Sagarpa repite La Estafa Maestra en 2017, pero ahora contrata a personas para desaparecer el dinero
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Sagarpa repite La Estafa Maestra en 2017, pero ahora contrata a personas para desaparecer el dinero

A diferencia de 2014, cuando las universidades subcontrataron a empresas, esta vez, la Universidad de Zacatecas contrató a 25 personas para que cumplieran las actividades, pero nunca se presentaron a trabajar durante todo el año que tenía vigencia el convenio.
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30 de junio, 2018
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La Secretaría de Agricultura repitió el esquema de La Estafa Maestra en 2017 al hacer un convenio con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas para supuestamente apoyar en actividades operativas de la dependencia y, aunque ésta vez no subcontrató a empresas fantasma sino a 25 personas, los servicios tampoco se cumplieron.

Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación en el primer informe de la Cuenta Pública 2017 entregada este viernes 29 de junio y en el que por quinto año consecutivo pone en evidencia la operación de este esquema de desvío de recursos públicos.

La dependencia, a cargo de Baltazar Hinojosa Ochoa, firmó el contrato DGRMIS-007/17 con la Universidad el 16 de enero de 2017, por 8 millones 155 mil pesos para que diera “apoyo a la infraestructura tecnológica para soportar la operación de los programas institucionales”.

Dicho contrato fue posible gracias a la excepción al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que permite la contratación de organismos de la administración pública por parte de dependencias sin que exista una licitación de por medio.

Aunque esta excepción está pensada para servicios como estudios, evaluaciones de programas que, por ejemplo, puede realizar alguna Universidad, la Auditoría ha señalado que en realidad se ocupa para el desvío de recursos públicos.

En el caso de este contrato, a diferencia de 2014, cuando las universidades subcontrataron a empresas, esta vez, la Universidad de Zacatecas contrató a 25 personas para que cumplieran las actividades, pero nunca se presentaron a trabajar durante todo el año que tenía vigencia el convenio y, por lo tanto, los servicios no se cumplieron.

Lee: La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público 

“No es posible comprobar que los prestadores de servicios profesionales de la Universidad se presentaran en las instalaciones de la Sagarpa y ejecutaran las labores definidas en el anexo técnico durante la vigencia del contrato”, advirtió la Auditoría.

Por lo tanto, concluyó: “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8 millones 155 mil pesos por los pagos injustificados realizados”.

El convenio incluía 41 actividades operativas, administrativas; administración de usuarios, gestión de tickets y seguimiento de las tareas realizadas por terceros, a fin de garantizar la continuidad operativa de la Secretaría.

Pero en la revisión de los reportes de actividades, la Auditoría confirmó que solo una de las 41 actividades estipuladas fue ejecutada y autorizada adecuadamente para los meses evaluados.

En 20 casos más, las actividades reportadas como realizadas por los supuestos prestadores de servicio, no coinciden con los comprobantes entregados por la dependencia.

Aunque la dependencia hizo 13 pagos durante todo el año a la Universidad que sumaron los más de 8 millones de pesos estipulados en el convenio, ni siquiera existe certeza de las actividades supuestamente pagadas.

La Auditoría no pudo validar la formación laboral de las 25 personas contratadas porque no se proporcionó el Curriculum Vitae y siete de ellos ni siquiera cumplen con la formación académica y conocimientos necesarios para desempeñar las actividades asignadas.

Esto demuestra que la Sagarpa “no realizó la validación previa de los perfiles del personal de la Universidad, lo que provoca que las actividades desarrolladas no se realicen con la calidad esperada”.

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Qué se sabe del hombre detenido tras apuntar con una pistola a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina

En el momento en que lo atraparon, trató de huir, pero lo agarraron de la camisa cerca del edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner
2 de septiembre, 2022
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Un ciudadano brasileño identificado como Fernando André Sabag Montiel apuntó con un arma a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el jueves por la noche, según confirmó la policía.

Poco después, el hombre fue detenido por la policía.

Imágenes difundidas por canales de televisión del país muestran el momento en el que un sujeto con una pistola apunta a Kirchner al llegar a su residencia del barrio de Recoleta tras una sesión en el Senado.

No están claras de momento las motivaciones ni las circunstancias detrás del suceso que el oficialismo ha presentado como un “intento de magnicidio”.

En las imágenes parece que el individuo aprieta el gatillo sin que el arma funcione.

Montiel, de 35 años, portaba una pistola Bersa 380 -fabricada en Argentina- cargada con cinco balas, según informó la Policía Federal.

La acción del hombre, que vestía una gorra negra y un cubrebocas, llamó la atención de los simpatizantes de la expresidenta que lo agarraron en medio de la multitud, según muestran imágenes de emisoras locales.

En el momento en que lo atraparon, cerca del edificio donde vive Fernández, trató de huir, pero lo tomaron por la camisa.

El hombre fue detenido y trasladado a una comisaría de la ciudad de Buenos Aires.

La agencia estatal Télam indicó más tarde que el sospechoso fue llevado a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina en el barrio de Villa Lugano para su interrogatorio.

sspechoso

RENAPER

“La pistola no funcionó”

Según fuentes policiales, ya había sido detenido por la policía en marzo de 2021 cuando portaba un cuchillo.

El presidente Alberto Fernández pronunció un discurso en la televisión nacional poco después del ataque en el que aseguró que el arma tenía cinco balas y que Fernández está viva porque la pistola no funcionó.

El mandatario decretó festivo este viernes tras lo ocurrido.

Cientos de simpatizantes de Fernández de Kirchner llevan días en los alrededores de su residencia, después de que la Fiscalía pidiera para ella 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por presunta corrupción.


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