Verificado.mx: ¿Los decretos firmados por EPN privatizan el agua? Esto dicen especialistas, ONG y el gobierno
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Verificado.mx: ¿Los decretos firmados por EPN privatizan el agua? Esto dicen especialistas, ONG y el gobierno

Ante las afirmaciones de organizaciones y activistas sobre la posible privatización del agua tras la firma de 10 decretos por parte de Enrique Peña Nieto, la Conagua y la Semarnat aclaran que no otorgarán ninguna concesión y que los recursos de los ríos serán destinados al uso medioambiental.
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Por Karen de la Torre, Irene Larraz y César Reveles / Verificado 2018
20 de junio, 2018
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El pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación.

La firma ocurrió 12 días antes del partido entre las selecciones de México y Alemania en el Mundial de Rusia 2018 y no mientras se realizaba el encuentro, como circuló en redes sociales.

Esta noticia falsa revivió el debate sobre la privatización del agua. Algunas voces aseguran que se trataba de una medida que propiciaría la concesión del agua, otras, como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua argumentan lo contrario.

Estas son las diferentes posturas de organizaciones, investigadores y el gobierno federal sobre la firma de estos documentos que no privatizan el agua, pero sí permiten que se otorguen concesiones.

¿Qué dicen los decretos firmados por Peña Nieto?

Los 10 decretos eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.

Ahora, en lugar de la prohibición total de su aprovechamiento, se establecen “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”, lo que significa que puede aprovecharse esa agua.

En cada decreto se señala el porcentaje de agua que puede ser utilizados en cada cuenca mediante el título de concesión.

Cada uno de los decretos, en esencia dictan lo mismo, pero corresponden a 10 diferentes ríos. Las zonas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

El gobierno federal fue asesorado por la organización de conservación ambiental WWF, la cual les ayudó a saber de qué manera poder mantener el agua suficiente para la población durante los próximos 50 años.

En su página WWF, menciona que con la firma de los decretos México tomó una “decisión histórica con la cual protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas, 82 Áreas Naturales Protegidas y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar”.

¿Fue legal la firma de los decretos?

El artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales faculta al presidente para tomar decisiones como la eliminación de la veda de las cuencas hidrológicas por decreto.

“No es una decisión ilegal. Es arbitraria en un sentido simbólico de que no preguntó, no consultó a nadie y tomó una decisión muy significativa sobre un bien fundamental sobre la vida, señala Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.

La eliminación de la veda a través de un decreto, como lo hizo Peña Nieto, es legal, pues “la reserva de agua sólo se puede hacer por decreto”, explica Eugenio Barrios, director del “programa agua” del Fondo Mundial para la Naturaleza México (WWF por sus siglas en inglés).

¿Qué significa levantar la veda sobre el agua?

Con la firma de los decretos, se transitó de un régimen de veda a un régimen de reserva.

Una veda es una medida que impide al gobierno hacer uso del agua. “Cuando decretas una veda, lo que estás haciendo es ponerte tú, gobierno, una restricción absoluta para el uso del agua. Para que cualquier persona, ejido, empresa, acceda al agua, tiene que solicitar una concesión a Conagua”, explica Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.

“Lo que hicieron con el decreto fue transitar de un régimen jurídico de veda a otro de reserva, y eso te habilita como gobierno para dar concesiones en cuatro campos. Sigue siendo restrictivo, pero más abierto que la veda: uso personal y doméstico, producción de energía y la protección y conservación ambiental”, detalló el investigador de la UNAM.

Ya se han levantado vedas en otras cuencas, explica Eugenio Barrios, de la WWF, por ejemplo, en Pánuco, en 2012 y 2006 y no ha sido algo que haya disparado las concesiones.

La figura de la veda es un instrumento que data de los años 1930.

“Fueron creados con un fin muy particular: para estudios de distritos de riego, entonces son instrumentos que no operan, sí establecen una prohibición, pero ha quedado sin efecto, porque la prohibición nos lleva a situaciones de prohibición de destrucción”, señala Barrios.

¿Qué dicen las voces en contra de los decretos?

La organización Agua para [email protected] plantea, a través de un análisis, la posibilidad de privatización que se abriría tras la firma de los decretos.

“Estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano”, expresan.

Señalan que las empresas trasnacionales se verán directamente beneficiadas con la eliminación de las vedas, pues “requieren de concesiones con seguridad jurídica”.

Otro punto es que, según la organización, aunque los decretos están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica.

Con relación a la vigencia de 50 años de los decretos, Agua para [email protected]señala que cada estado podrán solicitar los volúmenes requeridos, sentando así “las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento”.

Añaden que los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, “empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios”.

¿Cuáles son los beneficios de los decretos?

La Secretaría del Medio Ambiente explicó en un comunicado que el agua no se privatizará, y que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto, “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”, indicó la Secretaría.

Se trata de una medida, agregaron, que ayudará al país a “preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin”.

“Estos decretos de reserva de agua en ningún momento son una medida de privatización, sino todo lo contrario, protegen el agua para los ecosistemas en porcentajes muy elevados. En segunda instancia, protegen el agua para la gente: lo que significan es la protección del agua como ese bien común, explica Eugenio Barrios, director del programa Agua.

“Esa es otra de las grandes aportaciones de las reservas de agua: nos están diciendo cuánta agua está disponible, cuánta es para el ambiente y cuánta es para la población. Estamos en posición de exigir transparencia en el uso del agua”, agrega Barrios.

Según la Conagua, con esta política pública se busca que el agua no se desaproveche. “Nuestro plan es que el escurrimiento del agua pueda correr a los ríos y así la corriente llegue a las zonas protegidas solo para el uso medioambiental”, explicó su titular Roberto Ramírez de la Parra.

¿Se va a concesionar el agua?

Ramírez de la Parra explicó que si bien los decretos permiten la liberación del uso del agua, la administración de Peña Nieto en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Conagua, decidieron no concesionar el agua y destinarla solo al uso medioambiental.

Dijo que el quitar la veda tiene la finalidad de preservar nuestro medio ambiente y que en todo momento actuaron conforme a la ley.

“Si bien tuvimos que reformar la ley actual lo hicimos con la finalidad de reglamentar el derecho humano al agua y eliminar la veda para garantizar el suficiente abasto de agua para la población durante los próximos 50 años”.

“No es una privatización, pero sí habilitar el uso de agua para usos privados. Técnicamente sólo es un cambio de régimen. Sí va a contribuir para que actores privados puedan apropiarse de bienes que antes estaban en manos del gobierno”, explicó el investigador de la UNAM.

El director del Programa Agua de WWF aceptó que el régimen de concesiones genera preocupación, pero por ello, dijo, la Conagua debe realizar este proceso de forma transparente. “Conagua acaba de externar que no se van a dar ese tipo de concesiones”.

El titular de la Conagua aseguró que en lo que resta de la administración no se otorgarán más concesiones para el uso del agua, pues su objetivo principal es preservarla.

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Pandora Papers: el territorio de Reino Unido que se convirtió en uno de los principales paraísos fiscales del planeta

Este territorio británico de ultramar aparece entre los principales receptores de "inversión extranjera directa" en el mundo, por delante de países como Alemania o Francia.
5 de octubre, 2021
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Las Islas Vírgenes Británicas (IVB) solamente cuentan con unos 36.000 habitantes, pero tienen más de 400.000 empresas. Un promedio de 18 compañías por persona.

Dicho así, uno podría imaginar que este pequeño territorio británico -cuya extensión apenas suma unos 153 kilómetros cuadrados- estaría cubierto de rascacielos y fábricas humeantes donde habría una incesante actividad económica.

En lugar de eso, lo que hay son playas idílicas y empresas de papel. Y es que las IVB son consideradas como uno de los mayores paraísos fiscales del planeta que, como dice el periodista Will Fitzgibbon, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), “atrae por igual a corporaciones legítimas, celebridades, multimillonarios y criminales”.

Esa también es la razón por la cual cada vez que estalla un escándalo internacional sobre los fondos desviados hacia paraísos fiscales, el nombre de las Islas Vírgenes Británicas llega hasta los titulares de la prensa.

Eso es justo lo que acaba de ocurrir con la más reciente filtración de información financiera publicada por el ICIJ, conocida como los Pandora Papers.

Se trata de una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, evasión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero, por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo.

Los datos fueron obtenidos por el ICIJ que ha estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios, incluyendo el equipo del programa Panorama de la BBC. Durante meses, más de 600 periodistas en 117 países han estado revisando los archivos de 14 fuentes distintas encontrando historias que se publicarán esta semana.

En esta ocasión, una de las historias relacionadas con las Islas Vírgenes Británicas se refiere al registro de una empresa registrada allí que ha sido beneficiaria de una multimillonaria operación de bienes raíces para demoler los antiguos cines de la era soviética en Rusia para construir en su lugar centros comerciales.

iStories, una página de periodismo de investigación rusa que participó en la investigación de los Pandora Papers, descubrió que detrás de esta compañía se encuentra Konstantin Ernst, el presidente del mayor canal de televisión estatal de Rusia.

Konstantin Ernst.

Getty Images
Konstantin Ernst, presidente del mayor canal de televisión estatal de Rusia, aparece mencionado en los Pandora Papers.

Ernst registró esa compañía en 2014, el mismo año que él estuvo a cargo de organizar las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi.

En su respuesta al ICIJ, Ernst señaló que no ha cometido (y que no prevé cometer) nada ilegal, pues “así es como sus padres lo educaron”.

De tierra de bucaneros a paraíso fiscal

Ubicadas en el Caribe oriental, las Islas Vírgenes Británicas están integradas por cuatro islas grandes y 32 islas e islotes más pequeños, de los cuales unos 20 están deshabitados.

Descubiertas por Cristóbal Colón en 1493, estas islas fueron ocupadas por el Imperio español en el siglo XVI, bajo cuyo control estuvieron por poco tiempo. Para 1648, la Tórtola, la mayor de las islas, estaba ocupada por bucaneros holandeses.

Pocas décadas más tarde, cayeron bajo control del Imperio británico, que en 1773 permitió la formación de un gobierno civil local, la creación de un consejo legislativo parcialmente electo y el establecimiento de cortes constitucionales.

En 1960 se convirtieron en una colonia de la Corona y, en 2002, en un territorio británico de ultramar, por lo que sus habitantes disfrutan de la ciudadanía británica.

Sir Francis Drake.

Getty Images
El explorador, marinero y corsario Sir Francis Drake es una de las figuras históricas vinculadas con las IVB.

Las IVB comenzaron a adoptar en la década de 1970 una legislación que las convertía en un destino para las inversiones offshore y en un paraíso fiscal.

Parte de su atractivo radica en su sistema fiscal.

Las IVB casi no tienen impuestos: no tienen un impuesto sobre la renta que sea efectivo, ni impuestos a las ganancias de capitales, ni impuestos a las herencias, ni impuestos a los regalos, ni impuestos a las ventas o al valor agregado”, destaca al respecto la ONG británica Tax Justice Network.

“Recauda ingresos principalmente a través del impuesto a los salarios, a la propiedad de tierras, así como distintas comisiones. Este es un patrón clásico de “paraíso fiscal” de obtener pequeñas cantidades de dinero de un gran número de transacciones y depender de los lugareños para pagar las facturas”, agregan.

Su otro gran atractivo reside en las facilidades que ofrecen para crear de forma barata y simple empresas de papel que permiten a sus propietarios mantener sus nombres fuera de la vista pública.

Hay muchas razones válidas por las que una persona puede querer que no se conozca que es dueña de determinadas inversiones, por lo que esta oferta de discreción resulta atractiva tanto para inversores legítimos como para aquellos que no lo son.

Más “inversión extranjera” que Alemania

Este esquema de atracción de inversiones ha resultado bastante rentable, al punto que este tipo de servicios financieros y corporativos generan el equivalente a la mitad de los ingresos fiscales, a la par del turismo, la otra gran fuente de financiamiento del país.

En 2019, las Islas Vírgenes Británicas recibieron unos US$57.997 millones en inversiones extranjeras directas, de acuerdo con cifras de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El príncipe Carlos de Gales durante una visita a las Islas Vírgenes Británicas en 2017.

Getty Images
Los ciudadanos de las Islas Vírgenes Británicas son súbditos de la Corona y ciudadanos británicos.

Formalmente, ese monto las coloca por delante de economías desarrolladas como Canadá, Alemania y Francia. No obstante, por tratarse de inversiones en papel, su impacto real sobre el país es mucho menor.

La aparición de las IVB en los Pandora Papers, en realidad, no es una sorpresa, pues ya en 2016 en torno a la mitad de las casi 250.000 empresas offshore establecidas por el bufete Mossack Fonseca y reveladas en los Panama Papers estaban registradas en este territorio británico de ultramar.

En 2018, una investigación de la BBC reveló que compañías registradas en las IVB eran propietarias de una cuarta parte de las propiedades en Inglaterra y Gales que pertenecen a compañías extranjeras.

El archipélago caribeño es la sede oficial de empresas que poseen 23.000 propiedades, más que cualquier otro país”, señaló la BBC al destacar que ese hallazgo contribuía con los temores de que ese territorio británico esté siendo usado para evadir impuestos.

La implicación de las IVB en distintos escándalos financieros en el pasado llevó a que en 2013 Lord Oakeshott, un reconocido político británico, dijera que estos territorios “manchan el rostro de Reino Unido”.

Esos escándalos también han llevado a mejoras en los mecanismos de transparencia en los últimos años y a una mayor cooperación de las autoridades de esos territorios con la comunidad internacional para hacer frente a los problemas de evasión fiscal.

Sin embargo, las facilidades para mantener lejos de la vista pública la información sobre los propietarios de estas compañías offshore parecen facilitar la ocurrencia de irregularidades.

La ONG británica Tax Justice Network critica la política de las IVB de “no preguntar” y de “no ver el mal” a la hora de facilitar el registro de empresas, que, según señala, permite a sus dueños ocultarse detrás de una suerte de apoderados para lograr un secretismo aún mayor así como el establecimiento de compañías de forma fácil y a bajo costo.

“Esta supuesta eficiencia en el registro se ha traducido en una carta blanca para las compañías de las IVB para ocultar y facilitar todo tipo de abusos y delitos alrededor del mundo”, apunta la ONG.

Pese a todo, la cooperación de las Islas Vírgenes Británicas con las autoridades de otros países ha permitido a este pequeño territorio en el Caribe permanecer fuera de la lista de paraísos fiscales “no cooperativos” que elabora la OCDE.

Eso, claro está, no significa que las políticas de paraíso fiscal de las IVB no tengan un impacto en la evasión fiscal.

De acuerdo con estimaciones del Tax Justice Network, las Islas Vírgenes Británicas son responsables de una pérdida global de impuestos equivalentes a unos US$37.500 millones cada año.

Pandora Papers banner

BBC

Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. El programa de investigación de la BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigación en Reino Unido.


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