12 mil mdp para los partidos políticos: en seis años, el dinero que les entregaron los estados aumentó 41%
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12 mil mdp para los partidos políticos: en seis años, el dinero que les entregaron los estados aumentó 41%

La reforma político-electoral se convirtió en más dinero para los partidos políticos. Pese a que prometió reducir el gasto de los partidos, las elecciones de 2018 serán las más caras de la historia.
Cuartoscuro
Por Berta Díaz y Montserrat Sánchez/ Verificado 2018
11 de junio, 2018
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En este 2018, los partidos políticos recibieron 12 mil 752 millones 451 mil 864 pesos, una cifra récord en la historia y superior al que recibieron en 2012, cuando pudieron gastar 11 mil 39 millones 98 mil 903 pesos.

El incremento no se dio en los recursos que se entregan para la elección presidencial, sino en el dinero que en cada estado se le da a los partidos políticos, donde hubo un incremento del 41%, gracias a la reforma político-electoral aprobada en 2014.

Gracias a esta reforma, en los últimos dos años el financiamiento local de los partidos políticos superó los recursos distribuidos desde el nivel federal.

El informe Dinero bajo la mesa de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y la consultora Integralia explica que: “Así, paralelamente al proceso de apertura democrática se construyó un sistema de financiamiento público que pasó del otorgamiento simbólico de recursos a la dadivosidad. De manera paradójica, una reforma que buscó abaratar las campañas, al otorgar de manera ‘gratuita’ el uso de medios de comunicación a los partidos, terminó dándoles más recursos, al incrementar la cantidad total de dinero”.

Verificado 2018 revisó los montos asignados a los partidos desde el INE, pero también en cada uno de los estados tanto para las elecciones de 2012 como las de este 2018.

Financiamiento Federal

En agosto de 2017, el INE aprobó seis mil 702 millones 973 mil 351 pesos para el financiamiento de partidos políticos en las elecciones de  2018. Para calcular la cantidad de ese financiamiento, el INE detalla que se sumaron actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica.

En 2012, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) otorgó como financiamiento público a partidos un total de seis mil 754 millones 99 mil 332 pesos —monto a precios de 2018—.

Financiamiento estatal

Durante 2012, el gasto estatal para los partidos fue de 4 mil 284 millones 999 mil 521 pesos en términos reales, mientras que para este año la cantidad ascendió a 6 mil 49 millones 478 mil 513 pesos. Un incremento del 41%.

Puedes consultar los datos en esta base de datos elaborada por Verificado 2018.

Al sumar el gasto a nivel federal con el local se obtiene que, para las elecciones actuales, los partidos obtuvieron un total de 12 mil 752 millones 451 mil 864 pesos.

¿Cuánto recibió cada partido?

Los nueve partidos políticos con registro nacional son los que se reparten la mayor parte de la bolsa. Los partidos con registro solo local se quedan con apenas el 2.20% de los recursos.

El que se quedó con más en este 2018 es el PRI, con tres mil 133 millones, es decir, el 24.57%; seguido por el PAN con dos mil 510 millones ó el 19.63%.

El PRD suma mil 478 millones; mientras que Morena —partido que apenas obtuvo el registro en 2014— en este año obtuvo mil 304 millones de pesos ó el 10.23% de los recursos públicos entregado a partidos políticos.  

Le siguieron PVEM, con mil 57 millones; Movimiento Ciudadano, con mil 25 millones de pesos; Panal con 719 millones; PT con 632 mil pesos; y el PES con 611 mil pesos.

¿En qué gastan los partidos políticos?

El principal es el gasto ordinario que, de acuerdo con el INE, representa salarios, rentas, gastos de estructura partidista y propaganda de carácter institucional, así como todos los necesarios para el sostenimiento y funcionamiento de actividades políticas en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional.

Los Gastos de campaña o para la obtención del voto es aquel gasto que realizan los partidos durante las precampañas y campañas electorales con el objetivo de difundir sus propuestas. Estos gastos incluyen propaganda electoral, publicidad, realización de eventos públicos, anuncios y producción de mensajes para radio y televisión.

El último gasto es el de actividades específicas, que incluye la educación y capacitación que se utiliza para promover la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos. Aquí se contabiliza el gasto de capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, rubro al cual los partidos deben destinar 3% del total del financiamiento que reciben.

¿Cómo se calcula?

Para las elecciones de este año, la Ley General de Partidos Políticos, establece que para calcular el gasto ordinario se debe multiplicar el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —que desde enero de 2016 sustituyó al salario mínimo— por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral; dicha fórmula se aplica en todos los estados del país debido a la aprobación de la Reforma política electoral de 2014.

De la totalidad del gasto ordinario, se entrega un 50% adicional si hay elección gubernamental o 30% si se trata de elecciones a diputados locales o presidentes municipales, lo cual representa el gasto de campaña.

El rubro de actividades específicas representa 3% del gasto ordinario.

Este año, los estados que eligen gobernador y los cuales reciben 50% del gasto ordinario para campañas son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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