuna se producirá en su país.

El Fondo Ruso de Inversión Directa anunció que la empresa farmacéutica argentina ya produjo un primer lote de la vacuna, que será enviado al Centro Gamaleya (creador de la Sputnik V) para que realice el control de calidad.

La producción a gran escala en Argentina está prevista para junio, y Richmond anticipó que comenzará con 1 millón de dosis, aunque planea aumentar la producción mensual a 5 millones.

La agencia EFE reportó que el gobierno mexicano ve con “simpatía” la posibilidad de importar el biológico desde Argentina para envasarlo en el país.

“La pregunta ahora es saber si alguna de las causas del retraso en el envasado de AstraZeneca en México podría afectar también a este nuevo plan con la vacuna rusa”, señaló González Díaz.

“¿De qué podría depender? Pues de equipos que no tengamos en México, que haya que conseguir en el mercado internacional”, respondió Ebrard sobre la posibilidad de que el envasado de Sputnik también sufra retrasos.


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