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Cuartoscuro

A un año del Sistema Nacional Anticorrupción, ningún estado ha concretado su sistema local

A un año de su puesta en marcha, sólo 15 de las 32 entidades han armonizado los objetivos de la ley general con la legislación local, mientras que el resto lo ha hecho de manera parcial. Además faltan recursos presupuestales y humanos.
Cuartoscuro
19 de julio, 2018
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A un año del arranque del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ninguna entidad ha logrado la conformación al cien por ciento del sistema local y de fiscalización.

Sólo 15 de las 32 entidades han armonizado los objetivos de la ley general con la legislación local, mientras que el resto lo ha hecho de manera parcial, de acuerdo con los resultados del “Diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, realizado por la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional.

Uno de los frenos es que los recursos económicos y humanos son insuficientes en todo el país, como ocurre con el sistema nacional, afirma en entrevista con Animal Político, Luis Pérez de Acha, integrante del Consejo de Participación Ciudadana del SNA.

Además, el Congreso cerró el periodo de sesiones el 3o de abril pasado sin nombrar al fiscal anticorrupción, una de las figuras clave del sistema para investigar los posibles casos, y tampoco ratificó a los magistrados anticorrupción.

Incluso, el Consejo de Participación Ciudadana interpuso cuatro juicios de amparo ante tribunales colegiados por las omisiones en que han incurrido los estados: por no implementar los sistemas locales; por no ajustar la Ley General de Responsabilidades Administrativas; contra Congresos estatales por no proveer de recursos y en contra del Senado por no ratificar a los magistrados anticorrupción.

Aniversario sin festejo

En 2016, se expidieron y reformaron ocho leyes que harían funcionar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Las creadas fueron: la Ley General del SNA, de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Mientras que las reformadas fueron: la Ley de Contabilidad Gubernamental; la de Coordinación Fiscal; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal.

El 19 de julio de 2017, entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción para la “prevención, detección, y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización y control de recursos públicos”.

Justamente con la idea de que existiera un mecanismo que involucrara a diferentes instancias de gobierno para evitar o en su caso, investigar y sancionar hechos de corrupción y que la responsabilidad para actuar no sólo recayera en la PGR y la Secretaría de la Función Pública.

Por ello el Sistema estaría integrado por cuatro instancias: el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el comité Rector del SNA y los Sistemas locales. En el que participan desde la sociedad civil hasta el fiscal anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal, el INAI y la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.

Sin embargo, al cumplirse un año de operación, los casos de corrupción destapados en los últimos meses no han sido materia para el Sistema Nacional Anticorrupción porque ni siquiera está integrado de manera completa. La falta de fiscal anticorrupción, incluso, ni siquiera ha permitido que entren en vigor las reformas al código penal.

Luis Pérez de Acha asegura que la PGR ha negado información del Comité de Participación Ciudadana sobre los casos de corrupción que han ocurrido en el último año, como el espionaje a activistas y periodistas a través del sistema Pegasus, los posibles sobornos a funcionarios mexicanos por la empresa brasileña Odebrech, el presunto desvío de recursos públicos en La Estafa Maestra y la muerte de dos personas en el socavón del paso exprés de Cuernavaca. 

Por eso es que ni siquiera el Comité, una de las partes del SNA, ha podido dar seguimiento a dichos casos, sostiene el entrevistado.

Es un panorama de “contrastes”, porque “no podíamos avanzar en esos temas de corrupción o los resultados fueron pobres de cara a la sociedad civil”. Pero están construyendo alternativas, dice Pérez de Acha, como los amparos, aunque sea de mediano y largo plazo.

“La corrupción no se construyó de un día a otro y la reconstrucción que tenemos que hacer es larga. Encontramos alternativas, pero no se verán resultados hasta varios meses”, afirma.

Los retrasos locales

A la problemática Federal se suman los retrasos en los estados. Sólo Nayarit y Chiapas han avanzado más en la implementación de su sistema local anticorrupción, pero ninguna entidad en el país lo ha logrado de manera total.

El caso más grave fue Tlaxcala por el que el Consejo de Participación interpuso un amparo el 7 de agosto de 2017, toda vez que el Congreso estatal no había emitido ni siquiera su ley local anticorrupción. Aunque el caso avanzó ante tribunales, el Consejo solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción del caso y el 21 de junio de 2018, lo aceptó.

La armonización de los objetivos de la Ley general como los mecanismos de coordinación, emisión de políticas integrales, directrices para la generación de políticas, organización y funcionamiento del sistema, entre otras, sólo han sido aplicados de manera satisfactoria en las leyes locales de: Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

El resto de entidades lo han hecho de manera parcial: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

Mientras que el aspecto de mayor retraso en la mayoría de entidades es en la conformación del sistema estatal de fiscalización, que debería estar integrado por la Auditoría local, la Secretaría de Control Interno Local y representación municipal.

En 20 estados ni siquiera han integrado el sistema de fiscalización. Se trata de Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Sólo seis entidades lo han logrado (Aguascalientes, Chiapas, Durango, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz).

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¿Por qué todavía se guardan dos muestras del virus de la Viruela?

Un incendio en un laboratorio ruso encendió las alarmas sobre una de las muestras que existen en el mundo de la viruela, una enfermedad que acabó con la vida de 300 millones de personas solo en el siglo XX.
17 de septiembre, 2019
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La noticia parecía volver realidad un guión de Hollywood.

Las autoridades rusas confirmaron este martes que se había registrado una explosión y un incendio en un laboratorio donde se almacenan, entre otras cosas, virus tan letales como el del ébola.

El Centro Nacional de Investigación de Virología y Biotecnología, conocido en la era soviética como Instituto Vector, había sufrido daños menores en uno de sus edificios, ubicados en la localidad de Novosibirsk, en la región de Siberia, según informó la agencia estatal rusa Ria-Novosti.

Sin embargo – y esa era la razón del comunicado-, quedaba claro que la explosión, causada por un cilindro de gas, había ocurrido en una “zona donde no se encontraba material biológico almacenado”.

“Los voceros del Centro de Investigación han enfatizado que este incidente no representa ninguna amenaza biológica ni de ningún orden para la población en general”, señaló la agencia.

Pero la noticia ya estaba dando la vuelta por redes sociales (en Twitter, el hashtag #bioweapons era tendencia) por una simple razón: este laboratorio es uno de los dos lugares en el mundo donde se encuentra una muestra del virus que causa la viruela, una de las enfermedades más letales en la historia de la humanidad.

En el siglo XX, la viruela causó la muerte de casi 300 millones de personas alrededor del planeta.

Sin embargo, fue erradicada hacia 1980, una época en la que el mundo estaba dominado por dos potencias: EE.UU. y la Unión Soviética.

Una muestra quedó en territorio ruso, mientras la otra la conserva el los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., el CDC, en Atlanta.

“Este edificio fue utilizado dentro del programa de defensa contra armas biológicas en la era soviética y ahora se dedica a la investigación de enfermedades como la hepatitis e y el ébola“, confirmó Ria-Novosti.

Pero, ¿cómo quedaron esas dos muestras del virus de la viruela en dichos laboratorios durante de la guerra fría?

Viruela mortal

La viruela es un viejo conocido de la humanidad: se sabe que causó la muerte del faraón Ramsés V hace más de 3.000 años y la del zar ruso Pedro II en 1730.

También fue la causante de la muerte de millones de personas más.

La enfermedad, causada por el Variola virus y conocida por el sarpullido que produce en la piel, fue llamada “el monstruo moteado” (speckled monster) por Edward Jenner, el científico británico que logró crear la primera vacuna efectiva contra el padecimiento en el siglo XVIII.

Pero, a pesar de que existía una vacuna eficaz desarrollada hacía más de 200 años, en el siglo XX el virus seguía arrasando con poblaciones enteras debido al crecimiento demográfico y el aumento de las migraciones.

De acuerdo a la periodista de la BBC Colette Flight, “la velocidad de contagio y la altda tasa de mortandad de la viruela la hacían casi incontrolable cuando ocurría algún brote”.

Por esa razón, a mediados de la década de 1950, con una pandemia global en ciernes, el viceministro de salud de la Unión Soviética, Viktor Zhdanov, propuso cambiar la estrategia: darle una mirada global al asunto.

Virus de la viruela

Getty Images
La viruela se erradicó en 1980.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) le hizo caso e inició un proceso que fue liderado esta vez por un estadounidense: el epidemiólogo Donald Henderson.

A partir de 1967, y de la mano de una agresiva campaña de vacunación alrededor del mundo, el virus fue borrado del planeta: el último caso conocido fue el de un joven en Somalia en octubre de 1977.

El 8 de mayo de 1980 la OMS declaró la erradicación total de la viruela.

Pero lo cierto es que dos muestras vivas habían sobrevivido.

Laboratorio Vector

Con el fin de combatir la enfermedad en caso de que ocurriera otro brote, la OMS decidió guardar dos muestras en los únicos laboratorios que tenían el nivel suficiente de seguridad para albergar semejante virus: los CDC de Atlanta, en el corazón de EE.UU., y el laboratorio del Instituto Vector, en la Siberia rusa.

Lo curioso de este último laboratorio es que hacía parte de la infraestructura creada por la Unión Soviética con el ánimo de defenderse de un posible ataque biológico.

De acuerdo a los registros del libro “Riesgo biológico: la verdadera historia del mayor programa encubierto de armas biológicas en el mundo”, del científico ruso Ken Alibek, aunque la Unión Soviética firmó en 1972 un acuerdo para no producir armas biológicas, continuó investigando el tema porque “temía que Estados Unidos no cumpliera con lo pactado”.

Según Alibek -quien trabajó en dicho programa de defensa-, la Unión Soviética utilizó el laboratorio del Insituto Vector, debido a sus altos niveles de seguridad, como una de las instalaciones donde llevó adelante estas investigaciones.

Recipientes en un laboratorio

Getty Images
Se teme que ocurra un accidente en un laboratorio y que el virus se propague.

Lo cierto es que, con el final de la guerra fría, varios organismos – entre ellos, grupos de investigación de la OMS- comenzaron a solicitar la destrucción total de las muestras para evitar una nueva epidemia, pero sobre todo para que no llegaran a las manos de agentes internacionales que pudieran convertirlas en armas biológicas.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 y los ataques con ántrax que ocurrieron días después llevaron a varios científicos de Estados Unidos, India, Rusia y Japón a solicitar que no se eliminaran las muestras, según investigó el periodista británico Steve Connor, del diario The Independent.

“Estos científicos creen que el desarrollo de nuevas vacunas efectivas se debe hacer en muestras vivas del virus. Y no se sabe si los llamados terroristas tienen una muestra, por lo que la destrucción de las muestras podría ayudarlos a concretar sus planes de ataque”, escribió Connor en 2002.

Desde entonces, la existencia de las muestras se rodeó de controversia.

Hasta ahora, las dos posiciones contrapuestas se mantienen: están quienes piensan que es mejor destruir los virus de una vez y para siempre para evitar ataques biológicos, y quienes prefieren mantener las muestras para desarrollar nuevas vacunas si hiciera falta.

De hecho, el año pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un medicamento para combatir el virus.

¿La razón? Precaución. Las autoridades estadounidenses temen que la viruela pueda utilizarse como arma biológica y quieren estar preparadas.


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