México, potencia en exportar cerveza, pero su gasto en prevención y tratamiento de alcoholismo es insuficiente

Un informe elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados revela las disparidades entre lo recaudado y la inversión pública destinada a los costos sociales del consumo de alcohol.

Cerveza
Un informe revela las disparidades entre lo recaudado y la inversión pública destinada a los costos sociales del consumo de alcohol. Cuartoscuro

México es el mayor exportador mundial de cerveza, al producir 21 % de lo importado, lo que implica que su producción y venta generan cuantiosos recursos en impuestos para el gobierno. Sin embargo, eso no se ha traducido en que los servicios de salud tengan suficiente dinero para prevenir la adicción al alcohol y en atender las principales enfermedades que provoca, como la cirrosis.

Un informe elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados y publicado este 17 de julio revela las disparidades entre lo recaudado y la inversión pública destinada a los costos sociales del consumo de alcohol: mientras que el gasto en prevención es mínimo, de 4 % de los impuestos obtenidos por ventas, el dinero de lo recaudado se queda corto frente al necesario para atención médica, que es casi el doble.

Para 2018, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) asignó al programa Prevención y Atención contra las Adicciones 1,335 millones de pesos, una cifra que no es ni el 1 % del valor de las ventas de cerveza que hubo en 2017 y apenas representa el 4 % de lo recaudado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En cuanto al tratamiento de pacientes con cirrosis hepática –enfermedad que en la mitad de los casos es causada por un consumo excesivo de alcohol– el informe estima que en 2017 se destinaron 63, 734 millones de pesos, un monto 1.8 veces superior a lo obtenido del IEPS a cervezas y otras bebidas alcohólicas en ese mismo año.

El estudio advierte, no obstante, que la solución no está en aumentar más los impuestos, ya que, por un lado, esa medida no ha demostrado inhibir el consumo de alcohol y, por el otro, no es recomendable afectar a una industria próspera.


Tan solo de cerveza, en 2017 el país produjo 11.3 millones de litros, con un valor de 549, 409 millones de pesos, que significan el 4.8 % del valor total de la industria manufacturera de ese año. Desde 2010, México se convirtió en el mayor exportador mundial.

La producción de bebidas, además, genera más de 20 mil empleos directos y 85 mil indirectos (63 % de ellos gracias al ramo cervecero), y entre 2015 y 2017 creó 3 mil trabajos.

“Esto hace de la industria de cerveza y bebidas alcohólicas una de las más importantes en México (…) por ello, se debe ser cuidadoso en buscar estrategias que permitan regular el consumo, pero que a su vez, no desincentiven la producción o afecten su competitividad a nivel mundial”, advierte el centro de estudios.

En 2017, el impuesto especial cobrado por estas bebidas ascendió a 35, 008 millones de pesos, que es el 23 % de lo recaudado por el IEPS No Petrolero, casi a la par de lo que se obtiene de la venta de cigarros.

El IEPS es un impuesto que se suma al pago de IVA e ISR, y que fue creado específicamente para productos que dañan la salud. Un impuesto así es recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que sugiere que fijar precios e imponer mecanismos tributarios inhibe el consumo, sobre todo en personas menores de 20 años.

Sin embargo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas detectó que ese objetivo no se está cumpliendo, porque en las personas de bajos ingresos la demanda de cerveza se ha mantenido igual durante años, y en quienes logran un mejor sueldo el consumo gira hacia bebidas de mayor costo.

“Si bien se ha logrado un avance que permite captar recursos de esta actividad, dicha recaudación no ha sido suficiente para cubrir los costos de salud pública que estos productos generan para las finanzas públicas, y tampoco ha logrado reducir el consumo de cervezas y bebidas alcohólicas que hoy en día afecta a la población en la edad más vulnerable: los adolescentes y jóvenes”, sentencia el informe.

Por todo eso, recomienda a los legisladores que para la prevención del alcoholismo y atención de sus enfermedades se tomen medidas que no se enfoquen nuevamente en aumentar los impuestos. Y retoma otras tres recomendaciones de la OPS: elaborar programas para detectar e intervenir a tiempo en la población de riesgo; hacer cumplir la edad mínima establecida por ley para el consumo de alcohol, mediante sanciones más fuertes y mejores mecanismos de control; y estudiar la opción de que una tasa fija de los impuestos recaudados en la venta de alcohol se destinen a prevención y tratamiento del alcoholismo.

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