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Cuartoscuro Archivo

CNDH pide a gobierno de Chihuahua reparar daño por muerte de tres bebés

El organismo consideró que hubo elementos suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de cuatro menores de edad y vulneraciones al derecho a la vida en perjuicio de tres de ellos por personal de salud.
Cuartoscuro Archivo
Por Redacción Animal Político
3 de agosto, 2018
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno de Chihuahua reparar el daño a los familiares de cuatro recién nacidos pertenecientes a comunidades indígenas de la entidad, por inadecuada atención médica, que derivó en la muerte de tres de ellos.

En la Recomendación 25/2018 dirigida al gobernador Javier Corral Jurado, la CNDH consideró que hubo elementos suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de los cuatro menores de edad y vulneraciones al derecho a la vida en perjuicio de tres de ellos por personal de salud.

Ello, luego de analizar diversas pruebas y testimonios e indicó que, al tratarse de integrantes de comunidades indígenas, el personal de salud debió proveerles vigilancia estrecha y eficaz, atendiendo a las especificidades de su condición de menores de edad.

Asimismo, al no contar con el material adecuado y suficiente, el Hospital Comunitario de Guadalupe y Calvo, que se encuentra ubicado en una región con altos índices de marginación, perpetúa las desigualdades e impide un mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En todos los casos, la CNDH determinó que la falta de insumos y equipo para practicar diversos análisis clínicos a las víctimas, carencia y/o disfuncionalidad de incubadora, inexistencia de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el hospital y diversas irregularidades como ausencia de registros o procedimientos para lavado. Además, desinfección, esterilización y aseo de áreas y mobiliario, además de que los afectados fueron valorados por un médico residente sin la dirección y asesoría de un médico adscrito contribuyeron a la inadecuada atención médica y al fallecimiento.

En el primer caso, una joven de la comunidad tepehuana acudió a ese nosocomio para dar a luz a dos niños, quienes al nacer presentaron síndrome de dificultad respiratoria, fiebre y riesgos de padecer sepsis neonatal y enterocolitis necrosante. Factores como inadecuada valoración e integración diagnóstica, falta de tratamiento oportuno y adecuado, escasez de personal y permanencia indebida de las víctimas en cuneros en lugar de canalizarlas a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de otro hospital, ocasionaron que ambos perdieran la vida.

En otro caso, una mujer de la etnia rarámuri dio a luz a un niño que también presentó síndrome de dificultad respiratoria y disminución de la temperatura corporal, por lo cual debió ser colocado en incubadora y no en una cuna abierta como ocurrió, lo que favoreció su deterioro clínico y la evolución del proceso patológico consistente en enterocolitis necrosante y sepsis neonatal, que le provocaron la muerte.

Por último, una mujer refirió que, al momento de nacer, su hija presentó datos sugestivos de síndrome de dificultad respiratoria, taquipnea y sepsis, por lo que personal médico la sometió a terapia antibiótica, que le fue suspendida sin otorgarle otro tratamiento, exponiéndola a complicaciones que pudieron costarle la vida; sin embargo, fue trasladada a otro centro hospitalario en que se le brindó la atención requerida y logró revertir el cuadro de sepsis que padecía.

Por lo anterior, la CNDH solicita al gobernador de Chihuahua reparar integralmente el daño ocasionado a la menor de edad, a sus familiares y a los de los niños que perdieron la vida, que incluya atención psicológica, pago de indemnización y su inscripción en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito para que tengan acceso, en lo conducente, al fondo de ayuda y asistencia.

En cuanto a la niña que sobrevivió, deberá otorgársele atención médica vitalicia para dar seguimiento integral a las complicaciones derivadas del servicio inadecuado que se le proporcionó, detalló en un comunicado.

Además, el mandatario local deberá colaborar con la CNDH en las quejas que presente para iniciar los procedimientos administrativos contra los servidores públicos responsables de las violaciones a derechos humanos señaladas, entre otros.

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Cuál es el poder de los narcos mexicanos en Colombia

La presencia de narcos mexicanos en Colombia no es nueva, pero sí las estrategias que usan para adaptarse a las condiciones del país. Los emisarios de los carteles de México no buscan fomentar la guerra entre organizaciones colombianas, solo abaratar costos.
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18 de julio, 2019
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“Son sujetos foráneos con un acento raro, como el de las novelas”.

Así describieron algunos pobladores de áreas de cultivo de coca a los emisarios de los cárteles de droga mexicanos llegados a Colombia, según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo.

La presencia de narcos de México en el país no es nueva, pero por diferentes razones su influencia ha crecido en los últimos años.

Ellos no necesitan traer sus ejércitos ni instalarse en grandes extensiones de terreno.

Llegan a Colombia, identifican a las organizaciones que les pueden ofrecer lo que buscan (cocaína, logística de traslado de la mercancía o seguridad), las contratan, pagan y se van.

Actúan como empresarios y aprovechan que, desde que en Colombia se terminó la era de los grandes cárteles, el negocio se ha atomizado.

Submarino de cocaína

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Este sumergible, confiscado en 2018, iba a trasladar cocaína colombiana comprada por mexicanos.

Otro factor determinante y más reciente es que ya no está la exguerrilla de las FARC como regulador en varios territorios que ahora se han convertido en zonas de disputa entre bandas criminales, paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Su inmensa capacidad económica les da la ventaja decisiva para contratar a las organizaciones colombianas, exigirles un producto de calidad e imponerles plazos de entrega.

La Defensoría del Pueblo no es la única entidad que ha advertido del incremento de la influencia de los narcos provenientes de México, la Fiscalía y el gobierno también lo han hecho y señalan que su presencia está en al menos 10 de los 32 departamentos de Colombia.

La transición

Para los cárteles de Cali y Medellín, los mexicanos eran sobre todo sinónimo de mano de obra en los 80.

México ni siquiera era la plaza más importante para ingresar cocaína a Estados Unidos, como sí lo eran las rutas por Las Bahamas y sus alrededores.

A mediados de los 90, esa situación comienza a cambiar en medio de la caída de los dos grandes cárteles y la guerra entre las organizaciones de narcotraficantes colombianas que luchaban entre ellas para remplazarlas.

Policía con droga decomisada.

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Paquetes de droga decomisada en Colombia.

“En los años 80, habían estructuras como la de Pablo Escobar o la de los hermanos Rodríguez Orejuela que eran capaces de controlar desde el cultivo, la producción, la transformación de la hoja en cocaína, el traslado de la mercancía en lanchas o aviones y la distribución en las calles de Estados Unidos, pero eso cambió mucho”, explica a BBC Mundo el investigador Daniel Rico.

El profesor universitario y consultor internacional en la materia explica que en Colombia, desde el fin de los dos grandes cárteles, las organizaciones que quedaron solo pueden controlar alguno de los eslabones de la cadena y desde entonces los mexicanos tomaron protagonismo.

“El ingreso promedio de los narcotraficantes colombianos se redujo a un tercio porque las principales organizaciones mexicanas comenzaron a comprar de manera directa acá. La ganancia, por ejemplo, por un kilo de cocaína pasó de US$20.000 a US$7.000”, indica el experto.

Rico añade que, desde entonces, los cárteles de México aprovechan que los grupos criminales de Colombia necesitan de sus recursos para financiar sus disputas territoriales y con ello se garantizan la cocaína que necesitan.

Cultivadores de coca

Getty Images
Las plantaciones de coca en Colombia se han disparado en los últimos años, según la ONU.

De acuerdo a estimaciones de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA por su sigla en inglés), el 82% de la cocaína salida de Colombia rumbo a Estados Unidos pasa por Centroamérica o México.

El factor FARC

La salida de las FARC, que tenían presencia fuerte en la mayoría de las zonas de cultivo de coca, supuso nuevos enfrentamientos entre organizaciones como el Clan del Golfo, los Rastrojos y el ELN, entre otras, en departamentos como Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca.

La desmovilización del grupo armado no solo supuso el incremento de la violencia entre bandas criminales, también un aumento de las plantaciones de coca que alcanzó cifras récord.

Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Organización de Naciones Unidas, en la última medición hecha (2017) se estableció que en Colombia existen más de 171,000 hectáreas de coca cultivada, algo nunca antes visto desde que la ONU realiza estas estimaciones.

El reporte correspondiente a 2018 será presentado en los siguientes meses.

Restos de laboratorio de cocaína

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Ahora los mexicanos buscan supervisar la calidad en la producción de clorhidrato de cocaína.

Este incremento en las plantaciones, indican los expertos, también supone un aumento lógico en la oferta de clorhidrato de cocaína, pues en Colombia el uso tradicional de la hoja de coca es muy pequeño (a diferencia de países como Bolivia y Perú).

Esta situación fue advertida por Estados Unidos, pero también por los cárteles mexicanos.

Es por ello que, de acuerdo al portal de investigación Verdad Abierta, estas organizaciones comenzaron a relacionarse con grupos colombianos dedicados desde los cultivos y la producción de pasta base, hasta la exportación y distribución local para el narcomenudeo.

El jefe de operaciones de la policía antinarcóticos colombiana, Carlos Bueno, sostiene que los emisarios mexicanos quieren eliminar a los intermediarios y por eso desembarcaron en Colombia.

“Entendemos que han venido a hacer parte de la cadena. Han venido a contactar las organizaciones ellos mismos y para verificar el producto, la cocaína que están comprando, y, posteriormente, enviando a México”, dijo el coronel.

En abril de este año, Bueno dirigió el operativo que terminó en la captura en Bogotá de alias Rafa, emisario de Ismael “Mayo” Zambada y el Cártel de Sinaloa en Colombia.

Ladrillo de cocaína

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Las organizaciones mexicanas buscan abaratar costos en Colombia.

El excomandante de las FARC y ahora prófugo de la justicia Jesús Santrich es acusado por la Fiscalía de Colombia y por Estados Unidos de conspirar para entregar cocaína a la organización criminal sinaloense.

Empresarios

No solo existen emisarios en Colombia llegados desde Sinaloa, reportes policiales también advierten de la presencia de miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación e incluso de Los Zetas.

A los cárteles de México no les interesa fomentar la guerra entre las organizaciones criminales colombianas ni tomar partido por una de ellas, tampoco tener el control de un territorio, como sí lo hacen en su país.

Lo que buscan, en esencia, es abaratar costos.

Actúan como empresarios que invierten en una franquicia. Ya no se quedan en México esperando a que les vendan la cocaína en US$12,000 o US$15,000, sino que vienen para acá y compran a los laboratorios directamente. Incluso invierten en los laboratorios y consiguen el kilo en US$2,000 o menos”, señala Daniel Rico.

Fabricación de cocaína

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La producción de cocaína en Colombia ha crecido en los últimos años

El experto añade que esta estrategia no solo elimina a los intermediarios, sino que les garantiza obtener un producto de calidad.

“Durante muchos años a los mexicanos les vendían cocaína mezclada con otras sustancias y eso ha venido cambiando”, concluye.

Los predecesores de Joaquín Guzmán Loera fueron los primeros en aproximarse a Colombia, después el Chapo supo aprovechar ese mercado abierto para convertirse en multimillonario.

Y los que le siguen, han demostrado que son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones que se viven en el país.


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