El muro de policías y militares que usa México para detener migrantes centroamericanos
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El muro de policías y militares que usa México para detener migrantes centroamericanos

Según datos oficiales, entre 2015 y marzo de 2018 en México se han detenido a 495,590 personas sin documentos migratorios, la mayoría en la frontera sur, una cifra superior al número de deportados de los Estados Unidos.
Reuters
24 de mayo, 2018
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Cuando salió de Honduras, Salvador Elías no esperaba el escenario que encontró en México:

En carreteras o calles de ciudades y pueblos había puntos de control, patrullas y decenas de militares, policías federales, locales y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Se sorprendió. Hace unos años viajó por tierra a Estados Unidos, pero entonces la vigilancia era diferente.

“Está muy dura la cosa, por donde te muevas hay riesgo de topar con migración o los soldados, y vas de vuelta”, le dice a BBC Mundo por teléfono desde el albergue donde se encuentra en Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

“Hay que insistir y rodear mucho para librar el camino al norte”.

En realidad lo que Salvador Elías y miles de centroamericanos encuentran al cruzar a México es el resultado de una intensa operación para controlar la migración irregular al país.

Según datos oficiales entre 2015 y marzo de 2018 se han detenido a 495.590 personas sin documentos migratorios, la mayoría en la frontera sur.

Un número mayor al de las deportaciones realizadas por Estados Unidos.

Según organizaciones civiles, la explicación es un “muro virtual” a la migración irregular conformado por miles de militares y policías.

“Por muchas razones el modelo de control fronterizo no puede ser el mismo que hay en la frontera norte”, le dice a BBC Mundo Salvador La Cruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

Es una organización que en los últimos años se enfoca en la defensa de menores migrantes.

Un muro físico sería “impracticable” por las características de la zona, con montañas y selva. Pero existe otro.

“El muro no es de ladrillo y hormigón sino de gente, de cuerpos de seguridad del Estado”.

Silencio oficial

Desde 2003 se han aplicado distintas estrategias para fortalecer la seguridad en la frontera sur de México.

Incluso algunas operaciones han sido apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida.

La operación más reciente empezó en 2014 con el Programa Frontera Sur, una estrategia que oficialmente pretendía garantizar la seguridad de los migrantes.

Entre sus acciones contemplaba evitar el uso de trenes de carga para viajar al norte y operaciones contra pandillas y traficantes de personas.

También se estableció un programa de estancia temporal para trabajadores migrantes, especialmente de Guatemala.

Los beneficiarios reciben una tarjeta de identidad que les permite permanecer en estados del sureste como Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, sin riesgo de ser deportados.

La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, responsable de aplicar la estrategia oficial, desapareció en 2015.

Pero las acciones de seguridad en esa región permanecen, aunque no está claro cuál es la nueva estrategia, ni el número de efectivos que la aplican.

Durante más de una semana, BBC Mundo solicitó a las autoridades detalles sobre la actual estrategia para controlar la migración irregular en la frontera sur.

Se plantearon preguntas sobre el número de agentes policiales y militares asignados a las tareas de vigilancia, las unidades a las que pertenecen y sus áreas de operación.

Se consultó a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina, aunque ninguna de estas instituciones dio respuesta.

Policías motorizados en Ciudad de México.

AFP
Distintos cuerpos policiales y unidades militares participan en el operativo de seguridad.

También se incluyó a la Comisión Nacional de Seguridad, responsable de la Policía Federal y la Gendarmería, así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Chiapas.

Estas dependencias, de maneras distintas, participan en las operaciones de seguridad en la región.

La estrategia

Más allá del silencio oficial, lo cierto es que el “muro virtual” permanece.

Enrique Vidal, de la organización Voces Mesoamericanas, le dice a BBC Mundo que la estrategia se aplica en al menos tres etapas simultáneas:

Una en los cinco puntos formales de cruce fronterizo donde se revisan la documentación migratoria y comercial de quienes los utilizan.

Esta operación no se aplica en los casi 1.000 sitios de ingreso irregular a México que se conocen en la región.

La segunda son revisiones y patrullaje en las carreteras de Chiapas y Tabasco, donde participan elementos de la Marina, policías federales y locales con respaldo de agentes del INM.

Tal estrategia se aplica en todo el territorio de Chiapas y Tabasco, donde según la Unidad de Política Migratoria de Segob se detiene al 66% de los migrantes que ingresa irregularmente al país.

Las operaciones en carreteras incluyen la revisión aleatoria de autos particulares, autobuses de pasajeros y taxis para detectar centroamericanos, señala el activista.

Un grupo de migrantes camina en México.

AFP
Los agentes realizan controles aleatorios en las carreteras.

La vigilancia establece una especie de cordón a lo largo del Istmo de Tehuantepec, pues se realiza desde Arriaga, Chiapas, en el Océano Pacífico, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, en el Atlántico.

Una tercera etapa del “muro virtual” se aplica en los cinco Centros de atención temporal del tráfico fronterizo.

Son garitas de revisión aduanal contra mercancía irregular, pero que también sirve para detectar personas sin documentos migratorios.

A esto se suman las operaciones de la policía estatal en las zonas de bares o sitios de reunión de migrantes, como parques o plazas, especialmente en ciudades como Tapachula o Frontera Comalapa.

No es todo. En las vías del tren también hay patrullajes, y las empresas ferroviarias construyeron muros para impedir que los migrantes suban a los trenes.

Esto se aplica sobre todo en la zona de Tenosique, Tabasco, uno de los principales sitios de migración irregular, así como en Palenque, Chiapas, la primera parada del ferrocarril que viaja al norte.

Es, dice Enrique Vidal, “una pinza para realizar el mayor número de detenciones de migrantes”.

Y no está exenta de abusos. El cónsul de Guatemala en Tapachula, Chiapas, Héctor Spiac Cuin, dice que frecuentemente la policía municipal de esa ciudad captura personas con documentos migratorios.

Generalmente son trabajadores con permiso de estancia temporal. “Hay detenciones irregulares por decirlo de esa manera”, afirma el diplomático a BBC Mundo.

Un vagón de ferrocarril con migrantes en México.

Reuters
Los migrantes viajan a menudo en vagones de ferrocarril.

“Acosan a los migrantes que están en territorio chiapaneco y realizan alguna actividad laboral. Muchas veces los detienen en la calle, en algunos casos con documentos de identificación”.

La huella de EE.UU.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de Segob, el año pasado fueron detenidos 95.497 migrantes irregulares en México, la mayoría centroamericanos.

De éstos 80.353 fueron “devueltos” a sus países de origen.

En ese mismo lapso se capturó a 18.300 menores de edad, casi todos acompañados. Unos 16.000 regresaron a sus países mediante el llamado “retorno asistido” de las autoridades mexicanas.

La cifra es menor a la que se registró en los primeros años del Plan Frontera Sur, cuando el país deportó incluso a más personas que el gobierno de Estados Unidos.

En 2015, por ejemplo, los migrantes devueltos fueron 181.163, y la cantidad de menores repatriados fue el doble de la actual: alcanzó 36.921.

La mayor parte de las detenciones se realizan con el “muro virtual” en la frontera sur, según los datos oficiales.

Frontera entre Estados Unidos y México en Ciudad Juárez.

Reuters
Algunas organizaciones creen que las autoridades mexicanas reciben medios de EE.UU. para el control fronterizo.

Organizaciones como Voces Mesoamericanas detectan que a migrantes retenidos en las estaciones migratorias de Tapachula y Palenque, por ejemplo, se les toman electrónicamente datos de sus huellas dactilares y del iris.

No está claro el destino de esa información. Algunos creen que se comparte con autoridades estadounidenses, pues los equipos para el registro se compraron con dinero de la Iniciativa Mérida.

Una huella de esta operación la registra el informe Cooperación de Seguridad entre los Estados Unidos y México: la Iniciativa Mérida y más allá del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

Según el documento en 2015 el Departamento de Estado proporcionó “equipos y asistencia de capacitación, incluidos equipos NII, kioscos móviles, equipos caninos y capacitación para funcionarios del INM en la región fronteriza del sur”.

¿Hay mano estadounidense en la estrategia de seguridad de la frontera sur mexicana?

“Directamente no, son cosas que se escuchan”, reconoce el cónsul de Guatemala Spiac Cuin.

“Nosotros lo que hemos detectado es el incremento de seguridad de corporaciones policíacas mexicanas, son quienes hacen las detenciones directamente”.

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Especial

Tras años de violencia, Adriana se separó y denunció a su pareja, pero fue asesinada en Viaducto

La Fiscalía Especializada en Feminicidio de la Ciudad de México integra la carpeta de investigación para resolver si atraerá el caso; tiene a más tardar el próximo lunes 30 de agosto para definir.
Especial
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Desde 2019, Adriana Arana buscaba separarse de su pareja tras años de violencia y amenazas, pero el proceso y la custodia de su hija se detenían porque Enrique, su exesposo, le peleaba una pensión para aceptar. Las denuncias de la mujer de 47 años de edad no frenaron esa violencia, fue asesinada el pasado 11 de agosto en pleno Viaducto, de la Ciudad de México. 

Las primeras autoridades que atendieron el caso pensaron que Adriana había muerto por un accidente vial pues no observaron sangre dentro de su coche, más tarde se percataron que mientras ella conducía recibió dos disparos de arma de fuego por parte de un sujeto que conducía una motocicleta Pulsar. 

Dos días después, su expareja, Enrique N, fue detenido junto con otros dos sujetos, pero no por el feminicidio, sino por presuntos delitos contra la salud y portación de arma de fuego. 

La familia sabía de la violencia que padecía desde hace años. Empezó con la restricción del dinero que pertenecía a Adriana por el cobro de rentas, después pasó a las amenazas y golpes. 

“Tenían un departamento en Iztacalco y ahí empezaron las agresiones físicas y las amenazas. Mi hermana platicó que una noche pelearon y que él la amenazó de muerte, que le dijo que la iba a ver arrastrando, que de él no se iba a burlar”, cuenta Fernando Arana, hermano de la víctima y quien se ha manifestado en la Fiscalía capitalina para exigir que el caso se investigue cómo feminicidio y que se juzgue al detenido por este delito. 

Adriana era la cuarta de cinco hijos, había estudiado sistemas y tenía una hija de 14 años de edad. 

Aunque para 2019 ya se había separado de Enrique y lo había denunciado por violencia intrafamiliar, Adriana vivía con miedo.

“Ya separados, él la acosaba, la seguía, aparecía de la nada afuera de su trabajo o fuera de la casa de mi papá, con capucha y lentes. Vivía con miedo, siempre decía ‘tengo miedo, me va a hacer algo’. A mí me llegó a comentar que el día que no estuviera, quería  que su hija estuviera con una hermana”, cuenta su hermano Fernando.

La hija de Adriana, cuenta, está en shock, “cuando supo la noticia de su madre dijo: ‘fue mi papá’. Ella lo tiene presente”, afirma. 

Enrique, expareja y posible autor intelectual del feminicidio

La familia de Adriana Arana buscó asesoría legal para exigir que se investigue el historial de violencia que padeció con Enrique N, quien tenía 16 años de conocerla. 

De acuerdo con la asesora legal de la familia, en la carpeta de investigación se asentó que la persona que le disparó a Adriana a bordo de una motocicleta no iba sola, la custodiaba un vehículo Audi color negro, donde viajaban dos acompañantes. 

“De los videos que ha a obtenido la Fiscalía se ve que en el interior del Audi venían dos personas que le van dando seguimiento a la moto, se hace esta secuencia de los videos y aparentemente la persona que venía a bordo del vehículo corresponde con las características físicas de quien fuera la pareja de Adriana”, explica la abogada del caso Nancy Villafán Pérez. 

Las placas de este auto coinciden también con el que Enrique y dos sujetos usaron tras asaltar a una mujer en la avenida Canal de Tezontle, el pasado 13 de agosto.

De acuerdo con la defensora, Enrique sabía la ruta que Adriana tomaba al volver del trabajo porque en algún momento laboraron juntos, incluso se conocieron en este mismo lugar. 

“Él no había querido concederle el divorcio al 100% ni tampoco la custodia de la niña porque él le peleaba un pensión del 30%, había bienes que ella (Adriana) había adquirido y que estaban en renta y él era el único que cobraba las rentas, de eso no le entregaba absolutamente nada”, explica Villafán. 

Actualmente la Fiscalía Especializada en Feminicidio de la Ciudad de México integra la carpeta de investigación para resolver si atraerá el caso. De acuerdo con la abogada, a más tardar el próximo lunes 30 de agosto se deberá contar con el resultado final. 

La fiscal capitalina informó, este 25 de agosto, que la Ciudad de México presenta “dos tendencias consistentes”: una disminución de la incidencia en el feminicidio y el aumento en la vinculación a proceso de personas por su participación en los hechos.

Al dar un informe de los avances en la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres, decretada en noviembe de 2019, Ernestina Godoy Ramos dijo que desde entonces apenas 53 personas imputadas fueron vinculadas a proceso por feminicidio, 590 por delitos sexuales, así como 668 por violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres.

También llamó a que las mujeres “no se queden calladas y que denuncien”. 

Mientras tanto, el caso de Adriana, quien denunció desde 2019, sigue pendiente.

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