Verificado.mx: ¿Los decretos firmados por EPN privatizan el agua? Esto dicen especialistas, ONG y el gobierno
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Verificado.mx: ¿Los decretos firmados por EPN privatizan el agua? Esto dicen especialistas, ONG y el gobierno

Ante las afirmaciones de organizaciones y activistas sobre la posible privatización del agua tras la firma de 10 decretos por parte de Enrique Peña Nieto, la Conagua y la Semarnat aclaran que no otorgarán ninguna concesión y que los recursos de los ríos serán destinados al uso medioambiental.
Especial
Por Karen de la Torre, Irene Larraz y César Reveles / Verificado 2018
20 de junio, 2018
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El pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación.

La firma ocurrió 12 días antes del partido entre las selecciones de México y Alemania en el Mundial de Rusia 2018 y no mientras se realizaba el encuentro, como circuló en redes sociales.

Esta noticia falsa revivió el debate sobre la privatización del agua. Algunas voces aseguran que se trataba de una medida que propiciaría la concesión del agua, otras, como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua argumentan lo contrario.

Estas son las diferentes posturas de organizaciones, investigadores y el gobierno federal sobre la firma de estos documentos que no privatizan el agua, pero sí permiten que se otorguen concesiones.

¿Qué dicen los decretos firmados por Peña Nieto?

Los 10 decretos eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.

Ahora, en lugar de la prohibición total de su aprovechamiento, se establecen “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”, lo que significa que puede aprovecharse esa agua.

En cada decreto se señala el porcentaje de agua que puede ser utilizados en cada cuenca mediante el título de concesión.

Cada uno de los decretos, en esencia dictan lo mismo, pero corresponden a 10 diferentes ríos. Las zonas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

El gobierno federal fue asesorado por la organización de conservación ambiental WWF, la cual les ayudó a saber de qué manera poder mantener el agua suficiente para la población durante los próximos 50 años.

En su página WWF, menciona que con la firma de los decretos México tomó una “decisión histórica con la cual protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas, 82 Áreas Naturales Protegidas y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar”.

¿Fue legal la firma de los decretos?

El artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales faculta al presidente para tomar decisiones como la eliminación de la veda de las cuencas hidrológicas por decreto.

“No es una decisión ilegal. Es arbitraria en un sentido simbólico de que no preguntó, no consultó a nadie y tomó una decisión muy significativa sobre un bien fundamental sobre la vida, señala Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.

La eliminación de la veda a través de un decreto, como lo hizo Peña Nieto, es legal, pues “la reserva de agua sólo se puede hacer por decreto”, explica Eugenio Barrios, director del “programa agua” del Fondo Mundial para la Naturaleza México (WWF por sus siglas en inglés).

¿Qué significa levantar la veda sobre el agua?

Con la firma de los decretos, se transitó de un régimen de veda a un régimen de reserva.

Una veda es una medida que impide al gobierno hacer uso del agua. “Cuando decretas una veda, lo que estás haciendo es ponerte tú, gobierno, una restricción absoluta para el uso del agua. Para que cualquier persona, ejido, empresa, acceda al agua, tiene que solicitar una concesión a Conagua”, explica Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.

“Lo que hicieron con el decreto fue transitar de un régimen jurídico de veda a otro de reserva, y eso te habilita como gobierno para dar concesiones en cuatro campos. Sigue siendo restrictivo, pero más abierto que la veda: uso personal y doméstico, producción de energía y la protección y conservación ambiental”, detalló el investigador de la UNAM.

Ya se han levantado vedas en otras cuencas, explica Eugenio Barrios, de la WWF, por ejemplo, en Pánuco, en 2012 y 2006 y no ha sido algo que haya disparado las concesiones.

La figura de la veda es un instrumento que data de los años 1930.

“Fueron creados con un fin muy particular: para estudios de distritos de riego, entonces son instrumentos que no operan, sí establecen una prohibición, pero ha quedado sin efecto, porque la prohibición nos lleva a situaciones de prohibición de destrucción”, señala Barrios.

¿Qué dicen las voces en contra de los decretos?

La organización Agua para [email protected] plantea, a través de un análisis, la posibilidad de privatización que se abriría tras la firma de los decretos.

“Estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano”, expresan.

Señalan que las empresas trasnacionales se verán directamente beneficiadas con la eliminación de las vedas, pues “requieren de concesiones con seguridad jurídica”.

Otro punto es que, según la organización, aunque los decretos están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica.

Con relación a la vigencia de 50 años de los decretos, Agua para [email protected]señala que cada estado podrán solicitar los volúmenes requeridos, sentando así “las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento”.

Añaden que los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, “empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios”.

¿Cuáles son los beneficios de los decretos?

La Secretaría del Medio Ambiente explicó en un comunicado que el agua no se privatizará, y que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto, “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”, indicó la Secretaría.

Se trata de una medida, agregaron, que ayudará al país a “preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin”.

“Estos decretos de reserva de agua en ningún momento son una medida de privatización, sino todo lo contrario, protegen el agua para los ecosistemas en porcentajes muy elevados. En segunda instancia, protegen el agua para la gente: lo que significan es la protección del agua como ese bien común, explica Eugenio Barrios, director del programa Agua.

“Esa es otra de las grandes aportaciones de las reservas de agua: nos están diciendo cuánta agua está disponible, cuánta es para el ambiente y cuánta es para la población. Estamos en posición de exigir transparencia en el uso del agua”, agrega Barrios.

Según la Conagua, con esta política pública se busca que el agua no se desaproveche. “Nuestro plan es que el escurrimiento del agua pueda correr a los ríos y así la corriente llegue a las zonas protegidas solo para el uso medioambiental”, explicó su titular Roberto Ramírez de la Parra.

¿Se va a concesionar el agua?

Ramírez de la Parra explicó que si bien los decretos permiten la liberación del uso del agua, la administración de Peña Nieto en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Conagua, decidieron no concesionar el agua y destinarla solo al uso medioambiental.

Dijo que el quitar la veda tiene la finalidad de preservar nuestro medio ambiente y que en todo momento actuaron conforme a la ley.

“Si bien tuvimos que reformar la ley actual lo hicimos con la finalidad de reglamentar el derecho humano al agua y eliminar la veda para garantizar el suficiente abasto de agua para la población durante los próximos 50 años”.

“No es una privatización, pero sí habilitar el uso de agua para usos privados. Técnicamente sólo es un cambio de régimen. Sí va a contribuir para que actores privados puedan apropiarse de bienes que antes estaban en manos del gobierno”, explicó el investigador de la UNAM.

El director del Programa Agua de WWF aceptó que el régimen de concesiones genera preocupación, pero por ello, dijo, la Conagua debe realizar este proceso de forma transparente. “Conagua acaba de externar que no se van a dar ese tipo de concesiones”.

El titular de la Conagua aseguró que en lo que resta de la administración no se otorgarán más concesiones para el uso del agua, pues su objetivo principal es preservarla.

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El Halconazo: la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
10 de junio, 2021
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico – que luego daría nombre a lo ocurrido – , vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de Tiempo suspendido, un libro que documenta – incluso con archivos clasificados – lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las dos instituciones superiores más importantes del país, respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10 mil estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” – reportes dicen que eran al menos 400 o 500 – en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospital y agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

Cincuenta años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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