Los hechos violentos registrados durante y después de la jornada electoral en Puebla significan “un enorme retroceso político-democrático que remontan al estado a la época de los fraudes electorales cometidos el siglo pasado”, argumenta la organización Sumamos, formada por ciudadanos en busca de un gobierno honesto.
Desde el pasado domingo en Puebla se registraron hechos violentos perpetrados por grupos armados en las casillas de votación además del robo de al menos 70 paquetes electorales.
Aunada a la jornada violenta del domingo, este martes se registró un enfrentamiento entre un grupo de militantes de Morena contra un grupo de panistas que contabilizaban actas de cómputo en el hotel MyM. Esto luego de que los morenistas acusaran que este lugar funcionaba como un centro de falsificación de actas electorales, que se habrían usado para favorecer a la candidata del Frente a la gubernatura, Martha Erika Alonso Hidalgo.
“El uso de armas de fuego para robar urnas o amedrentar a los electores es doblemente condenable. Por un lado, porque se trata de crímenes electorales que atentan contra nuestra democracia (…)por otro lado porque gente sin escrúpulos puso en riesgo la vida de los ciudadanos poblanos que salieron a votar libremente (…) lamentablemente el 1 de julio tuvimos que lamentar la muerte de ciudadanos”, argumenta la organización a través de un comunicado.
Califican la violencia suscitada como “reprobable” además de señalar la tardía acción de las autoridades para atender los hechos “y quizás hasta complicidad” del gobernador de Puebla, Antonio Gali.
También señalan otros actos delictivos cometidos antes y durante la jornada electoral como la compra de votos, anomalías estadísticas, y el presunto hallazgo de documentación electoral que no le corresponde a ningún partido.
Reprueban la actitud de las autoridades electorales y consideran que estos todos estos factores pudieron distorsionar la voluntad ciudadana y favorecer a la candidatura de Martha Erika Alonso Hidalgo, quien representó a la coalición PAN-PRD-MC, y que hasta ahora se mantiene como la ganadora.
“Demandamos el esclarecimiento y responsabilidad de quienes han violentado la elección con el potencial resultado de que se le entregue el poder ejecutivo a quien no fue elegido (…) Al resto de la sociedad mexicana, le pedimos solidarizarse para no permitir estas prácticas en el futuro ni en ningún rincón del país”, plantean.
Exigen que este conflicto se resuelva con apego estricto a la ley sin ningún tipo de “pacto cupular entre grupos de poder”.
Finalmente emiten también peticiones a los partidos involucrados: “Al Partido Acción Nacional, le pedimos reflexionar si es su camino aceptar, validar y presumir como logro, este tipo de triunfos (…) y al partido MORENA y sus líderes reales y políticos como Andrés Manuel López Obrador, les pedimos actuar por la vía jurídica hasta su última consecuencia”.
Resaltan que Morena obtuvo la mayoría en el congreso local, y por tanto “tendrá la facultad de reformar legislación inconstitucional y revisar cuentas públicas y otros actos indebidos de los gobiernos anteriores”.
Las exigencias planteadas corresponden a la elección local: INE
Este miércoles, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, comentó que los cuestionamientos ciudadanos relacionados a los actos registrados el pasado domingo en Puebla “tienen que ver con la elección local” por lo que son acusaciones que deben ser “dirimidas” por las instancias locales.
“El proceso electoral transcurrió sin incidentes mayores, es una fiesta cívica y el trabajo del Instituto Nacional Electoral es un trabajo a la altura de las circunstancias, así como el de la ciudadanía”, expresó.
Reconoció los hechos registrados en Puebla y dijo que la indagación de los mismos corresponden, en primera instancia, a la FEPADE y eventualmente a los tribunales electorales, toda vez que se presenten las inconformidades señaladas de manera oficial.
“Sería muy lamentable que el proceso electoral se empañara por la irresponsabilidad de los actores políticos, por un asunto de una elección local”, acotó.
Sobre si el INE ha recibido alguna petición de intervención de los elementos de seguridad pública tras loe hechos violentos, Córdova Vianello, comentó que el órgano electoral solo es responsable de los cómputos distritales federales y que hasta ahora sus oficinas y la papelería electoral están resguardadas por ley por las instancias de seguridad correspondientes como el Ejército y la Marina.
“Las instancias en donde se hacen los cómputos distritales locales son responsabilidad de los órganos electorales locales (…) pero nosotros no somos responsables de lo que ocurre en esos cómputos”, agregó.
FEPADE atiende denuncias
La denuncia presentada por la presunta falsificación de actas de escrutinio en la entidad ya es atendida por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
En total se presentaron 62 personas acusando este delito por lo que la investigación se mantiene en curso para determinar si existe la comisión de un delito.
Para ello la FEPADE ha enviado a personal ministerial al estado de Puebla. Mientras que la Fiscalía como la Suprocuraduría trabajan en coordinación para investigar las denuncias presentadas.
