La Procuraduría General de la República (PGR) cerró la averiguación previa relacionada con un presunto espionaje ilegal a la empresa OHL México, luego de que no encontró pruebas que permitieran identificar si la compañía Infraiber – denunciada por OHL – o alguna otra persona eran responsables del mismo.
El caso se originó tras la publicación de diversos videos en YouTube en los cuales se mostraban presuntas pláticas entre funcionarios del gobierno del Estado de México y directivos de la empresa que involucraban supuestas negociaciones ilegales.
OHL obtuvo, entre otras cosas, las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense y el segundo piso del Periférico en esa entidad.
A principios de 2016, OHL denunció ante la PGR a Infraiber como presunta responsable del espionaje, luego de que el representante legal de Infraiber, Paulo Diez, había acusado públicamente a OHL de actos de corrupción.
Tras la denuncia, asentada en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-VI/081/2016, la PGR realizó un cateo a las oficinas de Infraiber en enero de 2016; se aseguraron 78 equipos de comunicación distintos.
Sin embargo, de la revisión de todos esos equipos no se obtuvo una sola prueba que permitiera vincular con certeza a Infraiber en el supuesto espionaje a OHL.
La PGR también describió en un documento oficial una serie de diligencias del proceso, por ejemplo, una declaración de Juan Luis Osuna Gómez, director general de OHL Concesiones España, en la que éste acusa a Infraiber de haberlo querido extorsionar. Pero la propia Procuraduría señaló que no hay otros elementos que prueben que esto sea cierto, y menos el vínculo con el supuesto espionaje.
“No se cuenta con prueba materialmente posible que permita sustentar la acusación en contra del presunto o los presuntos inculpados, en consecuencia la presunción de inocencia prevalece”, determinó la PGR.
Esta resolución de la Procuraduría fue resultado de un amparo promovido y ganado por Infraiber, en la cual un juez federal le dio 90 días a la dependencia para que resolviera el caso y determinar si había pruebas o no para proceder en contra de la referida empresa.
En el desarrollo de esta misma indagatoria, la PGR retuvo en septiembre de 2015 a Paulo Díez, representante ilegal de Infraiber, con el supuesto argumento de poseer un arma de fuego en su auto. Posteriormente, una investigación de la Procuradurá confirmó que los agentes sembraron el arma por lo que fueron separados de sus cargos y procesados.
Infraiber acusa persecución y demanda
La compañía Infraiber señaló en un comunicado que la determinación de la PGR de no proceder penalmente en contra suya (obligada por un amparo que ordenaba resolver el caso) prueba que hubo una supuesta “persecución” de la PGR promovida por OHL, y en la que incluso se detuvo ilegalmente al abogado Paulo Diez.
Infraiber sostiene que el cateo en sus instalaciones fue ilegal, pues señaló la ausencia de pruebas de algún delito en el aseguramiento de sus equipos.
“Como lo señalamos desde un principio, nunca existió extorsión ni espionaje por parte de Infraiber, lo que hoy se ve obligada a reconocer la PGR (…) Este uso faccioso de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, que ha caracterizado a la administración de Enrique Peña Nieto, es lamentable e inaceptable”, expuso Infraiber en un comunicado.
La empresa anunció también que promoverá una demanda civil para que se repare el daño por el caso.
Infraiber fue la empresa que originalmente obtuvo un contrato del gobierno del Estado de México para instalar equipos de monitoreo vial en el Circuito Exterior Mexiquense –vía concesionada a OHL– y medir así el tráfico. Sin embargo, nunca se le permitió instalar esos equipos.
Infraiber sostiene que OHL, con el supuesto aval de funcionarios mexiquenses, imposibilitó la instalación de esos equipos para que no se mida el tráfico real de autos en esa vía, con el objetivo, acusó, de extender su concesión sobre la autopista que está sujeta a los ingresos producto del tráfico.
