A un año del Sistema Nacional Anticorrupción, ningún estado ha concretado su sistema local
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A un año del Sistema Nacional Anticorrupción, ningún estado ha concretado su sistema local

A un año de su puesta en marcha, sólo 15 de las 32 entidades han armonizado los objetivos de la ley general con la legislación local, mientras que el resto lo ha hecho de manera parcial. Además faltan recursos presupuestales y humanos.
Cuartoscuro
19 de julio, 2018
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A un año del arranque del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ninguna entidad ha logrado la conformación al cien por ciento del sistema local y de fiscalización.

Sólo 15 de las 32 entidades han armonizado los objetivos de la ley general con la legislación local, mientras que el resto lo ha hecho de manera parcial, de acuerdo con los resultados del “Diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, realizado por la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional.

Uno de los frenos es que los recursos económicos y humanos son insuficientes en todo el país, como ocurre con el sistema nacional, afirma en entrevista con Animal Político, Luis Pérez de Acha, integrante del Consejo de Participación Ciudadana del SNA.

Además, el Congreso cerró el periodo de sesiones el 3o de abril pasado sin nombrar al fiscal anticorrupción, una de las figuras clave del sistema para investigar los posibles casos, y tampoco ratificó a los magistrados anticorrupción.

Incluso, el Consejo de Participación Ciudadana interpuso cuatro juicios de amparo ante tribunales colegiados por las omisiones en que han incurrido los estados: por no implementar los sistemas locales; por no ajustar la Ley General de Responsabilidades Administrativas; contra Congresos estatales por no proveer de recursos y en contra del Senado por no ratificar a los magistrados anticorrupción.

Aniversario sin festejo

En 2016, se expidieron y reformaron ocho leyes que harían funcionar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Las creadas fueron: la Ley General del SNA, de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Mientras que las reformadas fueron: la Ley de Contabilidad Gubernamental; la de Coordinación Fiscal; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal.

El 19 de julio de 2017, entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción para la “prevención, detección, y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización y control de recursos públicos”.

Justamente con la idea de que existiera un mecanismo que involucrara a diferentes instancias de gobierno para evitar o en su caso, investigar y sancionar hechos de corrupción y que la responsabilidad para actuar no sólo recayera en la PGR y la Secretaría de la Función Pública.

Por ello el Sistema estaría integrado por cuatro instancias: el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el comité Rector del SNA y los Sistemas locales. En el que participan desde la sociedad civil hasta el fiscal anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal, el INAI y la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.

Sin embargo, al cumplirse un año de operación, los casos de corrupción destapados en los últimos meses no han sido materia para el Sistema Nacional Anticorrupción porque ni siquiera está integrado de manera completa. La falta de fiscal anticorrupción, incluso, ni siquiera ha permitido que entren en vigor las reformas al código penal.

Luis Pérez de Acha asegura que la PGR ha negado información del Comité de Participación Ciudadana sobre los casos de corrupción que han ocurrido en el último año, como el espionaje a activistas y periodistas a través del sistema Pegasus, los posibles sobornos a funcionarios mexicanos por la empresa brasileña Odebrech, el presunto desvío de recursos públicos en La Estafa Maestra y la muerte de dos personas en el socavón del paso exprés de Cuernavaca. 

Por eso es que ni siquiera el Comité, una de las partes del SNA, ha podido dar seguimiento a dichos casos, sostiene el entrevistado.

Es un panorama de “contrastes”, porque “no podíamos avanzar en esos temas de corrupción o los resultados fueron pobres de cara a la sociedad civil”. Pero están construyendo alternativas, dice Pérez de Acha, como los amparos, aunque sea de mediano y largo plazo.

“La corrupción no se construyó de un día a otro y la reconstrucción que tenemos que hacer es larga. Encontramos alternativas, pero no se verán resultados hasta varios meses”, afirma.

Los retrasos locales

A la problemática Federal se suman los retrasos en los estados. Sólo Nayarit y Chiapas han avanzado más en la implementación de su sistema local anticorrupción, pero ninguna entidad en el país lo ha logrado de manera total.

El caso más grave fue Tlaxcala por el que el Consejo de Participación interpuso un amparo el 7 de agosto de 2017, toda vez que el Congreso estatal no había emitido ni siquiera su ley local anticorrupción. Aunque el caso avanzó ante tribunales, el Consejo solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción del caso y el 21 de junio de 2018, lo aceptó.

La armonización de los objetivos de la Ley general como los mecanismos de coordinación, emisión de políticas integrales, directrices para la generación de políticas, organización y funcionamiento del sistema, entre otras, sólo han sido aplicados de manera satisfactoria en las leyes locales de: Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

El resto de entidades lo han hecho de manera parcial: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

Mientras que el aspecto de mayor retraso en la mayoría de entidades es en la conformación del sistema estatal de fiscalización, que debería estar integrado por la Auditoría local, la Secretaría de Control Interno Local y representación municipal.

En 20 estados ni siquiera han integrado el sistema de fiscalización. Se trata de Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Sólo seis entidades lo han logrado (Aguascalientes, Chiapas, Durango, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz).

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La FDA recomienda suspender uso de vacuna Johnson & Johnson tras 6 casos de trombosis en EU

Las agencias federales de Estados Unidos reportaron los seis casos de trombosis en mujeres de entre 18 y 48 años.
Getty Images
13 de abril, 2021
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Las agencias federales de salud en Estados Unidos pidieron este martes suspender inmediatamente la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson contra el coronavirus, luego de que se registraran seis casos de trombosis entre las 6.8 millones de dosis aplicadas en el país.

Tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés) como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC) detuvieron la distribución de la vacuna Johnson & Johnson en los centros de vacunación federales y pedirán a los estados que hagan lo mismo.

“Recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución”, informaron los CDC a través de un tuit en su cuenta oficial.

La agencia detalló que se encuentran revisando los datos que involucran seis casos reportados en EU de un tipo de coágulo sanguíneo “raro y severo” en individuos que recibieron la vacuna.

Estos eventos son hasta ahora “extremadamente inusuales”, enfatizó el organismo.

Los CDC convocarán una reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) este miércoles para estudiar a profundidad estos casos y evaluar su importancia.

Todos los casos de trombosis registrados hasta ahora se dieron en pacientes mujeres, de entre 18 y 48 años, según informaciones del New York Times.

Una de ellas murió en el estado de Nebraska y otra se encuentra hospitalizada en condición crítica.

Casi siete millones de personas han recibido la vacuna

Según datos de lod CDC, casi siete millones de personas han recibido la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos, y cerca de nueve millones de dosis han sido enviadas a diferentes estados.

Las agencias federales esperan que los funcionarios estatales de salud sigan su recomendación de suspender la distribución de la vacuna.

En Europa existen preocupaciones similares vinculadas a la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, lo que ha causado en algunos países cierta resistencia a recibir la inyección.

En consecuencia, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyó la semana pasada que los trombos debían incluirse como un efecto secundario raro que puede aparecer en algunos receptores de esta vacuna contra la covid-19.

Cabe destacar que la probabilidad de morir por una afección como esta es tan baja como una entre un millón. Por el contrario, la covid-19 mata a una de cada ocho personas infectadas mayores de 75 años, y uno de cada 1.000 infectados sintomáticos con alrededor de 40 años.

Por lo mismo, las autoridades y científicos han insistido en que los beneficios de AstraZeneca y de otras vacunas superan los riesgos.


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