La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 28 nuevas denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por malos manejos de recursos públicos federales en diversas entidades y municipios. Una de las denuncias es por el presunto desvío de más de 200 millones de pesos en la gestión del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
Se trata de la quinta denuncia que promueve la ASF ante la Procuraduría por presuntos fraudes al erario federal en la gestión de Padrés en Sonora. Hasta ahora ninguno de los casos abiertos ha sido resuelto ni hay funcionarios consignados.
Esta nueva denuncia penal, presentada a finales de julio, corresponde a una auditoría financiera y de desempeño relacionada con el manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el estado de Sonora en 2013. Se trata de recursos que generalmente se utilizan para poner en marcha diversas obras de infraestructura.
Lo que los auditores detectaron es que más del 30 por ciento del referido fondo, unos 202 millones de pesos, no fue aplicado para las obras o acciones que estaban contempladas sino por el contrario, se transfirió a otras cuentas bancarias del gobierno estatal sin que fuera reintegrado.
Pero no es todo. Se descubrió que otros 700 mil pesos fueron invertidos sin justificación en cinco obras auditadas, y se reportó la ausencia de casi 6.5 millones de pesos relacionados con multas que debieron aplicarse por retrasos en doce obras. Además hubo malos manejos por 17 millones de pesos en ocho obras más.
Incluso los auditores detectaron pagos de más de 900 mil pesos por conceptos sin ejecutar en seis obras. A ello se suman falta de bitácoras en varias de las construcciones, errores en retenciones o llenado de documentos y facturas, y una total falta de evaluación del uso de los recursos y su aplicación con fines estratégicos.
“En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, señaló el informe de resultados de la auditoría 13-A-26000-02-1147, que dio pie a la denuncia penal presentada por PGR.
Casos Jalisco y Colima
En este nuevo paquete de denuncias penales de la ASF, presentadas el pasado 20 de julio ante PGR, hay cuatro casos más relacionados con irregularidades en las administraciones estatales de Jalisco y Colima.
Los casos más grandes en cuanto a monto corresponden al estado de Colima, en donde los auditores reportaron malos manejos que habrían generado un fraude a Hacienda por un monto superior a los 500 millones de pesos en los años 2012 y 2013. Los hechos corresponden a la administración del exgobernador priista Mario Anguiano Moreno.
Los auditores detectaron, por ejemplo, que 43 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal fueron utilizados indebidamente para el pago de trabajadores sindicalizados sin que el dinero haya sido repuesto o regresado; o que se usaron otros 166 millones de pesos para financiar supuestas prestaciones a trabajadores que nunca fueron autorizadas.
Incluso el gobierno estatal dijo que tomó 90 millones para el pago de pasivos de nómina y otros 87 millones de pesos para el pago de retenciones a terceros, hecho que además de ser ilegal no se comprobó fehacientemente.
La administración de Anguiano también transfirió más de 25 millones de pesos que recibió, en 2012, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a otras cuentas bancarias distintas sin que se acreditara ni su destino ni su aplicación. El dinero no fue regresado.
La ASF concluyó que el estado de Colima carecía – al menos hasta ese momento – de controles suficientes para el manejo de los recursos, y en muchas ocasiones de la falta total de indicadores para verificar el efecto que tienen las inversiones que se realizan sobretodo relacionados con fondos educativos.
En el caso de Jalisco, la ASF presentó dos denuncias penales en PGR, ambas relacionadas con presuntos fraudes cometidos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en 2012. Este año correspondió a la administración del exgobernador panista Emilio González Márquez.
Los informes de resultados que dieron paso a las denuncias mostraron, por ejemplo, que Jalisco reportó el pago de casi dos millones y medio de pesos para nóminas de 15 escuelas que en realidad estaban clausuradas y otras seis no autorizadas; el dinero no se ha regresado. Además, se destinaron más de 20 millones de pesos para maestros que no estaban ejerciendo sino que estaban comisionados al sindicato y por tanto, no debieron recibir estos recursos.
Incluso los auditores encontraron que se reportó el pago de 709 mil pesos a seis trabajadores que nunca fueron localizados por los auditores en las visitas domiciliarias. A esto se suman múltiples pagos más que era improcedentes.
Vuelven denuncias, sigue impunidad
Este paquete de 28 denuncias que la ASF presentó a finales de julio son las primeras que impulsa dicha institución bajo la administración del nuevo auditor general David Colmenares. Durante los cuatro meses previos dicha institución no presentó denuncias penales sin que se conozcan las causas de ello.
El resto de las denuncias presentadas por la Auditoría – además de las ya descritas – corresponden a irregularidades detectadas en diversos municipios ubicados en Chiapas, Veracruz, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, estado de México, Guerrero, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, Campeche y Oaxaca.
Con estos nuevos casos, la ASF reporta oficialmente 958 casos promovidos ante el Ministerio Público Federal desde el año 2000 a la fecha. Las denuncias son en contra de dependencias federales y gobiernos estatales y municipales.
El común denominador en estos casos es la impunidad. Animal Político publicó el pasado 9 de julio que la PGR no ha conseguido cerrar con una sentencia condenatoria ni una sola de las averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha iniciado por denuncias de la Auditoría.
No solo eso. Hasta ahora no hay un solo funcionario o exfuncionario detenido por estos casos y de hecho, apenas hay 12 casos que ha consignado ante un juez sin detenido. Esto equivale a una eficacia apenas superior al uno por ciento si comparamos los casos consignados respecto a las denuncias que la ASF reporta que ha presentado.
Entre los casos que la ASF ha denunciado ante la PGR en estos años se encuentran los malos manejos por más de 60 mil millones de pesos en la administración del exgobernador Javier Duarte en Veracruz; los convenios irregulares firmados entre dependencias federales y universidades bajo la modalidad de “La Estafa Maestra”; los sobrecostos en la construcción de la Estela de Luz; los presuntos desvíos en recursos destinados al apoyo al campo; entre otros.
