Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014 exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acate una reciente sentencia judicial que ordena la creación de una comisión de la verdad para esclarecer este caso aún impune y que sigue indignando al país.
“Señor presidente, le pedimos, le exigimos a usted que acate la resolución del poder judicial (…) garantizar económicamente y humanamente (las condiciones) para realizar la comisión de investigación”, dijo Mario González, junto a otros padres de los jóvenes desaparecidos en una conferencia de prensa.
Los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos arbitrariamente el 26 de septiembre de 2014 por policías del municipio de Iguala, Guerrero, quienes los habrían entregado a sicarios del crimen organizado que los asesinaron e incineraron, según la investigación oficial.
Desde ese día, solo se han hallado e identificado cabalmente los restos de uno de los estudiantes, y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nadie está siendo procesado por desaparición forzada y no hay una sola sentencia condenatoria.
El lunes el Consejo de la Judicatura Federal anunció que un tribunal ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para este caso, integrada por familiares de los estudiantes desaparecidos, miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Ministerio Público de la Federación.
“No es una petición, es una resolución y es una orden”, recalcó Mario González, padre del estudiante desaparecido César González.
Te puede interesar: 6 puntos clave de la sentencia que ordena crear una Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa
Los padres de los jóvenes también pidieron este jueves el regreso de los expertos independientes de la CIDH que apoyaron en la investigación durante nueve meses en 2015.
Para Felipe de la Cruz, familiar de los estudiantes, el gobierno de Peña Nieto “perdió definitivamente la confianza de los familiares”, en un México donde “reina la corrupción”.
En su resolución, el tribunal concluyó que la investigación oficial no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, y que “hay indicios suficientes” para presumir tortura contra inculpados.
Esta decisión fue resultado de dos recursos de revisión solicitados por los acusados del crimen y no por los familiares de los estudiantes.
La ONU denunció en marzo “fuertes elementos de convicción” para suponer que elementos de la fiscalía, policía federal y militares de la Marina practicaron detenciones arbitrarias y tortura en este caso.
