Unos 300 sacerdotes son acusados de abuso sexual de más de 1,000 menores en EU
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Unos 300 sacerdotes son acusados de abuso sexual de más de 1,000 menores en EU

La Corte Suprema del estado de Pensilvania publicó este martes un informe de un gran jurado que documenta 300 supuestos casos de "sacerdotes depredadores" sexuales en seis diócesis, tras investigar denuncias de abusos de menores.
15 de agosto, 2018
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La Corte Suprema de Pensilvania publicó este martes un informe en el que un gran jurado señala que unos 300 sacerdotes católicos son responsables del abuso sexual de más de 1.000 menores en seis diócesis de ese estado de EE.UU.

El reporte indica que algunos de los menores fueron “manipulados con alcohol o pornografía” y que “a algunos les hicieron masturbar a sus agresores o fueron manoseados por ellos”.

“Algunos fueron violados oralmente, algunas vaginalmente, algunos analmente”, agrega el informe de más de 1.300 páginas que documenta los presuntos abusos.

De acuerdo con el texto, las víctimas fueron mayormente varones, aunque también hubo menores de sexo femenino, adolescentes y preadolescentes.

La Iglesia católica no había respondido a las acusaciones del informe nada más publicarse la noticia.

El fiscal general del estado, Josh Shapiro, destacó que el reporte detalla “un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano” durante las casi 70 años de presuntos abusos que cubre la investigación.

“Los sacerdotes estaban violando niños y niñas y los hombres de Dios que eran responsables de ellos no solo no hicieron nada; lo escondieron todo, por décadas”, afirmó

Como consecuencia del presunto encubrimiento, casi todos los casos son demasiado antiguos como para ser juzgados, ya que la mayoría son anteriores al año 2000.

Por demás, en ese estado existe un “estatuto de limitación” que impide que las víctimas de abusos sexuales en la infancia presenten demandas civiles contra la Iglesia después de cumplir 30 años.

El papa, en la catedral metropolitana de Santiago de Chile.GETTY IMAGES
El papado de Francisco se ha visto permeado por múltiples denuncias de abusos sexuales en la Iglesia católica.

No obstante, el jurado anunció que emitió acusaciones formales contra un sacerdote de la diócesis de Greensburg y otro de la de Erie, quienes presuntamente abusaron de menores en la última década.

Shapiro no descartó que el número real de víctimas supere la cifra actual, ya que, en su criterio, es posible que las denuncias de algunos menores se hayan perdido o que muchos optaran por mantener el silencio ante el abuso.

“Era abuso sexual”

Según Shapiro, funcionarios de la Iglesia describieron de manera “rutinaria y deliberada” las denuncias de abusos como “juegos bruscos”, “peleas y “conductas inapropiadas”.

“No era ninguna de esas cosas. Era abuso sexual infantil, incluida la violación”, aseguró el fiscal general.

El informe detalla diferentes tipos de agresiones sexuales, como el de un sacerdote que violó a una niña en el hospital después de que le extirparon las amígdalas u otro al que se le permitió continuar ejerciendo después de haber dejado embarazada a una menor de 17 años, con la que se casó y de la que luego se divorció.

Cuello de sacerdoteGETTY IMAGES
Más de 300 sacerdotes fueron acusados por el abuso de más de 1.000 menores.

El informe señala que muchas de las víctimas afirmaron que fueron drogadas por los sacerdotes y otras alegaron que fueron maltratadas o golpeadas por miembros de sus familia que no creyeron sus historias sobre los abusos.

Una de las presuntas víctimas, de acuerdo con el reporte, cometió un intento de suicidio mientras se realizaba la investigación.

¿Cómo se realizó el informe?

El jurado detalló que para elaborar este documento investigó y escuchó el testimonio de decenas de testigos y revisaron medio millón de páginas de documentos internos de las diferentes diócesis durante casi dos años.

Como resultado, las autoridades judiciales consideraron que se trata de la investigación más amplia realizada hasta el momento por una agencia gubernamental en Estados Unidos sobre abuso sexual infantil en la Iglesia católica.

Según el grupo de investigación y defensa BishopAccountability.org anteriormente, otros grandes jurados investigaron más de una decena de casos de abusos, pero se trataron de diócesis o condados en particular y no alcanzaron las dimensiones del actual informe.

Theodore McCarrickGETTY IMAGES
El anterior arzobispo de Washington, el cardenal Theodore McCarrick, renunció tras acusaciones de que había abusado de un menor en la década de 1970.

De acuerdo con medios estadounidenses, más de tres millones de católicos viven en Pensilvania.

La Iglesia en Estados Unidos se vio estremecida el pasado mes con la renuncia del entonces arzobispo de Washington, el cardenal Theodore McCarrick, que dejó el cargo tras denuncias de que había abusado sexualmente de niños y adultos durante décadas.

Entre los señalados de ocultamiento por el informe presentado este jueves está el actual arzobispo de Washington DC, cardenal Donald Wuerl, quien aseguró en un comunicado que “actuó con diligencia”, que mostró “preocupación por los sobrevivientes” y buscó “evitar futuros actos de abuso”.

“El informe será un recordatorio de los graves defectos que la Iglesia debe reconocer y por los que debe buscar el perdón”, añadió.

 

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Sedena niega espionaje a periodistas y activistas; justifica compra de Pegasus para “inteligencia”

La Sedena aseguró que está facultada para realizar labores de inteligencia para poder detectar generadores de violencia, pero negó que espiar a periodistas, activistas o ciudadanos.
4 de octubre, 2022
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó que realice labores de espionaje y, en la misma sintonía del presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se trata de “labores de inteligencia” para detectar generadores de violencia y delincuentes.

Puedes leer: Pese a pruebas, AMLO niega espionaje desde Sedena y minimiza hechos

“Esta Secretaría, con estricto apego al Estado de derecho, ratifica que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros”.

Esto, luego de que Animal Político reveló que el Ejército compró el software Pegasus y espió, durante tres años,  un reportero de esta casa editorial, al periodista y escritor Ricardo Raphael, y al defensor de Derechos Humanos, Raymundo Ramos.

En un comunicado, la Sedena aseguró que las leyes mexicanas facultan a las Fuerzas Armadas para realizar labores de inteligencia contra la delincuencia organizada.

“El propósito principal de las actividades de inteligencia es llevar a cabo la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, la ubicación de instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento de armamento y otros resultados importantes en materia de seguridad pública”, se lee en el documento.

Según la Sedena, en este tipo de operaciones se “prioriza la inteligencia sobre el uso de la fuerza, para garantizar un mayor margen de seguridad en la actuación de las tropas y otras fuerzas de seguridad pública”.

La dependencia reconoció que se realizó la compra de Pegasus, pero que se utilizó entre junio de 2011 y agosto de 2013, única y exclusivamente, para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Sin embargo, en su respuesta, la Sedena no menciona a la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, representante en México de NSO Group, dueña de Pegasus, y tampoco hace referencia a los casos documentados por este medio.

El espionaje del Ejército

El Ejército mexicano compró, en 2019, un programa para el “servicio de monitoreo remoto de información” que se usa para intervenir los teléfonos celulares. Ese mismo año, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes.

En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Quien los espió pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También, activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque.

 

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