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Cuartoscuro
Tribunal ordena crear Comisión para la Verdad en caso Ayotzinapa; no compartimos criterio de magistrados: PGR
Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas solicitaron protección de la justicia federal a los quejosos además de los dictámenes elaborados por peritos independientes.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
4 de junio, 2018
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Un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

Los magistrados ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

De esta forma, el tribunal señala que por las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

Dicha comisión, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”.

En un comunicado, la noche de este lunes, la PGR señaló que no comparte el criterio de los magistrados ya que, desde su perspectiva, la resolución emitida “desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.

Respecto a las acusaciones de tortura, la Procuraduría señaló que, “a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas diversas Carpetas de Investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul”.

La investigación continúa, continuó la PGR, “y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

La Procuraduría indicó que hasta la noche del lunes no había sido notificada sobre lo determinado por los magistrados, sin embargo “realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dada a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”. 

En marzo pasado el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

En su informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, precisó que han sido detenidas y procesadas 129 personas.

Tras analizar 34 de estos casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.

Un aporte para alcanzar la verdad 

Las familias de los 43 normalistas, indicó el Centro Prodh en un comunicado, “iniciarán un proceso de análisis para revisar sus extremos y posicionarse públicamente en días inmediatos”, respecto a la resolución de los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas.

No obstante, “dado el impacto público de esta histórica resolución”, destacaron los siguientes puntos (se reproducen de forma textual): 

1. Saludamos la resolución del Tribunal como un importante aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso. Frente a los múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno federal respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial.

2. Las impugnaciones que derivaron en esta sentencia fueron presentadas por algunos de los acusados, que refirieron haber sido objeto de tortura. No se trata de juicios promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

3. La sentencia pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y, en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. En ese sentido, confirma que la investigación puso especial énfasis en la obtención de declaraciones mediante coacción y que estas alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente. Así los magistrados, en el párrafo 764 de la sentencia, señalan: “En el caso, no sólo son las alegaciones sobre tortura, las que involucran al personal de la SEIDO, sino además se cuenta con múltiples casos en los que las personas aseguradas sufrieron lesiones o incremento de las mismas, hasta en tanto estuvieron a disposición de dicha Unidad”.

4. La sentencia también insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía; por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma. Un ejemplo claro de la ausencia de independencia e imparcialidad es lo referido por los magistrados en el párrafo 1033 de la sentencia, pues establecen: “…no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”. Otro ejemplo es lo señalado por los Magistrados en los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia, pues en los mismos establecen: “1148.…la investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias (cuya legalidad, como se vio ha sido cuestionada por este Tribunal Colegiado), acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”. “1149. De esta manera al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.

5. La sentencia ordena crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párr. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR. Para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. En este sentido, destaca que el Tribunal refrende la relevancia que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el presente caso e inste a que en la nueva etapa de investigación éste sea escuchado mediante sus integrantes, afirmando que “no sólo sería factible sino además recomendable que se vislumbrara un nuevo período de participación” del Grupo (párr. 1134).

6. La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación. Por virtud de la sentencia, esta valoración ya no proviene solo de instancias internacionales, sino que ha sido establecida por un tribunal nacional. Como señala el Tribunal, “es necesario que el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa” (parr. 1151). Dada la reiterada resistencia del gobierno de Enrique Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial, exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo.

7. Toda vez que la sentencia hoy emitida es insistente en que los derechos de las víctimas deben ser el centro de la investigación, desde este momento se hace un llamado a los tres Poderes de la Unión, para que cualquier acción relacionada con la implementación de este fallo sea previamente consultada y acordada con las víctimas y sus representantes. La propia sentencia multirreferida, al precisar los efectos del amparo en el párrafo 1194, apartado VII, incisos del “d” y “e”, establece que: “d. Todo oficio o determinación que se emita para su validez deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” y “e. Las líneas de investigación y pruebas a practicarse serán determinadas por la representación de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos…”

8. Finalmente, no pasamos por alto la exhortación que los magistrados refieren en su sentencia (apartado VIII, párrafo 1241) dirigida al Presidente en relación con la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala: “De la manera más atenta y respetuosa se le solicita al señor Presidente de los Estados Unidos mexicanos, gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que en el marco de sus respectivas atribuciones se sirvan prestar el apoyo y las demás necesidades que requiera la referida Comisión”.

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¿Cuáles son los riesgos de una potencial guerra comercial entre México y Estados Unidos?
La subida de 5% en aranceles de EU anunciada por Trump para todas las importaciones desde México "hasta que se resuelva el problema de la migración ilegal" podría ser el inicio de una guerra comercial con el que es ahora su mayor socio.
31 de mayo, 2019
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“Sería una locura que Donald Trump provocara una guerra comercial con México, que ahora es su mayor socio comercial”.

Una frase muy tajante de Juan Carlos Barrón, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), de la UNAM, con la que coinciden los especialistas consultados por BBC Mundo.

El anuncio de este jueves del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de un 5% a todos los productos que se importan desde México “hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados”, tomó por sorpresa a la mayoría en el país latinoamericano.

Y es tan grave que los analistas califican como el potencial inicio de una guerra comercial entre estos dos países.

“Si se implementaran estos aranceles, Trump le daría un balazo a su base electoral y base económica. Si no le bastó iniciar una guerra comercial con China, que era su primer socio comercial hasta hace poco y ahora va por México, evidentemente tiene una visión distópica de la realidad”, dice Gabriel Guerra, presidente de la consultora Guerra Castellanos y Asociados.

Los expertos coinciden que los primeros afectados serían los consumidores estadounidenses. “El impuesto adicional lo terminaría pagando en primera instancia el importador, luego el consumidor, que termina pagando más por el mismo producto”, dice Guerra, también exdiplomático.

Añade que además, si México responde con medidas similares, los estados más afectados de EE.UU. podrían ser los estados agrícolas, que son los que más exportan a México y que “son la base electoral de Donald Trump”.

También, se verían afectadas muchas industrias que tienen cadenas de suministro establecido en México, ya que aumentaran sus costos. “Estas medidas son totalmente contrarias al espíritu de renegociación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)”, asegura.

Por otra parte, los analistas dicen que es un “craso error” que Trump piense que México puede parar la migración ilegal y además, querer castigar a este fenómeno con aranceles.

“México está haciendo mucho, pero no hay un país en el mundo que pueda poner freno absoluto a la migración ilegal cuando hay gente lo suficientemente desesperada para buscar oportunidades”, dice Guerra.

Comitiva mexicana a EE.UU.

Los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas“, escribió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en una carta como respuesta al anuncio a su homólogo.

AMLO pide que Washington atienda a la comitiva encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que se dirige a Estados Unidos para intentar llegar a un acuerdo.

“¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, un espacio cerrado donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío”, dice la carta.

Los analistas aplauden la respuesta de Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y jefe negociador del T-MEC que aseguró que de ponerse los aranceles México debe “responder en forma enérgica“.

Seade calificó el anuncio como “desastroso” y agregó que “esa amenaza llevada a la acción sería gravísima”, durante una conferencia donde precisamente detallaba a la prensa el proceso de ratificación del tratado, del que se mostraba satisfecho.

Barrón, investigador del CISAN, apunta además que México puede echar mano de varios mecanismos legales y comerciales para contrarrestar la medida de Trump.

“El gobierno tiene a su alcance maniobras como llevar el caso a organismos internacionales alegando que se violan convenios, por ejemplo los limites impuestos por la Organización Mundial del Comercio. También podría apelar a la diplomacia subnacional porque varios estados de EE.UU. se verían más afectados que México con esta medida”, dice.

Para el analista, si llegaran a implementarse estos aranceles, “Estados Unidos no se daría solo un disparo en el pie, sino más arriba”.

“México está curado de espanto”

A pesar de la gravedad de la amenaza, el exdiplomático Guerra apunta que México debe tomarla con calma.

“Los mexicanos estamos curados de espanto porque ya llevamos años recibiendo ofensas y agravios de Trump”, dice.

Apunta que estaeanuncio está enmarcado en un momento crucial para Trump, que está tratando de subordinar las realidades económicas a sus intereses político electorales.

“Por una parte quiere desviar la atención por el escándalo jurídico en el que está envuelto y por otra parte quiere hacer campaña para su reelección. Por lo tanto debemos partir de la base que todo lo que hace está relacionado con alguno de estos temas”, asegura.

De surgir una guerra comercial entre México y Estados Unidos, el costo económico sería para los dos países. Pero, el costo político sería mayor para Trump, dice.

Por ahora, el anuncio causó que el peso se depreciara 2,57% frente al dólar, llegando a 19,58 por dólar.


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