El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió a las autoridades mexicanas tomar medidas urgentes y poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores.
En un comunicado, expresó su preocupación sobre los fuertes indicios de que dichos crímenes fueron cometidos por fuerzas federales.
De acuerdo a datos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos, se tiene documentada la desaparición de 21 hombres y dos mujeres, en Nuevo Laredo, del febrero al 16 de mayo de 2018.
Según una organización local de derechos humanos, habrían sucedido al menos 40 desapariciones en el mismo periodo.
Algunas características de dichas desapariciones, según ONU Derechos Humanos son:
- Habrían sido perpetradas a menudo entrada la noche o al amanecer;
- Hay miembros de una fuerza de seguridad federal involucrada;
- Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras;
- Se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados y baleados y
- Al menos cinco de las víctimas fueron menores, tres de ellas, de tan sólo de 14 años.
“Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes “, dijo Zeid.
Aseveró que las autoridades mexicanas tienen evidencia sólida al respecto, pero que las actuaciones han sido pocas y lentas. Esto ha causado que en algunas ocasiones, las familias han tenido que realizar las búsquedas de personas desaparecidas con recursos propios y que a la fecha han localizado los cuerpos de al menos seis víctimas de desaparición forzada.
“Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia. También deben otorgar protección a testigos y defensores, y proveer asistencia a los familiares de las víctimas”, comentó Zeid en el comunicado.
También afirmó que los estados tienen la obligación de garantizar la seguridad e a la población y que en caso de desapariciones forzadas y ejecuciones realizadas de manera extra judicial, es urgente que el estado demuestre resultados y que no serán omisos a violaciones graves de derechos humanos.
