Así operan los huachicoleros en CDMX; la nueva cara del crimen organizado
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Así operan los huachicoleros en CDMX; la nueva cara del crimen organizado

Cada año en México se roban millones de litros de combustible. Le llaman “huachicoleo”, uno de los mayores desafíos al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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30 de agosto, 2018
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El "huachicoleo" o robo de combustible alcanza niveles históricos.

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El “huachicoleo” o robo de combustible alcanza niveles históricos.

Jueves por la mañana. Un camión revolvedor se detiene y casi de inmediato aparecen dos autobuses sin pasajeros.

De la tolva que se usa para mover el concreto el conductor saca una manguera y llena con diésel una docena de botes grandes de plástico. No es cemento lo que transporta sino combustible robado.

Los choferes de los autobuses suben rápidamente los recipientes a las unidades, pagan al proveedor y se marchan. El camión revolvedor sigue por otro camino.

La operación, que duró unos minutos, no fue en un lugar escondido o una carretera apartada. Ocurrió en la calle de un barrio de clase media en el centro de Ciudad de México.

Hasta hace unos años estas escenas eran frecuentes en estados del sureste del país. Pero ahora el robo y venta clandestina de combustible es cada vez más frecuente en la capital mexicana.

De acuerdo con el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, en lo que va de este año de los ductos que atraviesan la ciudad se han robado más de 358.000 barriles de combustible.

La extracción se realiza desde tomas clandestinas, en patios, casas y hasta cementerios. El año pasado se detectaron 91 y hasta julio de 2018 suman 81.

El dato es un termómetro para medir la dimensión del delito en el país, le dice a BBC Mundo Rubén Salazar, director de la consultora en seguridad Etellekt.

“Que tengas este crecimiento en la ciudad con el sistema de video vigilancia y el estado de fuerza policial más grandes del país, te habla de un problema cada vez mayor”, advierte.

Gasolina es uno de los combustibles más robados en México.

Getty Images
Gasolina es uno de los combustibles más robados en México.

Para vigilar las calles, en la capital mexicana operan 15.000 cámaras y existen más de 100.000 policías de diferentes corporaciones. Hay además batallones del Ejército y la Secretaría de Marina.

Varios helicópteros vigilan la ciudad para combatir el robo de combustible. Y a pesar de ese despliegue, el delito está al alza.

En todo 2017 el número de barriles robados fue de 344.000 es decir, 14.000 menos que en el primer semestre de este año.

“Huachicoleo”

La situación en Ciudad de México es un ejemplo extremo de cómo ha crecido el robo de combustible –conocido como “huachicoleo”- en el resto del país.

Y es, también, uno de los mayores retos que enfrentará el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador coinciden especialistas.

Los números son altos. En 2017 se detectaron 10.363 tomas clandestinas, 50% más que el año anterior según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fue una cifra histórica. Y ahora puede superarse. BBC Mundo solicitó información sobre el tema a la empresa productiva del estado.

En una respuesta por escrito, Pemex señaló que hasta el 30 de junio pasado se habían desactivado 7.590 sitios ilegales de extracción de hidrocarburos.

“Se ha incorporado la utilización de tecnología de punta para la vigilancia de los ductos e instalaciones de almacenamiento”, refiere.

“Y se ha incrementado el número de elementos de seguridad de diversas instancias para vigilancia y patrullaje”.

De hecho existe un grupo especial dedicado a combatir el delito en el que participan soldados, marinos, fiscales, policías locales y federales; la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, gobiernos estatales y municipios.

Pero el robo sigue en aumento. Según Etellekt este año se duplicará el número de tomas clandestinas. Pemex lo reconoce: las cifras de este año son 49% superiores al pasado.

Escudos humanos

¿Por qué no puede frenarse el robo de combustible? Una de las razones es el mercado asegura el director de Etellekt.

A principios de 2017 aumentó el precio del diésel, gasolina y gas LP, lo que se convirtió en un incentivo para las bandas de “huachicoleros”, como se les conoce.

Pero también despertó el interés de varias comunidades cercanas a los ductos de Pemex, que se involucraron directamente en el delito.

Hace unos años el robo de combustibles era una actividad secundaria de carteles de narcotráfico, especialmente para abastecer sus flotillas de camionetas y aeronaves.

En algunos casos como Los Zetas la persecución militar virtualmente desactivó sus redes de tráfico de drogas, y les obligó a conseguir recursos en el saqueo de ductos de Pemex.

Esta situación empezó a revertirse en 2017, señala Rubén Salazar. “Se les salió de control porque muchos grupos de la población formaron sus propias bandas”, explica.

Ahora se han formado organizaciones más pequeñas que operan con altos niveles de violencia, explica Gustavo Mohar, exsecretario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de inteligencia civil del gobierno.

“Al principio los carteles lo vieron como un gran negocio con poco riesgo” le dice a BBC Mundo.

“Pero ya no es solo la delincuencia organizada, hay criminales locales y regionales que involucran a ciertas comunidades para usarlas como un escudo de protección ante un posible enfrentamiento contra las autoridades”.

De hecho, en redes sociales hay decenas de videos donde aparecen mujeres y niños que cargan cubetas cargadas de gasolina robada a algún ducto.

Las bandas les usan como escudo humano afirma Mohar. “Las autoridades, al ver ese contexto, es imposible que reaccionen con fuerza”.

Además, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad los enfrentamientos entre esos grupos incrementaron la violencia en algunas regiones.

También son un riesgo para autoridades locales. En Puebla y Tlaxcala han sido detenidos algunos alcaldes y exfuncionarios vinculados al robo de combustible.

El reto para AMLO

Pero el robo con cubetas o tambos representa un porcentaje menor del robo de combustible en el país.

Según el director de Pemex Carlos Treviño Medina, por el robo a sus ductos la empresa pierde cada año más de 30.000 millones de pesos unos US$1.700 millones.

Etellekt calcula que por este delito se pierden más de 60.000 barriles de combustibles al día.

Una cantidad importante se vende “entre los grandes consumidores de diésel y gasolina como industrias agrícolas o del sector transportista”, dice Salazar.

André Manuel López Obrador

Carlos Tischler/Getty Images
El robo de combustible es otro de los grandes retos a los que se enfrenta el presidente electo de México.

Hay un elemento adicional. Desde 2014 en México se permite que empresas privadas importen y comercialicen combustibles, como diésel, gasolina y gas LP.

Por las dificultades para controlar el robo de hidrocarburos, es complicado saber si parte de ese producto se mueve por estas vías, añade el director de Etellekt.

Y se vuelve, además, un problema financiero dice Gustavo Mohar. “Mientras tengamos tan altas probabilidades de que un inversionista privado pueda sufrir robos en un ducto que construya, no hay manera de que el financiamiento se vuelva imposible”.

Es el reto a partir del 1 de diciembre enfrentará el gobierno de López Obrador. ¿Cómo puede resolver el problema?

Con inteligencia financiera, rastrear el movimiento de los combustibles –especialmente gasolina- y con sanciones más severas dice el director de Etellekt.

“Cerrar la llave a los consumidores que lo adquieren de manera ilegal para desincentivar el robo”, explica.

Gustavo Mohar coincide. “Para resolver el problema la próxima administración va a tener que diseñar una política muy agresiva, que empiece por sanear las vulnerabilidades de Pemex”.

“Y después a lo largo de toda la cadena empezar a hacer inteligencia y diagnósticos más certeros para inhibir el robo tan impune, y la compra del combustible robado”.

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Cuartoscuro

Rumbo energético, Tren Maya y fracking: desafíos ambientales de México para el 2020

El país tiene ante sí una larga lista de retos ambientales que atender para este 2020. Entre los más urgentes están el detener la deforestación y conservar zonas prioritarias para la biodiversidad.
Cuartoscuro
Por Thelma Gómez Durán / Mongabay Latam
15 de enero, 2020
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Detener la deforestación que avanza en varias regiones del país, garantizar la conservación de hábitats y especies amenazadas, atender las emergencias ambientales, impulsar el manejo forestal comunitario, cumplir con los compromisos globales para hacer frente al cambio climático y atender las causas que han llevado a que México sea uno de los países más peligrosos para los defensores de ambiente y territorio son algunos de los desafíos ambientales que el país tiene para este 2020.

El principal obstáculo que tendrá para enfrentar estos retos es el escaso presupuesto que se destinó para el sector ambiental para el 2020: 29 mil millones de pesos (alrededor de 1 500 millones de dólares), suma que representa 56 % menos del dinero que se otorgó en 2015.

Además de los pocos recursos económicos con los que contará el sector ambiental para este año, el país tendrá que hacer frente a proyectos impulsados por el mismo gobierno, como la construcción del Tren Maya y una política energética basada en combustibles fósiles.

Leer más | Poco presupuesto, deforestación y defensores asesinados: las deudas ambientales de México en 2019

El 2020, coinciden especialistas consultados por Mongabay Latam, será un año clave para que México tome acciones que reviertan el deterioro ambiental que vive el país.

1. Avanzar en deforestación cero

México perdió 262 000 hectáreas de bosque natural en 2018, de acuerdo con los datos más actualizados del Global Forest Watch. Una de las principales causas de la pérdida de selvas y bosques es el cambio de uso de suelo que se realiza, sobre todo, para la expansión de la ganadería y la agricultura. En algunas zonas del país, la deforestación se asocia con el auge que han tenido cultivos como la soya, la palma africana o el aguacate.

Lucía Madrid, maestra en política ambiental por la Universidad de Cambridge y asesora de comunidades forestales en México, destaca que alrededor del 90 % de los cambios de uso de suelo que se registran en el país se hacen en forma ilegal. Por ello, dice, es fundamental reforzar los sistemas de inspección y vigilancia.

En ello coincide Adrián Fernández Bremauntz, doctor en ciencias y director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México: “Si se quiere lograr el objetivo de tener deforestación cero para 2030, se tiene que fortalecer las instituciones ambientales, otorgar más presupuesto al sector para contar con un mayor número de inspectores”.

El doctor José Sarukhán Kermez, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), subraya que “el desafío más importante para el país es detener la deforestación” para conservar la biodiversidad biológica y reducir los gases de efecto invernadero.

El 2020 también será un año de cambios para la Conabio, comisión intersecretarial creada en 1992, que funciona a través de un fideicomiso privado y que tiene entre sus funciones realizar investigación sobre la biodiversidad del país.

La Conabio dejará de ser una comisión intersecretarial para transformarse en un organismo público descentralizado; además, se cancelará el fideicomiso privado con el cual funciona. Lo que aún no se define es cuánto presupuesto se le destinará.

2. Impulso al manejo forestal comunitario

Entre el 60 y 70 % de los bosques y selvas del país son de propiedad comunal —recuerda el doctor Sarukhán Kermez—, por lo que para su conservación es necesario diseñar políticas ambientales que tomen en cuenta a las comunidades.

Al igual que otros investigadores, Sarukhán Kermez señala que es necesario que se destine más recursos y atención al manejo forestal comunitario, ya que ha demostrado ser una estrategia de conservación adecuada.

Lucía Madrid señala que el país tendría que revisar la efectividad de los pagos por servicios ambientales, porque no siempre cumplen con sus objetivos, entre ellos evitar la deforestación. Para la especialista, parte de estos subsidios tendrían que reorientarse a promover el manejo forestal comunitario.

Además, en 2020 se deberá contar ya con el reglamento a la Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible, cuya publicación fue una de las deudas ambientales que dejó el 2019.

Entre los planes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) está el incorporar a más comunidades al manejo sustentable de sus bosques, para aumentar el número de hectáreas que actualmente cuentan con alguna certificación nacional o internacional, lo cual garantiza que se realiza un aprovechamiento adecuado de los recursos forestales.

Sin embargo, al igual que otras dependencias del sector ambiental, para 2020 la Conafor tendrá un presupuesto mínimo para esta tarea: alrededor de 2 586 millones de pesos (137 millones de dólares); una cantidad que es menos de los 2 756 millones de pesos (146 millones de dólares) que tuvo en 2019 y de los 3 991 millones de pesos (212 millones de dólares) que se le otorgaron en 2018.

Te puede interesar: México, el sexto país más peligroso para defensores del medio ambiente; hubo 14 asesinatos en 2018

3. Cambiar el rumbo energético

El 2020 será un año en el que, en teoría, México tendrá que dar pasos importantes si desea cumplir con los compromisos internacionales que asumió para disminuir los efectos del cambio climático.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que presentar el Tercer Programa Especial sobre Cambio Climático, documento que se espera desde 2019 y que debe incluir los objetivos de mitigación y adaptación, así como las acciones concretas y los presupuestos que se destinarán a estas tareas.

Al no tener aún este documento, “México no tiene un plan de acción para el cambio climático en el corto plazo”, resalta el informe sobre la Brecha de Emisiones 2019, publicado en noviembre por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El informe destaca que el gobierno mexicano está dando pasos atrás en la lucha contra el cambio climático, al favorecer los combustibles fósiles con la construcción de la nueva refinería “Dos Bocas” y al asignar una partida presupuestaria para la modernización de las centrales de generación de electricidad utilizando carbón, diésel, gas y petróleo.

En el informe sobre la Brecha de Emisiones 2019 se resalta que las decisiones del gobierno mexicano en el área energética, “ponen en tela de juicio si logrará sus objetivos de energía limpia y de mitigación señalados como parte de sus compromisos del Acuerdo de París”.

Entre los compromisos que México adoptó, y que estableció en la Ley General de Cambio Climático, están el reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % de los niveles del 2000 para 2050. Además, de tener deforestación cero para 2030.

Si México no cambia el rumbo de su política energética, no tendrá tiempo para cumplir con las metas y llegar al 2030 con los compromisos que se asumieron, advierte Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México.

4. Tren maya: la lucha que viene

Uno de los megaproyectos que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es lo que se ha bautizado como el Tren Maya. Además de ser un transporte ferroviario que pasará por cinco estados de la Península de Yucatán, el proyecto incluye el desarrollo de nuevos centros urbanos e infraestructura turística.

Es por ello que para investigadores y organizaciones como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se trata de un megaproyecto turístico e inmobiliario “que busca despojar a las comunidades de su territorio, generando una serie de afectaciones a los sistemas ambientales y sociales”.

El investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, Rodrigo Medellín, reconocido por su trabajo para el conocimiento y la conservación de murciélagos y otras especies como los jaguares, resalta que, hasta el momento, en la información que el gobierno mexicano ha presentado sobre el Tren Maya “no hay ninguna evidencia para decir que se va a respetar el medio ambiente”. Al contrario, dice, todos los elementos apuntan a que puede causar grandes daños a una zona que es muy vulnerable en términos ecológicos.

El gobierno mexicano planea comenzar la construcción de la infraestructura del Tren Maya en 2020. Sus intenciones podrían enfrentarse con varios obstáculos, entre ellos amparos presentados por comunidades y organizaciones que rechazan el proyecto.

La puerta para que se presenten los amparos u otras medidas legales en contra del Tren Maya se abrió a finales de año, cuando diversas voces nacionales e internacionales denunciaron que el proceso de consulta, que se realizó en noviembre y diciembre de 2019, no cumplió con los estándares que marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió, en diciembre pasado, que durante esta fase de la consulta no se presentó información sobre los impactos negativos que el proyecto pudiera ocasionar y solo se convocó a las reuniones a las autoridades municipales y ejidales, dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades. Y, sobre todo, el proyecto se presentó como si ya se hubiera decidido que se hará, independientemente de los resultados de la consulta.

Entérate: Gobierno de AMLO acusa a la ONU de faltar al respeto a indígenas por sus críticas a consulta del Tren Maya

“La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”, resaltó en un comunicado la ONU-DH.

Además, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena y su Consejo Indígena de Gobierno calificó como un “vulgar engaño” la consulta para el Tren Maya. El gobierno federal —señalaron en un comunicado— “simula consultar a los pueblos, suplanta nuestra voluntad colectiva, ignorando y ofendiendo nuestras formas de organización”, señalaron en un comunicado.

Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, señala que México tiene como desafío el revisar la forma en que se realizan las consultas en las comunidades, sobre todo cuando el propio gobierno es el que impulsa grandes proyectos de infraestructura.

“Además de cumplir con las normas internacionales para las consultas, se tiene que definir la logística para realizarlas y tiene que darse una discusión sobre la importancia de escuchar a quienes defienden el ambiente y el territorio. Se tiene que reconocer su labor como defensores de derechos humanos”, destaca Reneaum.

Otro reto para este año —apunta Reneaum— es terminar con la impunidad que pesa sobre la mayoría de los casos de defensores de ambiente y territorio que han sido asesinados. Pero sobre todo, dice, se deben atender las causas que provocan las violencias en contra de quienes defienden ambiente y territorio.

5. Península bajo asedio

El Tren Maya no es el único megaproyecto que tiene en vilo a la Península de Yucatán, región que se distingue por su riqueza ambiental, ya que alberga a uno de los bosques tropicales más importantes del continente y donde se encuentra la población más importante del jaguar en México.

En años recientes, ese territorio ha sido afectado por la expansión de cultivos como la palma africana y la soya, las granjas avícolas y porcícolas, así como los desarrollos turísticos.

Además, existen varios proyectos que se han intentado instalar. Uno de ellos es el de la compañía Suman SAPI de CV que busca tener un parque solar de 150 MW y dos líneas de transmisión en el municipio de Umán, en Yucatán. Por el momento, este plan se detuvo después de que, a finales de noviembre, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a la empresa los permisos.

Un parque solar podría sonar como un proyecto favorable para el medio ambiente, sin embargo, el lugar en donde se pretende instalar es un área ocupada por selva baja caducifolia, considerada de gran importancia por los servicios ambientales que presta, además de ser hábitat de especies protegidas.

En la Península de Yucatán, específicamente en el estado de Campeche, se encuentra la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Uno de los retos del 2020, señala el investigador Rodrigo Medellín, será garantizar la protección de esta reserva, pero también lograr su ampliación territorial para conectarla con otras áreas protegidas de Yucatán y Quintana Roo e integrar un corredor ecológico que otorgue mejores condiciones para conservar la zona y especies como el jaguar.

6. Proteger a la Selva Lacandona

Desde finales de la década de los años setenta, la Selva Lacandona —ubicada en el estado de Chiapas— es escenario de una serie de conflictos de tierras que han provocado el avance de la deforestación en la zona. Si hace cuarenta años esta selva ocupaba 1.8 millones de hectáreas, hoy solo quedan alrededor de 570 mil.

El 2020 será vital para conservar lo que queda de la Lacandona y evitar que continúe el desmonte ocasionado por la invasión de terrenos y la expansión de la ganadería y agricultura. Y es que este año se renovará el consejo de bienes comunales, en donde participan representantes de lacandones, tzeltales y choles, las tres comunidades indígenas que habitan en la región.

En los últimos años, los conflictos entre las tres comunidades se han incrementado y con ello las invasiones en la Selva Lacandona, una zona que cuenta con siete áreas naturales protegidas, entre ellas la Reserva de la Biósfera de Montes Azules.

Imágenes satelitales muestran cómo se ha ido transformando la cubierta forestal, a partir de invasiones que se han presentado en la reserva, señala Luis Fueyo, excomisionado de Áreas Naturales Protegidas.

Fueyo explica que en la elección del consejo de bienes comunales se deben respetar los acuerdos que datan de 1976, cuando a las tres comunidades se les dotaron de tierras y se establecieron compromisos para la conservación de la zona y evitar el cambio de uso de suelo, algo que no se ha cumplido.

A la par de la elección del nuevo consejo, Fueyo resalta que los gobiernos federales y estatales deben tomar decisiones con un conocimiento profundo de la situación agraria y de la cosmovisión de las comunidades, pero sobre todo deben evitar que continúe la invasión de las áreas naturales protegidas.

“En la zona existe un problema social, hay personas que demandan que se les entregue tierra y hay un conflicto fuerte entre las comunidades. Este problema se tiene que solucionar respetando los acuerdos entre los pueblos, sin dañar el ambiente y sin fragmentar lo que queda de selva”, señala Fueyo.

7. Minería y fracking

En agosto de 2014, la mina Buenavista del cobre —subsidiaria de Grupo México— derramó 40 millones de litros de sulfato de Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora, al norte de México. Lo que se consideró como el peor desastre ambiental ocasionado por la minería en México afectó a cerca de 22 000 personas que viven a lo largo de 250 kilómetros de la cuenca del río Sonora.

Cinco años después del derrame, la zona aún se encuentra contaminada y los pobladores reclaman el incumplimiento de los compromisos realizados por la empresa y el gobierno.

En julio de 2019, otra subsidiaria de Grupo México derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. La empresa minimizó las afectaciones de este derrame y, hasta principios de diciembre de 2019, las autoridades ambientales del país aún no hacían público un informe sobre este evento.

Para Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de Poder, organización que ha acompañado en su búsqueda de justicia a las comunidades afectadas por el derrame de 2014, resalta que los derrames ocasionados por Grupo México, así como la minimización de los daños y la falta de atención a las personas y ecosistemas afectados no son un hecho aislado, forman parte de un “patrón de negligencia” y ejemplifican el actuar de las empresas en México y otros países de Latinoamérica, en donde no existen regulaciones estrictas para la minería.

“Es una industria altamente riesgosa para la población y el medio ambiente”, resalta Hopenhaym. Por ello, dice, un desafío para el 2020 será no solo atender las afectaciones a la población y al ambiente que ha ocasionado la minería en el país, también será el cerrar la puerta a la forma en que se han otorgado las concesiones a las mineras, sin que existan procesos de consulta libre e informada para las comunidades.

“Existen vacíos en la legislación, sobre todo en la minera, la cual no contempla que se realicen consultas antes de que se otorgue una concesión minera”, destaca la especialista de Poder, organización que unió fuerzas con otras asociaciones civiles y académicos para impulsar una nueva Ley Minera, así como integrar recomendaciones para mejorar las normas ambientales.

En 2020, además del empuje para una nueva legislación sobre minería, se tendrá que definir si el gobierno mexicano permite el funcionamiento de una presa de jales que construye Grupo México para expandir su actividad minera justo en la zona en donde se presentó el derrame de 2014.

En 2013 —explica Hopenhaym— se otorgaron los permisos para la construcción de la nueva presa; a las comunidades nunca se les consultó. “Lo que ahora se está exigiendo es que se retiren esos permisos”.

En 2020, además de una nueva Ley Minera, en el país también se discutirán varias iniciativas de ley que ya están en el congreso para prohibir el fracking. En sus discursos el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que esta actividad no se realizará en su gobierno, sin embargo, dependencias como la Secretaría de Energía y Pemex aún la contemplan.

Lee más: Misael perdió a parte de su familia por defender el bosque y ahora es acusado de tala ilegal

8. Conciencia ambiental

El doctor Rodrigo Medellín, quien es uno de los expertos que forman parte del comité de fauna de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), resalta que de todos los desafíos ambientales que México tiene por delante hay uno que es vital para impulsar todos los demás: disminuir la apatía de los ciudadanos respecto a la crítica situación del medio ambiente, en especial de aquellos que viven en las ciudades.

Para proteger a las selvas, bosques, océanos y la biodiversidad, en general, dice, “tenemos que pensar en qué cambios vamos a hacer en nuestra vida para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Todos podemos hacer algo. Y ese es un desafío: incrementar nuestra conciencia ambiental”.

Lee el artículo original publicado por Mongabay Latam aquí.

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