Verificado.mx: ¿Los decretos firmados por EPN privatizan el agua? Esto dicen especialistas, ONG y el gobierno
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Verificado.mx: ¿Los decretos firmados por EPN privatizan el agua? Esto dicen especialistas, ONG y el gobierno

Ante las afirmaciones de organizaciones y activistas sobre la posible privatización del agua tras la firma de 10 decretos por parte de Enrique Peña Nieto, la Conagua y la Semarnat aclaran que no otorgarán ninguna concesión y que los recursos de los ríos serán destinados al uso medioambiental.
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Por Karen de la Torre, Irene Larraz y César Reveles / Verificado 2018
20 de junio, 2018
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El pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación.

La firma ocurrió 12 días antes del partido entre las selecciones de México y Alemania en el Mundial de Rusia 2018 y no mientras se realizaba el encuentro, como circuló en redes sociales.

Esta noticia falsa revivió el debate sobre la privatización del agua. Algunas voces aseguran que se trataba de una medida que propiciaría la concesión del agua, otras, como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua argumentan lo contrario.

Estas son las diferentes posturas de organizaciones, investigadores y el gobierno federal sobre la firma de estos documentos que no privatizan el agua, pero sí permiten que se otorguen concesiones.

¿Qué dicen los decretos firmados por Peña Nieto?

Los 10 decretos eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.

Ahora, en lugar de la prohibición total de su aprovechamiento, se establecen “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”, lo que significa que puede aprovecharse esa agua.

En cada decreto se señala el porcentaje de agua que puede ser utilizados en cada cuenca mediante el título de concesión.

Cada uno de los decretos, en esencia dictan lo mismo, pero corresponden a 10 diferentes ríos. Las zonas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

El gobierno federal fue asesorado por la organización de conservación ambiental WWF, la cual les ayudó a saber de qué manera poder mantener el agua suficiente para la población durante los próximos 50 años.

En su página WWF, menciona que con la firma de los decretos México tomó una “decisión histórica con la cual protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas, 82 Áreas Naturales Protegidas y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar”.

¿Fue legal la firma de los decretos?

El artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales faculta al presidente para tomar decisiones como la eliminación de la veda de las cuencas hidrológicas por decreto.

“No es una decisión ilegal. Es arbitraria en un sentido simbólico de que no preguntó, no consultó a nadie y tomó una decisión muy significativa sobre un bien fundamental sobre la vida, señala Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.

La eliminación de la veda a través de un decreto, como lo hizo Peña Nieto, es legal, pues “la reserva de agua sólo se puede hacer por decreto”, explica Eugenio Barrios, director del “programa agua” del Fondo Mundial para la Naturaleza México (WWF por sus siglas en inglés).

¿Qué significa levantar la veda sobre el agua?

Con la firma de los decretos, se transitó de un régimen de veda a un régimen de reserva.

Una veda es una medida que impide al gobierno hacer uso del agua. “Cuando decretas una veda, lo que estás haciendo es ponerte tú, gobierno, una restricción absoluta para el uso del agua. Para que cualquier persona, ejido, empresa, acceda al agua, tiene que solicitar una concesión a Conagua”, explica Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.

“Lo que hicieron con el decreto fue transitar de un régimen jurídico de veda a otro de reserva, y eso te habilita como gobierno para dar concesiones en cuatro campos. Sigue siendo restrictivo, pero más abierto que la veda: uso personal y doméstico, producción de energía y la protección y conservación ambiental”, detalló el investigador de la UNAM.

Ya se han levantado vedas en otras cuencas, explica Eugenio Barrios, de la WWF, por ejemplo, en Pánuco, en 2012 y 2006 y no ha sido algo que haya disparado las concesiones.

La figura de la veda es un instrumento que data de los años 1930.

“Fueron creados con un fin muy particular: para estudios de distritos de riego, entonces son instrumentos que no operan, sí establecen una prohibición, pero ha quedado sin efecto, porque la prohibición nos lleva a situaciones de prohibición de destrucción”, señala Barrios.

¿Qué dicen las voces en contra de los decretos?

La organización Agua para [email protected] plantea, a través de un análisis, la posibilidad de privatización que se abriría tras la firma de los decretos.

“Estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano”, expresan.

Señalan que las empresas trasnacionales se verán directamente beneficiadas con la eliminación de las vedas, pues “requieren de concesiones con seguridad jurídica”.

Otro punto es que, según la organización, aunque los decretos están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica.

Con relación a la vigencia de 50 años de los decretos, Agua para [email protected]señala que cada estado podrán solicitar los volúmenes requeridos, sentando así “las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento”.

Añaden que los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, “empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios”.

¿Cuáles son los beneficios de los decretos?

La Secretaría del Medio Ambiente explicó en un comunicado que el agua no se privatizará, y que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto, “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”, indicó la Secretaría.

Se trata de una medida, agregaron, que ayudará al país a “preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin”.

“Estos decretos de reserva de agua en ningún momento son una medida de privatización, sino todo lo contrario, protegen el agua para los ecosistemas en porcentajes muy elevados. En segunda instancia, protegen el agua para la gente: lo que significan es la protección del agua como ese bien común, explica Eugenio Barrios, director del programa Agua.

“Esa es otra de las grandes aportaciones de las reservas de agua: nos están diciendo cuánta agua está disponible, cuánta es para el ambiente y cuánta es para la población. Estamos en posición de exigir transparencia en el uso del agua”, agrega Barrios.

Según la Conagua, con esta política pública se busca que el agua no se desaproveche. “Nuestro plan es que el escurrimiento del agua pueda correr a los ríos y así la corriente llegue a las zonas protegidas solo para el uso medioambiental”, explicó su titular Roberto Ramírez de la Parra.

¿Se va a concesionar el agua?

Ramírez de la Parra explicó que si bien los decretos permiten la liberación del uso del agua, la administración de Peña Nieto en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Conagua, decidieron no concesionar el agua y destinarla solo al uso medioambiental.

Dijo que el quitar la veda tiene la finalidad de preservar nuestro medio ambiente y que en todo momento actuaron conforme a la ley.

“Si bien tuvimos que reformar la ley actual lo hicimos con la finalidad de reglamentar el derecho humano al agua y eliminar la veda para garantizar el suficiente abasto de agua para la población durante los próximos 50 años”.

“No es una privatización, pero sí habilitar el uso de agua para usos privados. Técnicamente sólo es un cambio de régimen. Sí va a contribuir para que actores privados puedan apropiarse de bienes que antes estaban en manos del gobierno”, explicó el investigador de la UNAM.

El director del Programa Agua de WWF aceptó que el régimen de concesiones genera preocupación, pero por ello, dijo, la Conagua debe realizar este proceso de forma transparente. “Conagua acaba de externar que no se van a dar ese tipo de concesiones”.

El titular de la Conagua aseguró que en lo que resta de la administración no se otorgarán más concesiones para el uso del agua, pues su objetivo principal es preservarla.

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Escasez de autos y precios altos, así afecta la industria automotriz a las economías del mundo

Los problemas de la industria automotriz generan un "efector multiplicador" que afecta el empleo y el crecimiento económico.
11 de noviembre, 2021
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Cuando la cadena de fabricación y suministro de autos funcionaba como un engranaje perfectamente engrasado, antes de la pandemia de covid-19, los consumidores podían elegir la marca y el modelo que querían.

Ahora, que hay una inédita escasez de autos a nivel mundial, los compradores se están anotando en listas de espera y pueden pasar meses antes de que puedan conseguirlos.

Esa escasez ha provocado un aumento de precios en algunos modelos de carros nuevos y ha disparado los precios de los autos usados.

Las grandes compañías están fabricando menos automóviles porque no hay suficientes semiconductores en el mercado, una pieza esencial en su producción.

A eso se suma el hambre de chips que tienen las empresas tecnológicas que fabrican desde electrodomésticos, computadores y celulares hasta consolas de videojuegos.

“La industria de los semiconductores está tratando de ponerse al día con la demanda, pero simplemente no puede”, dice Susan Golicic, profesora de la Facultad de Negocios de la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos.

Ante la falta de chips, los fabricantes de vehículos han tenido que seleccionar qué modelos seiguen en la línea de producción y qué modelos no, explica la experta.

chip

Getty Images
Las empresas que fabrican semiconductores no logran abastecer la demanda.

“Muchas de las empresas solo están produciendo los vehículos que les generan mayores ganancias“, como coches utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas en inglés), camiones o autos de lujo.

“La situación es bastante seria”.

Willy Shih, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, le dice a BBC Mundo que la escasez afecta a toda la cadena de fabricación en la industria automotriz. Es decir, a todas las empresas que fabrican partes.

“Esto tiene un efecto en el empleo que generan todos los negocios asociados a la fabricación de un automóvil. Entonces, las consecuencias se han extendido rápidamente”.

En Japón, país de marcas como Toyota y Nissan, la escasez de partes hizo que las exportaciones del sector bajaran un 46% en septiembre, en comparación con el año anterior, una clara demostración de la importancia de la industria automotriz para su economía.

Trabajador en fábrica de autos

Getty Images

“Se calcula que la fabricación de automóviles genera cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) global”, señala David Menachof, profesor del Departamento de Gestión de Operaciones y Tecnología de la Información de la Escuela de Negocios de la Florida Atlantic University (FAU).

En el último año, según explica en conversación con BBC Mundo, cerca de 8 millones de vehículos dejaron de ser producidos. Esta situación se traduce en una pérdida de ingresos cercana a los US$200.000 millones para la industria automotriz.

Sube el precio de los autos usados y nuevos

“En Estados Unidos los autos se están vendiendo incluso a valores más altos que el precio de venta porque hay gente dispuesta a ofrecer más que el precio normal”, le dice a BBC Mundo Menachof.

Y como no hay suficientes productos nuevos disponibles en el mercado, ha subido la demanda de vehículos usados, elevando el costo promedio de un auto de segunda mano en EE.UU. a más de US$25.000.

De hecho, apunta Susan Golicic, el valor promedio de un vehículo ha venido subiendo cerca de US$200 cada mes.

Lo mismo está ocurriendo en otras partes del mundo. México, por ejemplo, es el cuarto exportador mundial de autos y el séptimo productor.

Fábrica automotriz en México

Getty Images

Este país, que exporta un 80% de su producción y tiene el liderazgo en la industria automotriz de América Latina, está viviendo los efectos de la escasez mundial en la fabricación de carros.

Guillermo Prieto, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), comenta que el precio de los autos nuevos ha subido un 9%, mientras que el mercado de los seminuevos (con una antigüedad no superior a los cinco años) también ha visto un incremento en su costo.

“Hay más demanda, menos coches y los clientes a veces tienen que esperar cinco o seis meses para comprar lo que están buscando”, le dice a BBC Mundo.

“Es una escasez enorme”, apunta, que ha tenido un fuerte impacto en el mercado laboral, dado que genera dos millones de empleos directos, y muchos otros indirectos al sumar todas las empresas que proveen partes y servicios.

A la escasez de automóviles, se ha sumado un factor adicional: el aumento en la entrada ilegal de los llamados “autos basura” desde EE.UU.: vehículos en mal estado que no encuentran compradores en la mayor economía del mundo, pero sí tienen demanda al otro lado de la frontera.

Efectos laborales y económicos

Aunque los autos se producen en distintas regiones del mundo, gran parte de la fabricación está concentrada en países como EE.UU. y China.

Pero también participan en la cadena otros más pequeños como, por ejemplo, Eslovaquia.

Este último país, que apenas tiene poco más de 5.6 millones de habitantes, alberga grandes fábricas de Volkswagen, Peugeot y Kia, y produce un millón de automóviles al año, lo que lo convierte en la nación con la mayor producción per cápita del mundo.

Fábrica en Eslovaquia

Getty Images

Eso hace que los problemas en la industria automotriz tengan un fuerte efecto en su economía.

En el contexto global, debido al tamaño de la industria automotriz, se produce un “efecto multiplicador”, dice David Menachof.

“Una compañía que emplea a 100 personas, genera efectos en la contratación de hasta 500 trabajadores”, por todas las empresas asociadas que giran en torno a ella.

Y cuando todas las personas que intervienen en la cadena de fabricación de un auto se ven afectadas, se resiente la economía local, especialmente cuando se cierran temporalmente algunas plantas.

“Todas las estimaciones apuntan a que la escasez se extenderá hacia 2022, incluso hasta 2023, antes de volver realmente a una situación de mercado normal”, apunta Menachof.


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