Unos 300 sacerdotes son acusados de abuso sexual de más de 1,000 menores en EU
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Unos 300 sacerdotes son acusados de abuso sexual de más de 1,000 menores en EU

La Corte Suprema del estado de Pensilvania publicó este martes un informe de un gran jurado que documenta 300 supuestos casos de "sacerdotes depredadores" sexuales en seis diócesis, tras investigar denuncias de abusos de menores.
15 de agosto, 2018
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La Corte Suprema de Pensilvania publicó este martes un informe en el que un gran jurado señala que unos 300 sacerdotes católicos son responsables del abuso sexual de más de 1.000 menores en seis diócesis de ese estado de EE.UU.

El reporte indica que algunos de los menores fueron “manipulados con alcohol o pornografía” y que “a algunos les hicieron masturbar a sus agresores o fueron manoseados por ellos”.

“Algunos fueron violados oralmente, algunas vaginalmente, algunos analmente”, agrega el informe de más de 1.300 páginas que documenta los presuntos abusos.

De acuerdo con el texto, las víctimas fueron mayormente varones, aunque también hubo menores de sexo femenino, adolescentes y preadolescentes.

La Iglesia católica no había respondido a las acusaciones del informe nada más publicarse la noticia.

El fiscal general del estado, Josh Shapiro, destacó que el reporte detalla “un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano” durante las casi 70 años de presuntos abusos que cubre la investigación.

“Los sacerdotes estaban violando niños y niñas y los hombres de Dios que eran responsables de ellos no solo no hicieron nada; lo escondieron todo, por décadas”, afirmó

Como consecuencia del presunto encubrimiento, casi todos los casos son demasiado antiguos como para ser juzgados, ya que la mayoría son anteriores al año 2000.

Por demás, en ese estado existe un “estatuto de limitación” que impide que las víctimas de abusos sexuales en la infancia presenten demandas civiles contra la Iglesia después de cumplir 30 años.

El papa, en la catedral metropolitana de Santiago de Chile.GETTY IMAGES
El papado de Francisco se ha visto permeado por múltiples denuncias de abusos sexuales en la Iglesia católica.

No obstante, el jurado anunció que emitió acusaciones formales contra un sacerdote de la diócesis de Greensburg y otro de la de Erie, quienes presuntamente abusaron de menores en la última década.

Shapiro no descartó que el número real de víctimas supere la cifra actual, ya que, en su criterio, es posible que las denuncias de algunos menores se hayan perdido o que muchos optaran por mantener el silencio ante el abuso.

“Era abuso sexual”

Según Shapiro, funcionarios de la Iglesia describieron de manera “rutinaria y deliberada” las denuncias de abusos como “juegos bruscos”, “peleas y “conductas inapropiadas”.

“No era ninguna de esas cosas. Era abuso sexual infantil, incluida la violación”, aseguró el fiscal general.

El informe detalla diferentes tipos de agresiones sexuales, como el de un sacerdote que violó a una niña en el hospital después de que le extirparon las amígdalas u otro al que se le permitió continuar ejerciendo después de haber dejado embarazada a una menor de 17 años, con la que se casó y de la que luego se divorció.

Cuello de sacerdoteGETTY IMAGES
Más de 300 sacerdotes fueron acusados por el abuso de más de 1.000 menores.

El informe señala que muchas de las víctimas afirmaron que fueron drogadas por los sacerdotes y otras alegaron que fueron maltratadas o golpeadas por miembros de sus familia que no creyeron sus historias sobre los abusos.

Una de las presuntas víctimas, de acuerdo con el reporte, cometió un intento de suicidio mientras se realizaba la investigación.

¿Cómo se realizó el informe?

El jurado detalló que para elaborar este documento investigó y escuchó el testimonio de decenas de testigos y revisaron medio millón de páginas de documentos internos de las diferentes diócesis durante casi dos años.

Como resultado, las autoridades judiciales consideraron que se trata de la investigación más amplia realizada hasta el momento por una agencia gubernamental en Estados Unidos sobre abuso sexual infantil en la Iglesia católica.

Según el grupo de investigación y defensa BishopAccountability.org anteriormente, otros grandes jurados investigaron más de una decena de casos de abusos, pero se trataron de diócesis o condados en particular y no alcanzaron las dimensiones del actual informe.

Theodore McCarrickGETTY IMAGES
El anterior arzobispo de Washington, el cardenal Theodore McCarrick, renunció tras acusaciones de que había abusado de un menor en la década de 1970.

De acuerdo con medios estadounidenses, más de tres millones de católicos viven en Pensilvania.

La Iglesia en Estados Unidos se vio estremecida el pasado mes con la renuncia del entonces arzobispo de Washington, el cardenal Theodore McCarrick, que dejó el cargo tras denuncias de que había abusado sexualmente de niños y adultos durante décadas.

Entre los señalados de ocultamiento por el informe presentado este jueves está el actual arzobispo de Washington DC, cardenal Donald Wuerl, quien aseguró en un comunicado que “actuó con diligencia”, que mostró “preocupación por los sobrevivientes” y buscó “evitar futuros actos de abuso”.

“El informe será un recordatorio de los graves defectos que la Iglesia debe reconocer y por los que debe buscar el perdón”, añadió.

 

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Empleados de Profedet denuncian que les ocultan casos de COVID y han aumentado los contagios

Los trabajadores denuncian que hablar de los casos positivos y los fallecimientos por COVID implica un llamado de atención. Aseguran que podrían trabajar en casa pero los obligan a ir a sus oficinas.
@PROFEDET
3 de febrero, 2021
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“Es curioso que la institución para la que laboramos y se dedica a defender a los trabajadores no respete nuestros derechos, nos oculte los casos de COVID y nos haga laborar de manera presencial cuando hay contagios y aún en semáforo rojo”, denuncia Dalila, abogada en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). 

Dalila, a quien se le cambió el nombre para proteger su identidad por temor a sufrir represalias, denuncia que nadie les avisa cuando hay un caso positivo o incluso algún fallecimiento por COVID. Tocar el tema en las oficinas, dice, implica un llamado de atención.

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Animal Político platicó con al menos siete trabajadores de la Profedet, entre abogados y personal administrativo de distintas áreas, que coinciden con las quejas y acusan que se les obliga a acudir a las oficinas a pesar de que pueden cumplir con sus obligaciones vía remota, como ya se hizo al inicio de la pandemia. 

Cuando iniciaron las medidas para evitar contagios de la enfermedad, la Procuraduría les permitió a los trabajadores seguir llevando los casos y las asesorías desde su casa, pero cuando se declaró nuevamente el semáforo rojo en Ciudad de México, el 18 de diciembre, les dijeron que tenían que atender a la gente de manera presencial. 

Aunque los empleados no acuden todos los días a las instalaciones, solo van dos o tres días a la semana −de 9 a 3 de la tarde−, están preocupados porque algunos se trasladan en transporte público. Hay líneas del Metro que no funcionan y se aglomeran para poder subir a camiones o autobuses. 

Hasta el 15 de enero, de acuerdo con información oficial de la Profedet, 33 servidores públicos de las oficinas en CDMX han sido reportados como positivo a SARSCoV-2, quienes mantuvieron la cuarentena necesaria para su tratamiento médico. 

De acuerdo con los empleados, en diciembre murió un abogado y un médico perito de la institución a causa de COVID y cada vez hay más contagios, lo que aumenta el nerviosismo y la incertidumbre entre el personal. 

“Hacen venir a la gente cuando saben que tienen un familiar contagiado y eso es muy irresponsable porque crecen los contagios. Cuando fallecieron nuestros compañeros no hubo información institucional ni siquiera lamentando la pérdida o condolencias. Es como si ellos no existieran, daban todo en su trabajo y eso es muy triste”, lamenta una de las abogadas entrevistadas. 

Indica que compañeros han tenido que ir a trabajar aún cuando presentan síntomas y es hasta que su prueba sale positivo que los mandan a casa. El contagio de los trabajadores se ha extendido hasta sus familiares, quienes dicen que han tenido que desembolsar por persona entre 10 y 15 mil pesos entre pruebas y atención médica. 

Brenda, una de las trabajadoras que dio positivo a COVID y contagió a su familia, asegura que cuando avisó del resultado de la prueba le pidieron mantener todo en secreto con el argumento de que no sufriera discriminación. 

“Yo no me podía quedar callada, son mis compañeros y si estuve cerca de ellos les tenía que advertir para que se hicieran la prueba o se mantuvieran atentos a síntomas. Por protocolo mi círculo cercano laboral debió suspender actividades, pero no te dejan porque no les importa nuestra salud”. 

Además, acusa que si comentan los casos, faltan por tener algún síntoma relacionado al coronavirus, o simplemente cuestionan por qué algunas áreas si hacen home office, los amenazan con despedirlos, levantarles actas administrativas o reportarlos con el órgano interno de control.    

Otra empleada coincide en que hay mucha frustración: “A veces necesitamos esa palmadita de cuídate, eres importante para esta institución. La procuradora Carolina Ortiz Porras hace conferencias para hablar de la defensa de los trabajadores, que hay que garantizar sus derechos, pero no es capaz de preocuparse por su propio personal, no sabe cómo está su casa”. 

Profedet dice que se cumplen con medidas recomendadas 

De acuerdo con la Profedet, al brindar servicios de asesoría, defensoría y conciliación laboral, sus servicios fueron catalogados como esenciales desde el inicio de la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2.

La institución informó a Animal Político que tras la declaratoria de emergencia por COVID (desde el 23 de marzo de 2020) implementaron el trabajo escalonado, y que de los 251 servidores públicos en sus oficinas en CDMX, 60 realizan su trabajo desde casa por estar dentro del grupo considerado como vulnerable.

“Para los 191 servidores públicos restantes, se ha establecido un horario escalonado de dos días a la semana en la oficina con jornada reducida, por lo que diariamente el edificio de Pofedet no excede del máximo de aforo de asistencia establecido; adicionalmente, se vigilan de manera estricta las medidas de salud recomendadas por la autoridad sanitaria”, detalló. 

Entre sus medidas está la toma de temperatura al ingreso, uso de cubrebocas, gel antibacterial, guardar la sana distancia, y como medida adicional, una vez que se ingresa al edificio, no es posible salir de las instalaciones hasta el término de la jornada laboral.

La institución no comentó nada cuando se le buscó sobre las acusaciones de los trabajadores de que se ocultan los casos positivos de COVID.  

Tras la publicación del reportaje, la Profedet mandó una carta a este medio asegurando que el personal tiene conocimiento de que si presenta síntomas respiratorios o relacionados a COVID-19, debe abstenerse de acudir a las instalaciones, informar a su jefe inmediato y mantener un seguimiento de sus síntomas.

“Si un servidor público llegase a presentar síntomas respiratorios o relacionados con la COVID-19 mientras realiza su guardia presencial, el protocolo marca que debe acudir al área de consultorio médico y retirarse a su domicilio una vez que responda el cuestionario preventivo en el cual debe indicar los nombres de las personas con las que tuvo contacto ese día”.

A las personas que tuvieron contacto directo con el caso sospechoso se les pide que realicen trabajo en casa durante cinco días

La institución aseguró que es falso que se esconde al personal la información sobre posibles contagios y que por cuestiones de privacidad clínica, “la información correspondiente a los servidores públicos de la Pofedet que han dado positivo al virus del SARS-CoV-2 no es de carácter público, motivo por el cual ésta queda resguardada únicamente en el área de Recursos Humanos”.

“No hay ni jabón en el baño” 

Sin embargo, los empleados aseguran que las medidas higiénicas son mínimas y que no se sanitiza el área cuando hay algún caso positivo.  

“En la entrada ponen una jerga para limpiarlos los zapatos, un tapete y nos toman la temperatura. Ni siquiera hay jabón en los baños. Tenemos que comprar nuestro jabón y tener papel de reserva porque hasta eso falta. La institución no nos da gel antibacterial, cubrebocas ni caretas para atender a los usuarios”, cuenta una de las empleadas. 

“Nosotros vemos los juicios en la Junta de Conciliación y Arbitraje, vimos que ahí al personal lo comenzaron a organizar, les dieron insumos, hablaron de protocolos y en la Profedet hasta pedimos una reunión para que nos comentaran cómo íbamos a trabajar o cómo íbamos a manejar los casos positivos. Se molestaron mucho y nos dijeron que no molestáramos a la procuradora”. 

Lee más: Aumentan contagios y muertes de trabajadores por COVID en armadoras de Guanajuato y Puebla

“No pedimos dejar de trabajar” 

Otro empleado a quien llamaremos Eruviel, quien labora en el área de asesorías −y es el primer contacto con los usuarios que acuden por información o a exponer su caso – cuenta que llega a atender en un día entre cuatro y seis personas, pues a veces acude algún adulto mayor o persona con discapacidad con acompañante. 

“A partir de los últimos fallecimientos y contagios de nuestros compañeros tenemos miedo, no solo por uno, por nuestras familias, y claro que también por los usuarios que van y se arriesgan a trasladarse en transporte público cuando en la CDMX los hospitales están rebasados”. 

Asegura que como empleado no se siente apoyado ni escuchado respecto al temor que tienen de enfermarse. Aunque la institución les informó que solo trabajarían dos días, hay semanas que van tres días y le han pedido que lleguen a las 8 de la mañana, cuando debería entrar a las 9. 

“No pedimos dejar de trabajar. Somos afortunados de tener un trabajo en estos tiempos, pero hay muchos recursos que podemos utilizar para evitar más contagios, como las asesorías vía telefónica, por videollamada, ya lo hicimos así y hubo resultados. Duele que compañeros estén falleciendo”, dice Eruviel. 

Uno de sus compañeras del área de defensoría dice que una persona adulta mayor le reclamó porque la hicieron acudir a las oficinas cuando es población en riesgo no solo por la edad, sino por tener comorbilidades.   

Jerónimo, otro abogado entrevistado, dice que la pandemia ha duplicado las denuncias, e incluso, ellos se han visto rebasados por el número de expedientes que manejan. Tras la austeridad anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los recortes de personal y renuncias, hay abogados que manejan hasta 1,200 asuntos. 

“Yo manejo más de 800 y es inhumanamente imposible. Antes por cada junta de conciliación había dos o tres abogados, ahora solo hay uno por cada junta al pendiente de los casos acumulados y los que van llegando, pero esta administración tiene otra forma de pensar y uno acepta las condiciones”.

“La indicación de los jefes es atenderlos para que ellos demuestren que hay atención a usuarios, que van bien los números, pues todo se reporta en un sistema. Solo les importa que se avance con los expedientes, pero si la Junta de Conciliación tampoco trabaja al 100% no podemos hacer mucho”, señala. 

Los trabajadores piden que al menos en lo que baja la emergencia sanitaria en la CDMX puedan trabajar vía remota y no se oculten ni los casos positivos ni las defunciones. 

“Esta institución es muy noble, su misión es defender a los trabajadores, pero, ¿y dónde quedamos nosotros? También somos humanos, también somos trabajadores con derechos, nos enfermamos, tenemos miedo y nos están dando la espalda”, expresa una empleada.

Esta es la carta completa que envío Profedet: 

  
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