¿Puede López Obrador realizar una consulta sobre el Nuevo Aeropuerto? Esto dice la ley
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¿Puede López Obrador realizar una consulta sobre el Nuevo Aeropuerto? Esto dice la ley

Tanto la Constitución como la Ley federal de Consulta Popular plantean una serie de condiciones para la realización de una consulta popular, misma que tendría que ser organizada por el INE y avalada por el Congreso.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
17 de agosto, 2018
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Este viernes, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que a través de una consulta pública se decidirá el futuro de la obra del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM), pero ¿qué dicen la Constitución y las leyes sobre la consulta? ¿Bajo qué condiciones se puede realizar?

Leer: El futuro del Nuevo Aeropuerto de México se decidirá por consulta en octubre: AMLO

En conferencia de prensa, acompañado de Javier Jiménez Espriú, quien sería el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, López Obrador detalló que una vez que los ciudadanos conozcan la información sobre los pros y contras de la obra en Texcoco y la construcción de dos pistas más en la base militar de Santa Lucía realizará “una consulta directa o una encuesta” a finales de octubre. El resultado de ésta será vinculante, es decir, los ciudadanos decidirán qué ocurrirá con la obra.

La Ley Federal de Consulta Popular, en su artículo 4 define a este ejercicio como “el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”.

El artículo 5 de esa misma ley plantea que solo los temas de “trascendencia nacional” podrán ser votados por una consulta, la trascendencia de éstos “será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara”.

Leer: Hay irregularidades por 835 mdp en las obras del nuevo aeropuerto tan sólo en 2015: ASF

La realización de una consulta pública no es tan sencillo como lo plantea el presidente electo, pues se deben cumplir ciertas condiciones.

¿Quién puede pedir una consulta popular?

La Constitución plantea en su artículo 35 que las consultas populares: “deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República; el equivalente al 33 % de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2 % de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley”.

¿Puede AMLO convocar a una consulta en octubre?

Como presidente electo, López Obrador aún no tiene la facultad para convocar una consulta pública al Congreso de la Unión que tenga validez, el único capaz de solicitarlo ahora sería el actual presidente Enrique Peña Nieto.

¿Quién es el encargado de organizarla?

El mismo artículo 35 estipula que el Instituto Nacional Electoral debe ser el encargado de “la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados” de toda consulta pública, además de que esta debe realizarse el mismo día de una jornada electoral federal.

Leer: Siete riesgos y problemas que enfrenta la construcción del Nuevo Aeropuerto de la CDMX

En julio pasado los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron “inviable” organizar, al menos en lo que resta de 2018, una consulta ciudadana sobre el NAIM.

Tras el pronunciamiento del INE sobre la inviabilidad de la consulta, López Obrador señaló que con o sin el apoyo del órgano electoral llevaría a cabo la consulta.

Incluso, el presidente elector afirmó que en caso de hacerla de manera directa, “se integra una comisión y se organizan los ciudadanos y se ponen esas mesas para recibir los votos, para saber qué opina la gente en las plazas públicas, y se lleva a cabo este ejercicio. La otra forma es hacer una encuesta nacional, también con vigilancia ciudadana, con supervisión de los ciudadanos, para que no quede ninguna duda, ninguna sospecha”.

Sin embargo, los resultados del ejercicio solo serían válidos y vinculantes si es organizada por el Instituto Nacional Electoral.

Hace unas semanas, Benito Nacif, consejero del INE, comentó que el órgano electoral estaría dispuesto a colaborar con López Obrador en caso de realizar una consulta “siempre y cuando sea apegado a lo establecido en la ley”, por lo que, agregó, el tema sería posible hasta 2021, año en el que se realizarán elecciones intermedias.

Los ciudadanos ¿de verdad pueden decidir qué pasará con la obra?

El resultado de la consulta si puede ser determinante.

La ley señala que el resultado de la consulta solo será “vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al 45 % de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores”.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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