Dos años del nuevo sistema penal: mejoran los juicios, pero no el trabajo de policías y fiscalías
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Cuartoscuro Archivo

Dos años del nuevo sistema penal: mejoran los juicios, pero no el trabajo de policías y fiscalías

Un estudio identificó que con el nuevo sistema penal lo juicios se resuelven, en promedio, 4 veces más rápido; sin embargo persisten las investigaciones sustentadas en confesiones.
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18 de junio, 2018
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El nuevo sistema penal acusatorio cumplió dos años desde su puesta en marcha obligatoria en todo el país, con resultados contrastantes. Por un lado, los juicios muestran un avance: son más rápidos, transparentes y con sentencias claras. Pero por el otro las policías y las fiscalías mantiene los mismos vicios: detenciones prolongadas, maltratos a sospechosos e investigaciones recargadas en confesiones, y no en otras pruebas.

Estos son los resultados de un análisis hecho por la organización World Justice Project, el cual advierte además de los riesgos que existen de una contrarreforma que modifique las reglas del nuevo sistema y genere retrocesos, en vez de trabajar en una mejor implementación de lo que ya existe.

El estudio destaca el impacto positivo de la reforma, comprobado a través de la percepción que los reos tienen de sus procesos, y que fue reportada en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad practicada por INEGI.

Los resultados muestran que, tras la implementación del nuevo sistema penal (que entre otras cosas transformó los juicios escritos en públicos y orales), el 61% de los procesados considera que la sentencia que se le dictó fue clara, mientras que antes solo el 31% decía no tener dudas de su condena.

Con el nuevo sistema penal, el 70% de los detenidos señala que el juez estuvo presente en su juicio, mientras que antes solo 24% señalaba que vio al juez en su caso. De la misma manera, el 69% de los procesados consideró que el juez sí prestó atención a su caso con el nuevo sistema, muy distinto al 23% que respondía afirmativamente a esta situación antes.

“En el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el juez está presente en las audiencias la mayoría de las veces. Antes de la reforma, esto casi no ocurría. No sólo están presentes los jueces, sino los intervinientes en el proceso: los litigantes, testigos y el acusado, y lo más importante, hay cada vez mayor acceso para el público interesado, con lo cual tenemos una justicia más democrática, que opera dando la cara a la gente”, señala el estudio.

Con el nuevo sistema penal, añade el análisis, hay mayor claridad y transparencia en las pruebas que siempre tienen que mostrarse, tanto al juez como a las contrapartes. Con ello se evita entregar pruebas escritas, práctica que era común,  lo que le implicaba al juez tener que trabajar con expedientes gruesos y muchas veces desorganizados.

“Además, en el sistema antiguo, el método de registro de lo sucedido en las audiencias dependía de la pericia del mecanógrafo o del personal de apoyo del juez. Los expedientes eran frecuentemente manipulados, a veces de forma tal que lo ahí apuntado presumía la culpabilidad del imputado”, indica.

Otro aspecto positivo que se comienza a reflejar la entrada en vigor del nuevo sistema son los tiempos más cortos de los procesos. A partir de las respuestas de los reos encuestados el análisis muestra que, por ejemplo, un proceso de homicidio se redujo de 16 meses en el viejo sistema a 12 meses en el actual; un caso de secuestro pasó de 22 a 18 meses; y uno de robo se redujo de 8 a 7 meses en promedio.

“Los casos que se procesan con el nuevo sistema se resuelven, en promedio, cuatro meses más rápido que bajo el anterior. Esto beneficia a víctimas, imputados, y libera recursos para procesar los casos más complicados”, indica el análisis.

El vaso medio vacío

El estudio de World Justice Project reconoce que, contrario a los indicadores positivos que se aprecian en la parte judicial con el nuevo sistema, no se advierte ninguna mejor sustancial en cuanto al trabajo de policías y fiscalías.

Un ejemplo es el retraso en que incurren dichas autoridades para presentar a una persona detenida ante el juez, y que por ley no debe ser mayor de 48 horas. Sin embargo más del 40% de los detenidos fue retenido por un tiempo mayor a ese plazo antes de ser entregado al juez, como revelan los resultados de la encuesta de INEGI.

Con el viejo sistema el 63% de los detenidos dijo haber sufrido algún tipo de maltrato durante el arresto. Con el nuevo sistema esta situación puede ser motivo de que un caso se anule, pero aun así, luego de su puesta en marcha el 59% de los detenidos dijo que fue maltratado tras su captura. Es un progreso marginal.

El estudio muestra que el 83% de casos se resuelven con confesiones voluntarias, cuestión que en teoría es positiva, pues acorta los tiempos de un proceso, pero también exhibe que la mayoría de las investigaciones siguen sin sustentarse en evidencia técnica y científica.

“Es necesario que la policía y el Ministerio Público presenten pruebas sólidas y que las detenciones se apeguen a la ley. Esto exige mayores capacidades de investigación y actuación por parte de ambos actores clave. Nuestro análisis muestra mejoras muy marginales asociadas al desempaño de estas instituciones. Reformar ambos eslabones es una tarea inaplazable para mejorar la calidad de la justicia y la capacidad del sistema para reducir la impunidad”, indica el estudio.

Contrarreforma, un riesgo

El estudio destaca que diversos gobernadores agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como varios funcionarios federales y estatales, han emprendido desde el año pasado una campaña encaminada a reformar algunos aspectos de las leyes en que se sustenta el nuevo sistema penal.

El argumento de los actores que promueven esta reforma es que se ha facilitado la liberación de posibles delincuentes lo que, supuestamente, ha repercutido en el incremento de la violencia. Por ello pretenden que se amplíe el número de delitos que ameritan prisión automática, y que se reduzca la exigencia en torno a la calidad de algunas pruebas.

Sin embargo, el análisis advierte que no hay evidencia que demuestre una relación entre el incremento de violencia y la entrada en funcionamiento del nuevo sistema penal, y que lo que se sugiere puede representar un retroceso hacia prácticas antiguas.

“Reinstalar el sistema antiguo de proceso penal no es recomendable. A solo dos años de la entrada en vigor del NSJP en todo el país es necesario dejar que la reforma madure. Una involución procesal, no solo obstaculizaría la obtención de los beneficios que aquí mostramos con el nuevo sistema, también nos distraería de la formulación de políticas públicas urgentes(…) Por tanto, conviene fortalecer nuestras instituciones de seguridad y justicia antes de desconocer lo ganado y emprender un camino de regreso”, concluye el análisis.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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