Un mes después de los sismos de septiembre en México, el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, visitó Paredón, en Chiapas. Se tomó selfies con los niños, les ofreció becas y se comprometió a reparar los daños. “Ninguna escuela afectada por los sismos quedará sin reconstruir”, dijo ante los maestros.
No fue cierto, no para todos y ni siquiera hay claridad sobre cuántas escuelas sufrieron daños y qué tan serios fueron. Además, hasta el 31 de mayo pasado apenas se habían hecho contratos por una décima parte del presupuesto asignado para las escuelas, el más grande del Fondo de Desastres Naturales (Fonden); y el 93% de los contratos se han seguido otorgando por adjudicación directa, incluso después de que la Secretaría de Gobernación determinara el fin de la emergencia.
Primero, antes de que se cumplieran tres meses de los sismos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya había reducido en el papel el número de escuelas clasificadas con daños graves, sin que hubieran recibido atención ni una evaluación adecuada.
De las tres escalas de daño que se consideraron en septiembre –verde para las escuelas sin daños o con daños leves, ámbar para las de daño parcial, y rojo para las que tuvieron daño grave–, en octubre la cifra de las escuelas consideradas con “daño grave” se redujeron a menos de la mitad en los estados donde hubo afectaciones y a solo nueve planteles en la Ciudad de México.
Y de estas últimas nueve, para mayo y junio solo una había sido demolida por completo para ser reconstruida. Las otras apenas habían sido reconstruidas parcialmente o, incluso, tenían reparaciones menores.
Peor aun, un documento elaborado entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre de 2017 por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que coordinó la revisión de las escuelas en la capital, había definido inicialmente que eran 233 las escuelas con daños graves, un número 25 veces mayor al que después anunciaría la SEP.
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), desconcentrado de la SEP, informó que este cambio se debía a que en las siguientes revisiones se demostró que no era necesario reconstruirlas totalmente tras una revisión con expertos, aun cuando no emitieron un nuevo dictamen público.
Pero lo cierto es que esas primeras revisiones –entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre– ni siquiera fueron hechas por un corresponsable en seguridad estructural, el experto en estructuras, según lo exige el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, que especifica que: “Se debe registrar ante la Administración una Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco años o después de un sismo cuando la misma lo determine, en la que un Corresponsable en Seguridad Estructural haga constar que dicha construcción se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad”.
El ingeniero Renato Berrón, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones lo confirmó: “La SEP no cumplió con ese requisito del reglamento”. Sin ello, no hay garantía que las escuelas hayan sido evaluadas como lo requieren.
Hoy, nueve meses después del sismo en el país hay 2 mil 916 planteles que todavía no reciben atención, el 14.5% del total de las escuelas con daños, según el Instituto de Mexicano de la Competitividad (Imco) y datos públicos de Fonden, el programa Escuelas al CIEN, fundaciones y algunos de los estados.
Los cambios en el número de escuelas afectadas no terminó en 2017. En marzo pasado, tres meses antes de las elecciones presidenciales, el Inifed aumentó sin explicación la lista de escuelas con daños menores y parciales de 18 mil a 20 mil planteles en todo el país, y con ellos, las asignaciones económicas para su reconstrucción, como confirmaron en entrevista.
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Fuentes: SEP, Inifed, Fonden, Estados.
Contradicciones en los dictámenes
Cuando a finales de septiembre el ingeniero civil Eugenio Santín Blasco revisó la primaria Leonismo Internacional, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, consideró que la estructura no tenía daños graves visibles y entregó un dictamen en verde.
A la vez, un director responsable de obra (DRO), un profesional certificado, visitó la primaria Ángel Albino Corzo, que queda en la parte de atrás de la Leonismo Internacional, y entregó un dictamen en ámbar, que implicaba daños parciales sin necesidad de reconstrucción.
Unos días después, el 4 de octubre, el ingeniero y arquitecto Juan Carlos Martínez, también DRO, escribió en el dictamen que el mismo edificio presentaba “asentamiento o hundimiento y daños en los muros” y cambió el color del diagnóstico a rojo.
Los tres dictámenes se referían al mismo edificio que comparten las dos escuelas: en la primera planta opera la Leonismo Internacional, y en la segunda trabajan los alumnos de la Ángel Albino Corzo.
Carmen Ordax, madre de una alumna de la Leonismo Internacional, cuenta que los papás se escandalizaron.
–Entonces, ¿llegaron a tener tres dictámenes: uno verde, uno ámbar y uno rojo?
–No… tenemos como 10 dictámenes –responde Ordax mientras busca las fotos de los daños en su celular.
Después de ver la ambigüedad de las evaluaciones, los padres pidieron más revisiones a la SEP, a la Delegación y al Instituto de la Seguridad de las Construcciones, pero tampoco ellos se pusieron de acuerdo y ahora ni siquiera aparece la categoría de daños del plantel en la plataforma de reconstrucción de la Ciudad de México.
El sismo puso en evidencia que ni la SEP, ni el INIFED, ni los gobiernos estatales contaban con un protocolo de actuación para revisar las escuelas que habían resultado dañadas.
En el caso de la Ciudad de México, en pocas horas, las autoridades locales determinaron que la primera evaluación postsismo de todos los inmuebles sería ocular y tendría dos hojas: una con los datos de la escuela y el estado del edificio, y otra con una recomendación sobre si era necesaria o no una revisión más a fondo. Al final, había un apartado donde se decidía el color del semáforo. Si la escuela estaba en verde, entregaban un dictamen de seguridad estructural gratuito que permitía pegarlo en la puerta y retomar las clases. Si no, implicaba hacer obras antes de reabrir.
El 27 de septiembre, ante los miembros del gabinete legal y ampliado, gobernadores, representantes empresariales y medios de comunicación, el secretario de Educación Pública anunció que en el país había 577 escuelas con daños graves que necesitaban reconstrucción total.
La danza de cifras sobre el número total de escuelas dañadas continuó. Apenas había pasado una semana desde el sismo, y todo parecía indicar que serían muchas más. Nuño pidió paciencia y aseguró que se contaba con los recursos para la reconstrucción. Pero en menos de un mes, sin haber comenzado ninguna obra ni haber ofrecido ninguna explicación, se redujo la lista de escuelas con daños graves a 210, menos de la mitad.
De un plumazo, las otras 367 escuelas que, según el primer reporte, necesitaban ser demolidas por el deterioro en su estructura desaparecieron del mapa de la reconstrucción y pasaron a engrosar las listas de reparaciones parciales o trabajos menores.
En la Ciudad de México fue similar.
El excomisionado para la Reconstrucción en la Ciudad de México, Ricardo Becerra, dijo que la desconfianza entre la población era grande y cada persona quería un dictamen que le diera certeza de la seguridad de su escuela. Así, unos pedían dictamen a la delegación, otros a Protección Civil de la Ciudad de México y otros contrataban uno particular, y cada uno resultó con evaluaciones de varios DRO con distintos grados de daños.
Al igual que en la Leonismo Internacional, en octubre, un grupo de papás de la escuela República Popular Socialista de Albania, en Iztapalapa, decidió no llevar a sus hijos a clase porque desconfiaban de los dictámenes de seguridad estructural que había en las puertas.
A ellos se fueron sumando otros colegios, como la primaria Holanda, también en Iztapalapa, o la secundaria técnica 41, en la delegación Gustavo A. Madero, donde los padres denunciaron que habían recibido un dictamen favorable pese a que las escaleras estaban fracturadas y el edificio de la dirección hundido.
El cambio en los dictámenes de daños de las escuelas no se limitan a estos casos.
Inifed recibió los dictámenes de los DRO coordinados por Seduvi, pero en sus comunicados oficiales mostró resultados diferentes. Eso sembró dudas entre algunas comunidades escolares sobre por qué, cómo y quién había tenido la última palabra sobre cuál era el dictamen válido.
El jefe de la oficina de enlace institucional del Inifed, Luis Fernando Domínguez, explicó que al principio se registraron más escuelas con daños graves porque los DRO prefirieron hacer diagnósticos conservadores. “En ese momento de crisis de las primeras semanas, ningún DRO jugaba en la rayita. Por así ponerlo, jugaba en la raya de decir: ‘Si es verde, yo lo pongo en ámbar. Yo no voy a ser quien lo ponga en verde, no vaya a ser que pase una tragedia’”, señala.
Lo que no explica es que las revisiones se hicieron en menos de un mes, de forma voluntaria y no todas contaron con el experto que indica la ley.
Al solicitar los dictámenes de evaluación de las escuelas a distintas dependencias locales y federales, incluidas la SEP, Inifed, Seduvi y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, todas alegaron que no era de su competencia y que no contaban con tales registros, pese a que Seduvi se encargó de concentrarlos y de entregarlos a la SEP. Fue la Autoridad Educativa Federal para la Ciudad de México, órgano descentralizado de la SEP, la que entregó vía la ley de transparencia más de mil 200 páginas de dictámenes de escuelas de la Ciudad de México, con el logotipo de la Secretaría de Obras local. “Ellos son los competentes en materia de obras, nosotros en educación”, explicaron en Educación Pública.
Infografía con la variación de escuelas con daños
Una revisión sin el experto indicado
El problema comenzó a hacerse visible cuando las personas intentaron regresar a la normalidad. Los padres de familia no podían llevar a sus hijos a las escuelas porque estaban cerradas por falta de evaluación o tenían daños visibles y no las consideraban seguras, según los testimonios de padres de familia entrevistados.
Para finales de septiembre, cuando la SEP e Inifed comenzaban a dimensionar los daños que habían sufrido las escuelas, era ya difícil generar algún tipo de certidumbre entre los padres. A diferencia de otros estados, en la Ciudad de Mexico, el gobierno federal está a cargo de la infraestructura educativa. Aunque al inicio los reportes de daños eran bajos, con el tiempo se sabría que en la Ciudad de México 1,830 escuelas, el 65%, tuvieron algún tipo de afectación, según publicó Inifed.
Ante las protestas de algunos padres, Luis Ignacio Sánchez Gómez, administrador federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, aseguró que todas las escuelas de la capital serían revisadas por un DRO, que verificaría que las construcciones estén apegadas a las normas vigentes.
El Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México es claro: después de un sismo, las escuelas deben ser revisadas por un corresponsable en seguridad estructural, un profesional que posee un grado de especialidad mayor. Pero esto no fue así. Como indica Berrón, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, “era imposible que se revisaran todas”.
La razón es que en la Ciudad de México sólo hay 102 corresponsables de seguridad estructural con cédula vigente, que resultaron insuficientes para atender los 2,800 planteles. Sin embargo, a nueve meses después de los sismos, esas revisiones siguen sin hacerse.
El DRO es como un ‘médico general’ de las edificaciones, explica Berrón. “Si la ve mal o enferma, el médico puede dar una receta, pero no le puede dar una constancia de salud. Es lo mismo con los edificios. La constancia de salud se llama constancia de seguridad estructural. Pero hay muchos planteles educativos, a mí me consta, que no cumplen con las especificaciones del reglamento porque están muy deteriorados. En su gran mayoría vamos a encontrarle algo a las escuelas”.
“Para la emergencia había que echar mano de todo el mundo, de quien quisiera ayudar”, explica el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Francisco García. “El DRO tiene un conocimiento general de todo”, dice, pero cuando la construcción tiene una importancia mayor, como las escuelas, “se requiere a un corresponsable en seguridad estructural para que apoye al DRO en la supervisión de esa obra. Esto es por reglamento”.
Contratos a discreción
En un cálculo definitivo, la SEP anunció que la reconstrucción de las escuelas costaría 20 mil millones de pesos.
Las escuelas recibieron 9 mil 116 millones de pesos del Fonden, el rubro que más recursos obtuvo, por encima incluso de vivienda. La SEP contó además con 6 mil 731 millones de pesos del programa Escuelas al CIEN, que sustituyó los planteles programados para recibir atención por los que resultaron afectados por el sismo; y 700 millones de pesos del Programa Reforma Educativa (PRE), que se han destinado a los planteles con daño menor.
Además, se esperaba que los seguros de atención de daños compensaran las pérdidas con al menos mil 800 millones de pesos, de un total de daños de 20 mil millones de pesos. Sólo podrán cobrarse en 7 mil de las 20 mil escuelas dañadas, debido a que en algunos casos, los daños son más bajos que el costo del decucible, explicó el Inifed.
Sin embargo, en estos nueve meses sólo se ha hecho contratos por una décima parte de ese presupuesto, según el portal de compras públicas Compranet. Hasta el 31 de mayo apenas había 912 contratos por 1,667 millones de pesos. El 93% había sido entregado a empresas por adjudicación directa y sólo en 17 casos se celebró una licitación pública, como se reporta en Compranet.
Aunque la emergencia permitía hacer contratos por adjudicación directa, para mediados de marzo, cuando iniciaban las campañas, la Secretaría de Gobernación ya había dado por terminada la emergencia en la mayoría de las entidades afectadas. Pese a eso, en los meses siguientes se hicieron 80 adjudicaciones directas más.
Además, la póliza de seguro contratadas por la SEP con la empresa Grupo Mexicano de Seguros S.A. de CV sólo se ha podido cobrar en 7,000 planteles, de un total de 20,000 escuelas con daños, explica Domínguez, el funcionario del Infed. “En los planteles con daño menor, ni siquiera es válido o posible tratar de cobrar alguna indemnización, ya que no rebasan el valor del deducible”, señala. Sin embargo, hasta marzo, sólo había dinero de la aseguradora para 736 escuelas por 648.9 millones de pesos, según la información que compartieron a través de una solicitud de transparencia.
Después, la aseguradora es la que contrata directamente a la empresa, por lo que no hay mecanismos de transparencia para rastrear cuáles son las empresas que reciben estos contratos, ni la forma de asignación y cumplimiento de los contratos de obra. “Nosotros seleccionamos el plantel. Validamos técnica y normativamente el proyecto ejecutivo”, dice Domínguez.
Costo de la intervención
*Este reportaje fue realizado por Irene Larraz y Nadia Sanders en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
