4 claves que explican por qué ganó el rechazo a la nueva ley del aborto en Argentina
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4 claves que explican por qué ganó el rechazo a la nueva ley del aborto en Argentina

En la madrugada del jueves, el Senado, rodeado de cientos de miles de personas bajo la lluvia y el frío, rechazó la ley por 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. ¿Qué fue lo que impidió la aprobación de la ley?
9 de agosto, 2018
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En la práctica, es como si no hubiera pasado nada: tras cinco meses de debate mediático, político y social, la ley que reglamenta el aborto en Argentina sigue siendo la misma.

Pero es imposible pensar que no pasó nada, porque en lo simbólico, muchos creen que Argentina nunca será la misma.

El proyecto de ley de interrupción temprana del embarazo traspasó las fronteras de la política y se introdujo en la vida íntima de millones de argentinos: casi nadie se quedó al margen y casi todos tomaron postura en una discusión sobre la vida, la muerte, el Estado, el género, el sexo y la salud pública.

En la madrugada del jueves, el Senado, rodeado de cientos de miles de personas bajo la lluvia y el frío, rechazó la ley por 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones.

Ni anuncios en medios internacionales ni apoyo de influyentes personalidades locales e internacionales ni lobby de grupos feministas y progresistas lograron que el Senado estuviera de acuerdo con la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto hace un mes.

Aunque la maratónica sesión del Senado terminó entre informaciones de posibles variantes del proyecto o una modificación del Código Penal, los promotores de la norma tendrán que esperar al menos un año para introducirlo de nuevo al Congreso. Sería el octavo intento.

Una mujer sostiene una pancarta: "Luchemos en las calles por el aborto legal, seguro y gratuito".

AFP
Quienes apoyan el proyecto deberán esperar hasta el próximo año para volver a presentarlo en el Congreso argentino.

Desde 1921, el aborto en Argentina es legal en tres causales: violación, riesgo para salud de la mujer e inviabilidad del feto. Fuera de eso, es un delito.

Según los defensores, en Argentina hay medio millón de abortos clandestinos al año. Desde 2016, murieron 43 mujeres en esas condiciones.

Esa es la realidad que los impulsores dicen querer cambiar con una ley que habría convertido a Argentina en el tercer país latinoamericano después de Cuba y Uruguay en que las mujeres tienen derecho a abortar dentro del plazo previsto.

¿Qué fue, entonces, lo que impidió la aprobación -o permitió el rechazo- de la ley?

1. La religión

Panorámica de las manifestaciones que rodean al Congreso.

AFP
Manifestantes a favor y en contra del proyecto de ley esperaron hasta la madrugada para conocer el resultado de la votación en el Senado.

Argentina fue de los primeros países en legalizar derechos de corte progresista como el voto femenino y el matrimonio homosexual, pero eso no significa que la influencia de grupos conservadores sea reducido.

Este es el país de origen del papa Francisco, quien no se pronunció sobre el caso argentino, pero dijo dos días después de la votación en Diputados que el aborto es “homicidio de niños” comparable con “lo que hacían los nazis por la pureza de la raza.”

En estos meses, obispos y sacerdotes hablaron del tema en la misa de domingo, un arzobispo lo mencionó en la tradicional y mediática celebración del día de la independencia y muchos senadores basaron su voto en argumentos religiosos.

Como en todos los países latinoamericanos, la mayoría de los argentinos (70%) se consideran católicos, según varias encuestas, y recientemente ha aumentado la cantidad de adeptos a grupos evangélicos (casi el 10%).

Multitud con banderas argentinas y pañuelos celestes.

Reuters
Actualmente, la ley argentina sólo permite el aborto cuando el embarazo es fruto de una violación o peligra la vida de la madre.

El sábado previo a la votación, muchos se sorprendieron al ver la enorme Avenida 9 de Julio llena de gente que rechazaba la ley. Los grandes convocantes de la movilización fueron los evangélicos.

Pero además del poder social y cultural, la religión tiene un gran capacidad de influencia política e institucional en el país.

El lobby de la Iglesia, dijeron varios legisladores proaborto a BBC Mundo, “se activó” para la votación en el Senado.

2. La representatividad en el Senado

Cristina Fernández.

Reuters
La expresidenta Cristina Fernández votó a favor del proyecto aunque durante su gobierno siempre se mostró en contra del aborto.

Argentina tiene un sistema político bicameral y federal que se rige bajo la idea de que el Senado representa a la provincias y la Cámara de Diputados, al pueblo.

Mientras en Cámara Baja está compuesta por diputados de acuerdo al censo nacional, la cámara alta tiene un número fijo de tres senadores por provincia, que tienen periodos de 6 años con reelección indefinida.

Con esa repartición, los grupos conservadores tienen ventaja en el Senado.

En regiones como el norte, por ejemplo, la influencia política y social de la Iglesia es mayor, mientras que en Buenos Aires, donde está un tercio de la población, la gente es más progresista o liberal.

Muchos creen que con el relevo generacional en el Congreso, donde los legisladores menores de 40 años aprueban de forma abrumadora el aborto, lo más probable es que tarde o temprano se apruebe una ley de interrupción del embarazo de plazos.

3. El guiño del gobierno

Mauricio Macri.

EPA
El presidente argentino Mauricio Macri promovió el debate pero siempre se mostró en contra del proyecto de ley de despenalización del aborto.

El promotor de este debate en el Congreso fue nada menos que el presidente, Mauricio Macri, un conservador en lo ideológico que ha declarado estar “a favor de la vida”.

Algunos opinaron que lo hizo para desviar el debate de la complicada situación económica.

El presidente les dio vía a libre a los legisladores de la coalición oficialista para que votaran como quisieran y se mantuvo al margen del debate en sus declaraciones.

Pero otras figuras del oficialismo sí salieron a opinar, como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien registra números de aprobación tan altos como ningún otro político en el país.

“Si la ley no se vota (aprueba) hoy, mañana voy a estar más aliviada”, dijo.

Lo mismo opinaron otras figuras clave del poder actual, como la diputada y excandidata presidencial Elisa Carrió y la vicepresidenta, Gabriela Micheti.

Es difícil saber cuánto influyó esto en el voto de los legisladores, porque hubo resonados senadores del oficialismo que apoyaron la ley.

El guiño del poder, sin embargo, estaba.

4. Primó el argumento moralista

Manifestantes a favor del proyecto de despenalización del aborto.

AFP
Según el Ministerio de Salud, en 2016 hubo 245 muertes maternas en el país, 43 de ellas al interrumpir el embarazo.

El argumento principal que presentaron los defensores de la ley fue que esto se trata de un tema de salud pública, que amenaza a miles de mujeres, que está basado en números, ciencia, datos.

Los pañuelos verdes pro despenalización del aborto -y sus argumentos- llegaron a programas de televisión en horario estelar, a la contratapa del The New York Times y a las redes sociales de actores y actrices de la farándula.

Los críticos del proyecto, en cambio, apelaron al argumento moral: el aborto es matar, dijeron, y acá se trata de “salvar las dos vidas”.

Algunos de los voceros conservadores incluso llegaron a emitir declaraciones refutadas por la ciencia, como el famoso pediatra que dijo en el Senado que “el preservativo no sirve para prevenir el sida”.

Hasta hace unos meses, las encuestas registraban que la mayoría de los argentinos apoyaban despenalizar el aborto, pero en medio del debate la balanza se ha equilibrado con un aumento del rechazo de entre 10 y 15%.

Cada bando usó sus herramientas. Unas fueron más efectivas que otras.


 

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Cuartoscuro

Las razones del juez para validar la acusación de la FGR sobre posibles sobornos ordenados por Peña Nieto y Videgaray

Al validar la hipótesis de una asociación delictiva entre altos exfuncionarios y exlegisladores, el juez expuso que el caso ya no se sustenta solo en la declaración de Lozoya, sino en 37 datos de prueba. Especialistas consideran que debe actuarse contra el resto de los implicados.
Cuartoscuro
26 de mayo, 2021
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En abril un juez federal validó, por primera vez, la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la existencia de una presunta asociación delictiva encabezada por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, cuya finalidad fue sobornar con casi 100 millones de pesos a un grupo de legisladores para aprobar la reforma energética.

¿Cuáles fueron los argumentos del juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia para aceptar la hipótesis de los fiscales y abrir un proceso penal en contra del exsenador Jorge Luis Lavalle, uno de los presuntos beneficiados con los sobornos?

Animal Político tuvo acceso a la resolución integra del juez en donde enumera, entre otras cosas, la existencia de 37 datos de prueba que corroboran los hechos denunciados originalmente por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

A continuación, se presentan algunos de los argumentos claves en el orden cronológico en que el juez los pronunció al resolver dicha audiencia, así como la opinión de dos especialistas que consideran que la FGR debe proceder ya contra el resto de los implicados.

Los argumentos clave del juez

  1. La denuncia de Lozoya está sustentada

Aunque los abogados de Lavalle acusaron que la denuncia de Lozoya eran los dichos de un presunto delincuente en los que no se podía sustentar una acusación tan grave, el juez consideró que se trata de un testimonio importante, que no es aislado, y que fue corroborado con pruebas que le dan credibilidad al menos de forma inicial.

Por ejemplo, el juez destacó que el exasistente del propio Lavalle, Rafael Caraveo, corroboró la entrega de dinero en varias direcciones y con el mismo modus operandi que había descrito el exdirector de Pemex. A ello se suman los recibos de los pagos, el video de una de las entregas, y otros testimonios.

“Estas declaraciones en su conjunto permiten establecer que ese esquema de entrega de recursos sí pudo haberse realizado y si a esto se agrega que incluso una de las entregas fue captada en audio y video pues otorga credibilidad de que ese esquema de recursos se suscitó”, dijo el juez.

2. Que busque el perdón fortalece denuncia, no la debilita

Otro punto que expusieron los defensores de Lavalle en la audiencia (y que ha sido expresado también fuera de ella) es que lo que diga Lozoya carece de credibilidad dado que se trata de un presunto delincuente confeso, que lo que busca es obtener un beneficio para evitar la prisión.

El juez, sin embargo, consideró que el razonamiento es justo al revés: la situación de Lozoya fortalece su versión. Esto ya que la ley contempla claramente que un probable responsable que busca un criterio de oportunidad debe aportar información verídica y eficaz para lograr ese beneficio.

“El principal interesado en que se comunique información veraz en ese criterio de oportunidad es el propio Lozoya pues, de no hacerlo, no obtendrá ningún beneficio. Más aún, si se corrobora que proporciona información falsa complicaría aun más su situación jurídica”, apuntó le juez.

3. Hay indicios de los pagos y transferencias

Un punto clave que el juez valoró como sólido para validar la acusación es que los fiscales expusieron tanto la ruta de llegada del dinero de Odebrecht (con el cual se habrían pagado los sobornos), hasta la forma en que pudo haber llegado a manos de los legisladores.

El juez recapituló que el dinero de Odebrecht se trianguló a través de cuentas bancarias de instituciones financieras como el Neue Bank, y mediante empresas de papel (offshore) como Klienfeld Services o Grangemouth Trading Company. Las transferencias finales a México se hicieron a través de prestanombres como Fabiola Tapia Vargas, representante de la compañía Construcciones Tapia.

Con ello, dijo el juez, se prueba inicialmente el origen presuntamente ilícito de los recursos.

En tanto, para la entrega del dinero a los legisladores se utilizó un mecanismo de intermediarios quienes trasladaron los recursos en efectivo. El juez destacó que los fiscales proporcionaron fechas y montos precisos de donde se hicieron las entregas, así como las direcciones. Hechos que están corroborados inicialmente con testimonios y con un video.

4. Diferencia entre pagos y reforma es intrascendente

De acuerdo con la FGR, los pagos por más de 97 millones de pesos a legisladores se hicieron en quince entregas distintas entre abril de 2013 y agosto de 2014. Los defensores argumentaron en la audiencia que la reforma energética se aprobó en diciembre de 2013, por lo que los pagos posteriores a esa fecha no tienen sentido.

Pero en opinión del juez Fuerte Tapia esto es irrelevante, ya que la lógica de un negocio ilícito no es la lógica de una actividad ilegal ni sigue las reglas de mercado. Ello sumado a que aun cuando la reforma se aprobó a finales de 2013, en 2014 continuó la expedición de normas secundarias.

“Si la razón fue la aprobación de la reforma constitucional o de como se iba a actuar en leyes secundarias es intrascendente, pues a final de cuentas existe registro de que esas entregas de dinero efectivamente se pudieron haber suscitado. Y lo que cuenta es que ya se había establecido la voluntad de las partes de actuar irregularmente”, dijo Fuerte Tapia.

Un razonamiento similar es el que utilizó el juez para desestimar el argumento de la defensa sobre la aparente falta de congruencia respecto al origen del dinero utilizado en los sobornos. Esto ya que los abogados sostenían que las transferencias de Odebrecht eran para obtener contratos y ocurrieron desde 2012.

“Si a la postre Lozoya utilizó el dinero para el fin previamente pactado o para una cuestión diferente, eso sería en este momento irrelevante, puesto que aquí lo que nos debe interesar es que la entrega del dinero en las fechas mencionadas por la Fiscalía está debidamente corroborada y hay un contexto de ilicitud de cual pudo haber provenido”, dijo el juez.

5. Hay indicios que vinculan a todos los “socios”

En la audiencia la defensa de Lavalle argumentó que la Fiscalía no había probado alguna relación entre Lavalle con Videgaray. Sin embargo, el juez argumentó que no es así pues sostuvo que tanto las declaraciones como el modus operandi empleado para desplazar los recursos sí relacionan a los implicados en esta asociación delictiva.

Fuerte Tapia profundizó que las tres declaraciones de Lozoya, en las que argumenta que actuó siguiendo las órdenes de Peña y Videgaray, son suficientes para sustentar al menos de manera inicial que actuó siguiendo órdenes superiores.

“El vínculo surge en razón de las declaraciones emitidas por Emilio Lozoya. Él realiza imputaciones firmes, directas y categóricas en el sentido de que todos formaban parte de un esquema delictivo y ya referí que estas declaraciones, valoradas en conjunto con otros datos de prueba, encuentran en lo medular alcance convictivo por estar corroboradas”, indicó el juez.

En el mismo sentido el juez también restó importancia al hecho de que dos colaboradores de Lozoya que presuntamente participaron en la entrega del dinero se hayan rehusado a declarar e incluso hayan señalado en entrevistas con los abogados defensores que el esquema de sobornos nunca existió.

“Hay un video donde se presume la intervención de estas personas entonces en este momento francamente debo dudar de la parcialidad o imparcialidad con la que se condujeron estas personas al rendar esa entrevista (con la defensa), y lo natural es que nieguen la intervención en hechos delictivos que pudieran operar en su contra”, indicó el juez.

Prioritario, proceder contra los otros implicados: especialistas

En la audiencia de abril pasado el juez validó la denuncia de la FGR sobe la operación de una presunta asociación delictiva conformada por ocho personas, la cual materializó sobornos a legisladores con recursos provenientes de Odebrecht. Pero hasta ahora el único procesado y encarcelado por ello es el exsenador Jorge Luis Lavalle.

En ese contexto especialistas en derecho penal consultados por Animal Político consideraron que la FGR debe agilizar las indagatorias para ir en contra de las otras personas que ya señaló ante el juez, y entre los que se encuentran un expresidente, exsecretarios de Estado y exlegisladores.

La abogada Estefanía Medina, quien además es cofundadora de la organización TOJIL: Estrategia vs la Impunidad, consideró que desde un inicio se debió actuar contra todos los demás implicados.

“Se deben de judicializar los casos de todas las personas implicadas en la misma red y creo que se denotan muchas deficiencias en el tema de la estrategia; si tu judicializas a solo uno de forma anticipada abres las cartas de por donde va la teoría del caso y dejas un marco de ventaja para otras personas que incluso eludan la justicia. Esto debió ser integral para todos los involucrados”, dijo.

Para el experto penalista Gabriel Regino, el hecho de que un juez federal haya valorado y aceptado la hipótesis de la asociación delictiva, obliga a la FGR a ir en contra de los otros “socios” de la red criminal.

“Al estar ya detectada y acreditada la existencia posible de una organización estructurada y destinada para realizar hechos ilícitos, y toda vez que en el nuevo sistema acusatorio el estándar de prueba se ha reducido, al existir ya alguna persona imputada por los hechos, es consecuencia lógica y necesaria que los demás integrantes de esa estructura también sean judicializados” indicó.

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