Los integrantes de comunidades indígenas wixárikas, del norte de Jalisco, que frenaron las campañas electorales en la zona, establecieron un plazo: el 9 de mayo, para que las autoridades federales y estatales intervengan en un conflicto de tierras en los límites de Jalisco y Nayarit.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, dijo que se estableció un plazo para que atiendan el caso, de lo contrario, podrían aumentar las protestas.
Mientras se cumple la semana que fijaron de plazo, los wixaritari implementaron como primera medida de presión el bloqueo de actividades electorales en la región.
“En un paso siguiente, cerrarían planteles educativos y centros de salud que hay en la comunidad y acudirían a instancias internacionales”, detalló en entrevista con Animal Político el titular del INE Jalisco, quien indicó que autoridades federales y estatales están enteradas del asunto, por lo que confía en que se logren acuerdos.
¿Por qué es el conflicto?
Lucia Aguilar Carrillo, wixárika originaria de la comunidad de Teponahuaxtlán y candidata a diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que el conflicto no se ha resuelto pese a las resoluciones judiciales federales que instruyeron a ganaderos nayaritas a restituirles tierras a indígenas jaliscienses.
“La cuestión está por el territorio que invadieron los ganaderos de Huajimic, el gobierno del estado no ha podido darles una indemnización a los ganaderos por los trabajos que hicieron en la zona cuando estuvieron ahí. Es por eso que la comunidad wixárika está exigiendo al gobierno federal que los atienda”, sostuvo.
La protesta, explica, es con el fin que el gobierno federal comparezca o envíe un secretario. “Si los atienden de aquí al 9 de mayo han dicho que permitirán que todo mundo vaya a hacer campaña allá en las comunidades wixárika. Están llamando la atención porque hay elecciones, quieren aprovechar los tiempos para solucionar un conflicto de años”.
A ella, como wixárika y candidata, le han permitido la entrada a la zona a cambio de no hacer proselitismo. Aunque no coincide con esa forma de protesta, respeta la medida.
El paso a convoys políticos se bloqueó el lunes de esta semana, así lo acordó el consejo indígena en sesión del domingo 29 de abril, indicó el consejero del INE.
Hace un mes que iniciaron las campañas por la presidencia del país, la gubernatura y diputaciones federales sí era posible el tránsito para equipos de campaña.
La primera semana de arranque de actos proselitistas, el candidato a la gubernatura del partido Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Alfaro, visitó cuatro días la zona norte.
Sobre la situación actual, el emeceista advirtió que el conflicto limítrofe entre Jalisco y Nayarit podría agravarse, por lo que instó a los gobiernos priistas a nivel federal y estatal a atender la problemática.
Por su parte, el candidato a diputado local por el distrito 1 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Velez, comentó que desde el domingo que iniciaron las campañas no ha acudido a los Mezquitic y Bolaños por respeto a la decisión de la comunidad indígena.
“Yo creo que esto se dejó crecer porque ya hay una sentencia para la restitución de tierras. Entonces, yo haría un llamado para que las autoridades que tienen vela en el entierro hagan algo, que esto se resuelva lo más pronto posible para que esto no pase a mayores, ya ve que hace un año y fracción hubo actos contra dos de los wixárikas”.
El 20 de mayo de 2017 fueron asesinados los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, defensores de los derechos de los indígenas e integrantes de la comunidad wixarita en el norte de Jalisco.
Actualmente, a un mes del inicio de las campañas federales y una semana de las locales, alrededor de 700 comuneros en la zona norte de Jalisco resguardan cuatro puestos de vigilancia para evitar el ingreso de material electoral de cualquier partido; además del conflicto limítrofe, la protesta también es por los incumplimientos del gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto y el estatal a cargo de Aristóteles Sandoval, en lo que respecta a servicios básicos, problemas de infraestructura, educación y seguridad, informó el diario Milenio.
