4 claves que explican por qué ganó el rechazo a la nueva ley del aborto en Argentina
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4 claves que explican por qué ganó el rechazo a la nueva ley del aborto en Argentina

En la madrugada del jueves, el Senado, rodeado de cientos de miles de personas bajo la lluvia y el frío, rechazó la ley por 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. ¿Qué fue lo que impidió la aprobación de la ley?
9 de agosto, 2018
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En la práctica, es como si no hubiera pasado nada: tras cinco meses de debate mediático, político y social, la ley que reglamenta el aborto en Argentina sigue siendo la misma.

Pero es imposible pensar que no pasó nada, porque en lo simbólico, muchos creen que Argentina nunca será la misma.

El proyecto de ley de interrupción temprana del embarazo traspasó las fronteras de la política y se introdujo en la vida íntima de millones de argentinos: casi nadie se quedó al margen y casi todos tomaron postura en una discusión sobre la vida, la muerte, el Estado, el género, el sexo y la salud pública.

En la madrugada del jueves, el Senado, rodeado de cientos de miles de personas bajo la lluvia y el frío, rechazó la ley por 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones.

Ni anuncios en medios internacionales ni apoyo de influyentes personalidades locales e internacionales ni lobby de grupos feministas y progresistas lograron que el Senado estuviera de acuerdo con la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto hace un mes.

Aunque la maratónica sesión del Senado terminó entre informaciones de posibles variantes del proyecto o una modificación del Código Penal, los promotores de la norma tendrán que esperar al menos un año para introducirlo de nuevo al Congreso. Sería el octavo intento.

Una mujer sostiene una pancarta: "Luchemos en las calles por el aborto legal, seguro y gratuito".

AFP
Quienes apoyan el proyecto deberán esperar hasta el próximo año para volver a presentarlo en el Congreso argentino.

Desde 1921, el aborto en Argentina es legal en tres causales: violación, riesgo para salud de la mujer e inviabilidad del feto. Fuera de eso, es un delito.

Según los defensores, en Argentina hay medio millón de abortos clandestinos al año. Desde 2016, murieron 43 mujeres en esas condiciones.

Esa es la realidad que los impulsores dicen querer cambiar con una ley que habría convertido a Argentina en el tercer país latinoamericano después de Cuba y Uruguay en que las mujeres tienen derecho a abortar dentro del plazo previsto.

¿Qué fue, entonces, lo que impidió la aprobación -o permitió el rechazo- de la ley?

1. La religión

Panorámica de las manifestaciones que rodean al Congreso.

AFP
Manifestantes a favor y en contra del proyecto de ley esperaron hasta la madrugada para conocer el resultado de la votación en el Senado.

Argentina fue de los primeros países en legalizar derechos de corte progresista como el voto femenino y el matrimonio homosexual, pero eso no significa que la influencia de grupos conservadores sea reducido.

Este es el país de origen del papa Francisco, quien no se pronunció sobre el caso argentino, pero dijo dos días después de la votación en Diputados que el aborto es “homicidio de niños” comparable con “lo que hacían los nazis por la pureza de la raza.”

En estos meses, obispos y sacerdotes hablaron del tema en la misa de domingo, un arzobispo lo mencionó en la tradicional y mediática celebración del día de la independencia y muchos senadores basaron su voto en argumentos religiosos.

Como en todos los países latinoamericanos, la mayoría de los argentinos (70%) se consideran católicos, según varias encuestas, y recientemente ha aumentado la cantidad de adeptos a grupos evangélicos (casi el 10%).

Multitud con banderas argentinas y pañuelos celestes.

Reuters
Actualmente, la ley argentina sólo permite el aborto cuando el embarazo es fruto de una violación o peligra la vida de la madre.

El sábado previo a la votación, muchos se sorprendieron al ver la enorme Avenida 9 de Julio llena de gente que rechazaba la ley. Los grandes convocantes de la movilización fueron los evangélicos.

Pero además del poder social y cultural, la religión tiene un gran capacidad de influencia política e institucional en el país.

El lobby de la Iglesia, dijeron varios legisladores proaborto a BBC Mundo, “se activó” para la votación en el Senado.

2. La representatividad en el Senado

Cristina Fernández.

Reuters
La expresidenta Cristina Fernández votó a favor del proyecto aunque durante su gobierno siempre se mostró en contra del aborto.

Argentina tiene un sistema político bicameral y federal que se rige bajo la idea de que el Senado representa a la provincias y la Cámara de Diputados, al pueblo.

Mientras en Cámara Baja está compuesta por diputados de acuerdo al censo nacional, la cámara alta tiene un número fijo de tres senadores por provincia, que tienen periodos de 6 años con reelección indefinida.

Con esa repartición, los grupos conservadores tienen ventaja en el Senado.

En regiones como el norte, por ejemplo, la influencia política y social de la Iglesia es mayor, mientras que en Buenos Aires, donde está un tercio de la población, la gente es más progresista o liberal.

Muchos creen que con el relevo generacional en el Congreso, donde los legisladores menores de 40 años aprueban de forma abrumadora el aborto, lo más probable es que tarde o temprano se apruebe una ley de interrupción del embarazo de plazos.

3. El guiño del gobierno

Mauricio Macri.

EPA
El presidente argentino Mauricio Macri promovió el debate pero siempre se mostró en contra del proyecto de ley de despenalización del aborto.

El promotor de este debate en el Congreso fue nada menos que el presidente, Mauricio Macri, un conservador en lo ideológico que ha declarado estar “a favor de la vida”.

Algunos opinaron que lo hizo para desviar el debate de la complicada situación económica.

El presidente les dio vía a libre a los legisladores de la coalición oficialista para que votaran como quisieran y se mantuvo al margen del debate en sus declaraciones.

Pero otras figuras del oficialismo sí salieron a opinar, como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien registra números de aprobación tan altos como ningún otro político en el país.

“Si la ley no se vota (aprueba) hoy, mañana voy a estar más aliviada”, dijo.

Lo mismo opinaron otras figuras clave del poder actual, como la diputada y excandidata presidencial Elisa Carrió y la vicepresidenta, Gabriela Micheti.

Es difícil saber cuánto influyó esto en el voto de los legisladores, porque hubo resonados senadores del oficialismo que apoyaron la ley.

El guiño del poder, sin embargo, estaba.

4. Primó el argumento moralista

Manifestantes a favor del proyecto de despenalización del aborto.

AFP
Según el Ministerio de Salud, en 2016 hubo 245 muertes maternas en el país, 43 de ellas al interrumpir el embarazo.

El argumento principal que presentaron los defensores de la ley fue que esto se trata de un tema de salud pública, que amenaza a miles de mujeres, que está basado en números, ciencia, datos.

Los pañuelos verdes pro despenalización del aborto -y sus argumentos- llegaron a programas de televisión en horario estelar, a la contratapa del The New York Times y a las redes sociales de actores y actrices de la farándula.

Los críticos del proyecto, en cambio, apelaron al argumento moral: el aborto es matar, dijeron, y acá se trata de “salvar las dos vidas”.

Algunos de los voceros conservadores incluso llegaron a emitir declaraciones refutadas por la ciencia, como el famoso pediatra que dijo en el Senado que “el preservativo no sirve para prevenir el sida”.

Hasta hace unos meses, las encuestas registraban que la mayoría de los argentinos apoyaban despenalizar el aborto, pero en medio del debate la balanza se ha equilibrado con un aumento del rechazo de entre 10 y 15%.

Cada bando usó sus herramientas. Unas fueron más efectivas que otras.


 

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Cuartoscuro

#RentaJusta: Inquilinos en CDMX piden ley para impedir que los desalojen durante la epidemia

La propuesta señala que el Estado debe asumir un rol central de regulación y mediación equilibrada entre arrendadores e inquilinos, de manera que la ayuda a una de las partes no afecte indebidamente a los propietarios.
Cuartoscuro
25 de junio, 2020
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Activistas que habitan la Ciudad de México urgieron la aprobación de una “Ley Inquilinaria” que garantice que ninguna persona sea desalojada de su vivienda por falta del pago de renta durante la pandemia de coronavirus COVID-19 y facilite mecanismos de negociación entre arrendadores y arrendatarios.

La iniciativa #RentaJusta es impulsada por el Observatorio Vecinal 06600 de la Colonia Juárez. La numeración en el nombre del colectivo es un código postal y alude a la arraigo de los vecinos que iniciaron el movimiento, explica Sergio González, líder del colectivo.

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La organización propone que, de manera urgente, el gobierno de la Ciudad de México prohíba los desalojos de personas que no puedan continuar pagando el alquiler de su vivienda por desempleo o por la reducción de sus ingresos.

La propuesta señala que el Estado debe asumir un rol central de regulación y mediación equilibrada entre arrendadores e inquilinos, de manera que la ayuda a una de las partes no afecte indebidamente a los propietarios.

“Es necesario que existan previsiones legales que permitan paralizar, reducir o suspender y prorrogar, sin ninguna penalización, pagos de rentas de inmuebles usados para viviendas o micro y pequeños negocios familiares a solicitud de la persona que compruebe su situación de necesidad. El Estado deberá facilitar el acuerdo entre las partes, e incluso establecer un organismo de mediación entre ellas. El propietario de una vivienda que pueda demostrar que depende del alquiler para satisfacer sus necesidades básicas y que no ha cobrado el mismo por las razones antes señaladas deberá recibir un apoyo por parte del Estado para que la medida sea equilibrada y no perjudique a ninguna de las partes”, señala la propuesta.

Animal Político dio a conocer testimonios de personas que manifestaron tener dificultades para seguir pagando el alquiler de sus departamentos o establecimientos debido a la caída de sus ingresos durante la pandemia, y también historias de pequeños propietarios que, si bien accedieron de buena fe a negociar con sus inquilinos y a bajar el monto de la renta, manifestaron estar llegando al límite de sus posibilidades.

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“Nos interesa proteger al arrendador y también al arrendatario, y creemos que el gobierno tendría que construir una serie de estímulos para el pequeño arrendatario, porque también hay lo que se llama el gran tenedor, que renta edificios enteros para vivienda y oficinas, y consideramos que la ley no le debe dar el mismo trato que a una persona o una familia que tiene una propiedad de la cual depende la totalidad de su economía, de la renta de ese bien inmueble, que puede ser un local comercial o un lugar de vivienda”, explica González.

Detalla que, con ayuda de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés) y de académicos de la UNAM y del ITAM, el Observatorio Vecinal levantó en mayo una encuesta entre 2 mil personas que arriendan en la Ciudad de México y el área metropolitana para conocer sus dificultades en el pago de la renta por la crisis sanitaria.

El informe de resultados señala que 256 personas resultaron afectadas por desalojos en plena emergencia de COVID-19. También indica que el 63% de las personas que rentan su vivienda enfrenta dificultades para pagar, y el 61.5% adelantó que no podrá cubrir el pago durante los próximos tres meses.

“Desarrollamos una encuesta que nos permitiera tener datos duros para demostrarle al gobierno de la CDMX la crisis que está por venir: que es que mucha gente va a terminar declarándose insolvente de las rentas que pagan”, advierte González.

Otros elementos de la iniciativa ciudadana del Observatorio Vecinal son que el Estado regule el mercado de precios inmobiliarios para evitar que estos aumenten durante la pandemia; que se creen mecanismos de vigilancia de la relación contractual entre inquilinos y arrendadores para sancionar abusos de alguna de las partes, y que se habiliten refugios temporales para personas sin vivienda, con acceso a todos los servicios para evitar que se vuelvan focos de infección del nuevo coronavirus.

González sostiene que una legislación como esta —que ya ha sido presentada a diputados locales de Morena— no solo garantizaría a cientos de familias el acceso al derecho a la vivienda digna, sino que, al procurar la larga permanencia de las familias en un mismo lugar, también contribuiría al fortalecimiento del tejido social y al combate a la inseguridad.

“Buscamos que se legisle para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y evitar la destrucción del tejido social y el desplazamiento forzado de personas que pierden su arraigo a un territorio, que la mayoría de ellos termina yéndose a zonas conurbadas, perdiendo su derecho a la centralidad. Se tiene que garantizar la prevalencia de las personas en su casa, en su edificio, en su barrio, con su comunidad, y reconocerlas como constructoras del tejido social y por ende abonadoras a un entorno seguro para habitar un espacio”, explica el activista.

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