El grupo encabezado por el Ingeniero José María Rioboó Martín negó que haya sido favorecido durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, y aseguró que como grupo empresarial siempre ha actuado dentro del marco de la ley y que jamás ha aceptado ni aceptará participar en actos indebidos ni de corrupción.
“Cualquier afirmación en contrario es falsa, malintencionada que, de reiterarse, tendrá que acreditarse y probarse en juicio”, aseguró luego de los señalamientos que hizo durante el tercer debate presidencial Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente.
Anaya afirmó que cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno capitalino, entre 2000 y 2005, le otorgó contratos por 170 millones de pesos, sin pasar por ninguna licitación pública, al contratista José Manuel Rioboó.
En una nota aclaratoria Grupo Rioboo aseguró que durante los años 2000 al 2005, sus empresas participaron en diversos procesos de asignación de contratos públicos, ya fueran licitaciones o asignaciones directas, en los que se participó dentro de las reglas y normas establecidos por quienes solicitaron los servicios de las empresas del grupo, en igualdad de circunstancias y dentro del marco de la ley. “Nuestro actuar siempre ha sido legal”.
De acuerdo con documentación oficial del Gobierno de la Ciudad de México, la compañía Rioboo SA de CV sí recibió, entre 2002 y 2005, cuatro adjudicaciones directas por un monto de 171 millones de pesos, todas para la construcción del Segundo Piso del Periférico, dos de ellas cuando López Obrador ya había dejado el cargo de jefe de Gobierno capitalino.
“Algunos de los clientes del Grupo, fueron varias dependencias del entonces Gobierno del Distrito Federal —con quien se ha trabajado desde 1978 a la fecha, con diferentes administraciones surgidas de diferentes partidos políticos— y con quienes, por más de 40 años, se ha tenido un trato institucional, se participó tanto en procesos licitatorios como en asignaciones directas, sin que recibiera algún tipo de trato preferencial por parte de cualquier autoridad del Gobierno del entonces Distrito Federal; por lo tanto, se niega categóricamente haber recibido algún beneficio o trato preferencial, distinto a los otros participantes”.
Asimismo, Grupo Rioboo señaló que ninguna de sus empresas es contratista y jamás han construido físicamente nada, pues “ninguna se dedica a la construcción”, sus firmas ofrecen exclusivamente servicios de diseño, ingeniería especializada o de gerenciamiento, coordinación o supervisión.
“Las licitaciones y asignaciones directas, realizadas por las dependencias del entonces Gobierno del DF, relacionadas con los viaductos elevados diseñados, nuestros alcances abarcan los estudios topográficos, de mecánica de suelos, sismológicos; los diseños y cálculos geométricos, estructurales, etc. de todos los elementos que lo conforman, así como otros estudios necesarios para asegurar su funcionalidad y su resistencia”.
De acuerdo con Grupo Riobbo, el proyecto del Segundo Piso se otorgó vía asignación directa por parte del gobierno, debido a que resultaba la solución más económica y conveniente al interés público; y esta sólo podía ser otorgada al Grupo debido a que los modelos prefabricados están protegidos por patentes y modelos de utilidad regulados por la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual.
“Por lo anterior, podemos concluir que la asignación realizada por el entonces Gobierno del Distrito Federal fue legal”, destacó.
“Durante toda nuestra vida profesional hemos sido auditados por distintos organismos públicos y privados y siempre hemos cumplido a cabalidad con las normas. Nuestras capacidades técnicas y tecnológicas nos han abierto las puertas tanto en México como en diversas naciones del orbe”.
Hubo un daño a la CDMX: Frente
Voceros de la coalición Por México al Frente y el diputado federal, Jorge Triana, acusaron que López Obrador entregó contratos a Grupo Rioboo, aunque la empresa estuviera inhabilitada.
Tras múltiples auditorías a la empresa del “amigo personal” de López Obrador, acusaron, “se demostró en una de ellas un daño patrimonial a la Ciudad de México por más de 350 millones de pesos”.
En conferencia de prensa, agregaron el señalamiento de un conflicto de interés, y hasta “un posible tráfico de influencias en la asignación de los contratos, pues la esposa de José María Rioboó, Yasmín Esquivel, fue designada como magistrada y, eventualmente como presidenta del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.
Por último, acusaron que fue creado un “Fideicomiso para evadir la Ley de Adquisiciones y de Obra Pública, tan sólo para uno de los contratos de adjudicación directa a Rioboó, se le hicieron cinco convenios modificatorios, para bajar el monto inicial de 200 millones a 170, pero el diferencial nunca se regresó a las arcas de la Ciudad de México.
