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Cuartoscuro

Sin detenidos y sin reparación de daños, a casi 3 años del enfrentamiento en Ostula, víctimas exigen justicia

A tres años del ataque contra pobladores de Ostula, no hay avance en investigaciones ni reparación del daño, denuncian víctimas.
Cuartoscuro
Por Eréndira Aquino
30 de mayo, 2018
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A casi tres años de los enfrentamientos entre pobladores de Ostula, militares y policías estatales y elementos de la Marina, las víctimas continúan sin justicia y sin reparación de daños.

Autoridades federales se reunieron nuevamente con los familiares de los afectados, a quienes refrendaron a los afectados la promesa de investigar y hacer justicia, ya que, hasta ahora, no hay detenidos ni sentenciados por estos hechos, en los que cuatro personas perdieron la vida.

De acuerdo con Raymundo Ortiz, abogado de la comunidad de Ostula, los 15 militares que participaron en el ataque no han sido arrestados ni han declarado ante el Ministerio Público civil o de la justicia militar, porque las autoridades, hasta ahora, no han solicitado su aprehensión, y porque todos ellos solicitaron su baja del Ejército en los días siguientes al enfrentamiento.

Las autoridades tampoco han efectuado la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas por el ataque, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendaron la indemnización y atención médica de los afectados desde hace más de dos años.

Este lunes, los afectados tuvieron reuniones con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), quienes prometieron que les gestionarán apoyos para los afectados, y que continuarán con las investigaciones.

Por su parte, la CNDH se comprometió a enviar un documento con indicadores de reparación del daño a las autoridades del gobierno de Michoacán y del Ejército, para que establezcan la forma en la que apoyarán a las víctimas, quienes, en algunos casos, viven con secuelas de las lesiones por disparos que recibieron.

“Nada más imagínese, cómo puede vivir uno… en la parte económica, en lo físico. Esto tiene mucho tiempo, pero pues no se olvida”, dijo en entrevista con Animal Político Ampelio Alejo, padre de uno de los lesionados en el ataque.

El hijo de Ampelio vive desde entonces con una bala en la ingle, pues de acuerdo con los médicos que lo han revisado en distintos hospitales, es menos riesgoso que intentar sacarla, por el sitio del cuerpo en el que se encuentra.

De acuerdo con el padre de la víctima, desde hace casi tres años “no vemos ninguna persona encerrada por lo que pasó, ni reparación de daños… ni siquiera una disculpa”.

“Me dijeron que me iban a desaparecer”

Emilia, madre del menor de 12 años que murió por los disparos de militares, señaló que poco después del asesinato de su hijo, recibió amenazas anónimaspor teléfono, en las que le advirtieron que la iban a desaparecer.

“A los tres meses de que mataron a mi hijo recibí una llamada donde me decían que me cuidara;  quisieron dar a entender que iban a ir por mi, que me iban a desaparecer”, narró.

“Nos quedamos muy espantados, mis hijos me pedían que me cuidara y yo a ellos, porque no sabemos si nos podían ‘levantar’. Y no sé si pueda ser el gobierno o los ‘malandros’, pero no quisiéramos que nos pasara eso, además de lo que ya pasó. ¿Qué más querían? Ya me mataron a mi hijo, ¿y todavía nos quieren matar a nosotros? No, no puede ser”, lamentó.

Emilia explicó que las autoridades, en esta ocasión, les prometieron que efectuarán la detención de los militares relacionados con el caso, para que declaren y pueda establecerse la cadena de mando que dio indicaciones para que el 19 de julio de 2015 se abriera fuego contra los pobladores.

Desde el asesinato de su hijo y luego de las amenazas que sufrió, explicó que lo único que ha sido distinto es que ella y su familia toman mayores precauciones al salir de casa, “Y ahí andamos… luchando para salir adelante”.

Recomendaciones incumplidas

En diciembre de 2016, la CNDH emitió la recomendación 65/2016, dirigida al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, así como a la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para reparar el daño e investigar lo sucedido en julio de 2015 en Ostula.

La CNDH pidió que se iniciaran procesos administrativos contra cuatro elementos que participaron en el operativo donde se efectuó el ataque, y gestionar la reforma del Protocolo de Uso de la Fuerza, para que este se adapte a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Al Secretario de la Defensa Nacional, la CNDH recomendó girar instrucciones a quien corresponda para proporcionar la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas, e iniciar proceso ante la Procuraduría General de Justicia Militar, para investigar a los elementos participantes en los hechos, por faltas a la disciplina militar.

También le recomendó instruir el uso de cámaras fotográficas y de video para documentar los hechos en que intervengan, como en este caso, para contar con evidencias de su actuación, y capacitar a los elementos de la SEDENA en principios del uso de la fuerza y de derechos humanos.

Hasta el día de hoy, de los puntos recomendados únicamente se ha cumplido con la capacitación de militares en materia de derechos humanos, lo cual, de acuerdo con Araceli Olivos, abogada que acompaña a las víctimas, no garantiza que este tipo de actuaciones por parte del Ejército no puedan repetirse.

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'Gaschicol', el nuevo y productivo negocio de los cárteles en México

El robo de gas LP es el negocio más reciente de los carteles de narcotráfico en México, al que se suman bandas de delincuencia organizada. Las ganancias superan los US$600 millones, pero el riesgo de accidentes es elevado.
12 de octubre, 2019
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Le dicen “gaschicol” o “huachigas”. Es la forma como se conoce en México al robo de gas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata de uno de los negocios recientes de las bandas de delincuencia organizada y carteles de narcotráfico.

Hasta ahora, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), el robo de este combustible suma 13.000 millones de pesos, unos US$670 millones.

Según datos de consultoras como Etellekt en lo que va de este año se han detectado 516 tomas clandestinas para extraer gas licuado de petróleo (LP). El año pasado el número de sitios de extracción irregular fue de 215 en todo el país.

El delito afecta a instalaciones de Pemex pero también a los empresarios que distribuyen el hidrocarburo, insiste Amexgas.

Es un problema en aumento reconocen las autoridades. “Últimamente se nos está presentando lo del robo en gas, que es muy riesgoso“, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Robo de gas

SSPyPC
El robo de gas causó pérdidas por más de US$600 millones este año.

“Todo lo que es robo de combustible es delito grave, no se alcanza fianza. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue deteniendo a personas”, señala.

BBC Mundo solicitó a Pemex información oficial sobre la cantidad de tomas clandestinas de gas, así como las pérdidas por el delito en este año. No hubo respuesta.

De “huachicol” al “gaschicol”

Según especialistas, detrás del aumento del “huachigas” existen algunos carteles de narcotráfico, así como bandas dedicadas al robo de gasolina, conocido como “huachicoleo”.

Se trata de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Noreste que opera en Tamaulipas.

Desde el año pasado participa también el Cartel de Santa Rosa de Lima, ubicado en Guanajuato y Michoacán.

Es un grupo especializado en el robo de gasolina y diésel que, como otros, cambiaron su actividad en los últimos meses debido a la estrategia que desde enero pasado aplica el gobierno para combatir el delito.

Robo de gas

AFP
Miles de soldados combaten el robo de combustibles en México.

En las operaciones participan más de 4.000 soldados, marinos y policías federales.

Así, las bandas pasaron del “huachicol” al “gaschicol”, como señalaron algunos medios locales recientemente.

No es un asunto menor, advierte Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

“Es un problema muy serio porque se trata de un combustible que implica mayor riesgo su extracción ilegal, a diferencia de la gasolina o diésel”, le dice a BBC Mundo.

“Es un combustible mucho más volátil por las técnicas que emplean y que son cada vez más rudimentarias”.

Peligro inminente

Las autoridades han detectado que las bandas suelen robar “infinidad de pipas de agua”, dice el especialista, para usarlas en el transporte de gas.

Una práctica arriesgada porque esos vehículos no están diseñados para llevar ese combustible.

Otro problema es que los grupos suelen almacenar el gas en lugares cercanos a zonas densamente pobladas, en ocasiones con escasas medidas de protección.

De allí distribuyen la mercancía en cilindros para vender casa por casa, o para vehículos y autobuses que usan ese combustible.

El robo de este combustible creó un mercado negro, según denuncian organizaciones como Conciencia Ciudadana y la Asociación de Distribuidores de Gas LP (Adigas).

Por ejemplo, en municipios conurbados a Ciudad de México, en Puebla o Hidalgo las bandas suelen disfrazar sus pipas o camiones repartidores con letreros de compañías reales.

“Hay una racionalidad económica en esto”, dice el director de Etellekt. “Se camuflan con marcas legalmente establecidas, y así operan en el mercado”.

“Muchas veces roban las pipas a las empresas o construyen las suyas de una manera irregular, lo cual implica riesgos importantes”

Los accidentes

La extracción clandestina también es peligrosa. A diferencia de la gasolina o diésel, que se pueden tomar con los ductos en funcionamiento, para sacar el gas es necesario detener la operación del tubo.

De acuerdo con especialistas, generalmente se consigue de dos formas: las bandas reciben información del momento en que los ductos están vacíos y los perforan.

Explosión de gas

AFP
Los accidentes por el “gaschicol” aumentaron este año.

O provocan accidentes para obligar a suspender el envío de combustible e instalar válvulas para extraer el gas cuando el ducto vuelve a funcionar.

La estrategia del “gaschicol” ya deja consecuencias. En los últimos meses se han registrado explosiones y fugas en poblaciones de Puebla, Hidalgo o el estado de México.

En esta entidad, en el municipio de Nextlalpan, la fuga por una toma clandestina provocó la evacuación de más de 3.000 personas.

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto pasado. En el estado de México, según datos de Pemex, desde enero han ocurrido más de 100 incidentes vinculados al robo de gas LP.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, insiste en el alto riesgo de extraer clandestinamente este combustible.

“El gas LP tiene un manejo muy complejo, dentro del ducto corre a alta presión y es líquido”, explica.

Explosión de gas

Pemex
Una fuga de gas como ésta en Puebla tarda horas en controlarse.

“Pero en el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces. Eso genera por supuesto que su manejo sea muy complejo”.

Una de los mayores peligros, coinciden autoridades y especialistas, es que ante las grandes ganancias por el negocio, en algunas comunidades cercanas a los ductos surgieron grupos pequeños que tratan de extraer el gas.

De ahí las explosiones y fugas provocadas por un mal manejo en el robo del combustible.


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