Estados Unidos sigue siendo el sueño de los latinoamericanos que emigran de sus países de origen buscando una vida mejor, sin embargo, un número cada vez mayor toma como objetivo llegar y establecerse en México. En 2017 esa cifra se duplicó, llegando a 28.5% de los migrantes que llegan a este país, de acuerdo con la Red de Organizaciones Defensoras de los Migrantes (REDODEM).
En un informe presentado este martes, los activistas explicaron que este aumento se debe al panorama recrudecido que los migrantes encuentran delante y detrás de ellos: el endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, les impide llegar al que una vez fue su objetivo; mientras en sus países de origen la violencia y la pobreza hacen que quedarse no sea una opción.
“Se está cerrando la frontera norte por la política de Trump y ellos se van a ciudades del norte con la esperanza de que más adelante se pueda abrir y ellos puedan entrar, porque muchos tienen familiares del otro lado”, explicó a Animal Político el sacerdote Arturo González, representante del Servicio Jesuita a Migrantes e integrante de la REDODEM.
El activista apuntó que las personas que llegan a México, aun cuando su objetivo original fuera Estados Unidos, se van quedando donde encuentran un trabajo, donde se sienten menos violentadas y seguras. Su decisión sobre el destino al que quieren llegar se va decidiendo sobre la marcha y muchas veces con poca información o rumores, “pero es lo que tienen”.
El informe ‘El Estado indolente: recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México’ de la Red refiere que de mayo a diciembre de 2017, el 65% de los migrantes que ingresaron a México quiere llegar a Estados Unidos; 28% quiere quedarse en territorio nacional; otro 6% dijo no saber su destino y el 1% iba de regreso a su país.
Respecto a los que declararon desconocer su destino, el padre González explicó que muchos no tienen un plan porque sólo quieren “llegar a algún lado”, a veces donde ya tienen algún conocido o familiar, pero con una certeza: no se pueden quedar en Centroamérica porque los van a matar.
“Platicando con una madre salvadoreña me decía ‘padre, prefiero que se me vayan, aquí me los van a matar. A lo mejor un día los vuelvo a ver pero que los vea vivos’”, relató el clérigo.
Huir de la violencia para llegar a una guerra
Los defensores de migrantes advierten que México la situación tampoco es mucho mejor para los latinos que huyen de sus países de origen -principalmente de Centroamérica, en su mayoría de Honduras-, ya que el Gobierno de Enrique Peña también ha recrudecido en la práctica su política migratoria, además de que una vez en territorio mexicano se vuelven presas del crimen organizado.
Aunque durante el sexenio de Enrique Peña se implementaron programas que pretendían mejorar la situación de los inmigrantes, en los hechos la violencia y el miedo han sido utilizados como mecanismos disuasorios para que los migrantes desistan de su objetivo y se vayan, advirtieron los activistas de organizaciones religiosas y otras casas que dan albergue a migrantes.
Denunciaron que las personas que atraviesan el país son víctimas de una doble violencia: por un lado las extorsiones, robos y violaciones de la delincuencia organizada y por otro las de las autoridades, que los detienen y piden dinero bajo la amenaza de deportarlos. Según los cálculos de REDODEM, en 2015 los cuerpos policíacos se llevaron más de mil 200 millones de pesos por extorsión.
Además, los centro y sudamericanos que llegan a México se internan a una problemática que México padece hace 12 años: la guerra contra los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, su condición de extranjeros y su situación migratoria los vuelve más vulnerables a todo tipo de abusos. “Primero tendríamos que arreglar el problema como país para pensar en recibir a estas personas, porque mexicanos y extranjeros estamos amenazados. Yo cuando voy a los albergues salgo rogando regresar, y soy mexicano”, refiere Arturo González.
El muro en casa
El Informe detalla la distribución de los abusos y delitos cometidos contra los inmigrantes, entre los particulares (crimen organizado, fuerzas de seguridad de los trenes, entre otros) y el Estado, principalmente autoridades migratorias y policiales. Esta cifra ha ido cambiando a lo largo de los años en que REDODEM ha realizado sus informes: en 2014 los delitos cometidos por particulares contra migrantes fueron el 80% contra 20% del Estado; la cifra cambió dramáticamente en 2015, donde los abusos del Estado se elevaron a 41% y después cayeron a 17% en 2016. Para 2017 se elevó de nuevo la participación estatal hasta 25 por ciento.
Entre los principales funcionarios públicos que la Red detecta como abusadores de los migrantes son los agentes de Migración que los intimidan; las fiscalías estatales que se niegan a recibir sus denuncias; las policías estatales que los detienen para extorsionarlos y las delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración (INM) que no atienden las recomendaciones de los organismos de derechos humanos.
“El muro sí lo estamos pagando los mexicanos, se llama Instituto Nacional de Migración”, puntualizó Jorge Alberto Pérez, activista de la Casa del Migrante en Chihuahua.
Los defensores de los migrantes calificaron el sexenio de Enrique Peña con un saldo negativo en materia migratoria, sin mejoras sustanciales después del violento sexenio de Felipe Calderón e incluso con aspectos que empeoraron con el programa de la Frontera Sur, que representó operativos y detenciones sin respeto a los derechos humanos. Para el siguiente gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, piden que escuche a la sociedad y cree un proyecto de atención a migrantes con foco en los derechos humanos, no en la seguridad nacional.
