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Reuters
Cómo usó Trump el asesinato de una joven para criticar la migración a EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,. aprovechó el caso para lanzar duras críticas a las leyes migratorias del país.
Reuters
23 de agosto, 2018
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“¡Las leyes de inmigración de Estados Unidos son una desgracia!”, exclamó el presidente Donald Trump ante sus seguidores esta semana.

No es algo nuevo en el discurso del mandatario estadounidense, pero en esta ocasión las palabras de Trump estaban relacionadas con una historia muy concreta: la muerte de Mollie Tibbets.

Esta joven estudiante de 20 años desapareció el 18 de julio después de salir a trotar en la localidad rural de Brooklyn, en Iowa, Estados Unidos.

Su cuerpo fue hallado este martes en un campo de maíz tras las indicaciones que le dio a la policía su supuesto asesino.

¿Por qué se refirió el presidente Trump a este caso en particular?

Bloqueo mental

La razón radica en la identidad del supuesto autor del crimen: Cristhian Bahena Rivera, un inmigrante mexicano de 24 años.

Una cámara de la zona capturó imágenes del auto de Rivera circulando una y otra vez cerca del lugar donde desapareció Tibbetts, según figura en el sumario.

Rivera confesó que siguió a la joven con su vehículo, después salió y se puso a trotar, primero detrás de ella y luego a su lado.

El acusado contó que entró en pánico cuando ella amenazó con llamar a la policía. Después de eso, Rivera no recuerda lo que pasó hasta que se vio manejando el auto, con el cadáver de la chica en el maletero.

Rivera arrastró el cuerpo unos 20 metros y lo dejó en un campo de maíz cubierto por unas hojas.

El miércoles, un juez del tribunal del condado de Poweshiek ordenó su permanencia en prisión bajo fianza de US$5 millones.

Inmigrante “indocumentado”

La noticia del arresto y confesión de Rivera tuvo gran repercusión ya que la desaparición de la joven había desencadenado un intenso operativo de búsqueda.

De inmediato trascendió que el sospechoso era un inmigrante que, según la policía, vivía de forma ilegal desde hace al menos cuatro años en Iowa.

El presidente Trump se pronunció sobre el caso este martes durante un mitin en Virginia y lo volvió a hacer el miércoles en un mensaje de video que compartió en Twitter.

“Una persona vino de México de forma ilegal y mató (a Tibbetts), necesitamos que nuestras leyes migratorias cambien, necesitamos que nuestras leyes fronterizas cambien”, subrayó.

“Tenemos las peores leyes de todo el mundo”, añadió, para después insistir en que necesita financiación para construir el muro en la frontera entre EE.UU. y México.

La Casa Blanca también tuiteó sobre el caso, compartiendo un video sobre familiares de estadounidenses muertos a manos de inmigrantes indocumentados.

Confusión sobre su estatus legal

Del otro lado, el abogado de Rivera, Allen Richards, afirmó que su cliente tiene estatus legal en Estados Unidos.

Sus jefes en Yarrabee Farms, la granja en la que trabajaba Rivera, explicaron que el hombre superó los controles migratorios y que era buen empleado.

Las autoridades creen que Rivera utilizó otro nombre y entregó documentación falsa cuando presentó la solicitud para trabajar en la granja.

“Lo que hemos sabido en las últimas 24 horas es que nuestro empleado no es quien dijo que era”, indicó el propietario de la granja, Dane Lang.

Qué dice la familia de Mollie

“En nombre de toda la familia de Mollie, agradecemos a las personas de todo el mundo que pensaron y rezaron por nuestra niña”, dijo la familia de Tibbetts en un comunicado difundido este miércoles.

La familia pidió que se respete su privacidad y no quiso entrar en la polémica sobre el estatus migratorio del autor del crimen.

“Por favor, recuerden. El mal viene en TODOS los colores“, escribió en Facebook Billie Jo Calderwood, tía de Mollie.

Cabe recordar que el tema de los crímenes cometidos a manos de inmigrantes indocumentados fue utilizado por Trump ya desde que anunció su candidatura a la presidencia de EE.UU.

Así, Trump se refirió varias veces al caso de José Inés García Zárate, un inmigrante indocumentado de 45 años que fue acusado de matar a la joven Kate Steinle en San Francisco en 2015.

García Zárate fue absuelto en diciembre de 2017 después de que el tribunal fallara que la muerte de Steinle fue accidental.

 

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Nayeli Roldán
Universidades de AMLO serán operadas por organismo internacional que no está obligado a rendir cuentas
El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal) no está regido por las obligaciones presupuestales ni rendición de cuentas de la administración pública federal.
Nayeli Roldán
21 de marzo, 2019
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) quedó al margen de la operación del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García que sólo será administrado por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal).

Este es un organismo internacional que no está regido por las obligaciones presupuestales ni rendición de cuentas de la administración pública federal, según respondió la dependencia a diversas solicitudes de información realizadas por Animal Político. 

Lee: Sin planteles construidos, este mes arrancan las 100 nuevas universidades de AMLO

Aunque el programa tiene mil millones de pesos de presupuesto etiquetado en la Subsecretaría de Educación Superior, la dependencia no lo ejecutará directamente, sino que lo entregará al Crefal, pero aún no se determina bajo qué mecanismo legal, ni cómo se vigilará su correcta asignación, ni cuál será el proceso de rendición de cuentas. 

Tampoco existe el diagnóstico de la problemática que el programa prevé combatir, ni el plan de acción o proyección de resultados, ni algún documento que justifique por qué será el Crefal quien opere el programa y no la SEP.

La SEP argumentó en las respuestas que se encuentra “en proceso de elaboración de los lineamientos para la operación del Programa”, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa en diciembre de 2018 y que las 100 universidades iniciarán operaciones el próximo 25 de marzo.

El programa será coordinado por Raquel Sosa, quien fue nombrada directora general del Crefal en diciembre de 2018, en sustitución de Sergio Cárdenas, quien apenas cumplía el primero de los tres años de su mandato.

Sin claridad del presupuesto

El Crefal es un organismo internacional, autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, “al servicio de los países de América Latina y el Caribe”, y que fue creado mediante el Convenio de Cooperación Regional entre la UNESCO, la Organización de Estados Americanos y 12 países de América Latina y el Caribe en 1951.

La finalidad fue formar personal especializado, generar investigaciones, sistematizar conocimientos y experiencias; diseñar y producir materiales educativos, y dar asesoría y consultoría como parte de la cooperación regional en materia educativa. 

El sostenimiento económico ha estado a cargo de los países miembro: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela y Cuba.

Lee también: López Obrador propone abrir 100 universidades, ¿es factible, acabaría con la inequidad?

Raquel Sosa, la nueva directora, asegura que “los demás países no han aportado históricamente. A veces aportar algo en especie, pero el recurso fundamental desde el principio hasta el día de hoy, es un recurso del gobierno mexicano”.

Por eso es que la administración federal decidió que las universidades serían operadas a través del organismo internacional. “Analizamos la situación del Crefal y se lo planteamos a los embajadores que forman parte del Consejo de Administración y estuvieron de acuerdo y muy contentos de que se devuelva al Crefal el sentido del trabajo en beneficio de las comunidades que es el sentido histórico de esta institución”, dijo Sosa en entrevista con Animal Político.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso aseguraron que el cambio en el Crefal ni siquiera permitió que los embajadores de los estados miembros y que conforman el Consejo de Administración, máximo órgano de decisión del Centro, pudieran reunirse, pues las sesiones se planean con meses de anticipación.

De hecho fueron los cónsules de los estados quienes acudieron en representación de los embajadores a una reunión realizada en la primera semana de diciembre de 2018 en la que se enteraron de los cambios. Aunque se logró la designación de Raquel Sosa a propuesta del representante de México que preside del Consejo de Administración, los representantes de Uruguay y de Honduras, se abstuvieron de apoyar el nombramiento y el resto estuvieron molestos por el cambio de planes para el Centro.

Por ello, el exdirector Sergio Cárdenas fue sustituido de manera abrupta, pese a que su plan de trabajo estaba previsto hasta 2020.

Aunque Sosa tomó posesión de la dirección del Crefal desde diciembre, aún no se establece la manera en que la SEP le entregará los recursos, pues el organismo es autónomo y no forma parte de la administración pública federal, por eso es que el presupuesto está etiquetado en la Subsecretaría de Educación Pública. 

“Los recursos están en la SEP en este momento y serán trasladados al Crefal, eso estamos terminando el instrumento que daremos a conocer la próxima semana, de acuerdo a todos los requerimientos que han planteado las instancias”, dijo Sosa en entrevista (realizada el 8 de marzo), pero hasta el momento no ha habido ningún anuncio al respecto.

Además, el Crefal no es un sujeto obligado de transparencia, porque se trata de un organismo internacional que no forma parte de la administración pública federal y, por lo tanto, no se le podrían hacer solicitudes de información directamente, según la Ley General de Transparencia. 

Quién sí podría fiscalizar el destino de los mil millones de pesos de presupuesto es la Auditoría Superior de la Federación porque se trata de recursos públicos, pero sólo si forma parte de su programa de auditorías programadas para la SEP.

Al respecto, Sosa aseguró que la SEP estaba trabajando “en el procedimiento de rendición de cuentas de esos recursos, porque Crefal antes no tenía ningún procedimiento con el argumento que eran recursos que quedaban en un organismo internacional. Nosotros queremos que haya una rendición plena y clara y que todo el recurso que llega a Crefal se destine al programa de las universidades”, dijo Sosa. 

Animal Político solicitó a la SEP, vía transparencia, el calendario de aplicación de los recursos y el destino del gasto, pero la Dirección General de Educación Superior Universitaria (que tiene el presupuesto etiquetado) respondió que “no existe documento alguno con las características requeridas”. Mientras que la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros ni siquiera dio un argumento sobre este tema, pues su respuesta se refería a otra solicitud de información.

Sin análisis, metas ni objetivos

En la solicitud número 1100068119, Animal Político solicitó la documentación que diera cuenta de la pertinencia u objetivo que el gobierno federal pretende alcanzar al aplicar este programa; las proyecciones, metas, acciones, calendario de avances y todo aquello que explique cómo se llevará a cabo dicho programa, desde su anuncio, hasta la operación de las 100 universidades; las reglas de operación, lineamientos, y reglamentos para operar.

Sin embargo, la SEP respondió que no existe ningún documento con la información requerida. En cambio sólo adjunto ocho links con boletines de prensa, versiones estenográficas de las intervenciones del Presidente y conferencias de prensa en las que no se encuentra datos concretos respecto a lo solicitado. 

También respondió que la Subsecretaría de Educación Superior “se encuentra en proceso de elaboración de los lineamientos para la operación del Programa en cita y una vez finalizado dicho proceso, la información se pondrá a disposición del particular”. 

Y respondió exactamente con los mismos argumentos y links a la solicitud de información 1100068619 en la que se pidió la justificación legal sobre la decisión que el programa de Universidades fuese operado desde el Crefal. 

La SEP tampoco tiene documentación que de cuenta sobre los lugares donde se prevé construir, instalar u operar las 100 nuevas universidades, ni el plan de construcción y operación de cada una o los procesos de obtención, compra, renta, donación, cesión, comodato de los terrenos donde se construirán, según respondió a la solicitud número 1100068819. 

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