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El multimillonario negocio detrás de la detención de inmigrantes en Estados Unidos

Los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por mantener detenidos a los inmigrantes sin papeles se traducen en un gasto multimillonario del que se benefician no solo muchas empresas sino también ONG.
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Por Ángel Bermúdez
25 de junio, 2018
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Su modelo de negocio depende de que haya personas que pierdan su libertad.

Mientras la opinión pública de Estados Unidos reaccionaba con indignación ante la separación de miles de niños de sus padres inmigrantes que cruzaban ilegalmente la frontera sur del país, ellos veían mayores oportunidades de negocio.

Inmigrantes detenidos en un centro privado.

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65% de los centros de detención de inmigrantes está en manos de empresas privadas.

Las organizaciones que gestionan los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos viven un boom.

Solamente en 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) destinó casi US$3.000 millones para costear el sistema de detención de extranjeros, que se ocupa de los casos están pendientes de resolver por los tribunales o cuya deportación ya ha sido acordada.

Una parte mayoritaria de estos lugares pertenecen o son administrados por compañías privadas.

“En torno a 65% de las camas de las que dispone el gobierno federal para albergar a inmigrantes están en manos de empresas privadas. Y esa cifra está creciendo con la actual crisis migratoria”, comenta Bianca Tylek, directora del Corrections Accountability Project (Proyecto de Transparencia de Centros de Detención), con sede en Nueva York.

Inmigrantes en un centro de detención de ICE administrador por Geo Group.

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Muchos centros de detención de ICE están administrados por empresas privadas.

“En febrero de 2017, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que estaban aumentando el número de camas disponibles para ICE de 3.500 a 20.000, un incremento de 500%”, agregó la experta en una conversación con BBC Mundo.

Paradójicamente, con la reciente decisión de Trump de poner fin a la separación de los menores de sus padres, el volumen de negocio de estas compañías podría crecer en lugar de disminuir.

Auge

Pero ¿qué significa para este tipo de empresas el aumento de los cruces en la frontera suroeste en términos de una mayor ocupación en sus centros de detención y en el incremento de la probabilidad de obtener nuevos contratos con ICE?

En 2017 Geo Group obtuvo unos ingresos de US$184 millones por contratos relaciones con ICE, y con el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.

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En 2017 Geo Group obtuvo unos ingresos de US$184 millones por contratos relaciones con ICE, y con el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.

Esa pregunta se la hicieron en abril pasado a un ejecutivo de Geo Group, una de las principales compañías de este sector, durante una presentación telefónica con los inversores que fue divulgada en su página web y reproducida por la emisora de radio NPR.

“Ha habido un incremento constante en los cruces fronterizos ilegales que creo que es similar al aumento sostenido en el número de personas en nuestros centros (de detención de inmigrantes) con ICE y esperamos que eso siga incrementando nuestra tasa de ocupación y ofrezca oportunidades para nuevos contratos de centros“, respondió el ejecutivo.

Geo Group es una empresa que presta servicios a los gobiernos en la gestión de cárceles y centros correccionales en varios países del mundo.

“Los centros de detención de inmigrantes son una pieza central del modelo de negocio de las empresas que se dedican a administrar cárceles privadas como CoreCivic y Geo Group”, explica Tylek.

Protesta contra Geo Group en 2015.

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Geo Group ha sido objeto de protestas por la detención de inmigrantes.

Indica queCoreCivicreportó que en 2017 un 25% de sus ingresos procedieron de contratos con ICE que sumaron US$444,1 millones. Mientras que en el caso de Geo Group, los contratos con ICE representaron 19% de sus ingresos para un total de US$429 millones.

La experta señala que estas dos empresas son las principales de un mercado en el que participan una docena de competidores en Estados Unidos.

Entre septiembre de 2016 y enero de 2017, el valor de sus acciones en bolsa creció de forma notable en anticipación a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cuyo discurso de mano dura contra la inmigración parecía dibujarles un panorama favorable para su negocio.

La gestión privada de centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos no es nueva. Tampoco las protestas en su contra, como esta de 2008.

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La gestión privada de centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos no es nueva. Tampoco las protestas en su contra, como esta de 2008.

Sus esperanzas no se vieron defraudadas.

Geo Group firmó en enero de 2017 un acuerdo con ICE para gestionar un centro de procesamiento de inmigrantes con 780 camas en Georgia y, dos meses más tarde, anunció un nuevo contrato a 10 años para un centro de detención en Texas con capacidad para 1.000 personas.

“De hecho, en sus reportes anuales ellos señalan la reforma migratoria como un riesgo para su negocio, al igual que la legalización de la marihuana e, incluso, que la disminución de la tasa de delitos”, agrega.

La experta destaca que Geo Group señaló en un informe a sus inversionistas en junio de 2017 que estaba a la espera de una orden ejecutiva que pusiera fin a la llamada política de detención y liberación (catch and release) que aplicaban los gobiernos anteriores a Trump, en la cual los inmigrantes eran procesados y dejados en libertad mientras esperaban a ser juzgados.

Esto se materializó recientemente con la política de tolerancia cero ante la inmigración ilegal que anunció en abril el fiscal general, Jeff Sessions, y la cual es en parte causante de la actual crisis fronteriza.

Negocios asociados

La detención de inmigrantes no solo es una fuente de ingresos para las compañías que administran los centros que les dan alojamiento.

Un inmigrante sube al avión en el que será deportado de Estados Unidos.

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Varias aerolíneas dijeron que no quieren transportar a los niños separados de sus padres inmigrantes.

“Existe una red completa de negocios privados que está sacando ganancias de la crisis migratoria. En el sector del transporte, por ejemplo, están las compañías que trasladan a los inmigrantes desde la frontera hasta los centros de detención. En algunos casos, las empresas de transporte son propiedad de las mismas compañías dueñas de los centros de detención. Eso ocurre con Geo Group y CoreCivic, por ejemplo”, indica Tylek.

También hay importantes aerolíneas como American Airlines, Delta, Southwest, Frontier, Alaska Airlines y United que alquilan sus aviones para el traslado de los inmigrantes pero que esta semana se desmarcaron de la política oficial y anunciaron su negativa a transportar a niños inmigrantes que hayan sido separados de sus familias.

También hay otros negocios asociados como los proveedores de alimentación o de servicios de telefonía para las personas detenidas, entre otros. Todo suma.

Niños aparte

Las empresas como Geo Group o CoreCivic no se hacen cargo del alojamiento y la atención a niños inmigrantes, cuya custodia no está asignada a ICE sino al Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) que en el año fiscal 2017 destinó unos US$958 millones, para el mantenimiento de los centros de acogida de menores.

Niños en un albergue para menores extranjeros en Texas.

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Los niños son recluidos en albergues administrados por el Departamento de Salud y Servicios Sociales.

Esta tarea está asignada principalmente a organizaciones no gubernamentales que gestionan unas instalaciones distintas a los centros de detención y que se parecen más a un colegio internado que a una prisión pues deben disponer de aulas de clase, servicios de salud física y mental, espacios de recreo y servicios de reunificación familiar.

Administrativamente estos lugares de acogida dependen de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que es la responsable de atender a los inmigrantes menores de edad que entran a Estados Unidos sin la compañía de un adulto y que, durante las últimas semanas, también recibieron a los 2.300 niños que fueron separados de sus familias.

Según cifras ofrecidas por Steve Wagner, vicesecretario de la Administración para Niños y Familias (una dependencia del HHS), la ORR está dando alojamiento en la actualidad a unos 12.000 niños, incluyendo aquellos que fueron separados de sus padres.

Las instituciones que acogen a los menores son organizaciones sin fines de lucro, con frecuencia de tipo religioso, que hasta hace poco solían ser vistas con buenos por hacerse cargo de lo que muchos consideran como una labor social.

En medio de esta crisis, sin embargo, no han escapado a la polémica.

Las miradas críticas se han centrado en Southwest Key, una ONG con sede en Texas que en los últimos años se ha convertido en una de las principales instituciones de acogida de menores de Estados Unidos.

Entre 2010 y 2018, esta organización pasó de tener 10 albergues con capacidad para 500 menores a disponer de 26 centros en los que puede recibir hasta 5.000 niños.

Probablemente, el más llamativo de estos sea Casa Padre, construido en las instalaciones de lo que antes era un hipermercado de Walmart y que cuenta con unas 1.500 camas.

Casa Padre es uno de los mayores albergues para menores en Estados Unidos.

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Casa Padre es uno de los mayores albergues para menores en Estados Unidos.

Los cuestionamientos, no obstante, no han surgido por el tamaño de sus centros sino de sus negocios con el gobierno.

En 2018, Southwest Key recibirá US$458.658.830 del HSS, lo que llevará hasta US$1.500 millones el monto recibido a través de contratos con el gobierno federal en la última década, de acuerdo con los registros del HHS.

“Nuestro crecimiento es una respuesta directa a la llegada de niños a la frontera”, explicó su vicepresidenta para servicios a los niños inmigrantes, Alexia Rodríguez, a The New York Times.

Sin embargo, sus críticos han hecho públicas copias de declaraciones de impuesto de la institución en las que se revela que el presidente y fundador de esa organización, Juan Sánchez, recibió en 2017 un salario anual de casi US$1,5 millones.

Según Daniel Borochoff, presidente de CharityWatch, ese sueldo coloca a Sánchez como el quinto director mejor pagado de una institución sin fines de lucro en Estados Unidos.

“El jefe de la Cruz Roja de Estados Unidos recibe un salario de US$600.000. Y es una ONG que maneja miles de millones de dólares. Ellos controlan la mitad del suministro de sangre y son un proveedor líder en situación de desastres. El presupuesto de esta ONG (Southwest Key) es como un décimo del de la Cruz Roja”, dijo Borochoff a la cadena CNN.

BBC Mundo solicitó una entrevista con un portavoz de Southwest Key pero no obtuvo respuesta.

Protesta en 2017 contra las empresas que apoyan la política migratoria de Trump.

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Las protestas contra las empresas que apoyan la política de línea dura de Trump ante los inmigrantes comenzaron desde principios de su mandato.

La crisis migratoria de este año también ha llevado al otorgamiento de algunos contratos de emergencia para albergar menores.

Eso, por ejemplo, ocurrió con la reactivación de un centro de acogida en Homestead (sur de Florida), administrado por la empresa Comprehensive Health Services (servicios de salud exhaustivos, en español), que en febrero recibió un contrato para albergar hasta 500 menores inmigrantes que a inicios de mayo fue ampliado para alcanzar hasta 1.000 niños.

Según la agencia Bloomberg, esta empresa recibirá por esta labor hasta US$31 millones.

Nuevas oportunidades

Pero el negocio de dar alojamiento a los inmigrantes detenidos aún puede crecer más en los próximos meses.

Tras revocar la medida de separación de menores, la prensa estadounidense ha informado que el gobierno quiere que las familias permanezcan juntas pero bajo un régimen de detención que aparentemente se extendería de forma indefinida hasta que los padres hayan sido procesados penalmente.

Las familias migrantes estuvieron siendo separadas durante varias semanas con la aplicación de la política de tolerancia cero.

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Esa idea es de difícil aplicación y se prevé que podrá ser impugnada ante la justicia. Sin embargo, en caso de que pueda ejecutarse podría traducirse en un incremento tanto del número de detenidos como del tiempo de alojamiento.

“No está claro cómo el gobierno piensa aplicar esto porque existe una sentencia judicial que establece que los menores inmigrantes no pueden permanecer más de 20 días detenidos“, señala a BBC Mundo Liz Willis, cofundadora del Asylum Seeker Advocacy Project (Proyecto de Defensa del Solicitante de Asilo, en español) una iniciativa que busca evitar las deportaciones indebidas dando apoyo legal a las familias que buscan refugio.

Willis agrega que en la actualidad solamente hay un centro en Estados Unidos en el que se puede detener a los padres con los menores y otros dos centros que solo pueden albergar a las madres con sus hijos.

“No tienen un espacio en el que puedan albergar a las familias completas”, indica.

Así, de prosperar esta iniciativa se abriría la oportunidad para crear y cobrar por nuevos centros para alojar a las familias detenidas.

 

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Especial

Además de Rosario, también supieron de La Estafa Maestra el presidente Peña, diputados y Función Pública

En 5 reuniones el auditor superior Juan Manuel Portal advirtió a Robles sobre La Estafa Maestra; el presidente EPN "tomó nota", pero no se detuvo el fraude.
Especial
12 de agosto, 2019
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“Están abusando del artículo 1 de la ley de adquisiciones, las universidades están para educar, no hacerla de intermediarios. Los servicios se simularon. El dinero se pasó a empresas y terminó en esta”, señalaba Juan Manuel Portal en el pliego de papel que ocupaba toda la mesa de la oficina. Era el esquema que explicaba la red de compañías donde habían terminado recursos púbicos. El entonces auditor superior lo exponía a la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Ella negaba que hubiera alguna irregularidad, además, “por eso contratamos a las universidades; son instituciones de respeto”, decía. Ni siquiera el esquema de empresas que parecía una telaraña, lo que para investigadores financieros sería un ejemplo de lavado de dinero, pudo hacerla ceder en su posición: todo se hizo bien, insistió una y otra vez durante la hora que duró el encuentro.

Por eso, días después, Robles mandó las supuestas pruebas al edificio de la Auditoría Superior de la Federación en la colonia Del Valle: un camión con 63 cajas de cartón con miles de documentos que incluían cartas firmadas por funcionarios de la Sedesol y las universidades, con la aceptación de los servicios, facturas, convenios, registros de entregas.

Pero “todo era basura”, nada de ese demostraba que los servicios se habían hecho. “Eran copias con fotografías de eventos que no sabemos ni de dónde son, papeles que no decían nada absolutamente, no eran prueba, ni evidencia de nada”, dice el exauditor superior, Juan Manuel Portal, en entrevista con Animal Político.

Esa fue una de las cinco reuniones entre ambos entre 2014 y 2017, para tratar el mismo tema: en la Sedesol y Sedatu, las dependencias que Robles dirigió, ocurrían las mismas irregularidades y no debía seguirse permitiendo.

Se refería al uso excesivo de la excepción al artículo 1 de la Ley de adquisiciones, que permite hacer contrataciones entre instituciones de la administración pública sin necesidad de hacer licitaciones. En este caso se hacían convenios para supuestos servicios con universidades, y la Auditoría identificó que éstas subcontrataban hasta 98% de los servicios con empresas, pese a que la ley sólo permitía hasta 42%.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad retomaron esta información e investigaron a las empresas que habían sido utilizadas entre 2014 y 2015, con el fin de hacer supuestos servicios por medio de 8 universidades, para 11 dependencias del gobierno federal.

La investigación periodística de La Estafa Maestra reveló así en 2017 que de 186 empresas utilizadas, 128 eran ilegales o fantasma, por lo que más de 3 mil millones de recursos públicos desaparecieron.

En otras dos reuniones, también estuvo presente el entonces oficial mayor de ambas dependencias y mano derecha de la titular, Emilio Zebadúa, quien era el responsable de administrar los recursos. La Auditoría sabía que sus subalternos firmaban los convenios con las universidades.

“Que no la engañen, secretaria, las universidades no están para esos servicios. ¿Por qué no hicieron una licitación? ‘Es que había poco tiempo’, me respondía. Sí, ya lo vi, a las universidades que le dio usted millones de pesos, en un día se hizo la invitación, al otro día se hizo el contrato y al día siguiente ya estaba todo entregado en la República, pues ¿cómo le hacen?”, dijo el exauditor durante una de las reuniones.

Peña, su gabinete y diputados no detuvieron la Estafa

En la audiencia que enfrentó Rosario Robles, el pasado jueves 8 de agosto, la Fiscalía General de la República presentó una serie de documentos y testimonios como prueba de que, siendo funcionaria, supo de los presuntos desvíos cometidos en la Sedesol y la Sedatu, porque fue avisada por escrito por sus subalternos y el auditor federal, pero no hizo nada para detener las irregularidades; ello, dijo la FGR, constituye el delito de ejercicio indebido de la función pública.

Pero ella no fue la única funcionaria que lo supo. Juan Manuel Portal, como exauditor federal, informó a todos quienes tenían facultades para detener e investigar las irregularidades en el Ejecutivo y el Legislativo. El de mayor jerarquía fue el presidente Enrique Peña Nieto.

A mitad de 2017, Portal logró conseguir una reunión con el mandatario en los Pinos. En 45 minutos le explicó los casos más relevantes de corrupción, de entre todo lo que había detectado la Auditoría. Le habló de los desvíos en Veracruz, gobernado por Javier Duarte, y del esquema de desvío en diferentes dependencias contratando a universidades, y “al tema de Rosario le dimos el tiempo suficiente”.

“Le expliqué desde dónde había empezado (el esquema de desvío), en la administración del presidente Calderón, con las compras del bicentenario, y la Estela de Luz, donde se contrataron empresas evadiendo las licitaciones”.

– ¿Qué le dijo después de escuchar esto?

Fue muy amable, se preocupó, tomó notas, me dijo que lo iba a ver.

Para entonces, la Auditoría Superior de la Federación no sólo había investigado este tipo de presuntos desvíos, sino que ya había interpuesto 17 denuncias penales por la posible comisión de delito.

Estaba la denuncia por la Estela de Luz, por la contratación de la empresa de Pemex III Servicios para la construcción, que a su vez subcontrató a otras compañías que incurrieron en sobrecostos y retraso en el proyecto.

También cuatro en contra de Conaculta por la entrega de 36 millones a la Universidad Autónoma del Estado de México en 2012, para la supuesta digitalización de documentos, y en la que se contrató a cinco empresas vinculadas entre sí por sus socios y operaciones, y el servicio no se hizo.

En 2016 hubo seis denuncias contra la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México, por la simulación de servicios para programas sociales ocurridos tres años antes.

Para 2017 se sumaron otras tres denuncias en contra de la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por bienes y servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre que no se hicieron, y tres más contra la Universidad del Edomex con el INEA, SUPERISSSTE y FOVISSSTE para supuestos servicios de detección de personas que no sabían leer ni escribir un recado, mejoramiento de procesos programas informáticos.

Pero la Procuraduría General de la República no avanzó en ellas. Hasta 2016, en la gestión de Raúl Cervantes, dice el exauditor, hubo acercamiento con la Auditoría; pero sólo hasta el año pasado, exfuncionarios medios comenzaron a enfrentar procesos penales por el caso.

Incluso antes de llegar con el presidente, la Auditoría había entregado año con año el informe de Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, y el tema del artículo 1 fue incluido en sus discursos durante tres años consecutivos.

Además, dichos informes debían ser revisados por todos los legisladores, especialmente por las Comisión de Vigilancia. “Todos los diputados tuvieron conocimiento, pero especialmente el expresidente de esa comisión Luis Maldonado (fallecido) y el coordinador de los priistas, César Camacho Solís, también integrante de la Junta de Coordinación Política, el órgano de cabildeo entre los líderes de las bancadas partidistas”.

En el último discurso de Portal como auditor en 2017, pidió a los legisladores en el Congreso reformar la Ley de Adquisiciones, para evitar que el esquema continuara o pudiera repetirse, pero tampoco lo hicieron.

En reuniones personales, “les dije está muy grave esto. Se están robando el dinero y se lo están llevando para las campañas. Me decían que no, que las campañas no se llevan tanto dinero, me hacían el cálculo de la campaña de un gobernador. ‘Pero no sería sólo para uno’”, les reviraba Portal.

La Secretaría de la Función Pública era otra dependencia fundamental para investigar y detener hechos de corrupción. Por eso, Portal explicó lo detectado por la Auditoría al primer titular en la administración de Peña Nieto, Julián Olivas, y luego a Virgilio Andrade.

“Con Virgilio tuve más reuniones sobre el tema, se lo dije varias veces. Me decía ‘déjame verlo. Voy a consultarlo con Rosario, voy a consultarlo con el Presidente. Vente a una reunión después’”.

Incluso en este periodo, el auditor le propuso a Rosario Robles en otra de las reuniones: “si usted le tiene confianza a Virgilio Andrade, que revise nuestros papeles (de la Auditoría), que vea nuestros expedientes, que dé una opinión y luego vamos usted, él y yo con el Presidente. ¿Por qué no quiso hacerlo? Sabía que lo que teníamos era correcto”, dice Portal.

Arely Gómez fue la tercera titular de Función Pública y también estuvo enterada. De hecho, cuando Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron La Estafa Maestra en 2017, la dependencia emitió un comunicado en el que reconocía el tema y decía que lo estaba investigando, pero nunca emitió ninguna resolución al respecto.

Incluso, el Órgano Interno de Control de la Sedesol, a cargo de la Función Pública, abrió una investigación al respecto en 2015 y concluyó que los procedimientos de contratación con universidades estaban apegadas a la ley.

Dicho expediente fue entregado a Animal Político por la secretaria Robles poco antes de publicar la investigación periodística, como prueba de que no había habido irregularidades. Sin embargo, en octubre de 2018, el funcionario a cargo de la investigación, Mauricio Razo, fue sancionado por la Función Pública por haber dado carpetazo al tema sin sustento jurídico.

Aunque la investigación La Estafa Maestra sólo se concentró en las irregularidades de 2013 y 2014, desde 2010 y hasta 2016 el gobierno federal firmó 2 mil 61 convenios de este tipo con universidades, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.

Otro elemento es que todos los informes de la Auditoría son públicos y, a cada titular se entrega un oficio con los pliegos de observaciones, es decir, las irregularidades detectadas en su dependencia. “Los informes que se presentaron, todos fueron hechos del conocimiento de las personas personalmente, o los visité o nos visitaron para ver cómo iba el asunto”, advierte Portal.

Por ello, los 11 implicados en La Estafa Maestra estuvieron enterados, es decir, Emilo Lozoya, en Pemex; Alfredo del Mazo Maza — ahora gobernador del Estado de México— en Banobras; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas; y Senasica, con Enrique Sánchez Cruz.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

Esto significa que, pese a saberlo, ni el Presidente, el gabinete, ni la PGR hicieron algo para detener las irregularidades en todo el sexenio anterior.

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