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Especial
Los 20 millones decomisados en CDMX tenían como destino el PRI, confirma orden de entrega
El documento asegurado a las dos personas que fueron detenidas detalla como domicilio de entrega del dinero la Avenida Insurgentes Norte número 59, colonia Buenavista, dirección que corresponde a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Especial
Por Arturo Angel y Francisco Sandoval
26 de junio, 2018
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Los 20 millones de pesos que fueron decomisados ayer por policías capitalinos en el centro de Ciudad de México sí tenían como destino final el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, como lo confirma la orden de entrega de la empresa de traslado de valores de donde salieron los recursos. El dinero era trasladado además en una camioneta registrada a nombre del apoderado legal de la empresa Gas Express Nieto.

El documento asegurado a las dos personas que fueron detenidas y al que tuvo acceso Animal Político, denominado “Comprobante de servicio Valores en Tránsito” expedido por  la empresa Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores SA de CV, detalla como domicilio de entrega del recurso la Avenida Insurgentes Norte número 59 colonia Buenavista.

Dicha dirección corresponde a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el norte de la capital.

Leer: Detienen a dos personas con 20 mdp; declararon dirigirse al CEN del PRI, pero este partido rechaza la acusación

El referido documento también detalla que el dinero estaba distribuido en tres envases sellados con los números de serie A4188678, A4188631 y A4188684. En las fotos difundidas el día de ayer del decomiso justamente se aprecia el dinero distribuido en tres paquetes con los sellos de la mencionada empresa de seguridad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orden de entrega muestra como remitente la dirección Nadadores 28 que como se puede apreciar en la página de la empresa de traslado de valores sí corresponde a su dirección. El documento además está firmado por Katia Díaz.

Animal Político también tiene copia de una credencial mostrada por una de las dos personas detenidas con el dinero, de nombre Oscar Castañeda Villanueva, que lo acredita como supervisor de la referida compañía.

Tanto Castañeda como la persona que lo acompañaba, y el dinero decomisado,  fueron trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Camarones donde se continúa con las investigaciones.

De igual forma fue trasladado a dicha fiscalía la camioneta en donde se trasladaban los recursos, que es una Lincoln Navigator modelo 2010 placas 388YMX y que está registrada a nombre de Rodrigo Moya Rosas, quien de acuerdo con diversas notas en internet fungía como representante legal de la empresa Gas Express Nieto.

Este aseguramiento ocurre a cuatro días de que tenga lugar la jornada electoral del 1 de julio, en donde se elegirá entre otras cosas a presidente de la República, jefe de gobierno de Ciudad de México y se renovará el Congreso.

Hallazgo y detención

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades los hechos ocurrieron ayer a las 11 y 20 de la mañana en el cruce de Isabel la Católica e Izazaga, colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc.

En dicho sitio policías adscritos a la Jefatura del estado Mayor Policial de la Subsecretaría de Control de Tránsito de Secretaría de Seguridad Publica, que tenían instalado un filtro de seguridad, le marcaron el alto a la referida camioneta de color blanco para practicarle una inspección.

Al verificar el vehículo los policías encontraron los paquetes con el dinero en efectivo en la parte trasera. Los ocupantes de la camioneta, Castañeda Villanueva de 44 años y Jorge Alan Torres Alemán de 32 años dijeron informalmente a los agentes que el dinero lo iban a entregar en la sede del PRI y mostraron la orden de traslado ya descrita.

Pero a juicio de los policías eso no acreditaba la legal procedencia del dinero ni su traslado en una camioneta que no estaba rotulada a nombre de la compañía, sino que más bien se trataba de un auto de uso particular.

Por lo anterior decidieron detener a los dos hombres y asegurar el dinero para trasladarlo a la delegación metropolitana de PGR. Esto ante la presunción de un posible delito de lavado de dinero o lo que resulte.

Como parte de las acciones posteriores a la detención, la Secretaría de Seguridad Pública verificó los antecedentes penales de los dos detenidos sin encontrar registro de alguna detención previa.

En tanto se revisó el historial del vehículo y se descubrió que el mismo estaba registrado a nombre de Rodrigo Moya Rosas, con una dirección en Bosque de las Lomas, delegación Miguel Hidalgo.

De acuerdo con una verificación en fuentes abiertas hecha por las propias autoridades Moya Rosas figura como representante legal de la empresa Gas Express Neto. El mismo dio varias declaraciones públicas cuando dicha empresa se vio envuelta en un accidente derivado de la explosión de una de sus pipas en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa en enero de 2015.

¿Qué sigue?

La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un plazo máximo de 48 horas, que comenzó a correr desde la tarde de ayer, para recabar la declaración de las personas detenidas y determinar su situación jurídica.

Si el Ministerio Público a cargo del caso considera que el origen y traslado del dinero se acredita legalmente con la declaración que brinden los detenidos, o con la información que aporten sus abogados, podría dejarlos en libertad y regresarles los recursos.

En caso contrario deberá remitir ante un juez de control a los implicados para solicitar que se abra un proceso por el posible manejo de recursos ilícitos y se autorice un plazo de investigación.

Otra opción es que la PGR deje en libertad bajo reservas de ley a los dos hombres mientras se continúa con las indagatorias, pero que a su vez mantenga el dinero asegurado.

El único comentario oficial emitido por la PGR hasta la noche de ayer por este caso era que se solicitaron peritos en materia de contabilidad para el conteo del dinero y revisar en detalle el asunto a efecto de definir la situación jurídica de los implicados.

El PRI y su candidato en CDMX niegan estar relacionados con el dinero

Cabe señalar que ayer mismo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de un comunicado negó expresamente tener relación con el dinero asegurado y pidió que se realice una investigación a fondo del tema.

Durante su cierre de campaña, el candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola también se deslindó de la detención de dos personas que transportaban 20 millones de pesos rumbo a las instalaciones del Comité Nacional de ese partido.

En un foro sobre la revocación de tenencia vehicular, celebrado este miércoles, Arriola aseguró que no tiene nada que ver con estos hechos.

“Yo no tengo ninguna opinión, me parece más un ardid político que una cosa que tenga elementos, pero eso lo tendrá que procesar el Ministerio Público”, dijo.

Dueño de la camioneta dice la vendió hace tres años

El abogado Rodrigo Moya, quien de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades aparece como propietario de la camioneta en la que eran trasladados los 20 millones de peso,  negó cualquier relación con estos hechos y sostiene que había vendido el vehículo hace tres años.

En una carta aclaratoria dirigida a Animal Político, el abogado asegura que la operación de compraventa del vehículo se realizó 29 de mayo de 2015 y añade que era responsabilidad del comprador (a quien no identificó) el realizar el cambio de propietario así como asumir cualquier repercusión legal sobre su uso.

Cabe señalar que el escrito no se acompañó de algún documento que sustente la referida operación de compra del vehículo. A continuación se reproduce íntegramente el contenido de la carta:

Con información de Claudia Altamirano.

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Masacre en Christchurch: 5 razones por las que EU no puede prohibir armas tan rápido como Nueva Zelanda
Después de un tiroteo en dos mezquitas de Nueva Zelanda, este país anunció la prohibición de los rifles de asalto. La medida contrasta con la reacción de los políticos en EE.UU. ante los tiroteos masivos.
24 de marzo, 2019
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Guns

Getty Images

Seis días después del ataque a dos mezquitas de Christchurch, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la prohibición de los rifles semiautomáticos “estilo militar”.

Y la noticia inmediatamente generó todo tipo de preguntas en Estados Unidos.

A pesar de que en los últimos años en el país se han producido varios tiroteos masivos. en EE.UU. se ha avanzado poco en las reformas de control de armas, especialmente a nivel federal, a pesar de que numerosas encuestas muestran un apoyo público generalizado hacia la implementación de medidas como una verificación reforzada de antecedentes y la prohibición de ciertos tipos de rifles de asalto.

El gobierno de Donald Trump prohibió el uso de bump stocks, unos dispositivos que hacen que las armas semiautomáticas puedan disparar ráfagas mucho más rápidas, como si fueran ametralladoras, y se han hecho algunos ajustes a las bases de datos de verificación de antecedentes para las compras en tiendas de armas.

Y en marzo pasado, Trump pareció considerar la posibilidad de una legislación más ambiciosa y “exhaustiva”, diciéndole a los senadores que los lobistas a favor de las armas tenían poca influencia sobre él.

Pero de este entonces el presidente no ha vuelto a tocar el tema.

Trump con un arcabuz

Getty Images
Trump ha hablado de una legislación más exhaustiva y ambiciosa. Pero hasta el momento no ha actuado.

Ahora, una de las razones por la que Nueva Zelanda ha podido actuar con rapidez, es que es una democracia parlamentaria, lo que garantiza que el gobierno esté controlado por un partido o una coalición políticamente compatible.

Sin embargo, esa no es la única explicación de por qué EE.UU. ha seguido un curso diferente.

Aquí te explicamos cinco grandes obstáculos que se interponen en el camino de EE.UU. para realizar cambios importantes en la política de armas de fuego.


1. La Asociación Nacional del Rifle (NRA)

La Asociación Nacional del Rifle es uno de los grupos de interés más influyentes en la política de EE.UU., no solo por el dinero que gasta en presionar a los políticos, sino también por el nivel de compromiso de sus cinco millones de miembros.

La NRA se opone a la mayoría de las propuestas para fortalecer las regulaciones sobre armas de fuego y está detrás de los esfuerzos a nivel federal y estatal para revertir muchas restricciones existentes sobre la posesión de armas.

Una mujer en un evento de la NRA

Getty Images
La NRA sigue siendo el actor más influyente en el debate sobre armas de fuego.

En 2016, la NRA gastó US$4 millones en cabildeo y en contribuciones directas a políticos, así como más de US$50 millones en campañas políticas, incluidos aproximadamente US$30 millones para ayudar a elegir al presidente Donald Trump.

Su presupuesto anual es de aproximadamente US$250 millones, que se destinan a programas educativos, eventos para sus miembros, patrocinios, defensa legal y esfuerzos relacionados.

Y, más allá de los números, la NRA es conocida en Washington como una fuerza política capaz de encumbrar o derribar incluso a los políticos más poderosos.

La asociación califica a los políticos según sus votos y utiliza sus recursos y los de sus miembros -tanto financieros como organizativos- para apoyar a sus más fieros defensores y derrotar a sus oponentes más tercos.

Trump hablando en un evento de la NRA

Getty Images
Trump dice que no le tiene miedo a la NRA. Pero hasta el momento no lo ha demostrado.

¿Podría cambiar? Los grupos a favor de un mayor control de armas, respaldados por benefactores ricos como el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se han organizado más en los últimos años, intentando igualar el poder político de la NRA.

De hecho, en 2018, gastaron más que la NRA en las elecciones de medio periodo, en las que algunos demócratas prominentes a favor del control de armas ganaron reñidas contiendas.

Paralelamente, sus ingresos en 2017 se redujeron en US$56 millones, en su mayoría por una disminución de las cuotas de afiliación. Sin embargo, ese año la NRA recaudó US$ 378,1 millones, lo que garantiza seguir siendo el actor más influyente en el debate sobre armas de fuego.

2. Distribución de los votantes

Por primera vez en ocho años, los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes del congreso de EE.UU., y sus éxitos en las elecciones de medio término de 2018 se concentraron sobre todo en distritos suburbanos anteriormente bajo control de los republicanos.

En Atlanta, por ejemplo, un activista del control de armas se impuso en una de las elecciones más reñidas, derrotando al anterior representante republicano.

Sin embargo, en lo que se refiere a la Cámara las perspectivas electorales todavía se inclinan hacia los republicanos, que tienden a apoyar la posesión de armas.

Miembros de la Cámara de Representantes sentados en el suelo para exigir acción en materia de legislación sobre las armas.

AFP
Miembros de la Cámara de Representantes sentados en el suelo para exigir acción en materia de legislación sobre las armas.

Debido a la forma en que se trazan las líneas de los distritos de los que salen los elegidos de la Cámara de Representantes, hay más asientos que se inclinan hacia la derecha que hacia la izquierda, lo que podría devolverle el control de la Cámara a los conservadores.

La demografía también juega un papel importante en la inclinación pro-armas de la Cámara, ya que en la misma hay más distritos rurales, que tienen mayores niveles de propiedad de armas, que distritos urbanos.

Por el momento, sin embargo, la iniciativa la tienen los demócratas, y 2019 los defensores del control de armas en la Cámara lograron dar un importante paso hacia adelante aprobando un proyecto de ley que requiere una verificación exhaustiva de los antecedentes para las ventas privadas de armas, incluidas las que se realizan en eventos de demonstración.

Anteriormente, el requisito de contrastar el nombre de los compradores de armas con una base de datos federal se limitaba solo a los distribuidores de armas registrados.

¿Podría cambiar? Con elecciones cada dos años y un electorado estadounidense que ha demostrado ser inconstante, la puerta a la reforma de la legislación sobre armas podría cerrarse de nuevo sin previo aviso.

3. Obstrucción en el Senado

El Senado es el mayor obstáculo para el éxito legislativo del control de armas.

Los estados dominados por votantes de grandes ciudades, como Nueva York, Massachusetts o California, son superados en número por los estados rurales y del sur, con inclinaciones pro-armas.

Y las reglas del Senado también pueden frustrar los esfuerzos para promulgar una regulación de armas más estricta, gracias a un mecanismo que en EE.UU. se conoce como “filibuster”.

Manifestantes pro-armas en EE.UU.

Getty Images
Los estados con inclinaciones pro-armas son mayoría en el Senado.

Se trata de un obstáculo que implica que la mayoría de leyes importantes necesitan el respaldo de 60 de los 100 senadores para aprobarse, en lugar de una mayoría simple, que vendrían a ser 51 votos.

En 2013, después del tiroteo en una escuela de Newtown, Connecticut, parecía que los esfuerzos para fortalecer las verificaciones de antecedentes para comprar armas tenían el apoyo de ambos partidos en el Senado.

Sin embargo, el proyecto de ley recibió solo 56 votos a favor, cuatro menos de los necesarios para romper la obstrucción.

Desde entonces, ninguna medida de control de armas ha estado tan cerca de aprobarse. Y, por el momento, parece poco probable que el Senado apruebe el proyecto de ley de verificación de antecedentes aprobado por la Cámara, a pesar de que todo sugiere que una pequeña mayoría de senadores votaría a su favor.

¿Podría cambiar? Trump se ha manifestado a favor de acabar con el “filibuster” del Senado, y varios posibles candidatos presidenciales demócratas han hecho pedidos similares. Sin embargo, la mayoría de los senadores se oponen a cambiar las reglas.

4. Las cortes

Ante el estancamiento del tema en el Congreso, los estados de EE.UU. inclinados a la izquierda han desempeñado un papel más importante en la implementación de medidas de control de armas.

Después del tiroteo de Newtown, Connecticut, en 2012, 21 estados aprobaron nuevas leyes de armas, incluida la prohibición de armas de asalto en Connecticut, Maryland y Nueva York.

Pero algunas de las leyes se han topado con otra barrera: el sistema judicial de EE.UU.

protesters in front of the Supreme Court in 2008

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Protesters in front of the Supreme Court in 2008

En los últimos años, el Tribunal Supremo ha dictaminado dos veces que el derecho a poseer armas personales, como pistolas, está consagrado en la constitución de EE.UU.

La Segunda Enmienda dice que “al ser una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de la gente a portar armas no debe ser vulnerado”.

Y aunque los activistas de control de armas apuntan a la cláusula introductoria como evidencia de que la enmienda estaba destinada principalmente a crear una milicia “bien regulada”, en 2008 un tribunal muy dividido concluyó que la Segunda Enmienda garantiza un amplio derecho a la posesión de armas de fuego que prohíbe la imposición de requisitos estrictos de registro de armas personales.

Desde entonces, los tribunales inferiores han tenido que considerar demandas contra las prohibiciones de armas de asalto, contra los requisitos de registro y contra las prohibiciones de portación visible, impuestas por algunos estados.

'U mad bro'?

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La batalla también se da en las cortes.

¿Podría cambiar? Los jueces nombrados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, históricamente han hecho una interpretación amplia de los derechos de la Segunda Enmienda. Y el presidente está llenando las filas de los tribunales inferiores con jueces a favor de las armas. Si acaso, el poder judicial se está moviendo hacia la derecha en este tema.

5. La diferencia de entusiasmo

Quizás el mayor obstáculo para promulgar nuevas leyes de control de armas a nivel nacional es que los opositores tienden a defender sus creencias con fiereza, mientras que el apoyo a la nueva regulación tiende a ir y venir con cada episodio de violencia.

La estrategia de la NRA, y la de los políticos pro-armas, es esperar a que amaine la tormenta y retrasar los esfuerzos legislativos hasta que la atención se desvíe y el clamor se desvanezca.

Los políticos a favor de las armas de fuego ofrecen sus pensamientos y oraciones, observan momentos de silencio y ordenan que las banderas ondeen a media asta. Luego, en silencio, los esfuerzos legislativos se atrasan y finalmente son descarrilados.

Protesta a favor del control de armas

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Los esfuerzos por un mayor control de arman suelen ir y venir con los episodios de violencia.

Las protestas masivas dirigidas por estudiantes después del tiroteo en la escuela Parkland, ocurrido en febrero de 2018, centraron la atención en el tema durante un tiempo.

Pero luego las marchas se apagaron y los cambios en las leyes sobre armas de fuego, al menos a nivel federal, fueron mínimos.

Poco después del tiroteo de Las Vegas de octubre de 2017, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, le dijo a los periodistas que “hay un momento y lugar para un debate político, pero ahora es el momento de unirnos como país”.

“Hablaremos de las leyes sobre armas de fuego cuando pase el tiempo“, dijo Trump luego.

Y como dice la canción de la película Casablanca con un título parecido, todo sigue siendo la misma vieja historia.

¿Podría cambiar? Según una encuesta realizada durante la campaña presidencial de 2016, las armas de fuego fueron un tema importante tanto para los demócratas como para los republicanos. Este resultado podría ser reflejo del tiroteo masivo ocurrido ese año en un club nocturno de Orlando o el primer indicio de una nueva tendencia.


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