Periodistas y activistas mexicanos interpusieron demandas civiles en tribunales de Israel y Chipre contra la empresa NSO Group por presunta negligencia y complicidad en actividades de espionaje (#GobiernoEspía) a través del malware Pegasus, desarrollado por la compañía.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Social TIC, El Poder del Consumidor y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) informaron que las acciones legales se interpusieron con tres objetivos:
El primero es cesar la prestación de los servicios de NSO Group; el segundo, que la empresa rinda cuentas por su presunta complicidad en los actos de espionaje cometidos, y que la información derivada de este proceso evite que los funcionarios mexicanos responsables eludan la justicia.
Ante la negligencia y complicidad de NSO Group en actos de espionaje con el malware Pegasus, activistas, periodistas y defensores de DDHH mexicanos demandaron a la empresa. #GobiernoEspía https://t.co/OGTLqPEXRL
— R3D (@R3Dmx) 1 de septiembre de 2018
Las organizaciones civiles aseguraron que a más de un año de que se destapara el caso, “no existen indicios de que NSO Group y sus afiliadas hayan dejado de prestar sus servicios a gobiernos con un historial comprobado de violaciones a derechos humanos y corrupción, como el mexicano”.
Incluso destacaron que recientemente se han descubierto nuevos casos de espionaje, ahora contra trabajadores de Amnistía Internacional, así como contra personas en Medio Oriente, como el caso del periodista Abdulaziz Alkhamis, exeditor del periódico londinense Al Arab, de acuerdo con un reporte de The New York Times.
“Recordamos que el Gobierno Federal saliente ha mantenido impune el caso, encubriendo la Procuraduría General de la República a los funcionarios responsables”, publicaron las organizaciones en un comunicado donde llamaron al nuevo gobierno a retomar la investigación, incluso mediante la incorporación de un panel de expertas y expertos independientes.
Luego de que The New York Times revelara la campaña de espionaje, presuntamente cometida por el gobierno mexicano, el presidente Enrique Peña reconoció que su gobierno había adquirido el programa y ordenó una investigación federal sobre el posible mal uso de Pegasus. Para ello, dijeron funcionarios mexicanos, pedirían apoyo al FBI.
Sin embargo, los funcionarios estadounidenses decidieron no involucrarse, pues consideran que el gobierno de Peña podría estar usando la participación de los Estados Unidos con la intención de dar una apariencia de credibilidad a la investigación ordenada por el presidente.
