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Rodrigo Crespo
Derechos Humanos de la CDMX ordena que grupo independiente investigue asesinato del estudiante Carlos Sinuhé
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha realizado alrededor de 5 mil diligencias periciales sobre el caso, aunque ninguna de ellas ha resultado útil para identificar a los responsables del crimen.
Rodrigo Crespo
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A casi siete años del asesinato del joven universitario Carlos Sinuhé Cuevas, perpetrado en la capital del país el 26 de octubre de 2011, la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México demandó a las autoridades regionales conformar un grupo interdisciplinario de expertos independientes, que haga su propia indagatoria para esclarecer el homicidio, ante la deficiente labor del Ministerio Público.

Calos Sinuhé fue asesinado cuando descendió de un vehículo de transporte público, en el km 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, luego de recibir amenazas en los meses previos por su participación en movimientos sociales y estudiantiles, en su calidad de alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Carlos Sinuhé, además, era músico y encabezaba talleres de enseñanza musical entre sus compañeros universitarios y de preparatoria.

Tal como constató la Comisión de los Derechos Humanos capitalina, durante los siete años transcurridos desde el asesinato, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha realizado alrededor de 5 mil diligencias periciales, aunque ninguna de ellas ha resultado útil para identificar a los responsables del crimen.

En contraste, durante todo ese tiempo la Procuraduría se ha negado a explorar y agotar las líneas de investigación que señalan a una ejecución extrajudicial, es decir, que Carlos Sinuhé fue asesinado por autoridades, subrayó la Comisión de los Derechos Humanos.

Asimismo, en estos siete años, la investigación judicial se ha visto caracterizada por omisiones que, según la Comisión, se traducen en diversas violaciones a los derechos humanos tanto de Carlos Sinuhé, como de sus familiares.

Por ejemplo, al no haber preservado la escena del crimen, ni los indicios que en ella quedaron del asesinato, tanto la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como la Instituto de Ciencias Forenses violaron los derechos de la víctima y su familia al debido proceso, al acceso a la justicia, y a la verdad.

Esos mismos derechos fueron nuevamente violados por la Procuraduría al omitir investigar diligentemente, y al incumplir su obligación de agotar todas las líneas de investigación, “especialmente la de una posible ejecución extrajudicial”, tal como afirmó durante el acto de presentación de conclusiones, la primera visitadora general Hilda Téllez.

La negativa a investigar la posible participación de autoridades en el asesinato, de hecho, fue calificada por la Comisión de Derechos Humanos como un acto de “obstaculización para acceder a la justicia”.

Por el contrario, se destacó que tras el asesinato la Procuraduría de la Ciudad de México, en voz de su entonces titular, Miguel Ángel Mancera, criminalizó y difundió juicios estigmatizantes en contra de Carlos Sinuhé, culpabilizándolo de su propio asesinato. 

La difusión de esas posturas estigmatizantes, señaló la Comisión, se traduce en una violación al derecho a la integridad personal, que sigue vigente para las personas fallecidas en lo tocante al respeto a su honor, memoria, intimidad y su vida privada.

Además, se señaló, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México también violó el derecho a la integridad personal de la mamá de Carlos Sinuhé, la señora María de Lourdes Téllez, “por el uso indebido de la fuerza durante una protesta social relacionada al caso”, al ser sometida a “sufrimiento y revictimización”.

Las diversas ocasiones en que la mamá de Carlos Sinuhé fue desalojada durante la realización de manifestaciones pacíficas, por último, representan una violación “al derecho a la protesta social, en ejercicio de la libertad de expresión”, lo cual realizaron las autoridades capitalinas siempre de manera “arbitraria”, tal como concluyó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Impunidad endémica

Durante la presentación de las conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, su titular, Nashieli Ramírez, subrayó que “En México, y en esta ciudad, no se castigan los asesinatos”, y enlistó las principales causas.

En el caso del asesinato de Carlos Sinuhé, subrayó, las investigaciones de las autoridades responsables se caracterizan por “falta de efectividad y negligencia para garantizar la verdad, justicia y reparación; ausencia de líneas claras de investigación y demora para resolver”.

Todos estos factores, añadió, se agravan y se vuelven “mayormente sancionables si existe algún indício, por mínimo que sea, sobre la posible participación de agentes estatales”.

No obstante, lamentó, en México, la impunidad respecto de crímenes cometidos por servidores públicos tiene en la actualidad un “carácter endémico”.

Para suprimir estas prácticas que fomentan la impunidad, una de las exigencias principales de la Comisión, incluidas en las conclusiones de su propia investigación sobre el caso de Carlos Sinuhé, es que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México conforme un “grupo interdisciplinario de expertos independientes”, que analice las deficiencias en las labores realizadas en estos siete años por el Ministerio Público, y “fije las líneas de investigación y las diligencias que se practicarán en la misma”, con el objetivo de emitir “en un término breve la determinación que corresponda”.
Asimismo, exigió que las autoridades capitalinas realicen un acto de disculpa pública, en el que se reivindique la honorabilidad del estudiante universitario, y se pondere su condición de “activista social”.

Para honrar su memoria, además, la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México demandó que las autoridades designen un espacio simbólico, para la elaboración de un mural conmemorativo en honor a Carlos Sinuhé Mejía, elaborado por sus compañeros y compañeras activistas, así como por colectivos solidarios.

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Reuters
El caso del afroestadounidense condenado a muerte que fue juzgado 6 veces por el mismo crimen en EU
Curtis Flowers es acusado de cuatro homicidios, pero se ha librado de la pena capital debido a motivos raciales que han causado polémica durante sus juicios.
Reuters
24 de junio, 2019
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La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este sábado la condena del afroestadounidense Curtis Flowers, sentenciado a muerte por sexta vez en Mississippi, debido a que la Fiscalía excluyó a los jurados negros del juicio.

Los jueces dictaminaron 7-2 que su derecho a un juicio justo había sido violado.

Flowers, de 49 años y que lleva 22 en prisión, ha sido juzgado seis veces por los asesinatos de cuatro trabajadores de una tienda de muebles en Winona, Mississippi, en 1996.

Y el estado podría llevarlo a juicio por séptima vez por el mismo caso.

¿Qué pasó en los juicios?

Flowers fue declarado culpable en los tres primeros procesos, el primero con un jurado compuesto exclusivamente por individuos blancos y los dos siguientes con un solo integrante negro. El cuarto y quinto fueron juicios nulos.

La Corte Suprema de Mississippi anuló las tres primeras condenas por “numerosos casos de conducta indebida de la fiscalía”, incluida la discriminación contra los jurados negros.

Los fiscales en EE.UU. pueden descartar a un número limitado de posibles jurados al inicio de un caso sin dar una razón, pero una resolución de la Corte Suprema de 1986 hizo que fuera ilegal hacerlo por motivos de raza.

En el sexto juicio, los fiscales desestimaron a cinco de los seis miembros afroestadounidenses, lo que, según Flowers, era discriminatorio.

La Corte Suprema de Mississippi emitió la sexta condena, pero la Corte Suprema de EE.UU la anuló el viernes.

¿Qué dijo la Corte Suprema de EE.UU.?

El juez Brett Kavanaugh, quien emitió por escrito la opinión de la mayoría, dijo que el Estado había estado “involucrado en cuestionamientos dramáticamente dispares” de posibles jurados basados en la raza.

En su veredicto señaló que, en particular, uno de los jueces negros excluidos, Carolyn Wright, estaba “en una situación similar” a los miembros blancos a quienes la Fiscalía no se oponía.

Por su parte, el juez Samuel Alito señaló que era “arriesgado” que el caso fuera procesado “una vez más por el mismo fiscal”.

El fiscal de distrito del condado de Montgomery, Doug Evans, quien es blanco, ha llevado el caso de Flowers las seis veces anteriores.

¿Qué dijeron los jueces disidentes?

Los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch no estuvieron de acuerdo.

El juez Thomas dijo que la decisión de la mayoría era “manifiestamente incorrecta” y dijo que la nueva decisión prolongaría la “pesadilla” de las familias de las víctimas.

También señaló que la mayoría no cuestionó el veredicto de culpabilidad o la imparcialidad del jurado, solo la conducta del fiscal.

El juez Thomas, el único afroestadounidense de la corte, señaló que la defensa también había utilizado ataques para eliminar a posibles jurados blancos.

¿Cómo ocurrieron los asesinatos?

Los asesinatos ocurrieron el 16 de julio de 1996 en Winona, Mississippi, una pequeña ciudad con una población de alrededor de 5,000 habitantes, 53% de ellos negros y 46% blancos.

La dueña de la tienda, Bertha Tardy de 59 años, el repartidor, Robert Golden de 42 años, el empleado a tiempo parcial, Derrick Stewart de 16 años, y la contadora Carmen Rigby, de 45 años, fueron asesinados a tiros en la tienda de muebles Tardy.

Golden era negro; las otras víctimas eran blancas.

Flowers había trabajado en la tienda, pero había sido despedido recientemente. Tardy, la dueña de la tienda, habría retenido su paga después de despedirlo. Faltaban cerca de US$300 dólares en la tienda después de los asesinatos.

Flowers no tenía una coartada para la mañana en que ocurrieron los asesinatos, pero tampoco tenía antecedentes penales.

Los testigos y la evidencia en la escena fueron impugnados.

¿Cuál es la reacción?

Después de la decisión, Benny Rigby, cuya esposa Carmen murió en el tiroteo, dijo al periódico local Clarion Ledger de Mississippi: “No hay justicia”.

“Si fuera blanco, ya lo habrían ejecutado”, agregó Rigby.

Pero la familia de Flowers se alegró con la resolución.

Su hermano mayor, Archie Flowers Jr, dijo que los tribunales “deberían haberlo dejado ir”.

“No hay duda en nuestras mentes de que él es inocente y Dios lo demostró hoy”.


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