Prospera y Seguro Popular, programas sociales clave que no se sabe si realmente funcionan, dice la Auditoría
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Prospera y Seguro Popular, programas sociales clave que no se sabe si realmente funcionan, dice la Auditoría

La falta de indicadores hace imposible medir el cumplimiento de sus objetivos de fondo. Tampoco benefician a todos los que deberían.
Cuartoscuro
4 de julio, 2018
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Prospera y el Seguro Popular, programas clave del gobierno federal para abatir la pobreza, disminuir el rezago educativo y llevar seguridad social a toda la población, carecen de indicadores que prueben realmente el impacto positivo de su funcionamiento. Además, presentan un déficit en cobertura lo que deja a sus posibles beneficiarias sin recibir apoyo.

Así lo advierten las evaluaciones de desempeño practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, a estos dos programas financiados con recursos públicos, pero cuya contribución en el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población es, en el mejor de los casos, “dudosa”.

En el caso de Prospera, las auditorías practicadas detectaron problemas de raíz en sus tres componentes: alimentario, educativo y de salud.

En cuanto al componente alimentario la auditoría destaca que en 2017, se destinaron 37 mil 832 millones de pesos en subsidios para la alimentación de seis millones y medio de familias en condiciones vulnerables, con lo que creció la cantidad de familias beneficiadas.

Sin embargo, dado que el programa no está diseñado para ser un simple apoyo asistencialista sino proporcionar una alimentación de calidad que a su vez contribuya al desarrollo de la familia, se requieren parámetros que permitan revisar si esos objetivos se están alcanzando, lo que no existe hasta el día de hoy.

“La carencia de información sobre la mejora de la cantidad, calidad y diversidad de la alimentación de las familias que recibieron los apoyos, no posibilita evaluar en qué medida las intervenciones del programa contribuyeron a mejorar su alimentación”, señala esta auditoría.

El análisis también  alertó que únicamente el 0.8 % de las familias beneficiadas con los subsidios de alimentación recibieron capacitación para desarrollar actividades productivas, un elemento que clave para que los beneficiarios no dependan solo del apoyo del gobierno en el corto plazo.

En el componente de educación de Prospera, la ASF registró que se dieron becas a más de 4 millones 680 mil estudiantes de educación básica, así como a un millón 153 mil alumnos de nivel medio superior; más del 90 % tuvieron una asistencia regular a clases.

Sin embargo, los auditores señalaron que no hay indicadores que permitan evaluar que cada vez menos alumnos deserten y terminen satisfactoriamente sus estudios, ni tampoco que permitan saber en qué medida este programa realmente contribuyó en la inscripción de más alumnos en los planteles.

“Tampoco se dispuso de mecanismos y de información para dar seguimiento, controlar y evaluar la contribución del programa en la ampliación de capacidades en educación”, indica el informe de resultados de la Auditoría.

Respecto al componente de salud, los auditores encontraron que el 94 % de las seis millones y medio de familias dadas de alta en Prospera recibieron cobertura, además de que se mantiene el control nutricional del 99 % de los menores pertenecientes a las familias beneficiadas.

Además, se impartieron más de un millón 600 mil talleres para el autocuidado de la salud a la población vulnerable.

Pero al igual que en los casos anteriores, hallaron que más allá del apoyo subsidiario no hay indicadores que permitan evaluar si se están incrementando las capacidades de los servicios de salud ni la efectividad de los talleres para incrementar la prevención de enfermedades. Son componentes clave para que las acciones no sean solo asistencialismo ni exista dependencia del apoyo específico.

Seguro popular… no para todos

El programa del Seguro Popular tiene como finalidad proporcionar servicios de salud y atención médica (incluidas cirugías y tratamientos) a la población en México que no es derechohabiente de los seguros que proporcionan el IMSS y el ISSSTE. En 2012, se calculaba que el universo de personas sin ninguna clase de acceso a esquemas de salud era del 25 % de la población.

Lo que los auditores encontraron es que en 2017, el programa falló en beneficiar a la población objetivo e incluso la cobertura ha disminuido.

De acuerdo con el informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada en 2013, había 55.6 millones de personas afiliadas al Seguro Popular, lo que representaba el 85.4 % de la población objetivo. Pero para 2017 la cifra de beneficiados disminuyó a 53.5 millones de personas, 79.2 % de la población objetivo.

En realidad, no todas las personas en México tienen seguridad social, objetivo central de este programa que proviene desde el sexenio de Vicente Fox y que la administración actual ha fallado en fortalecer.

La ASF subrayó que al menos en 2017 tampoco se hizo una confronta con los padrones de personas derechohabientes de otras instituciones que proporcionan seguridad social, lo que genera un riesgo de que existan personas duplicadas con distintos seguros en perjuicio de quien no tiene ningún tipo.

Además, no hay indicadores que permitan evaluar una cobertura amplia a los beneficiados para que no tengan que invertir en gastos complementarios.

“A 14 años de operación, (el programa) sigue sin contar con información ni indicadores y metas, para evaluar el cumplimiento del mandato del Seguro Popular relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud y, con ello, valorar la atención del problema público”, concluye la ASF.

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¿Cuán factible (y conveniente) puede ser la compra privada de vacunas contra COVID-19?

Varios países han abierto la puerta para el acceso privado a las vacunas. Sin embargo, existen reparos sobre la conveniencia de un modelo de negocio particular a la hora de enfrentar una emergencia de salud pública como la del coronavirus.
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10 de mayo, 2021
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Vacunas con un dólar

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Varios países han intentado abrir sus legislaciones para permitir la venta de vacunas de forma privada.

La vacunación contra la covid-19 avanza a contrarreloj en el mundo, a cargo de gobiernos y entidades de salud pública: hasta el momento se han administrado más de 1.150 millones dosis a nivel mundial, según el monitoreo de la Universidad de Oxford.

Mientras países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos han logrado ejecutar campañas de vacunación masiva que alcanzan a más de la mitad de su población (incluso con las dos dosis requeridas por la mayoría de las vacunas disponibles), otras naciones se encuentran rezagadas.

En ese escenario, y ante el aumento de contagios, países como Indonesia, India y Pakistán, entre otros, han optado por incorporar a privados a la compra de vacunas, pero controlados desde instancias gubernamentales.

Y en América Latina, impulsados por el desabastecimiento, Brasil, Colombia, Perú y México están abriendo puertas para que empresarios y gobiernos locales puedan adquirir las dosis que se necesitan.

Sin embargo, la opción de la compra privada es aún muy incipiente y genera reparos.

Distintos expertos en salud han expresado inquietudes, no sólo por las cuestiones comerciales asociadas a la compra de vacunas, sino también sobre la conveniencia de un modelo de negocio privado a la hora de enfrentar esta emergencia de salud pública de gran escala.

¿Ayuda o estorbo?

El principal objetivo de las vacunas es “salvar vidas, y ese objetivo es mejor financiado por fondos públicos”, afirma un documento que la OPS compartió con BBC Mundo.

“Los países se han alineado con el marco de valores y objetivos de la Organización Mundial de la Salud y consideran garantizar la vacunación sin ningún costo para la población“, señala.

El objetivo de la vacuna actualmente es su utilización como medida de salud pública. El primer objetivo es proteger a las personas que tienen un riesgo mayor de enfermarse gravemente de covid-19 o de morir por la enfermedad”, le dice a BBC Mundo Ana Elena Chévez, asesora regional en inmunizaciones del organismo.

vacunas rodeadas de Euros

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“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, y no solamente para los que puedan pagar”, señala la OPS.

“Por eso el uso de las vacunas por ‘pago de bolsillo’ puede ampliar las inequidades que desafortunadamente la pandemia ha subrayado tanto en la región”, agrega la asesora, en su análisis de América Latina.

Ante la escasez de vacunas, resulta problemático “pensar que un adulto mayor por no tener acceso a la vacuna no se pueda vacunar, y una persona joven y saludable que pague por ella pueda tener acceso”, compara Chévez.

Quienes rechazan la idea de “privatizar” la compra de vacunas señalan que la apertura de un mercado privado, en vez de ayudar a alcanzar las metas de vacunación completa en los países, generaría un efecto contrario: los particulares entrarían a competir con el Estado como proveedor, lo que podría incluso entorpecer la campaña de inmunización.

Los países de América Latina no tienen recursos ilimitados para, además de atender una emergencia de salud pública como lo es la pandemia en todos sus niveles, prestar recursos a los privados para que ellos puedan aplicar las vacunas que adquirieron”, le dijo a BBC Mundo Ángela Uyén, investigadora especialista en enfermedades infecciosas y asesora de Médicos Sin Fronteras.

“Los privados necesitan enfermeras para aplicar las vacunas, lugares para almacenarlas, centros de vacunación… y eso no va a venir de otro lugar que no sea el Estado, o en competencia con él”.

El médico cirujano mexicano Xavier Tello, añade un elemento técnico.

“Muchas de esas vacunas están aún en fase III de ensayos clínicos. Por esa razón técnica, sin hablar de la conveniencia de que exista o no, es que no hay todavía un mercado establecido como sí sucede con otros medicamentos aprobados para su venta al público”, añade Tello en diálogo con BBC Mundo.

Logística

Uyén señala que, en los países donde se han adelantado propuestas para la implementación de un mercado privado de vacunas, las empresas y los particulares ya tienen una alta participación en la prestación de los servicios regulares de salud.

Ella y otros especialistas coinciden en que tal vez la mejor manera en que los privados pueden ayudar a los procesos de inmunización es haciendo parte de la cadena logística.

Vacunas con signo de Copyright

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Varios expertos han señalado que la liberación de las patentes ayudaría aumentar la producción de vacunas alrededor del mundo.

“El mejor ejemplo de eso es Estados Unidos, donde todas las vacunas han sido provistas por el gobierno pero se ha contado con el apoyo de clínicas, farmacias y entidades particulares que han sido parte de la masiva campaña que han tenido”, señala Uyén.

Sin embargo, su intervención no debe cambiar el modelo ni las prioridades actuales, indican los especialistas.

“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, nunca debe ser solamente para los que puedan pagar”, dice Chévez.

Los ministerios de salud cuentan con el personal, la logística y la cadena de frío necesaria para implementar la vacunación universal. El sector privado podría contribuir de forma solidaria”, añade la representante de la OPS.

Demora en el programa Covax

El problema al que se enfrenta la mayor parte de países es el desabastecimiento global de dosis de vacunas contra el covid-19.

En América Latina son varios los gobiernos que han anunciado retrasos en los planes oficiales por falta de dosis, entre ellos, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, donde los suministros han alcanzado apenas para vacunar a entre 3% y 14% de sus poblaciones con al menos una dosis.

A lo que se suma la demora en las entregas por parte del programa Covax, que pretendía, mediante un plan solidario, garantizar el acceso a las vacunas de forma equitativa a todos los países, especialmente los de menores ingresos.

En América Latina, muchos gobiernos habían elaborado sus planes de vacunación contando con esas dosis.

Creo que el problema ha sido la adquisición desmesurada de algunos países, que ha impactado en algo tan importante como el plan Covax”, señala Ayén.

Vacunas en un podio.

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Hasta ahora los principales laboratorios que producen la vacuna se han negado a negociar con particulares.

Hasta el momento, Covax ha entregado cerca de 40 millones de dosis en 102 países. Y su objetivo es llegar a 2.000 millones de dosis a finales de este año.

“Que Covax no esté funcionando como se pensó que iba a funcionar no puede dar cabida a la entrada de un mercado privado”, anota la analista.

Iniciativas en la región

Con un cuadro crítico por los casos de covid-19 en Colombia -cerca de 17.000 nuevos contagios y 400 muertos diarios-, el gobierno del presidente Iván Duque decidió abrir a privados la adquisición de las vacunas el pasado 21 de abril.

Los anuncios ocurrieron antes de las masivas protestas que han sacudido al país en los últimos días y que han dejado al menos 19 personas muertas.

“Solo se podrán adquirir vacunas que tengan la autorización por parte del Invima (Instituto de Vigilancia de Medicamentos del país) para uso de emergencia”, aseguró el mandatario.

Aunque el decreto permite la importación de las vacunas, no permite su venta.

“Solo podrán ser adquiridas (por privados) para su aplicación gratuita a grupos poblacionales previamente definidos y aprobados por el Ministerio de Salud”, señala el decreto.

De acuerdo con el gobierno colombiano, la idea es permitir que las empresas puedan facilitar la vacunación de sus empleados de una forma más directa.

Actualmente en Colombia se están aplicando las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac.

Ya se conoció públicamente que las farmacéuticas Pfizer y Sinovac han rechazado hacer negocios con privados allí, mientras que no han trascendido detalles de negociaciones con los otros tres laboratorios.

Covax

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Lo cierto es que el programa Covax no ha cumplido con todos los objetivos que se había propuesto para la entrega de dosis.

Las trabas que se ven en Colombia ya se han registrado antes en otros países: aunque la normativa permita la importación de vacunas, los privados no consiguen alcanzar acuerdos con las farmacéuticas.

A principio de año, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó a un conglomerado de clínicas privadas llamado ACBVAC a buscar de forma particular vacunas para luchar contra el incesante aumento de casos en el gigante sudamericano.

Sin embargo, las farmacéuticas productoras de vacunas insistieron en que solo negociaban con gobiernos.

“Creo que en el futuro va a existir un mercado privado, sin duda, pero ahora no están dadas las condiciones para que algo así ocurra”, señala Tello.

Al caso de Brasil y Colombia se suma Perú, que esta semana aprobó una legislación que habilita la adquisición de vacunas por parte de privados y gobiernos regionales.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se mostró abierto a la posibilidad, aunque no existe al momento una decisión oficial en este sentido, y lo mismo ocurre en otros países como Ecuador y Argentina (donde se planteó la posibilidad en el Congreso).

Vacunas

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Analistas señalan que los gobiernos son los encargados de garantizar el éxito de los planes masivos de vacunación.

“Si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna”, apuntó López Obrador y dejó abierto el juego para que el cuestionado mercado privado sea una realidad en su país.

Los analistas no descartan que en el futuro, una vez las vacunas hayan terminado la fase III de investigación y la situación de la pandemia haya mejorado ostensiblemente, que pueda existir una venta a particulares de la vacuna de covid-19.

Pero ahora, están de acuerdo, la prioridad debe ser la salud pública.


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