Prospera y Seguro Popular, programas sociales clave que no se sabe si realmente funcionan, dice la Auditoría
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Prospera y Seguro Popular, programas sociales clave que no se sabe si realmente funcionan, dice la Auditoría

La falta de indicadores hace imposible medir el cumplimiento de sus objetivos de fondo. Tampoco benefician a todos los que deberían.
Cuartoscuro
4 de julio, 2018
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Prospera y el Seguro Popular, programas clave del gobierno federal para abatir la pobreza, disminuir el rezago educativo y llevar seguridad social a toda la población, carecen de indicadores que prueben realmente el impacto positivo de su funcionamiento. Además, presentan un déficit en cobertura lo que deja a sus posibles beneficiarias sin recibir apoyo.

Así lo advierten las evaluaciones de desempeño practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, a estos dos programas financiados con recursos públicos, pero cuya contribución en el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población es, en el mejor de los casos, “dudosa”.

En el caso de Prospera, las auditorías practicadas detectaron problemas de raíz en sus tres componentes: alimentario, educativo y de salud.

En cuanto al componente alimentario la auditoría destaca que en 2017, se destinaron 37 mil 832 millones de pesos en subsidios para la alimentación de seis millones y medio de familias en condiciones vulnerables, con lo que creció la cantidad de familias beneficiadas.

Sin embargo, dado que el programa no está diseñado para ser un simple apoyo asistencialista sino proporcionar una alimentación de calidad que a su vez contribuya al desarrollo de la familia, se requieren parámetros que permitan revisar si esos objetivos se están alcanzando, lo que no existe hasta el día de hoy.

“La carencia de información sobre la mejora de la cantidad, calidad y diversidad de la alimentación de las familias que recibieron los apoyos, no posibilita evaluar en qué medida las intervenciones del programa contribuyeron a mejorar su alimentación”, señala esta auditoría.

El análisis también  alertó que únicamente el 0.8 % de las familias beneficiadas con los subsidios de alimentación recibieron capacitación para desarrollar actividades productivas, un elemento que clave para que los beneficiarios no dependan solo del apoyo del gobierno en el corto plazo.

En el componente de educación de Prospera, la ASF registró que se dieron becas a más de 4 millones 680 mil estudiantes de educación básica, así como a un millón 153 mil alumnos de nivel medio superior; más del 90 % tuvieron una asistencia regular a clases.

Sin embargo, los auditores señalaron que no hay indicadores que permitan evaluar que cada vez menos alumnos deserten y terminen satisfactoriamente sus estudios, ni tampoco que permitan saber en qué medida este programa realmente contribuyó en la inscripción de más alumnos en los planteles.

“Tampoco se dispuso de mecanismos y de información para dar seguimiento, controlar y evaluar la contribución del programa en la ampliación de capacidades en educación”, indica el informe de resultados de la Auditoría.

Respecto al componente de salud, los auditores encontraron que el 94 % de las seis millones y medio de familias dadas de alta en Prospera recibieron cobertura, además de que se mantiene el control nutricional del 99 % de los menores pertenecientes a las familias beneficiadas.

Además, se impartieron más de un millón 600 mil talleres para el autocuidado de la salud a la población vulnerable.

Pero al igual que en los casos anteriores, hallaron que más allá del apoyo subsidiario no hay indicadores que permitan evaluar si se están incrementando las capacidades de los servicios de salud ni la efectividad de los talleres para incrementar la prevención de enfermedades. Son componentes clave para que las acciones no sean solo asistencialismo ni exista dependencia del apoyo específico.

Seguro popular… no para todos

El programa del Seguro Popular tiene como finalidad proporcionar servicios de salud y atención médica (incluidas cirugías y tratamientos) a la población en México que no es derechohabiente de los seguros que proporcionan el IMSS y el ISSSTE. En 2012, se calculaba que el universo de personas sin ninguna clase de acceso a esquemas de salud era del 25 % de la población.

Lo que los auditores encontraron es que en 2017, el programa falló en beneficiar a la población objetivo e incluso la cobertura ha disminuido.

De acuerdo con el informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada en 2013, había 55.6 millones de personas afiliadas al Seguro Popular, lo que representaba el 85.4 % de la población objetivo. Pero para 2017 la cifra de beneficiados disminuyó a 53.5 millones de personas, 79.2 % de la población objetivo.

En realidad, no todas las personas en México tienen seguridad social, objetivo central de este programa que proviene desde el sexenio de Vicente Fox y que la administración actual ha fallado en fortalecer.

La ASF subrayó que al menos en 2017 tampoco se hizo una confronta con los padrones de personas derechohabientes de otras instituciones que proporcionan seguridad social, lo que genera un riesgo de que existan personas duplicadas con distintos seguros en perjuicio de quien no tiene ningún tipo.

Además, no hay indicadores que permitan evaluar una cobertura amplia a los beneficiados para que no tengan que invertir en gastos complementarios.

“A 14 años de operación, (el programa) sigue sin contar con información ni indicadores y metas, para evaluar el cumplimiento del mandato del Seguro Popular relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud y, con ello, valorar la atención del problema público”, concluye la ASF.

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¿A qué se han comprometido los países de América Latina en la cumbre sobre cambio climático?

Acabar con la deforestación y depender menos del metano y del carbón fueron algunas de las propuestas de la COP26 en Escocia, pero ¿qué países de la región firmaron los acuerdos al respecto?
10 de noviembre, 2021
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El cambio climático se está intensificando y ahora amenaza todos los aspectos de la vida humana.

De no controlarse, la humanidad se enfrenta a sequías cada vez más graves y un mayor aumento del nivel del mar, lo que conllevaría a la extinción masiva de especies: sería una catástrofe.

También aumentaría la frecuencia de inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales.

Para controlarlo, líderes de todo el mundo se encuentran reunidos desde el 1 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, donde se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26.

La cumbre ya ha rendido frutos y generado varios acuerdos, pero no todos los países asistentes los respaldan.

Aquí te ofrecemos un resumen de los compromisos más importantes que se han logrado y de los países que se adhirieron, con un foco en América Latina.

Acabar con la deforestación para 2030

Más de 130 líderes mundiales prometieron la semana pasada ponerle fin y revertir la deforestación para 2030. Fue el primer gran acuerdo logrado en la cumbre climática COP26.

Brasil, donde grandes partes de la selva amazónica ya han sido taladas, fue uno de los signatarios. Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia también respaldaron la iniciativa.

Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Getty Images
Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Dentro de los países latinoamericanos que firmaron este acuerdo se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay.

Para lograr la meta se utilizarán alrededor de US$19.200 millones de fondos públicos y privados.

Simon Lewis, experto en clima y bosques de la University College London, le dijo a la BBC que es una buena noticia que tantos países se comprometan a ponerle fin a la deforestación y que se cuente con una “financiación significativa para seguir adelante en ese viaje”.

Pero recordó que el mundo “ha estado aquí antes”, haciendo alusión a una declaración voluntaria similar que fue firmada por 40 países en 2014 en Nueva York y que “no logró frenar la deforestación en absoluto”.

Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido y anfitrión de cumbre mundial en Glasgow, calificó de “histórico” este nuevo compromiso firmado por más de 130 países.

La tala de árboles contribuye al cambio climático porque agota los bosques que absorben grandes cantidades de CO2.

Menos metano

El metano es uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático y es responsable de un tercio del calentamiento actual de la Tierra.

Metano.

Getty Images
Argentina, Chile y México son tres de los más de diez países latinoamericanos que se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030.

Decenas de países se han sumado a una iniciativa liderada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) que busca reducir las emisiones de este gas en al menos un 30% para 2030, en comparación con los niveles de 2020.

En el marco de la COP26 casi 100 países suplementarios se sumaron al compromiso.

La lista ahora incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

China, Rusia e India, tres de los principales emisores de metano en el mundo, se abstuvieron de adherirse al plan.

Alrededor del 40% de las emisiones de metano provienen de fuentes naturales como los humedales, pero la mayor parte ahora proviene de una variedad de actividades humanas, que van desde la agricultura, como la producción de ganado y arroz, hasta el uso de gas natural y los vertederos de basura.

Desde 2008 ha habido un gran aumento en las emisiones de metano, que algunos investigadores vinculan al auge de la fracturación hidráulica en algunas partes de EE.UU.

Carbón

Más de 40 países se comprometieron a acelerar la transición energética y reducir el uso del carbón, el mayor contribuyente al cambio climático.

El compromiso incluye poner fin a todas las inversiones que consideren abrir nuevas centrales eléctricas que utilicen carbón, además de impulsar el desarrollo de “energías limpias“.

Planta de carbón en China.

Getty Images
Alrededor del 37% de la electricidad mundial se produjo con carbón en 2019.

Los firmantes estipulan eliminar gradualmente el uso de este contaminante hacia la década de 2030 para las principales economías y la década de 2040 para las naciones más pobres.

“El fin del carbón está a la vista”, aseguró el ministro británico de Energía y Negocios, Kwasi Kwarteng.

“El mundo se está moviendo en la dirección correcta, está listo para sellar el destino del carbón y abrazar los beneficios ambientales y económicos de construir un futuro impulsado por la energía limpia”, añadió.

Grandes consumidores de carbón como Alemania, Canadá, Chile, Corea del Sur, Polonia, Ucrania y Vietnam respaldaron el acuerdo.

Docenas de organizaciones también lo hicieron y varios de los bancos más importantes del mundo acordaron dejar de financiar la industria del carbón.

No obstante, Australia, India, China y EE.UU., cuatro de los más dependientes del carbón en el mundo, no lo firmaron.

Además de Chile, Ecuador ha sido el único país de América Latina que se ha adherido.

Para Juan Pablo Osornio, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP26, esta declaración “aún está muy por debajo” de lo que el mundo necesita.

“A pesar del titular brillante, da a los países un enorme margen de maniobra para elegir su propia fecha de eliminación”, precisó.

Zona ecológica libre de pesca

Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica acordaron el segundo día de la cumbre un convenio para crear una zona ecológica libre de pesca en sus aguas en el océano Pacífico.

El llamado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR) tendrá una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados y conectará a las islas Galápagos en Ecuador, la isla Malpelo en Colombia y las de Cocos y Coiba, situadas en aguas territoriales de Costa Rica y Panamá.

Corredor Marino

CMAR
El Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental es una de las áreas de conservación de vida marina más grande del planeta.

“Vamos a proteger ecosistemas como Galápagos y las islas Cocos, que se encuentran entre los más valiosos del mundo”, dijo el presidente de Costa Rica, Álvaro Quesada, durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como principal objetivo resguardar las especies migratorias que transitan anualmente por la zona y que no se vean afectadas por la pesca comercial.

Con 500.000 kilómetros cuadrados, el corredor será “la reserva marina más grande en Occidente”, de acuerdo con el gobierno colombiano.

Al darse a conocer el pacto, el primer ministro británico, Boris Johnson, describió el esfuerzo como una “iniciativa audaz, ambiciosa y crucial para los esfuerzos de conservación en esta hermosa región”.


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