Sin detenidos y sin reparación de daños, a casi 3 años del enfrentamiento en Ostula, víctimas exigen justicia
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Cuartoscuro

Sin detenidos y sin reparación de daños, a casi 3 años del enfrentamiento en Ostula, víctimas exigen justicia

A tres años del ataque contra pobladores de Ostula, no hay avance en investigaciones ni reparación del daño, denuncian víctimas.
Cuartoscuro
Por Eréndira Aquino
30 de mayo, 2018
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A casi tres años de los enfrentamientos entre pobladores de Ostula, militares y policías estatales y elementos de la Marina, las víctimas continúan sin justicia y sin reparación de daños.

Autoridades federales se reunieron nuevamente con los familiares de los afectados, a quienes refrendaron a los afectados la promesa de investigar y hacer justicia, ya que, hasta ahora, no hay detenidos ni sentenciados por estos hechos, en los que cuatro personas perdieron la vida.

De acuerdo con Raymundo Ortiz, abogado de la comunidad de Ostula, los 15 militares que participaron en el ataque no han sido arrestados ni han declarado ante el Ministerio Público civil o de la justicia militar, porque las autoridades, hasta ahora, no han solicitado su aprehensión, y porque todos ellos solicitaron su baja del Ejército en los días siguientes al enfrentamiento.

Las autoridades tampoco han efectuado la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas por el ataque, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendaron la indemnización y atención médica de los afectados desde hace más de dos años.

Este lunes, los afectados tuvieron reuniones con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), quienes prometieron que les gestionarán apoyos para los afectados, y que continuarán con las investigaciones.

Por su parte, la CNDH se comprometió a enviar un documento con indicadores de reparación del daño a las autoridades del gobierno de Michoacán y del Ejército, para que establezcan la forma en la que apoyarán a las víctimas, quienes, en algunos casos, viven con secuelas de las lesiones por disparos que recibieron.

“Nada más imagínese, cómo puede vivir uno… en la parte económica, en lo físico. Esto tiene mucho tiempo, pero pues no se olvida”, dijo en entrevista con Animal Político Ampelio Alejo, padre de uno de los lesionados en el ataque.

El hijo de Ampelio vive desde entonces con una bala en la ingle, pues de acuerdo con los médicos que lo han revisado en distintos hospitales, es menos riesgoso que intentar sacarla, por el sitio del cuerpo en el que se encuentra.

De acuerdo con el padre de la víctima, desde hace casi tres años “no vemos ninguna persona encerrada por lo que pasó, ni reparación de daños… ni siquiera una disculpa”.

“Me dijeron que me iban a desaparecer”

Emilia, madre del menor de 12 años que murió por los disparos de militares, señaló que poco después del asesinato de su hijo, recibió amenazas anónimaspor teléfono, en las que le advirtieron que la iban a desaparecer.

“A los tres meses de que mataron a mi hijo recibí una llamada donde me decían que me cuidara;  quisieron dar a entender que iban a ir por mi, que me iban a desaparecer”, narró.

“Nos quedamos muy espantados, mis hijos me pedían que me cuidara y yo a ellos, porque no sabemos si nos podían ‘levantar’. Y no sé si pueda ser el gobierno o los ‘malandros’, pero no quisiéramos que nos pasara eso, además de lo que ya pasó. ¿Qué más querían? Ya me mataron a mi hijo, ¿y todavía nos quieren matar a nosotros? No, no puede ser”, lamentó.

Emilia explicó que las autoridades, en esta ocasión, les prometieron que efectuarán la detención de los militares relacionados con el caso, para que declaren y pueda establecerse la cadena de mando que dio indicaciones para que el 19 de julio de 2015 se abriera fuego contra los pobladores.

Desde el asesinato de su hijo y luego de las amenazas que sufrió, explicó que lo único que ha sido distinto es que ella y su familia toman mayores precauciones al salir de casa, “Y ahí andamos… luchando para salir adelante”.

Recomendaciones incumplidas

En diciembre de 2016, la CNDH emitió la recomendación 65/2016, dirigida al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, así como a la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para reparar el daño e investigar lo sucedido en julio de 2015 en Ostula.

La CNDH pidió que se iniciaran procesos administrativos contra cuatro elementos que participaron en el operativo donde se efectuó el ataque, y gestionar la reforma del Protocolo de Uso de la Fuerza, para que este se adapte a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Al Secretario de la Defensa Nacional, la CNDH recomendó girar instrucciones a quien corresponda para proporcionar la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas, e iniciar proceso ante la Procuraduría General de Justicia Militar, para investigar a los elementos participantes en los hechos, por faltas a la disciplina militar.

También le recomendó instruir el uso de cámaras fotográficas y de video para documentar los hechos en que intervengan, como en este caso, para contar con evidencias de su actuación, y capacitar a los elementos de la SEDENA en principios del uso de la fuerza y de derechos humanos.

Hasta el día de hoy, de los puntos recomendados únicamente se ha cumplido con la capacitación de militares en materia de derechos humanos, lo cual, de acuerdo con Araceli Olivos, abogada que acompaña a las víctimas, no garantiza que este tipo de actuaciones por parte del Ejército no puedan repetirse.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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