El exfiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, es buscado por el presunto delito de desaparición forzada por lo que se ofreció hasta 5 millones de pesos por información de su paradero.
El gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares informó que obtuvieron orden de aprehensión en contra de Bravo Contreras el pasado viernes 11 de Mayo.
El caso por el que se le acusa es la localización, en 2016, de 19 cuerpos en La Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, de los cuales, la Fiscalía solo reportó seis y desapareció a los 13 restantes.
El delito que le imputan es su probable intervención en la desaparición forzada de personas, en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión se eludieran de la acción de la justicia.
“Luis Ángel Bravo ordenó a personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos mismos que fueron localizados en el lugar conocido como La Barranca de La Aurora en el municipio de Emiliano Zapata”, indicó.
La Fiscalía General cuenta con datos que acreditan que Luis Ángel Bravo Contreras ordenó a personal bajo su mando ocultar y alterar del hallazgo de 13 cuerpos, mismos que fueran localizados en el punto conocido como La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, zona señalada por testigos como el lugar en que arrojaban a víctimas de desaparición forzada.
El 19 de enero de 2016, en aquél sitio, fueron localizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, Bravo Contreras habría dado la instrucción de únicamente reportar el hallazgo de 6 cuerpos.
Con relación a este caso, se encuentran detenidos al menos veinte policías, que trabajaron durante el gobierno de Javier Duarte y bajo el mandato de Luis Ángel Bravo Contreras; además de la exdirectora de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario N; el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo N, y el exdirector de la fuerza Civil, Roberto N.
Aunado a estas detenciones, el pasado 3 de abril, la Fiscalía de Veracruz informó el arresto de otros dos exfuncionarios de seguridad, por su presunta vinculación en el mismo caso, estos son: el exdirector general de Servicios Periciales, Gilberto N, y la exdelegada regional de la Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, Carlota N.
Estos cinco exfuncionarios estarían relacionados con el caso de La Barranca de La Aurora.
Bravo Contreras fue el último procurador que estuvo en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y cuando la dependencia se convirtió en Fiscalía fue elegido en automático para ese cargo de nueve años, pero renunció a la llegada del nuevo gobierno en diciembre del 2016.
