Los vínculos empresariales de Rosalinda con el Cártel Jalisco
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Archivo / Cuartoscuro

Los vínculos empresariales de Rosalinda con el Cártel Jalisco

Además de ser la probable “administradora de los recursos económicos” del CJNG, la esposa de Nemesio Oseguera, el Mencho, aparece como la dueña de una empresa comercializadora de productos de siembra y cultivo en Jalisco.
Archivo / Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
28 de mayo, 2018
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Rosalinda “N”,  esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, el Mencho, detenida el pasado sábado por delincuencia organizada, es dueña en Jalisco de una empresa comercializadora de productos de siembra y cultivo.

A decir de las autoridades mexicanas, Rosalinda “N” es la probable “administradora de los recursos económicos” del CJNG, por lo que era buscada en cumplimiento a un mandato judicial, por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Leer: Detienen a la esposa del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La detención de la esposa del Mencho, ocurrió a menos de una semana del atentado contra el extitular de la Fiscalía Estatal y actual secretario del Trabajo en Jalisco, Luis Carlos Nájera, agredido a balazos en un restaurante en avenida Chapultepec, en Guadalajara. Tras el ataque del funcionario, se  registraron tres bloqueos con vehículos incendiados en distintos puntos del área metropolitana; aunque no se mencionó nombre del grupo delictivo responsable, en rueda de prensa ese día las autoridades estatales indicaron que se trataba de un cártel con presencia en Jalisco y otros 20 estados.

Boletinada por el Tesoro

Documentos del Registro Público del Comercio, en poder de Animal Político,  revelan que Rosalinda “N” es socia de la compañía JJGON, S.P.R. de R.L. de C.V, boletinada por el Departamento del Tesoro (Tesoro) desde 2015.

En esa ocasión, las autoridades norteamericanas señalaron que dicha compañía y otras cuatro formaban parte de la estructura financiera del CJNG y sus socios LosCuinis.

En su boletín vincularon a las 5 compañías (J & P Advertising; Mizu Sushi Lounge; JJGON; Las Flores Cabañas y Onze Black -marca de tequila-) con “el Mencho” y su cuñado Abigael González Valencia, sin mencionar o vincular los nombres de otras personas.

De acuerdo con el acta constitutiva de esta empresa, en poder de Animal Político, entre sus socios se encuentra Rosalinda  “N”; Jessica Johanna Oseguera González (hija del Mencho y Rosalinda); Hilda Yuridia Valencia Cabrera; María Isabel Torres Valencia y Mayra Jazmín Gutiérrez Ochoa.

En el caso de Jessica Johana Oseguera, es dueña también de la sociedad J & P Advertising, otra de las boletinadas por Departamento del Tesoro. Como comisario vigilante de los bienes tiene a Julio Alberto Castillo Rodríguez, operador financiero del CJNG.

Julio Alberto Castillo fue detenido en junio 2015 junto con Rubén Oseguera González, alias el Menchito, hijo del líder del CJNG. Los dos detenidos, sin embargo, fueron liberados por “falta de elementos” en su contra.

En 2016, sin embargo, Julio Alberto Castillo, identificado como yerno de “el Mencho”, fue reaprehendido. En esa ocasión se dijo que era uno de los principales operadores financieros del CJNG.

Liquidadas en 2016

Tanto la empresa J & P Advertising y JJGON, S.P.R. de R.L. de C.V, fueron liquidadas por sus dueñas en 2016, casi un año después de que las autoridades norteamericanas las boletinaran por sus presuntos vínculos con la red de lavado del CJNG y los Cuinis, de acuerdo con los documentos del RPC.

De 2015 a 2017, el Tesoro ha boletinado cuatro redes lavadoras de dinero para el CJNG y los Cuinis que suman un total de 33 empresas. Las autoridades norteamericanas siempre ponen a la cabeza a el Mencho y su cuñado Abigael González, además de que en dos de las redes han ubicado a seis personas (cinco de ellas mujeres) como las operadoras de las compañías.

En ningún de sus boletines el Tesoro ha señalado a Rosalinda “N” o a su hija Jessica Johanna como operadoras o socias de la red, pero si ha identificado a tres de sus empresas.

En sus reportes, el Tesoro ha identificado a Wendy Amaral Arevalo y Jeniffer Camacho Cazares, cuñada y esposa respectivamente de Abigael González de estar tras la operación de 21 de las empresas.

De acuerdo con documentos del RPC, las compañías cuentan con más de 30 socios y comisarios que las vigilan. La información en poder de Animal Político revela que en la mayoría de los casos el Ministerio Público no ha asegurado los bienes de las sociedades boletinadas por el Tesoro.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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