TLC y proyectos en el Istmo, los temas que abordaron AMLO y la representación canadiense
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

TLC y proyectos en el Istmo, los temas que abordaron AMLO y la representación canadiense

La reunión entre el equipo de López Obrador y una delegación de altos funcionarios de Canadá se centró en el Tratado de Libre Comercio, y en la presentación de nuevos proyectos de inversión en México; quedó fuera el tema de las mineras canadienses y las denuncias sobre abusos.
25 de julio, 2018
Comparte

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, Marcelo Ebrard, próximo canciller, y otros integrantes de su próximo equipo de gobierno, se reunieron la tarde de este martes con la canciller canadiense, Christya Freeland, y otros altos funcionarios del gobierno de Justin Tradeu.

La reunión, de dos horas, tuvo lugar en la casa de transición de López Obrador en la colonia Roma. Y ésta giró en torno a cuatro temas clave: comercio y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC); proyectos de desarrollo e innovación para la zona maya del país y el Istmo de Tehuantepec; homologación de las normas laborales y ambientales para las empresas canadienses que trabajen en México, y migración.

De esos temas, destacó el de proyectos de inversión para el Istmo, y la invitación de López Obrador al gobierno de Canadá para que, en los próximos seis años, aumente su inversión en México.

“El presidente electo les dijo que espera que, en los próximos seis años, haya un aumento significativo de la inversión canadiense en México, y una mayor participación de Canadá en el desarrollo económico de nuestro país”, señaló Marcelo Ebrard.

No se tocó, en cambio, la explotación minera en México por parte de empresas canadienses. Uno de los puntos más polémicos en la relación entre ambos países, especialmente por las denuncias que organizaciones civiles llevan años realizando sobre abusos de mineras canadienses en comunidades indígenas que son despojadas de sus territorios.

Tampoco se tocó el tema de Napoleón Gómez Urrutia, el exlíder sindical que fue electo senador por Morena en la pasada votación, y que lleva exiliado en Canadá desde 2006 luego de que fuera acusado de desviar 54 millones de dólares de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Acusación que, el pasado 10 de mayo, se concretó con una condena de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

“No se tocó lo de Napoleón porque no es tema. Él ya está electo como senador”, respondió Ebrard a pregunta de los reporteros.

Los proyectos en el Istmo de Tehuantepec

Durante una conferencia al término de la reunión con la delegación canadiense, Ebrard detalló cada uno de los temas planteados.

Sobre el apartado comercial, se puso sobre la mesa la discusión del Tratado de Libre Comercio (TLC), el acuerdo comercial entre México-Estados Unidos-Canadá, que mañana jueves reinicia las mesas de negociación, luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara en reiteradas ocasiones con romperlo por considerarlo injusto para su país.

“Nosotros expusimos que el TLC debe permanecer como un tratado trilateral que, desde luego, puede ser modernizado”, apuntó Ebrard, quien dijo que no se habló con los canadienses de la carta que Trump envió ayer a López Obrador, en la que el mandatario se mostraba abierto a una “renegociación exitosa” del TLC, “pero solo si lo podemos hacer rápido”.

El segundo punto fue la presentación de uno de los proyectos que López Obrador prometió en campaña: el tren para la zona maya, en el sureste del país, y la modernización y ampliación de los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Cotazcoalcos, en Veracruz.

“No se está planteando hacer un canal (como el de Panamá) en el Istmo de Tehuantepec –matizó Ebrard-. Lo que se busca es modernizar la conexión ferroviaria entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, y modernizar también esos dos puertos, para que podamos recibir grandes buques transportadores de contenedores”.

El reto, recalcó, es conectar Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa, a través del Istmo de Tehuantepec, y que México se vea beneficiado comercialmente de ese nuevo corredor.

“López Obrador los está invitando a participar en el proyecto, pero no como empresa, sino como gobierno de Canadá”, añadió Ebrard, quien recordó al respecto que este país “tiene fondos de inversión muy grandes”.

Homologar derechos laborales

El tercer punto se centró en la necesidad de “homologar” los derechos laborales y las exigencias al cuidado del medio ambiente de las empresas canadienses que laboren en México. ¿Esto qué significa? Primero, que las empresas canadienses que lleguen a México tienen que mantener a los empleados mexicanos los derechos laborales que ofrece a los canadienses. Y segundo, que debe cumplir en México las mismas normas ambientales que a las que está obligada cumplir en Canadá.

“Se trata de que cualquier empresa extranjera, ya sea canadiense o de cualquier otra parte del mundo, cumpla en México con las mismas normas ambientales y laborales que cumplen en sus países de origen. Esto, porque hay veces que estas empresas hacen allá una cosa, y cuando llegan aquí, otra”, recalcó Ebrard.

En cuanto al tema de migración, el próximo canciller expuso que fueron temas que se abordaron, pero no a fondo, por lo que quedaron pendientes para futuros encuentros antes del próximo 1 de diciembre.

El tema de seguridad y combate al crimen organizado tampoco fue abordado en este encuentro.

Afinidad y ambiente cordial

“El ambiente fue muy cordial y, desde luego, hay mucha afinidad en muchos puntos, ya que estamos hablando de un gobierno (de Canadá) con principios e ideas progresistas. Tienen un compromiso con los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente, y con el respeto a las comunidades originarias”, abundó Ebrard.

Además de López Obrador y Ebrard, por parte de la delegación mexicana estuvieron presentes en la reunión Olga Sánchez Cordero, propuesta como nueva titular de la Secretaría de Gobernación; Graciela Márquez, próxima titular de la Secretaría de Economía; Carlos Urzúa, propuesto para Hacienda; y Jesús Seade, propuesto por López Obrador para encabezar las negociaciones de su equipo sobre el TLC.

Por la parte canadiense, además de la canciller Christya Freeland, asisitieron otros altos funcionarios como el secretario de finanzas canadiense, William Morneau; el secretario de diversificación comercial, Minister Carr; así como el embajador canadiense, Pierre Alarie.

Previo al encuentro con el virtual presidente electo, López Obrador, la delegación canadiense también se reunió con Luis Videgaray, actual canciller mexicano, y el presidente Enrique Peña Nieto.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
Comparte

Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.