La Secretaría de Agricultura repitió el esquema de La Estafa Maestra en 2017 al hacer un convenio con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas para supuestamente apoyar en actividades operativas de la dependencia y, aunque ésta vez no subcontrató a empresas fantasma sino a 25 personas, los servicios tampoco se cumplieron.
Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación en el primer informe de la Cuenta Pública 2017 entregada este viernes 29 de junio y en el que por quinto año consecutivo pone en evidencia la operación de este esquema de desvío de recursos públicos.
La dependencia, a cargo de Baltazar Hinojosa Ochoa, firmó el contrato DGRMIS-007/17 con la Universidad el 16 de enero de 2017, por 8 millones 155 mil pesos para que diera “apoyo a la infraestructura tecnológica para soportar la operación de los programas institucionales”.
Dicho contrato fue posible gracias a la excepción al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que permite la contratación de organismos de la administración pública por parte de dependencias sin que exista una licitación de por medio.
Aunque esta excepción está pensada para servicios como estudios, evaluaciones de programas que, por ejemplo, puede realizar alguna Universidad, la Auditoría ha señalado que en realidad se ocupa para el desvío de recursos públicos.
En el caso de este contrato, a diferencia de 2014, cuando las universidades subcontrataron a empresas, esta vez, la Universidad de Zacatecas contrató a 25 personas para que cumplieran las actividades, pero nunca se presentaron a trabajar durante todo el año que tenía vigencia el convenio y, por lo tanto, los servicios no se cumplieron.
“No es posible comprobar que los prestadores de servicios profesionales de la Universidad se presentaran en las instalaciones de la Sagarpa y ejecutaran las labores definidas en el anexo técnico durante la vigencia del contrato”, advirtió la Auditoría.
Por lo tanto, concluyó: “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8 millones 155 mil pesos por los pagos injustificados realizados”.
El convenio incluía 41 actividades operativas, administrativas; administración de usuarios, gestión de tickets y seguimiento de las tareas realizadas por terceros, a fin de garantizar la continuidad operativa de la Secretaría.
Pero en la revisión de los reportes de actividades, la Auditoría confirmó que solo una de las 41 actividades estipuladas fue ejecutada y autorizada adecuadamente para los meses evaluados.
En 20 casos más, las actividades reportadas como realizadas por los supuestos prestadores de servicio, no coinciden con los comprobantes entregados por la dependencia.
Aunque la dependencia hizo 13 pagos durante todo el año a la Universidad que sumaron los más de 8 millones de pesos estipulados en el convenio, ni siquiera existe certeza de las actividades supuestamente pagadas.
La Auditoría no pudo validar la formación laboral de las 25 personas contratadas porque no se proporcionó el Curriculum Vitae y siete de ellos ni siquiera cumplen con la formación académica y conocimientos necesarios para desempeñar las actividades asignadas.
Esto demuestra que la Sagarpa “no realizó la validación previa de los perfiles del personal de la Universidad, lo que provoca que las actividades desarrolladas no se realicen con la calidad esperada”.
