El muro en el sur de México también funciona: detenciones de niños migrantes se disparan 90%
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El muro en el sur de México también funciona: detenciones de niños migrantes se disparan 90%

Este nuevo ‘brote’ de detenciones coincide con la crisis’ de niños migrantes de Estados Unidos; el Instituto Nacional de Migración sostiene que en ninguno caso los menores no acompañados son llevados a estaciones migratorias.
Cuartoscuro
19 de julio, 2018
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La detención en México de menores migrantes indocumentados se ha vuelto a disparar en 2018.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y mayo 12, 416 menores de edad han sido presentados ante las autoridades migratorias mexicanas por transitar sin documentos por el país, de los cuales el 45 % tiene menos de 11 años de edad.

Esta cifra supone un aumento del 90 % en comparación con el mismo periodo de 2017, cuando se registraron 5, 882 casos menos. También es un alza del 42 % de menores que fueron detenidos cuando viajaban sin la compañía de un adulto: 331 casos frente a 233 en 2017.

De los menores puestos a disposición de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), el 98 % emigraba del Triángulo Norte de Centroamérica, especialmente de Honduras y El Salvador. Y de ese total, 9, 943 menores, el 80 %, ya fueron deportados a estos dos países que acaparan los rankings de violencia y de naciones expulsoras de personas que buscan refugio, debido a la pandemia de violencia desatada por pandillas como La Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Además de menores, las estadísticas reflejan un aumento de las detenciones de migrantes en general: en 2018 (enero-mayo) suman 54, 666 capturas; 51.6 % más que 2017. Aunque es una cifra lejana de las casi 80 mil capturas en los primeros cinco meses de 2015 y los 70 mil de 2016.

Por sexo, las detenciones de mujeres migrantes también se dispararon este año: 12, 625 capturas, 43 % más.

Este nuevo ‘brote’ de detenciones en México coincide de nuevo con una crisis de niños migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.

Ya sucedió en 2014. En ese entonces, a raíz de una primera crisis y de un posterior encuentro entre Enrique Peña Nieto y el entonces presidente estadounidense Barack Obama, México lanzó en junio de ese año el Programa Frontera Sur.  Un plan que surgió sorpresivamente.

Una semana antes de su presentación oficial, ninguna dependencia de gobierno tenía ni un solo documento relativo al programa. En el papel, el plan prometía proteger los derechos humanos de los migrantes, pero en la práctica desató una ‘cacería’ que se vio reflejada en las estadísticas de 2015 y 2016, cuando se batieron todos los récords desde que se tiene registro oficial con más de 384 mil detenciones.

En 2018 vuelve a ocurrir, coincidiendo con la nueva ofensiva de la administración Trump para frenar la migración, misma que originó una crisis humanitaria sin precedentes en Estados Unidos ante las fotografías de niños separados de sus padres y encarcelados en ‘jaulas’ de los centros de detención en la frontera sur de Texas.

Migración privilegia “unificación familiar”

El INM aseguró que, en todos los casos, cuando se trata de menores no acompañados por algún familiar éstos son remitidos a los diferentes centros del DIF en los estados.

“Por ley, estos menores no pueden estar solos en las estaciones migratorias. En esos casos permanecen en el DIF, y cuando se les hace el reconocimiento de nacionalidad se van de regreso a sus países de origen, siempre acompañados de un oficial de Protección a la Infancia hasta que se entregan a sus familias”, sostuvo el INM en entrevista con Animal Político.

En el caso de los menores que viajan con familiares nunca se les separa de ellos. “El INM privilegia la unificación familiar”.  En esos casos, aseguró el INM, los menores si permanecen en las estaciones, pero siempre acompañados por sus familiares.

Además, asegura el INM, desde hace 2 años ha tomado medidas alternativas a las estaciones migratorias, diciendo que los niños y sus familiares pueden quedarse en determinados albergues si es que así lo deciden y si es que el albergue tiene espacio para ellos.

“El INM nunca va a separar a los niños de sus familias, porque por ley no podemos hacerlo”, aseguró.

De acuerdo con el Instituto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) permanentemente visita las estaciones migratorias para vigilar que no se violen los derechos de los menores y de los migrantes.

Aparte, los cónsules de diferentes países, sobre todo El Salvador, Guatemala y Honduras, visitan permanentemente las estaciones para saber cómo se encuentran sus connacionales.

El ‘otro muro’ en la frontera sur

Para el activista Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, existen numerosos paralelismos entre la política de control migratorio aplicada por México y Estados Unidos, esto a pesar de los mensajes que el gobierno mexicano lanza a través de su canciller, Luis Videgaray, para criticar el trato que reciben los migrantes mexicanos en el vecino país.

“Tal vez en México no se esté levantando un muro físico, pero aquí tenemos otro muro que consiste en una política migratoria que busca detener y deportar, y que para hacerlo usa a múltiples cuerpos policiacos, entre policías federales, estatales, municipales, gendarmería nacional, y hasta soldados y marinos”, sostuvo.

Sobre este punto del uso de la milicia para control migratorio, el activista señala que las autoridades mexicanas llevan al menos 10 años utilizando al Ejército para hacer lo mismo que pretende Trump, quien ha amagado con movilizar 100 mil militares de la Guardia Nacional para detener migrantes en su frontera con México.

Así lo documentó Animal Político en una nota publicada en febrero de 2017, en la que se dio a conocer que entre 2006 y junio de 2016 un total de 77 mil 310 migrantes indocumentados fueron puestos a disposición del INM tras ser detenidos por seis corporaciones de seguridad, entre éstas el Ejército, la Marina, y la Procuraduría General de la República (PGR).

En el norte, jaulas. En el sur, celdas

Además de la política de contención, Irazu Gómez, coordinadora de incidencia y vinculación de Sin Fronteras, recuerda que el trato a los menores migrantes que son detenidos en México no dista tanto de las fotografías de niños enjaulados en los centros de Estados Unidos.

“Allá (en Estados Unidos) los tienen en jaulas, sí. Pero en México están en celdas”, subraya la académica de Sin Fronteras, organización civil que lleva años publicando informes en los que denuncia violaciones a derechos humanos al interior de las estaciones migratorias del INM, como la existencia de ‘calabozos de castigo’, agresiones, extorsiones, acoso sexual, mala atención médica, y pésimas condiciones de higiene.

Sobre este punto, Gómez recuerda que en México se creó una ley que estipula que los menores no pueden ser encerrados en estaciones que, en términos reales, son cárceles migratorias. En cambio, añade, la realidad es que más allá del papel, miles de menores son ingresados en estos centros.

“Seguimos viendo a niños, niñas y adolescentes detenidos en estaciones migratorias. Y eso nos habla de la incongruencia del estado mexicano en su política interior y exterior”, apuntó Gómez.

La investigadora añadió que según la ley, los menores migrantes no deberían estar detenidos, y el Estado mexicano debería ofrecerle otras alternativas a la detención. “Una de esas alternativas es el DIF y sus albergues, pero están rebasados. Y al margen de esto, el Estado ya no ha revisado otra manera de atender a estos menores”.

Y al exterior, recalcó Gómez, porque la Cancillería mexicana condena ante la ONU la situación de los niños en Estados Unidos, pero en México las estaciones migratorias están llenas de menores.

Críticas a Alfonso Durazo

Ante este contexto, organizaciones de la sociedad civil, activistas y albergues de migrantes pidieron al equipo del ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, que entrará en funciones el 1 de diciembre, que lleve a cabo “un cambio de rumbo” en la política migratoria mexicana.

“Lo que hemos puesto sobre la mesa es la necesidad de un golpe de timón hacia una política migratoria garantista de los derechos humanos, que sea congruente con lo que exigimos para los connacionales en Estados Unidos”, planteó Irazu Gómez.

Sin embargo, a pesar de que López Obrador dijo en su discurso del 1 de julio que en México se defenderá a los migrantes nacionales, “y a los de América Central y de todo el continente”, las recientes declaraciones de Alfonso Durazo, propuesto para ser el próximo secretario de Seguridad Pública, han vuelto a prender todas las alarmas entre la sociedad civil.

Durazo planteó la posibilidad de crear una “fuerza policiaca fronteriza, (…), que incluye impedir que las personas migrantes indocumentadas y los traficantes de personas crucen México, lo que a menudo hacen con la ayuda de funcionarios corruptos”, de acuerdo con un reporte del diario El Financiero. Ante estas declaraciones, decenas de asociaciones civiles como Otros Dreamers en Acción, Fundar, o el Instituto para las Mujeres en la Migración, criticaron la propuesta.

“Las organizaciones de la sociedad civil coinciden en que de llevarse a cabo la medida propuesta por Durazo, no sólo se atentaría contra el derecho de personas a migrar, sino que aumentaría el número de violaciones a derechos humanos de esta población. Para muestra, el Plan Frontera Sur que entre 2013 y 2016 incrementó en 116 % la población de personas migrantes, de las cuales más del 85 % fueron deportados a su país, sin una revisión puntual de su caso”, señala el comunicado, que puedes leer íntegro aquí. 

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

Getty Images
Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

Getty Images
Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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