En su primer balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones del caso Ayotzinapa, el Mecanismo Especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) encontró deficiencias en las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas, sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.
En el informe, los miembros del mecanismo expresaron su preocupación porque solo tres policías federales, de una plantilla más amplia, han sido consignados por los hechos; ningún detenido ha sido acusado por el delito de desaparición forzada; no se ha investigado el probable uso de hornos crematorios y no se ha esclarecido el rol del ejército en los hechos, entre otras situaciones.
A continuación, Animal Político te presenta los pendientes que tiene el Estado mexicano en la investigación del caso Ayotzinapa, mencionados en el informe presentado por el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH:
Tres policías federales consignados
En el informe, el mecanismo de la CIDH expresa su preocupación ante el hecho de que “muchas de las diligencias (recomendadas) parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”.
Como ejemplo, citan el hecho de que de toda la plantilla de policías federales adscritos a los municipios en los que se identificó que sucedieron los ataques a los estudiantes, solo tres han sido consignados por el caso, y “desconocen” las razones del por qué no han investigado a todos los policías que laboraron el 26 y 27 de septiembre de 2014.
También señala que no se ha investigado a los policías de tránsito de Iguala, municipio en el que desaparecieron los estudiantes, ni a los oficiales municipales de los sitios aledaños.
El Ejército no ha sido investigado
Sobre las investigaciones que se han realizado al Batallón 17 del Ejército, que presuntamente tuvo conocimiento del ataque contra los estudiantes, la CIDH informó que aún no se solventan las inconsistencias sobre los interrogatorios realizados por parte de la PGR a militares, señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
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Además de que, los materiales videográficos y fotográficos presuntamente recabados por un elemento del Ejército frente al Palacio de Gobierno de Iguala, no han sido entregados a las autoridades, ya que, de acuerdo con los ministeriales, el disco duro de la computadora donde las resguardaban se averió y fue sustituido.
En el informe, el Mecanismo de Seguimiento indica que tampoco se han aclarado los presuntos vínculos de parentesco en primer grado entre miembros de grupos criminales y militares, señalados en declaraciones ministeriales, llamadas telefónicas y narcomantas.
Ningún detenido acusado por desaparición forzada
De acuerdo con el informe, “el GIEI solicitó que la Procuraduría General de la República (PGR) realizara las gestiones necesarias para que los hechos fueran calificados como desaparición forzada, y no como secuestro”.
Sin embargo, “a más de 3 años de ocurridos los hechos… solo se han detenido a dos personas –presuntos integrantes de los Guerreros Unidos,- por los delitos de secuestro y crimen organizado, y no por desaparición forzada de personas”.
En el documento, la CIDH señala que “a la fecha no hay nuevas detenciones por acción u omisión de actores estatales que podrían haber tenido algún nivel de participación en la noche de los hechos de Iguala”, y que las imputaciones realizadas hasta ahora son únicamente por delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio público, contra la administración de justicia y secuestro.
No hay información sobre fosas o crematorios
El Mecanismo de Seguimiento recomendó a las autoridades mexicanas contar con un mapa de fosas y hornos crematorios en la región, e investigar si alguna de ellas había sido utilizada la noche del ataque contra los normalistas.
Sin embargo, de acuerdo con Luis Ernesto Vargas, comisionado de la CIDH, el gobierno de México no proporcionó información que pueda descartar su uso para la desaparición de los jóvenes, pues fue hasta 2018 que informó sobre la investigación de estos espacios que podrían estar vinculados con los hechos.
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El misterio del quinto autobús
La CIDH informó que cuenta con indicios que confirman el tráfico de drogas de carácter transfronterizo, por medio de autobuses en la zona donde ocurrió el ataque contra los normalistas.
De acuerdo con la Comisión, el Estado mexicano señaló que es indudable la existencia del trasiego de drogas de México –y otros países- a Estados Unidos; sin embargo, a tres años y medio de los hechos, no se ha establecido si, “en estricto sentido, estas actividades pudieran tener relación o no con lo acontecido”.
Sin embargo, no han recibido información acerca de lo sucedido con un quinto autobús identificado como parte de los vehículos involucrados en el ataque a los estudiantes, aunque de acuerdo con las autoridades de México, la existencia de este y su recorrido está siendo investigado por la PGR.
Teléfonos móviles de los estudiantes
La investigación realizada por el GIEI sobre el caso Ayotzinapa arrojó que nueve de los teléfonos celulares de los normalistas desaparecidos tuvieron actividad posterior al ataque del que fueron víctimas, e incluso uno de ellos fue encontrado, en manos de un funcionario de seguridad pública estatal, hechos que no han sido esclarecidos por el Estado Mexicano.
Como respuesta a este señalamiento, de acuerdo con el informe, las autoridades mexicanas señalaron que continúan con el análisis que permita el esclarecimiento de estos indicios.
Obstrucciones a la investigación
El Mecanismo de Seguimiento informó que se han presentado denuncias por irregularidades de la investigación del caso, principalmente sobre las diligencias realizadas en el Río San Juan, lugar en el que se reportó el hallazgo de una bolsa con un fragmento óseo, del único estudiante identificado a la fecha.
Otras irregularidades de esta diligencia documentadas por el GIEI fueron el interrogatorio a un detenido sin la presencia de su abogado, los indicios de tortura contra esta persona, que se encontraba bajo custodia, y el descarte superficial de evidencia, todo ello, sin registro en el expediente.
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Estas acusaciones, de acuerdo con la Comisión, están siendo investigadas por la PGR.
La CIDH expresó su reconocimiento “a la resiliencia y fuerza de las víctimas”, y lamentó el fallecimiento de la señora Minerva Vello, y de Irene Mora Venancio, “quienes no pudieron ver a sus familiares desaparecidos”.
Finalmente, el Mecanismo de Seguimiento se comprometió a continuar pendiente del curso de la investigación y esclarecimiento de los hechos, así como de la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
Consulta el Informe de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa realizado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
