En 2017 se duplicó el número de migrantes que deciden quedarse en México: informe
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En 2017 se duplicó el número de migrantes que deciden quedarse en México: informe

Aunque durante el sexenio de Enrique Peña se implementaron programas que pretendían mejorar la situación de los inmigrantes, en los hechos la violencia y el miedo han sido utilizados como mecanismos disuasorios para que desistan de su objetivo y se vayan, alertan especialistas.
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Estados Unidos sigue siendo el sueño de los latinoamericanos que emigran de sus países de origen buscando una vida mejor, sin embargo, un número cada vez mayor toma como objetivo llegar y establecerse en México. En 2017 esa cifra se duplicó, llegando a 28.5% de los migrantes que llegan a este país, de acuerdo con la Red de Organizaciones Defensoras de los Migrantes (REDODEM).

En un informe presentado este martes, los activistas explicaron que este aumento se debe al panorama recrudecido que los migrantes encuentran delante y detrás de ellos: el endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, les impide llegar al que una vez fue su objetivo; mientras en sus países de origen la violencia y la pobreza hacen que quedarse no sea una opción.

“Se está cerrando la frontera norte por la política de Trump y ellos se van a ciudades del norte con la esperanza de que más adelante se pueda abrir y ellos puedan entrar, porque muchos tienen familiares del otro lado”, explicó a Animal Político el sacerdote Arturo González, representante del Servicio Jesuita a Migrantes e integrante de la REDODEM.

El activista apuntó que las personas que llegan a México, aun cuando su objetivo original fuera Estados Unidos, se van quedando donde encuentran un trabajo, donde se sienten menos violentadas y seguras. Su decisión sobre el destino al que quieren llegar se va decidiendo sobre la marcha y muchas veces con poca información o rumores, “pero es lo que tienen”.

El informe ‘El Estado indolente: recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México’ de la Red refiere que de mayo a diciembre de 2017, el 65% de los migrantes que ingresaron a México quiere llegar a Estados Unidos; 28% quiere quedarse en territorio nacional; otro 6% dijo no saber su destino y el 1% iba de regreso a su país.

Respecto a los que declararon desconocer su destino, el padre González explicó que muchos no tienen un plan porque sólo quieren “llegar a algún lado”, a veces donde ya tienen algún conocido o familiar, pero con una certeza: no se pueden quedar en Centroamérica porque los van a matar.

“Platicando con una madre salvadoreña me decía ‘padre, prefiero que se me vayan, aquí me los van a matar. A lo mejor un día los vuelvo a ver pero que los vea vivos’”, relató el clérigo.

Huir de la violencia para llegar a una guerra

Los defensores de migrantes advierten que México la situación tampoco es mucho mejor para los latinos que huyen de sus países de origen -principalmente de Centroamérica, en su mayoría de Honduras-, ya que el Gobierno de Enrique Peña también ha recrudecido en la práctica su política migratoria, además de que una vez en territorio mexicano se vuelven presas del crimen organizado.

Aunque durante el sexenio de Enrique Peña se implementaron programas que pretendían mejorar la situación de los inmigrantes, en los hechos la violencia y el miedo han sido utilizados como mecanismos disuasorios para que los migrantes desistan de su objetivo y se vayan, advirtieron los activistas de organizaciones religiosas y otras casas que dan albergue a migrantes.

Denunciaron que las personas que atraviesan el país son víctimas de una doble violencia: por un lado las extorsiones, robos y violaciones de la delincuencia organizada y por otro las de las autoridades, que los detienen y piden dinero bajo la amenaza de deportarlos. Según los cálculos de REDODEM, en 2015 los cuerpos policíacos se llevaron más de mil 200 millones de pesos por extorsión.

Además, los centro y sudamericanos que llegan a México se internan a una problemática que México padece hace 12 años: la guerra contra los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, su condición de extranjeros y su situación migratoria los vuelve más vulnerables a todo tipo de abusos. “Primero tendríamos que arreglar el problema como país para pensar en recibir a estas personas, porque mexicanos y extranjeros estamos amenazados. Yo cuando voy a los albergues salgo rogando regresar, y soy mexicano”, refiere Arturo González.

El muro en casa

El Informe detalla la distribución de los abusos y delitos cometidos contra los inmigrantes, entre los particulares (crimen organizado, fuerzas de seguridad de los trenes, entre otros) y el Estado, principalmente autoridades migratorias y policiales. Esta cifra ha ido cambiando a lo largo de los años en que REDODEM ha realizado sus informes: en 2014 los delitos cometidos por particulares contra migrantes fueron el 80% contra 20% del Estado; la cifra cambió dramáticamente en 2015, donde los abusos del Estado se elevaron a 41% y después cayeron a 17% en 2016. Para 2017 se elevó de nuevo la participación estatal hasta 25 por ciento.

Entre los principales funcionarios públicos que la Red detecta como abusadores de los migrantes son los agentes de Migración que los intimidan; las fiscalías estatales que se niegan a recibir sus denuncias; las policías estatales que los detienen para extorsionarlos y las delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración (INM) que no atienden las recomendaciones de los organismos de derechos humanos.

“El muro sí lo estamos pagando los mexicanos, se llama Instituto Nacional de Migración”, puntualizó Jorge Alberto Pérez, activista de la Casa del Migrante en Chihuahua.

Los defensores de los migrantes calificaron el sexenio de Enrique Peña con un saldo negativo en materia migratoria, sin mejoras sustanciales después del violento sexenio de Felipe Calderón e incluso con aspectos que empeoraron con el programa de la Frontera Sur, que representó operativos y detenciones sin respeto a los derechos humanos. Para el siguiente gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, piden que escuche a la sociedad y cree un proyecto de atención a migrantes con foco en los derechos humanos, no en la seguridad nacional.

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EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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