La historia de Aarón Varela, candidato asesinado en Puebla que buscó quitarle poder a Antorcha Campesina
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La historia de Aarón Varela, candidato asesinado en Puebla que buscó quitarle poder a Antorcha Campesina

Las autoridades no han esclarecido el asesinato de Aarón Varela Martínez, quien como candidato de Morena en Ocoyucan, Puebla, buscó sacar de la alcaldía al PRI y frenar el dominio de Antorcha Campesina. 
Cuartoscuro Archivo
Por Aranzazú Ayala Martínez
5 de junio, 2018
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Han pasado más de cuatro meses del asesinato de Aarón Varela Martínez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Ocoyucan, Puebla, y hasta el momento el homicidio sigue siendo un misterio.

Aarón recibió al menos cinco disparos, el pasado 1 de marzo, mientras manejaba su vehículo. Su cuerpo fue encontrado dentro del auto, todavía con el cinturón de seguridad puesto, en la calle 16 de septiembre de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, perteneciente a San Andrés Cholula, a menos de 30 minutos de la capital de Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) descartó de inmediato el móvil de robo, pues todas las pertenencias del candidato estaban intactas, y a la fecha se desconoce si existen avances en la investigación de su asesinato. La FGE no respondió a la solicitud de Animal Político para conocer sobre el estatus y la actualización del caso.

Si bien no hay líneas de investigación claras, militantes de Morena del municipio creen que fue por razones políticas.

La familia de Aarón, además, se ha alejado de los medios y la opinión pública, y sus compañeros de partido han tratado de seguir adelante con el proyecto para lograr el prometido cambio en Ocoyucan. El principal: sacar al PRI de la alcaldía y  quitarle dominio a la organización Antorcha Campesina.

Un municipio desigual

Ocoyucan está pegado a la zona metropolitana de Puebla capital, y tiene una posición privilegiada entre San Andrés Cholula –uno de los municipios con más ingresos en la entidad por la cantidad de desarrollos inmobiliarios y universidades– y la zona sur de la capital de la entidad.

Dentro de Ocoyucan está el fraccionamiento de lujo Lomas de Angelópolis; algunas de las propiedades en este exclusivo desarrollo, que es prácticamente una mini ciudad, se venden hasta en 15 mil pesos el metro cuadrado.

En Ocoyucan está la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, cuyo nombre saltó a la escena publica por haber sido el escenario donde fue asesinado el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo en 2014, en el marco de la polémica y entonces recién aprobada “Ley Bala” del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y las protestas contra la pérdida de autonomía de las juntas auxiliares, derivada de una reforma a la Ley Orgánica Municipal.

Junto al lujo de los desarrollos inmobiliarios, los habitantes originarios de Ocoyucan viven con carencias. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) lo tiene catalogado como un municipio con presencia indígena, con un alto grado de marginación, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en sus indicadores de 2015 el rezago educativo, la carencia por acceso a servicios de salud, por hacinamiento, acceso a agua entubada y drenaje en las viviendas son mayores en el municipio que en la entidad.

Ocoyucan lleva casi tres décadas controlado por el PRI y Antorcha Campesina, conocida como “la organización”. Integrantes de Morena y habitantes de Ocoyucan coincidieron en que si te afilias a ellos tienes beneficios, pero si no el drenaje no llega a tu colonia.

En algunas de las nuevas colonias de antorchistas, dice Pascual Tenahua, quien suplió a Aarón Varela como candidato de Morena, te reciben a pedradas sino eres aliado del PRI o de Antorcha Campesina. Pero quienes toman las piedras y se las avientan son los niños de las escuelas. “¿Y qué hace uno contra un niño?”, se cuestionó.

Con el asesinato de Aarón el panorama político a nivel municipal se complicó y la fuerza que tenía Morena disminuyó, reconocieron los militantes del partido.

Violeta Becerril, Isauro Mécatl Mones y Pedro Juárez, los tres originarios de Ocoyucan y militantes de Morena, coinciden en que Aarón Varela era la figura con más fuerza y que representaba una posibilidad real de acabar con el dominio de Antorcha Campesina, organización que en un comunicado de prensa condenó el crimen del candidato y se deslindó de las acusaciones en su contra que los relacionan con el asesinato.

“Este crimen, condenable por todo ser humano bien nacido, sirvió como ariete a varios grupos de poder y sus medios de comunicación para acusar a nuestra organización de la autoría, usando para ello la táctica de la desinformación: primero algunos medios afirmaron que Varela era critico de Antorcha Campesina y que, en Santa Clara Ocoyucan, la población tiene diferencias con Antorcha, con el objetivo de poner el foco de atención mediático en nosotros”, escribió Antorcha Campesina en su comunicado.

La lucha contra Antorcha

Violeta Becerri dijo que lo que Aarón buscaba era que los ciudadanos tuvieran lo que por derecho les corresponde: los servicios básicos como agua potable, drenaje y recolección de basura. Algo que puede parecer muy evidente pero que en la realidad de este municipio no está al alcance de todos.

Isauro Mécatl y Pedro Juárez explicaron que los servicios en Ocoyucan no son de fácil acceso para cualquier persona: las principales carencias son de agua potable, drenaje y pavimentación, y generalmente llegan sólo a las colonias donde sus habitantes son afiliados a Antorcha Campesina.

Si no son de la organización, dijeron, no tienen acceso a los servicios.

Y es que el municipio lleva tres décadas con una fuerte presencia de la organización Antorcha Campesina y el PRI.

¿Asesinato político?

Aunque no hay ninguna declaración oficial ni línea de investigación concreta, los compañeros de Aaron Varela creen que el homicidio tiene un móvil político, porque era la única oposición fuerte y verdadera en este municipio, actualmente gobernado por el PRI.

Pascual Tenahua, candidato a la presidencia municipal por Morena, dijo que él y todo el partido buscan lo mismo que Aarón: hacer un cambio en la comunidad.

Pascual dijo que no ha tenido amenazas como tal, pero en dos ocasiones la policía municipal ha intentado pararlo sin ninguna orden ni operativo para revisar su vehículo.

Durante los últimos cuatro años ha habido fuertes conflictos en el municipio por Antorcha Campesina: el exalcalde Francisco Simarrón Ocotoxtle, del PRI, tuvo un desacuerdo con Antorcha por lo que lo destituyeron y encarcelaron. En su lugar entró José Santos Gregorio Tecuatl; la presidencia estuvo tomada durante meses por personas afiliadas a la organización.

Chalchihuapan es otro de los ejemplos más evidentes de la división y tensiones que ha provocado la presencia de Antorcha en el municipio, pues los habitantes que no simpatizaban con la organización no eran bienvenidos en la iglesia de la localidad.

La esperanza de Ocoyucan

Aarón era abogado –trabajó un tiempo en el Ministerio Público– pero casi no litigaba; a lo que se dedicaba de lleno era a su negocio, un taller de costura en el que hacía playeras.

Era casado y tenía tres hijos, una persona muy reservada con su vida privada, dicen, pero conocida y querida en el municipio. Tanto que una semana después de su asesinato un grupo de habitantes de Ocoyucan se manifestaron frente a la FGE para exigir justicia.

Cuando se afilió a Morena empezó a hacer el trabajo de brigadeo, yendo de casa en casa a invitar personas. Aarón hizo un gran trabajo político para posicionar al partido a nivel local y cuando tuvo la oportunidad de ser candidato se anotó, como otras personas.

Violeta Becerril, militante de Morena en Ocoyucan y compañera de trabajo de Aarón, dijo que al principio no estaba tan bien posicionado pero después tomó mucha fuerza, pues los ciudadanos veían en él a una persona que buscaba el cambio.

“Honestamente no sabemos, a la fecha yo no puedo explicarme cómo es que sucedió, fue algo que nos tomó por sorpresa a todos, a todos, a todos sus cercanos en el equipo y a todo el pueblo, al municipio en general. Su muerte nos sorprendió a todos y lamentablemente con él se fueron las esperanzas de que el municipio pues tuviera otra cara”.

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Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
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Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


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