La SCT aprobó construir el segundo piso de Puebla, aunque era la opción más cara y sin planeación
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La SCT aprobó construir el segundo piso de Puebla, aunque era la opción más cara y sin planeación

Aunque había tres opciones que serían más baratas, tanto en construcción como en el peaje que pagarían los usuarios, el gobierno de Moreno Valle eligió la opción más cara y la que fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto.
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24 de mayo, 2018
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En 2014 el gobierno federal dio luz verde a construir un Viaducto Elevado en Puebla aun cuando era el proyecto más caro de tres posibles opciones: un libramiento, que seis años antes se había presupuestado en mil 933 millones de pesos; ampliar la autopista a diez carriles en su cruce por la ciudad poblana, valuado en 4 mil 400 millones, o construir un paso elevado por 10 mil millones.

Se optó por el más caro, pero además sin que hubiera planeación previa: se adjudicó una obra de 13.3 kilómetros y 18 metros de ancho, pero se construyó un segundo piso de 15.3 kilómetros y 21 metros de ancho.

La obra resultó cara no sólo para las finanzas públicas —el gobierno federal pagó 4 mil 500 millones—, también para los usuarios. Recorrer la carretera México-Puebla cuesta 1.40 pesos por kilómetro, con dos casetas incluidas. El peaje del Segundo Piso cuesta 3.59 pesos el kilómetro, 2.5 veces más que toda la autopista.

Documentos oficiales consultados por Animal Político indican que el peaje del Segundo Piso también es más alto del que se hubiera pagado con el libramiento: 1.20 pesos por kilómetro.

Sin estudios previos

La Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2012 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente año con una partida de 43 millones de pesos para un estudio de preinversión para el Viaducto Elevado de Puebla, pero el estudio jamás se realizó.

El 17 de mayo de 2013, el titular de la dirección general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Óscar Callejo Silva, pidió la cancelación del estudio a pesar de que la documentación era necesaria “para la correcta proyección” de la obra, pues incluía un estudio de demanda, el anteproyecto ejecutivo y el estudio de impacto ambiental, entre otros documentos, según se lee en los documentos oficiales que consultó Animal Político.

Pero la falta de estudios no impidió que en 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aprobara la entrega de 5 mil millones de pesos para subsidiar el Viaducto Elevado, una de las 266 promesas de campaña que Enrique Peña firmó ante notario público como candidato a la Presidencia de la República. 

La entrega de los recursos públicos se hizo sin contar con la aprobación de la Cámara de Diputados. Lo que se hizo fue una “modificación presupuestal” para inyectar recursos al “Programa de Apoyo para Infraestructura Carretera U002”, un programa que en el PEF aprobado por los legisladores en 2014 estaba en ceros, sin recursos asignados.

De ese programa salieron 2 mil 500 millones de pesos para el arranque de la obra en 2014, y se repitió el esquema en 2015 y 2016 para asignar un subsidio de mil millones anuales, hasta que finalmente en agosto de 2016 se inauguró el viaducto elevado.

La falta de documentación y estudios que justificaran la obra fue la constante en el desarrollo del proyecto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó, entre otras irregularidades, que la obra se inició sin un proyecto ejecutivo autorizado, sin el estudio costo-beneficio y sin la Manifestación de Impacto Ambiental.

¿Fue mejor opción técnica? ¿la menos onerosa?

La promesa de campaña de Peña Nieto se rubricó con el folio CG-040 y se incluyó en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicación 2013-2018, acompañado por la leyenda: “o la opción que técnicamente mejor resulte”.

La SCT consideró dos posibles opciones, según documentación que la dependencia entregó a Animal Político, aunque al final se optó por la más cara.

La primera alternativa: modernización y ampliación a diez carriles del paso de la vialidad en su cruce por la ciudad, con carriles para laterales para el tránsito local, una solución que tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado” y costo estimado de 4 mil 400 millones de pesos.  

La segunda el viaducto elevado, una solución que —igual que la primera opción—, tendría “vida útil de 30 años con el mantenimiento adecuado”, pero con la desventaja de que “el uso de esta infraestructura sería en hora de máxima de demanda, con lo que podría existir una sobreoferta de la misma”. El costo estimado de esa obra fue de 10 mil 500 millones de pesos, más IVA, y consideraba un tramo de 16.6 kilómetros de largo.

En el mismo documento oficial hay contradicciones sobre la valoración de las dos opciones. Primero se dice que “de manera objetiva y cuantitativa se consideró al Costo Anual Equivalente (CAE) como el mejor indicador”, lo que significaba que ampliar la carretera era la mejor opción. “La alternativa 2 es la que requiere de una inversión mayor a lo largo de la vida útil del proyecto”. Pero en otro párrafo se menciona que la alternativa 2 “representa el menor CAE por lo tanto resulta ser la más adecuada”.

Alternativa Costo de inversión Conservación rutinaria Riego de sello Carpeta Reconstrucción CAE
1 4,400,000,000 2,669 12,900 71,171 195,721 539.6
2 10,500,000,000 5,641 27,265 150,422 413,682 1,285.3

Más allá de lo contradictorio de las afirmaciones en el estudio, los datos del CAE y los costos totales de las obras muestran que el viaducto elevado era 2.3 veces más caro que la ampliación, pero el gobierno optó por esa alternativa.

Pero además de la económica, entre los proyectos hay otra diferencia: la segunda opción es la que prometió Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial y la que buscaba el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, quien buscó sin conseguirla la candidatura del PAN para los comicios de este 2018.

El estudio de la SCT consideró además que la obra podría generar una ganancia del 17.6% anual (la Tasa Interna de Retorno), aunque en el contrato de concesión que el gobierno de Puebla con OHL-Pinfra se estableció que la ganancia sería del 10% anual real, más la recuperación de la inversión inicial.

También señaló que la obra se pagaría a partes iguales por el gobierno y empresas del sector privado, con un proceso de licitación que se realizará en junio de 2015 para que la obra estuviera en operación en enero de 2018.

Pero el proceso planteado en los documentos de la SCT no se siguió, la obra se adjudicó a mediados de 2014 sin licitación de por medio y se puso en operación en octubre de 2016, justo al cierre del sexenio de Moreno Valle.

Una obra ‘exprés’

El 19 de junio de 2014, la SCT entregó al gobierno de Puebla el permiso de derecho de vía para construir el viaducto elevado sobre la autopista federal. Ese mismo día la dependencia emitió los lineamientos del programa U002 “Programa para Infraestructura Carretera” para entregar el subsidio de 5 mil millones de pesos y financiar la mitad de la obra.

De acuerdo con esos lineamientos, de los que Animal Político tiene copia, para recibir el subsidio el gobierno de Puebla debía demostrar, entre otras cosas, que tenía “proyectos ejecutivos, evaluaciones financieras y técnicas que aseguren la factibilidad” de la obra.

Pero la obra se inició sin tener ni estudio de costo beneficio ni proyectos ejecutivos.

Al analizar la cuenta pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación dijo: “En la revisión del título de concesión, se observó que la SCT otorgó el subsidio en materia de infraestructura carretera al gobierno de Puebla, para el proyecto del viaducto elevado, aun cuando no se contaba con el estudio costo-beneficio ni con el proyecto ejecutivo”.

En respuesta a la auditoria, la SCT presentó en octubre de 2015, un año después de iniciada la obra, un estudio de costo-beneficio. Animal Político tuvo acceso al estudio, vía una solicitud de información que atendió la ASF. El documento no tiene la fecha en que fue realizado, no incluye firma, sello, ni tiene referencia alguna a los autores o responsables del estudio.

Además, dice la ASF, “no se tiene evidencia de que se contara con el estudio previo al otorgamiento del subsidio”.

Ni siquiera se tuvo el cuidado de tener un título de concesión que tuviera los datos correctos: la SCT se refiere a una autopista de 16.6 kilómetros de longitud y 21 metros de ancho, mientras que el título de concesión hace referencia a una obra de 13.3 kilómetros de largo y 18 metros de ancho, y la obra que se construyó fue de 15.3 kilómetros de largo y 21 metros de ancho.

Otras irregularidades

Pero no fueron las únicas irregularidades. La ASF revisó el desarrollo de la obra entre 2014 y 2016 y detectó costos inflados: “algunos de los precios son elevados respecto a los precios de mercado y a los propuestos en otros proyectos similares realizados por la misma empresa” por más de mil 173 millones de pesos.

También se detectaron pagos por obras y servicios no recibidos por más de 180 millones de pesos, y un pago de 2.7 millones de pesos por un anticipo no justificado.

A ello se sumaron “trabajos de mala calidad al interior de las trabes prefabricadas; cabezales, trabes, losas y prelosas; ramales de tuberías de PVC, de marcos y registros”.

Dice uno de los informes de la ASF que “no obstante que la obra ya se había concluido y se encontraba en operación, no se tenía autorizado en su totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la documentación que acreditara las modificaciones efectuadas”.

El gobierno de Puebla incluso intentó que vehículos pesados o de carga tuvieran la obligación de transitar por el viaducto elevado —y pagar la cuota por hacerlo—, restringiendo su circulación por la parte baja de la autopista México-Puebla. La acción fue señalada por la ASF, quién pidió el inicio de un procedimiento administrativo contra los funcionarios responsables, sin que hasta la fecha se haya sancionado a nadie.

El viaducto elevado, un logro en infraestructura según la administración federal de Enrique Peña Nieto y de Rafael Moreno Valle en Puebla, sí desahoga el tráfico en la zona y disminuye los tiempos de traslado.

Sin embargo, su construcción fue más para el lucimiento de los funcionarios involucrados y a un costo de 4 mil 500 millones de pesos, además de una concesión que no le retribuye ni un peso a las arcas públicas.

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UNSM

Las vacunas para el COVID que se desarrollan en América Latina (además de la de AstraZeneca-Oxford)

Científicos de América Latina están trabajando a contrarreloj para desarrollar una vacuna para el SARS-CoV-2 que dé seguridad sanitaria a sus propios países.
UNSM
14 de agosto, 2020
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En la búsqueda mundial de una vacuna contra el COVID-19, América Latina, la región del mundo más golpeada por el coronavirus, está haciendo sus propios esfuerzos.

Además de colaborar en investigaciones mundiales, como la asociación de México y Argentina con el proyecto de vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en cuatro países de la región están trabajando decenas de científicos para asegurar una vacuna propia.

Y es que sin importar cuán avanzadas estén otras investigaciones mundiales, una regla de oro en el desarrollo de este tipo de investigaciones es que mientras no haya una vacuna plenamente comprobada y distribuida, no se pueden bajar las manos.

“No sabemos todavía qué disponibilidad habrá realmente de las vacunas desarrolladas por otros países. La posibilidad de tener una vacuna nacional da mucha seguridadal poseer un biológico para proteger a la población”, dice a BBC Mundo Edda Sciutto, una de los científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que realiza su propio desarrollo.

Desde Argentina, Jorge Geffner, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que desarrolla una vacuna con la Universidad Nacional San Martín (UNSM), lo remarca: “Si no se hace, inevitablemente vamos a mantener una dependencia estricta con países desarrollados. Para la perspectiva de una nación, eso es muy pobre”.

Y conseguir una vacuna plenamente probada no es sencillo ni rápido, pese a que en la actual pandemia se están rompiendo récords de tiempos.

La situación apremia: más de 20 millones de contagios y 750,000 muertes en el mundo han acelerado la investigación biomédica.

De ahí que en América Latina se haya anunciado la producción de la vacuna de AstraZeneca-Oxford aún sin saber si realmente funcionará.

Y en la región también habrá pruebas en decenas de miles de personas de vacunas que están siendo desarrolladas en otras partes del mundo.

El trabajo de América Latina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó la propagación de COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo. Cinco meses después, el organismo contabiliza 29 proyectos de vacuna que ya están en la etapa de estudio clínico.

Hasta este 13 de agosto, solo seis se ubicaban en la fase 3, la más avanzada, la cual implica la experimentación en grandes grupos de personas: AstraZeneca-Oxford, Sinovac, Sinopharm-Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, Sinopharm-Instituto de Productos de Pekín, Moderna-NIAID y BioNTech-Fosun Pharma-Pfizer.

Personal de pruebas de vacunas en Oxford.

OXFORD UNIVERSITY/John Cairns
La Universidad de Oxford, en Reino Unido, realiza las pruebas más avanzadas de su vacuna con AstraZeneca.

Al mismo tiempo hay otros 138 estudios en la etapa preclínica, la inicial, en la que las vacunas todavía se encuentran en proceso de investigación y sus pruebas se realizan en animales o receptores de laboratorio.

De estas últimas tres proyectos enlistados por la OMS están en América Latina.

Brasil tiene dos, el de la Fundación Oswaldo Cruz-Instituto Butantan y el de la Universidad de Sao Paulo, además de Argentina con la investigación CONICET-UNSM.

Sin embargo, en México con la UNAM y Perú con el proyecto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia también están trabajando en sus propias investigaciones contra el coronavirus.

“El cuello de botella no es tanto el desarrollo científico de la vacuna, sino el escalamiento para producirla. El reto es lograr las alianzas con farmacéuticas para conseguir un escalamiento suficiente“, explica Juan Pedro Laclette, quien participa en el proyecto de la UNAM en México.

Seguirán su propia marcha

Sobre este punto, Laclette y Geffner explican que para el desarrollo de esta vacuna ya se cuenta con el conocimiento científico de las creadas para otros dos coronavirus epidémicos: el SARS y el MERS.

“Hasta ahora todos los intentos para desarrollar una vacuna parten de los considerables conocimientos que ya tenemos sobre este tipo de infecciones. Y claramente se va a lograr la vacuna”, señala Laclette.

Ya sea a partir del desarrollo a partir de proteínas,como se hace en México y Argentina, de vectores como en Brasil, o de una salmonela genéticamente modificada en Perú, los experimentos buscan encontrar el antígeno que muestre mayor efectividad en ensayos preclínicos.

Una científica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia

UPCH
La investigación de Perú se lleva a cabo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Después pasarán a las fases clínicas 1, 2 y 3 en las que se pondrán a prueba en voluntarios, desde unos pocos hasta decenas de miles.

Para que una vacuna se considere segura, deberá garantizar alrededor del 90% de protección.

“El punto que llama la atención es que en general todas las vacunas han tardado entre cinco y diez años en desarrollarse. Y las vacunas que se están desarrollando hoy ya están entrando en fase 3 y empezaron en marzo”, señala Geffner.

Cómo funcionan las vacunas

BBC

Incluso en la región se está trabajando en innovaciones, como en el caso de Perú, en donde Mirko Zimic, quien lidera la investigación nacional, dijo que trabajan para que las dosis sean de administración oral.

“Ya no se necesitaría un ejército especializado de vacunadores que puedan aplicar inyecciones”, explicó en un comunicado.

De otros países para América Latina

Además del desarrollo de vacunas propias, los gobiernos latinoamericanos están estableciendo acuerdos con diversos proyectos de otros países.

Es el caso de México y Argentina con AstraZeneca-Oxford, con los que -de lograr la aprobación final en unos meses- buscan producir y distribuir la vacuna para todos los países de América Latina (excepto Brasil, que tiene su propio acuerdo).

Vacunas en ampolletas

Reuters
En el mundo había más de 160 estudios de vacunas para el covid.19 hasta agosto, según la OMS.

Argentina, explicó el presidente Alberto Fernández, se encargará de la producción en el laboratorio mAbxience, mientras que en México se hará el envasado y la distribución.

Pero también Argentina, Brasil y México han llegado a acuerdos para que se prueben vacunas en decenas de miles de personaspara completar las fases 3 de experimentación, la cual no supone un riesgo sanitario ya que las fases anteriores probaron su beneficio en animales y en algunos voluntarios.

“Empezar a vacunar con algo que no te haga daño puede tener el riesgo de que la gente cambie su conducta y se exponga más al virus porque se siente segura o protegida con una cosa que no se sabe si sirve. Por eso es importante la fase 3”, explica Edda Sciutto.

“Aunque hay muchas vacunas en marcha y muchas muy avanzadas, aún no conocemos la efectividad. Y ese es un gran desafío, pues requiere vacunar a decenas de miles de personas y requiere tiempo“, explica.

De ahí que para la comunidad científica occidental sea llamativo que Rusia haya aprobado su vacuna sin ofrecer las pruebas correspondientes de las diferentes fases. Incluso las autoridades rusas han asegurado que producirán estas vacunas en Cuba y Brasil.

Por ello es importante que cada país cuente con su investigación, señala Laclette.

“Se está dando una competencia despiadada, porque hay objetivos comerciales muy importantes. La producción de cientos de miles de vacunas tiene en la mira ganancias económicas considerables”, alerta.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=9JOee6bCojU

https://www.youtube.com/watch?v=PM9KBQyKHz8

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