Comunidades wixárikas retienen a 10 funcionarios de Jalisco; el gobierno dice que fue una reunión de trabajo

Ubaldo Valdez, vocero wixárika, dijo que los funcionarios no se irían hasta que se resolvieran sus demandas; el secretario de Gobierno mencionó que era un reunión de trabajo y descartó una retención.

Pobladores del pueblo indígena Wixarika
Habitantes wixárikas retienen a funcionarios de Jalisco, Cuartoscuro

Tras el bloqueo de campañas en la zona norte de Jalisco, al llegar el segundo plazo fijado para resolver las demandas por conflicto de tierras y carencias de servicios básicos, indígenas wixárikas retuvieron este martes aproximadamente a 10 funcionarios del gobierno del estado.

“Vienen con una respuesta que no esperábamos: nada. Ya aquí la asamblea permanente le comentó al licenciado Vladimir (Avilés Márquez, secretario de Asuntos Agrarios) que no se van a ir hasta que no nos resuelvan el asunto”, confirmó a Animal Político Ubaldo Valdez, vocero wixárika.

Entre los retenidos estuvieron el titular de la Secretaría de Educación (SEJ), Francisco Ayón López, y el de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Netzahualcoyotl Ornelas Plascencia; directores de área y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

El secretario de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, descartó que se tratara de una retención de funcionarios, y publicó en su cuenta de Twitter que era solo de una reunión de trabajo en una asamblea comunal bajo los usos y costumbres indígenas.

“Si la asamblea se extendiera, los funcionarios, de acuerdo a usos y costumbres, permanecerían en el lugar hasta que ésta se agote. En ningún momento han estado en peligro alguno. Se trata de una reunión de trabajo con una comunidad que merece toda nuestra atención y apoyo”, expuso el funcionario estatal.

Por la noche, el funcionario dijo a Televisa que los funcionarios ya habían salido de la zona e iban camino a Guadalajara.

De las 10 mil 500 hectáreas en disputa, hace unas semanas, el secretario López Lara indicó que se podían liberar alrededor de mil.

La postura de los indígenas es: “Nosotros no vamos a entrar en negociación de que nos paguen mil o dos mil hectáreas. No, no, no. Aquí es todo”. El conflicto territorial es ancestral, recordó.

La exigencia es que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz cumpla sus promesas de campaña de resolver el conflicto limítrofe entre Jalisco y Nayarit, abasto de medicamentos, seguridad y servicios educativos, entre otros.

El conflicto

Desde el lunes 30 de abril se vetaron las campañas en poblaciones de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, en protesta por el conflicto de tierras entre indígenas de Jalisco y ganaderos de Nayarit.

El 10 de abril bloquearon el acceso en 35 comunidades, clausuraron escuelas y centros de salud.

El 24 de mayo representantes del gobierno del estado, encabezados por el director general de Asuntos Agrarios, Mario Vladimir Avilés Márquez, acudieron a escuchar las demandas y se comprometieron a regresar en unos días.

“Veinticinco días pasaron para que personal del gobierno del estado nos viniera a visitar (…) si ustedes nos están probando a ver cuánto aguantamos, pues déjenme decirles que nuestra lucha va a seguir. No vamos a descansar hasta recuperar el último centímetro de nuestro territorio”, reprochó hace dos semanas el vocero Wixárika, Ubaldo Valdez, ante la comitiva.

El compromiso inmediato fue llevar este martes 5 de junio suero antialacrán, reforzar la seguridad en la zona y atender carencias en servicios básicos.

El secretario general del gobierno, Roberto López Lara, ha declarado en entrevistas que el conflicto territorial es competencia de la Secretaría de Gobernación (Segob). La protesta ha derivó del conflicto por más de 10 mil hectáreas. Indígenas de Jalisco han ganado algunos juicios en tribunales federales, pero las restituciones se han entrampado por hechos violentos con ganaderos de Nayarit.

Los wixárikas piden que autoridades federales y estatales garanticen las restituciones instruidas en sentencias judiciales. A este reclamo añadieron las carencias en materia de salud, educación y seguridad.

Desde hace 36 días están en sesión permanente y aseguran que la protesta se levantará hasta que recuperen sus tierras.

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