Un tribunal federal determinó que es imposible jurídicamente crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida hace casi cuatro años en Iguala, Guerrero.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundada la imposibilidad planteada por la PGR, que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordenó la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Pérez García reconoció que los argumentos de que el ministerio público es quien tiene facultad exclusiva para investigar y perseguir delitos, por lo que, las atribuciones contenidas en la sentencia que ordena la creación de la Comisión, vulneran su naturaleza jurídica.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo, toca resolver a la Suprema Corte de Justicia.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de El Pato, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
La Comisión de la Verdad estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares.
Organizaciones y familiares de víctimas lamentan decisión
Para los familiares de las víctimas y organizaciones como Serapaz, Tlachinollan, Fundar y Centro Prodh, la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático.
“Esta resolución es consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados”, señalaron en un comunicado.
Señalaron que la decisión del Magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN pronunciarse en definitiva sobre el tema.
“Los familiares de las víctimas del caso Iguala y las organizaciones que les representamos lamentamos profundamente esta decisión, que lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado. El acuerdo publicado el día de hoy muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del Gobierno Federal en el caso”.
Hay una política de ocultar la verdad: Aministía Internacional
Tras el falló del tribunal, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, respondió que gobierno federal “ha hecho todo lo posible por obstaculizar la creación de una comisión de investigación especial para investigar el caso Ayotzinapa, ordenada por un tribunal federal. Dicho tribunal consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y evidencia fabricada”.
Declaró que esta resolución a favor de las dependencias federales muestran que hay “una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”, por lo que aseguró que las autoridades deben dejar de oponerse a la comisión de investigación especial.
