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Cuartoscuro

Tribunal ordena crear Comisión para la Verdad en caso Ayotzinapa; no compartimos criterio de magistrados: PGR

Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas solicitaron protección de la justicia federal a los quejosos además de los dictámenes elaborados por peritos independientes.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
4 de junio, 2018
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Un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

Los magistrados ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

De esta forma, el tribunal señala que por las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

Dicha comisión, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”.

En un comunicado, la noche de este lunes, la PGR señaló que no comparte el criterio de los magistrados ya que, desde su perspectiva, la resolución emitida “desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.

Respecto a las acusaciones de tortura, la Procuraduría señaló que, “a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas diversas Carpetas de Investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul”.

La investigación continúa, continuó la PGR, “y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

La Procuraduría indicó que hasta la noche del lunes no había sido notificada sobre lo determinado por los magistrados, sin embargo “realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dada a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”. 

En marzo pasado el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

En su informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, precisó que han sido detenidas y procesadas 129 personas.

Tras analizar 34 de estos casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.

Un aporte para alcanzar la verdad 

Las familias de los 43 normalistas, indicó el Centro Prodh en un comunicado, “iniciarán un proceso de análisis para revisar sus extremos y posicionarse públicamente en días inmediatos”, respecto a la resolución de los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas.

No obstante, “dado el impacto público de esta histórica resolución”, destacaron los siguientes puntos (se reproducen de forma textual): 

1. Saludamos la resolución del Tribunal como un importante aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso. Frente a los múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno federal respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial.

2. Las impugnaciones que derivaron en esta sentencia fueron presentadas por algunos de los acusados, que refirieron haber sido objeto de tortura. No se trata de juicios promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

3. La sentencia pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y, en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. En ese sentido, confirma que la investigación puso especial énfasis en la obtención de declaraciones mediante coacción y que estas alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente. Así los magistrados, en el párrafo 764 de la sentencia, señalan: “En el caso, no sólo son las alegaciones sobre tortura, las que involucran al personal de la SEIDO, sino además se cuenta con múltiples casos en los que las personas aseguradas sufrieron lesiones o incremento de las mismas, hasta en tanto estuvieron a disposición de dicha Unidad”.

4. La sentencia también insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía; por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma. Un ejemplo claro de la ausencia de independencia e imparcialidad es lo referido por los magistrados en el párrafo 1033 de la sentencia, pues establecen: “…no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”. Otro ejemplo es lo señalado por los Magistrados en los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia, pues en los mismos establecen: “1148.…la investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias (cuya legalidad, como se vio ha sido cuestionada por este Tribunal Colegiado), acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”. “1149. De esta manera al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.

5. La sentencia ordena crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párr. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR. Para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. En este sentido, destaca que el Tribunal refrende la relevancia que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el presente caso e inste a que en la nueva etapa de investigación éste sea escuchado mediante sus integrantes, afirmando que “no sólo sería factible sino además recomendable que se vislumbrara un nuevo período de participación” del Grupo (párr. 1134).

6. La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación. Por virtud de la sentencia, esta valoración ya no proviene solo de instancias internacionales, sino que ha sido establecida por un tribunal nacional. Como señala el Tribunal, “es necesario que el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa” (parr. 1151). Dada la reiterada resistencia del gobierno de Enrique Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial, exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo.

7. Toda vez que la sentencia hoy emitida es insistente en que los derechos de las víctimas deben ser el centro de la investigación, desde este momento se hace un llamado a los tres Poderes de la Unión, para que cualquier acción relacionada con la implementación de este fallo sea previamente consultada y acordada con las víctimas y sus representantes. La propia sentencia multirreferida, al precisar los efectos del amparo en el párrafo 1194, apartado VII, incisos del “d” y “e”, establece que: “d. Todo oficio o determinación que se emita para su validez deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” y “e. Las líneas de investigación y pruebas a practicarse serán determinadas por la representación de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos…”

8. Finalmente, no pasamos por alto la exhortación que los magistrados refieren en su sentencia (apartado VIII, párrafo 1241) dirigida al Presidente en relación con la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala: “De la manera más atenta y respetuosa se le solicita al señor Presidente de los Estados Unidos mexicanos, gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que en el marco de sus respectivas atribuciones se sirvan prestar el apoyo y las demás necesidades que requiera la referida Comisión”.

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Netflix

"1994" de Netflix: 3 claves para entender la serie que retrata el año más convulso de México

1994 es un parteaguas para México: vivió el magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el levantamiento armado del EZLN, el inicio de una creciente espiral de violencia y la peor crisis económica de su historia reciente. Las secuelas de ese dramático episodio aún se padecen.
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28 de mayo, 2019
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Para los mexicanos 1994 representa más que una fecha en el calendario.

Es el año que México se sacudió por asesinatos políticos, la revuelta armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el inicio del llamado “Efecto Tequila”, una profunda crisis económica que contagió a varios países.

En 1994 ocurrió el magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, quien según las encuestas era el favorito para ganar la elección presidencial de ese año.

México no es el mismo después de ese convulso 1994 coinciden especialistas. De hecho, una parte de la historia que ahora vive el país comenzó a fraguarse desde entonces.

Presidente López Obrador

Un ejemplo es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario de izquierda en la historia del país.

AMLO, como se le conoce, empezó ese año una carrera política que, más de dos décadas después, lo llevó a la presidencia de México.

De hecho López Obrador asegura que el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que terminó ese mismo año, fue el inicio de un período de corrupción y violencia que impulsaron muchos de los votos de su elección en 2018.

“Fue un año terrible en todos sentidos, lleno de zozobra, de sangre, de incertidumbre. El año en que vivimos en peligro los mexicanos” le dice a BBC Mundo Agustín Basave, politólogo y expresidente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Analista Agustín Basave

Netflix
“1994 fue un año terrible” dice Agustín Basave.

“Fue el año de quiebre en que empezó a deteriorarse la seguridad en México de manera gradual y luego en espiral”.

Pero también reveló una crisis en el sistema político mexicano, explica el periodista Diego Osorno, director de la serie documental “1994”.

Es el momento en que el régimen de partido hegemónico que había gobernado al país después de la Revolución Mexicana (1910-1915) sufre una conmoción” le dice a BBC Mundo.

“Marca la crisis del poder y delinea lo que vendría después, una democracia muy peculiar en México”.

Magnicidio

Parte de ese dramático proceso se narra en “1994”, una serie original de Netflix y producida por Vice.

La historia de ese año se cuenta a partir del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Colosio había sido postulado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Asesinato de Colosio

TELEVISA/AFP
Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Tijuana.

Al terminar un mitin en el barrio marginado de Lomas Taurinas, mientras Colosio se abre paso en la multitud un joven identificado como Mario Aburto le dispara en la cabeza.

Revelan secretos de Mario Aburto, el magnicida más famoso (y enigmático) de México

El agresor fue detenido, pero la investigación sobre el crimen no terminó allí.

En los siguientes años cuatro fiscales trataron de resolver el caso que tuvo varias hipótesis: Una fue sobre la responsabilidad de un solo agresor, Mario Aburto Martínez.

La hipótesis decía que pretendía cumplir una extraña misión como “Caballero Águila” (así se definía en sus diarios y textos),

Otra tesis señaló, en cambio, la operación de un supuesto grupo para asesinar al candidato.

La investigación fue tan desaseada, asegura Diego Osorno, que 24 años después “la mayoría de la gente no cree que Mario Aburto haya sido responsable” del crimen.

Pero el magnicidio, que sirve como eje a la serie para contar el convulso año, es un episodio en la cadena de acontecimientos dramáticos que sucedieron.

“Voto del miedo”

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá.

Pero ese mismo día el EZLN declaró la guerra al gobierno y atacó instalaciones militares en Chiapas.

Durante varios días hubo intensos combates en montañas y selvas de ese estado en el sureste del país, pero también miles de personas exigieron paz en varias ciudades.

El presidente Salinas ordenó un cese unilateral al fuego, y semanas después empezó un diálogo con la comandancia zapatista para atender sus demandas.

Pero los Diálogos por la Paz, como se llamó al encuentro, se interrumpieron tras el asesinato de Colosio. Las conversaciones nunca se reanudaron.

En los siguientes meses la campaña política de Ernesto Zedillo, el candidato que sustituyó a Colosio, se basó en mensajes para advertir riesgos de violencia si se votaba por la oposición.

La estrategia, conocida como “el voto del miedo”, funcionó y el PRI ganó la elección presidencial.

Expresidente Zedillo

Sergio Dorantes/Sygma
Ernesto Zedillo fue el candidato que sustituyó a Colosio.

Pero el 28 de septiembre fue asesinado el secretario General del partido, Francisco Ruiz Massieu.

Era un personaje muy cercano al presidente Salinas (estuvo casado con su hermana), y se perfilaba como el coordinador de los diputados de su partido, que eran mayoría en el Congreso.

La investigación del crimen desató uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente.

Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, fue acusado del crimen. Años después fue absuelto.

“Todo se vale”

1994 cerró con un nuevo despliegue militar del EZLN, y una devaluación histórica del peso que desató una profunda crisis económica.

En pocos días el país perdió casi todas sus reservas internacionales, y estuvo a punto de declararse en suspensión de pagos de la deuda.

El impacto del llamado “Efecto Tequila”, como se llamó a la crisis, fue mayor el año siguiente. Miles de personas fueron despedidas, perdieron sus propiedades o enfrentaron la quiebra de sus empresas.

A partir de 1995 empezó una intensa ola de migración irregular a Estados Unidos. Más de cinco millones de personas abandonaron su país en los años siguientes.

Además uno de los saldos de 1994 es la inseguridad actual del país, sostienen especialistas.

Agustín Basave insiste que el magnicidio de Colosio representó “un parteaguas negativo”, porque revivió a la violencia como una herramienta de la política.

Algo que se profundizó con la deficiente investigación del caso, añade. “El mensaje fue: todo se vale, ya no hay límites” insiste.

“Eso generó una descomposición en todos sentidos, en la corrupción de los aparatos de procuración e impartición de justicia, y en la psique de mucha gente quedó la idea de que todo se vale”.


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