Mamá de universitario raptado en Chilpancingo suma 4 años de búsqueda y amenazas

Cuando la abogada Guadalupe Rodríguez pidió ayuda a las autoridades de Guerrero, le dijeron que "quién sabe en qué andaría su hijo", para que se lo hayan llevado.

desaparecidos guerrero
Cuartoscuro Archivo

El 4 de junio de 2014, a las 16:21 horas, el alumno de derecho José Molina Rodríguez, de 30 años de edad, recibió la llamada telefónica de una estudiante de bachillerato, citándolo en su escuela.

A las 16:50, José envió un mensaje de texto a su vecina, indicándole “Ya estoy aquí” y, un instante después, hombres armados abordaron al universitario, lo obligaron a subir a su propio auto y, en él abandonaron la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero.

Desde entonces, se ignora el paradero de José.

“Mi hijo es estudiante de derecho –explica la abogada Guadalupe Rodríguez–, y desapareció de la escuela técnica número 30, a donde lo citó una muchacha. De ahí se lo llevaron”.

El secuestro, explica Guadalupe, fue grabado por cámaras de la escuela técnica, así como del Centro de Control y Comando de Chilpancingo (C4), ya que un peatón llamó al número local de emergencia para advertir que “se están llevando a un joven en un Jetta negro, urge que lo rescaten, son tres hombres con arma corta”.

Las cámaras del C4, además, registraron el momento en que el Jetta de José, con él y sus captores dentro, abandona Chilpancingo, con rumbo al vecino municipio de Tixtla, escoltado por otros dos autos.

La denuncia por el secuestro de José fue interpuesta el mismo 4 de junio de 2014, horas después de ocurrido.

Por sus propias gestiones, Guadalupe supo que existía un reporte al C4, al que está vinculado la Fiscalía estatal, pero cuando llegó a la agencia del Ministerio Público estatal, lamenta, “no habían hecho nada, aunque ellos mismos tenían ya la información del C4, porque tienen personal ahí. Sólo hasta que yo llegué al Ministerio Público, el personal se puso a buscar el reporte”.

Para el momento en que la denuncia fue interpuesta, Guadalupe ya tenía confirmado que se habían retirado el dinero de la cuenta bancaria familiar, que compartía con su hijo, “toda esa información se la llevé al MP, les dije en qué escuela lo raptaron, y que ahí había cámaras de vigilancia, pero la Fiscalía nunca solicitó los videos del cajero automático donde extrajeron el dinero, y dejó pasar mucho tiempo para pedir los videos de la escuela. Cuando los pidió, ya los habían borrado”.

A pesar de que las autoridades de Guerrero tuvieron conocimiento del secuestro de José desde el mismo momento en que estaba perpetrándose, el argumento para no iniciar acciones de forma inmediata, afirma Guadalupe, fue que “quién sabe en qué andaría mi hijo para que se lo hayan llevado, o que a lo mejor se había ido con una muchacha, y que en tres días regresaba”.

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Para sostener a sus tres hijos, así como para pagar los estudios universitarios de su esposa y de él mismo, José tenía montado en la vivienda familiar, en Chilpancingo, un pequeño taller de instalación de alarmas, sistemas de audio e iluminación decorativa, así como pulido para autos.

A veces, afirma Guadalupe, si su hijo encontraba una buena oportunidad, compraba un auto viejo y descompuesto, lo restauraba él mismo, y luego lo revendía, lo que nunca le daba ganancias sustanciales.

Por ello, aprovechando que ya estaba en el tercer año de la licenciatura en derecho, además ayudaba a su madre, penalista de profesión, en algunos trámites jurídicos por los cuales recibía de ella un pago, aunque simbólico.
“Josué estaba ya para empezar su titulación –narra Guadalupe–, él quería progresar, empezó a estudiar ya casado, él y mi nuera primero se enamoraron, tuvieron hijos, y luego se pusieron a estudiar, y yo cuidé a los niños, y todavía los cuido ahora, porque lo están esperando”.

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A cuatro años del rapto de José, lamenta su mamá, “sólo se emitieron algunas órdenes de presentación, contra personas que podrían tener información, pero la Fiscalía nunca las cumplimentó. Tampoco se ha hecho ninguna diligencia para intentar localizar el vehículo de mi hijo”.

La joven que citó a José en la escuela técnica 30 de Chilpancingo fue convocada por las autoridades a declarar, pero sin haber realizado ninguna investigación previa, por lo que las preguntas que le formularon sólo versaron sobre su grado de amistad con la víctima, previa al secuestro.

Un ejemplo: el historial del teléfono celular de José, que confirmaba que esa joven lo citó en el punto donde fue secuestrado, no fue solicitado por las autoridades sino varios meses después de los hechos, y la joven nunca fue citada nuevamente para aclarar los motivos de esa llamada.

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En el año 2015, medio año después de iniciar la búsqueda de su hijo, la abogada Guadalupe Rodríguez, junto con dos decenas de mamás, hermanos e hijos de personas desaparecidas en Chilpancingo y sus municipios vecinos, fundaron el colectivo “Familiares de desaparecidos y asesinados en Chilpancingo, Guerrero, y el País”, quienes por sus propios medios empujan las investigaciones de la autoridad, y realizan su propia búsqueda, en los cerros que rodean la capital del estado.

Desde que este colectivo fue conformado, asegura Guadalupe, “yo comencé a recibir amenazas, y ahora tengo medidas de protección (del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos), porque nos hemos metido a investigar… En Guerrero hay gente que se siente con poder de hacer lo que quiera”.

A este colectivo, de hecho, pertenece el joven que en diciembre de 2015 localizó en las cercanías de Chilpancingo una barranca con decenas de cuerpos de personas asesinadas, la barranca de Curva de la Virgen, en Chichihualco (en el vecino municipio de Leonardo Bravo, a 20 minutos de la capital estatal).

Aunque la autoridad estatal y federal fue notificada del hallazgo de ese punto de inhumación clandestina, nada se hizo sino hasta después de que el crimen organizado acudió al lugar para reducir decenas de cadáveres a cenizas. Sólo se salvaron del fuego los cuerpos que habían rodado más profundo en la cañada (en donde hasta la fecha permanece un número no determinado de cadáveres sin ser extraído).

El joven buscador que encontró esa barranca en diciembre de 2015, señala Guadalupe, “fue desaparecido el 26 de junio de 2017”.

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Tal como consta en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas del gobierno mexicano, en el estado de Guerrero se tienen reportadas mil 807 víctimas de desaparición, a la fecha.

De ellas, una tercera parte (522 víctimas) fueron desaparecidas en la “Región Centro” del estado, conformada por la capital guerrerense, Chilpancingo, y otros diez municipios que la rodean.

Con 276 víctimas de desaparición reconocidas por la autoridad, Chilpancingo ocupa el tercer lugar en la lista estatal de municipios con más incidencia de casos, sólo detrás de Acapulco (490 casos) e Iguala (303 casos).

Este mismo registro oficial deja ver que, tres de cada cuatro víctimas de desaparición en Guerrero (mil 431 casos) fueron raptadas en los últimos cinco años, entre 2013 y 2018.

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