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Antonio Cruz/Newsweek en Español
Los jueces son fundamentales para la paz social, sus salarios no deben reducirse: Sánchez Cordero
Para la exministra contar con un Poder Judicial fuerte es indispensable para tener jueces imparciales y evitar que estén sujetos “al contentillo” de los gobernadores o el Legislativo.
Antonio Cruz/Newsweek en Español
Por Nayeli Roldán @nayaroldan e Itxaro Arteta @iartetam
25 de julio, 2018
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Olga Sánchez Cordero, propuesta para dirigir la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene claro que lograr la justicia y seguridad en el país depende de diferentes aspectos. Desde la creación de comisiones de la verdad sobre casos específicos y regionales en siete entidades del país, hasta que los salarios de los jueces y magistrados se mantengan como hasta ahora.

En entrevista con Animal Político, advierte que no sería recomendable hacer una reforma constitucional para disminuir los ingresos del Poder Judicial como sí aplicaría a la administración Pública Federal porque “un juzgador es un actor fundamental en la paz social del país”.

Olga Sánchez Cordero será la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación. Aunque no será la primera vez en que asuma un cargo habitualmente reservado para hombres. Fue la primera mujer notaria en el Distrito Federal y la primer magistrada del Tribunal Superior de Justicia local. También la única mujer en la Corte cuando ingresó en 1995.

Un ministro, por ejemplo, gana 260 mil pesos mensuales, más prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y seguro por riesgo suma más de 4 millones de pesos al año, según el presupuesto de egresos.

Mientras que los defensores públicos ganan 80 mil pesos mensuales. “¿Es mucho? ¿para quién? Para llevar juicios bien, donde no haya corrupción donde no les estén pidiendo a sus defendidos para las copias, para la torta, no les piden porque ellos cuidan sus puestos. Se capacitan, quién dice que es mucho o poco. Lo dice el mercado de profesiones”, explica la futura encargada de la política interior en el país.

Por eso es que para hacer funcionar este aparato se necesita, además de las garantías en los salarios, un porcentaje de Presupuesto de Egresos fijo en los estados para el Poder Judicial e inamovilidad en sus cargos para no estar sujetos “al contentillo” del gobernador o el Legislativo, dice Sánchez Cordero, quien conoce bien el sistema luego de 15 años como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por eso es que el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, sólo sugiere a los magistrados bajar sus salarios, pero no está puesta sobre la mesa la propuesta de reformar la Constitución ni para el Poder Judicial ni para órganos autónomos como el Banco de México. Estas posiciones, insiste, requieren a personal altamente calificado que requieren esos salarios o de lo contrario, migrarían a la iniciativa privada donde ganarían mucho más.

La primera mujer en Segob con la tarea de pacificar al país

Olga Sánchez Cordero tendrá en su primer círculo a Zoé Robledo, como subsecretario de Gobierno, Tatiana Clouthier, al frente de la subsecretaría de Democracia Participativa y Alejandro Encinas será subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

Aunque la exministra también obtuvo  una senaduría por la vía plurinominal, pero sólo rendirá protesta y su suplente, la actriz Jesusa Rodríguez ocupará la curul en septiembre. La abogada continuará en la transición y luego se integrará al gabinete de López Obrador a partir del 1 de diciembre.

Como primera encomienda, su equipo deberá establecer la estrategia para lograr “la paz y seguridad de cada familia”, un concepto que sustituye al de “pacificación del país”, porque éste último, dice, “parece tan abstracto, tan etéreo, tan poco aterrizado”. Reconoce que el efecto no se verá pronto, pero la meta es lograr que “las familias puedan salir a la calle, con sus hijos, que sepan que van a regresar del trabajo, de su escuela”.

Y es que la “guerra contra el narco” lanzada en el sexenio de Felipe Calderón y la permanencia de las fuerzas armadas haciendo labores policiales también en la administración de Enrique Peña Nieto ha dejado como saldo miles de víctimas en el país y una violencia a la alza.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hay 32 mil desaparecidos en México, mientras que 2018 es ya el año más violento del que se tenga registro con 15 mil 973 personas asesinadas en los primeros seis meses.

Parte de la estrategia para que esas víctimas obtengan justicia será la creación de comisiones de la verdad regionales en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, donde se registran mayores índices de violencia relacionado con el crimen organizado y violaciones a derechos humanos.

Aunque aún no se define qué subsecretaría estará a cargo de la coordinación general de las comisiones, éstas tendrán “un objetivo claro con metodología para avanzar en la pacificación” y se prevé que inicien en 2019.

Las otras comisiones de la verdad serán por hechos concretos: la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; la presunta ejecución extrajudicial en Tlatlaya; los asesinatos en Nochixtlán, Oaxaca, tras una protesta magisterial y el asesinato de migrantes cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa de San Fernando, Tamaulipas.

El Estado está en falta porque en todos estos casos no hubo una investigación concluyente ni sentencia hacia los responsables, sobre todo, dice Sánchez Cordero, por falta de voluntad política en la administración de Enrique Peña Nieto. “Esta vez habrá voluntad política para resolverlos”, promete.

Las comisiones regionales y por caso, estarán integradas por la sociedad civil de cada entidad, porque conocen bien la problemática y “se ha organizado ante la ausencia de gobierno”; también expertos, nacionales e internacionales y académicos.

Aunque no ha planteado el presupuesto que necesitará, afirma que la voluntad política deberá verse reflejado en los recursos de los que puede disponer. Además, espera la cooperación también de los gobernadores y fiscalías estatales porque este problema sólo se va a resolver con hechos concretos: “Número uno, reconocer, número dos, tener la información suficiente como para poder avanzar, y número tres, tener las metas clarísimas y la metodología para avanzar. No puedes hacerlo de otra manera”.

En busca de la paz social: despenalización de la mariguana

Para lograr la paz y seguridad también se debe tocar otro tema: la despenalización de la mariguana. Primero, escucharán las propuestas a través de los foros de consulta en la que intervendrán sociedad civil, expertos, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Sánchez Cordero advierte que “el Estado debe estar presente en todo”, es decir, en la regulación del consumo, trasiego y producción de mariguana y amapola.

“En Estados Unidos, por ejemplo, tú te registras para ser consumidor hasta de gomitas de marihuana; el Estado cobra impuestos importantes, California va a sacar más de mil millones de dólares de impuestos este año, nada más por la cuestión de la marihuana, ¡mil millones de dólares! Entonces habrá que regularla con una presencia fuerte del Estado. No vamos a legalizarla, no, no, vamos a regularla”.

 

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Entity List, la poderosa y poco conocida herramienta de sanciones que EU aplicó a Huawei
Creada para combatir la proliferación nuclear, esta herramienta está ahora en medio de la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.
16 de junio, 2019
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Es una de las armas más poderosas y menos conocidas de las que dispone el gobierno de Estados Unidos en el ámbito internacional.

Se la conoce como “Entity List” (Lista de Entes) y es una herramienta central en las sanciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump en contra de la empresa tecnológica china Huawei.

Publicada por primera vez en febrero de 1997, esta lista recopilaba los nombres de los entes extranjeros (empresas, centros de investigación, gobiernos e incluso individuos) que participaban en actividades que potencialmente podían derivar en el desvío de productos estadounidenses que podrían ser utilizados en la creación de armas de destrucción masiva.

Desde entonces, sin embargo, los motivos que pueden llevar a ser incluido en esa lista se han ampliado para abarcar otro tipo de actividades sancionadas por el Departamento de Estado, así como la participación en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional o de la política exterior de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump incluyó a mediados de mayo a Huawei en la Entity List usando este último argumento.

La decisión trajo como consecuencia que importantes empresas estadounidenses, incluyendo Google, anunciaran que dejarían de trabajar con la empresa china.

La lista actual de sancionados, publicada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, tiene más de 280 páginas, en las que aparecen entes de decenas de países alrededor del mundo, incluyendo a adversarios tradicionales de Washington como Irán pero también de países aliados como Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido.

Una tercera parte de la lista recoge los nombres de entes radicados en Rusia, país que suma 90 páginas, mientras que China supera las 40.

De América Latina aparecen mencionados cinco países: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Panamá, aunque en el caso de los cuatro primeros su inclusión obedece a las sanciones aplicadas en contra de las filiales locales de Huawei.

Acceso bloqueado

La decisión de incluir a algún actor extranjero en la Entity List es tomada conjuntamente por representantes de los departamentos de Comercio, Estado, Defensa y Energía, que valoran si se cumplen los criterios requeridos.

Si esto se aprueba, quedan prohibidas las ventas, exportaciones, reexportaciones o transferencias de todos los productos de origen estadounidense (incluyendo materias primas, software o cualquier tipo de producto o tecnología) hacia el ente en cuestión.

“Es una herramienta muy poderosa porque implica que las empresas estadounidenses no pueden vender nada, ni un destornillador, sin contar con una autorización previa. Eso significa que el departamento de Comercio tiene la posibilidad de verificar de qué se trata y decidir si emite el permiso”, comenta James Lewis, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), a BBC Mundo.

Kevin Wolf, quien fue subsecretario de Comercio para la Administración de Exportaciones durante el gobierno de Barack Obama, asegura que la lista busca estimular a los entes extranjeros a que abandonen un comportamiento que Washington considera contrario a sus intereses de seguridad nacional.

Explica que, por ejemplo, una empresa puede ser agregada a la lista cuando hay información que permite pensar que está violando sanciones al enviar productos prohibidos a Irán o Corea del Norte; o que pueden ser desviados para actividades terroristas.

El objetivo es que las compañías dejen de actuar de esa forma y puedan salir de la lista. Eso ocurre de forma rutinaria. No es como un proceso civil o penal. Históricamente ha sido usada como una herramienta de persuasión”, apunta Wolf, quien tuvo entre sus responsabilidades la supervisión de la Entity List.

El experto señala que este mecanismo tiene numerosas ventajas para Washington:

  • Es rápido. Permite aplicar sanciones sin tener que cumplir con los exigentes estándares requeridos por un proceso criminal o civil.
  • Es flexible. Puede ser usado con la intensidad que requiera la situación.
  • Es eficaz. Le otorga al gobierno de Estados Unidos gran influencia sobre las empresas extranjeras para buscar su cambio de comportamiento.

Incertidumbre sobre Huawei

Gran parte de la fortaleza de la Entity List reside en que, al prohibir la venta de productos estadounidenses a esas compañías extranjeras, muchas veces estas pueden quedar en una situación comprometida debido a que su modelo de negocio depende de contar con componentes o productos procedentes de EE.UU.

Pese a ello, Lewis advierte sobre los límites de estas medidas.

Usualmente estas compañías tienen vínculos estrechos con los Estados extranjeros y, con frecuencia, trabajan para programas gubernamentales. El caso de Huawei es parecido. Ellos no van a quebrar debido a estas medidas porque el gobierno de China los mantendrá a flote”.

“La Entity List es una herramienta poderosa que dificulta a las empresas sus operaciones, pero normalmente no caen en bancarrota”, apunta el experto.

En el caso de Huawei, Wolf señala que formalmente su inclusión en esta lista siguió las mismas normas aplicadas durante el gobierno de Obama y de George W. Bush.

“La única diferencia es que este caso es mucho más grande en alcance, magnitud e impacto que cualquier anterior. Huawei es la mayor empresa que haya sido agregada a la Entity List. Además, el valor económico de los bienes estadounidenses que compraba también es muy superior a los casos precedentes”, afirma.

Pero, ¿es posible que Huawei logre salir de esa lista de empresas sancionadas?

“Esa es la pregunta del millón de dólares” responde Wolf.

El experto recuerda que la justificación esgrimida para incluirla en la lista se relacionaba con la violación de sanciones por parte de esa compañía y que también hay un juicio penal que llevó a la detención de una de sus más altas ejecutivas (Meng Wanzhou, quien es directora financiera e hija del fundador de la compañía).

“Una posibilidad es que la inclusión en la Entity List pueda resolverse en conexión con ese caso de sanciones. También puede ocurrir que se vea afectada por las negociaciones comerciales“, apunta.

En el caso de Huawei también entran en juego las acusaciones que le ha hecho Estados Unidos sobre la posibilidad de que la compañía se preste para ayudar al espionaje chino además de su rivalidad comercial con empresas estadounidenses por el desarrollo de las futuras redes 5G.

¿En estas condiciones, podría librarse de las sanciones?

“Esos temas ciertamente están en la mente de todo el mundo y del gobierno. Por eso creo que es muy difícil predecir lo que pueda ocurrir pues, a diferencia de muchos otros casos incluidos en la Entity List, hay muchas preocupaciones tácitas que probablemente afectarán las decisiones de política que tendrán que tomarse”, concluye.


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