Así operan los huachicoleros en CDMX; la nueva cara del crimen organizado
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Así operan los huachicoleros en CDMX; la nueva cara del crimen organizado

Cada año en México se roban millones de litros de combustible. Le llaman “huachicoleo”, uno de los mayores desafíos al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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30 de agosto, 2018
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El "huachicoleo" o robo de combustible alcanza niveles históricos.

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El “huachicoleo” o robo de combustible alcanza niveles históricos.

Jueves por la mañana. Un camión revolvedor se detiene y casi de inmediato aparecen dos autobuses sin pasajeros.

De la tolva que se usa para mover el concreto el conductor saca una manguera y llena con diésel una docena de botes grandes de plástico. No es cemento lo que transporta sino combustible robado.

Los choferes de los autobuses suben rápidamente los recipientes a las unidades, pagan al proveedor y se marchan. El camión revolvedor sigue por otro camino.

La operación, que duró unos minutos, no fue en un lugar escondido o una carretera apartada. Ocurrió en la calle de un barrio de clase media en el centro de Ciudad de México.

Hasta hace unos años estas escenas eran frecuentes en estados del sureste del país. Pero ahora el robo y venta clandestina de combustible es cada vez más frecuente en la capital mexicana.

De acuerdo con el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, en lo que va de este año de los ductos que atraviesan la ciudad se han robado más de 358.000 barriles de combustible.

La extracción se realiza desde tomas clandestinas, en patios, casas y hasta cementerios. El año pasado se detectaron 91 y hasta julio de 2018 suman 81.

El dato es un termómetro para medir la dimensión del delito en el país, le dice a BBC Mundo Rubén Salazar, director de la consultora en seguridad Etellekt.

“Que tengas este crecimiento en la ciudad con el sistema de video vigilancia y el estado de fuerza policial más grandes del país, te habla de un problema cada vez mayor”, advierte.

Gasolina es uno de los combustibles más robados en México.

Getty Images
Gasolina es uno de los combustibles más robados en México.

Para vigilar las calles, en la capital mexicana operan 15.000 cámaras y existen más de 100.000 policías de diferentes corporaciones. Hay además batallones del Ejército y la Secretaría de Marina.

Varios helicópteros vigilan la ciudad para combatir el robo de combustible. Y a pesar de ese despliegue, el delito está al alza.

En todo 2017 el número de barriles robados fue de 344.000 es decir, 14.000 menos que en el primer semestre de este año.

“Huachicoleo”

La situación en Ciudad de México es un ejemplo extremo de cómo ha crecido el robo de combustible –conocido como “huachicoleo”- en el resto del país.

Y es, también, uno de los mayores retos que enfrentará el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador coinciden especialistas.

Los números son altos. En 2017 se detectaron 10.363 tomas clandestinas, 50% más que el año anterior según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fue una cifra histórica. Y ahora puede superarse. BBC Mundo solicitó información sobre el tema a la empresa productiva del estado.

En una respuesta por escrito, Pemex señaló que hasta el 30 de junio pasado se habían desactivado 7.590 sitios ilegales de extracción de hidrocarburos.

“Se ha incorporado la utilización de tecnología de punta para la vigilancia de los ductos e instalaciones de almacenamiento”, refiere.

“Y se ha incrementado el número de elementos de seguridad de diversas instancias para vigilancia y patrullaje”.

De hecho existe un grupo especial dedicado a combatir el delito en el que participan soldados, marinos, fiscales, policías locales y federales; la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, gobiernos estatales y municipios.

Pero el robo sigue en aumento. Según Etellekt este año se duplicará el número de tomas clandestinas. Pemex lo reconoce: las cifras de este año son 49% superiores al pasado.

Escudos humanos

¿Por qué no puede frenarse el robo de combustible? Una de las razones es el mercado asegura el director de Etellekt.

A principios de 2017 aumentó el precio del diésel, gasolina y gas LP, lo que se convirtió en un incentivo para las bandas de “huachicoleros”, como se les conoce.

Pero también despertó el interés de varias comunidades cercanas a los ductos de Pemex, que se involucraron directamente en el delito.

Hace unos años el robo de combustibles era una actividad secundaria de carteles de narcotráfico, especialmente para abastecer sus flotillas de camionetas y aeronaves.

En algunos casos como Los Zetas la persecución militar virtualmente desactivó sus redes de tráfico de drogas, y les obligó a conseguir recursos en el saqueo de ductos de Pemex.

Esta situación empezó a revertirse en 2017, señala Rubén Salazar. “Se les salió de control porque muchos grupos de la población formaron sus propias bandas”, explica.

Ahora se han formado organizaciones más pequeñas que operan con altos niveles de violencia, explica Gustavo Mohar, exsecretario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de inteligencia civil del gobierno.

“Al principio los carteles lo vieron como un gran negocio con poco riesgo” le dice a BBC Mundo.

“Pero ya no es solo la delincuencia organizada, hay criminales locales y regionales que involucran a ciertas comunidades para usarlas como un escudo de protección ante un posible enfrentamiento contra las autoridades”.

De hecho, en redes sociales hay decenas de videos donde aparecen mujeres y niños que cargan cubetas cargadas de gasolina robada a algún ducto.

Las bandas les usan como escudo humano afirma Mohar. “Las autoridades, al ver ese contexto, es imposible que reaccionen con fuerza”.

Además, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad los enfrentamientos entre esos grupos incrementaron la violencia en algunas regiones.

También son un riesgo para autoridades locales. En Puebla y Tlaxcala han sido detenidos algunos alcaldes y exfuncionarios vinculados al robo de combustible.

El reto para AMLO

Pero el robo con cubetas o tambos representa un porcentaje menor del robo de combustible en el país.

Según el director de Pemex Carlos Treviño Medina, por el robo a sus ductos la empresa pierde cada año más de 30.000 millones de pesos unos US$1.700 millones.

Etellekt calcula que por este delito se pierden más de 60.000 barriles de combustibles al día.

Una cantidad importante se vende “entre los grandes consumidores de diésel y gasolina como industrias agrícolas o del sector transportista”, dice Salazar.

André Manuel López Obrador

Carlos Tischler/Getty Images
El robo de combustible es otro de los grandes retos a los que se enfrenta el presidente electo de México.

Hay un elemento adicional. Desde 2014 en México se permite que empresas privadas importen y comercialicen combustibles, como diésel, gasolina y gas LP.

Por las dificultades para controlar el robo de hidrocarburos, es complicado saber si parte de ese producto se mueve por estas vías, añade el director de Etellekt.

Y se vuelve, además, un problema financiero dice Gustavo Mohar. “Mientras tengamos tan altas probabilidades de que un inversionista privado pueda sufrir robos en un ducto que construya, no hay manera de que el financiamiento se vuelva imposible”.

Es el reto a partir del 1 de diciembre enfrentará el gobierno de López Obrador. ¿Cómo puede resolver el problema?

Con inteligencia financiera, rastrear el movimiento de los combustibles –especialmente gasolina- y con sanciones más severas dice el director de Etellekt.

“Cerrar la llave a los consumidores que lo adquieren de manera ilegal para desincentivar el robo”, explica.

Gustavo Mohar coincide. “Para resolver el problema la próxima administración va a tener que diseñar una política muy agresiva, que empiece por sanear las vulnerabilidades de Pemex”.

“Y después a lo largo de toda la cadena empezar a hacer inteligencia y diagnósticos más certeros para inhibir el robo tan impune, y la compra del combustible robado”.

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Cuartoscuro

Mañaneras de AMLO, un escenario para estigmatizar a la prensa: Artículo 19

La organización Artículo 19 registró el año pasado 692 agresiones a periodistas y medios de comunicación; un incremento del 13.62% en comparación con el primer año de López Obrador.
Cuartoscuro
23 de marzo, 2021
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Con un ‘récord’ de una agresión a un periodista cada 13 horas, el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el año con más ataques a la prensa en México en más de una década.

Así lo documentó Artículo 19, organización de la sociedad civil que en 2009 comenzó a llevar un registro de las agresiones a la libertad de expresión en el país.

Lee: No veo a periodistas como enemigos, sino como adversarios, dice AMLO

De acuerdo con su último informe ‘Distorsión: el discurso contra la realidad’, que presentó este martes 22, Artículo 19 registró el año pasado 692 agresiones a periodistas y medios de comunicación; un incremento del 13.62% en comparación con el primer año de administración ‘lópezobradorista’ que ostentaba el récord con 609 agresiones.

Del total de agresiones a la prensa en 2020, 3 de cada 10 fueron en contra de mujeres periodistas. Y casi la mitad del total fueron cometidas por los propios agentes del Estado mexicano, principalmente por funcionarios públicos (188 casos), fuerzas de seguridad civiles (144), y fuerzas armadas (11), siendo la Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, el top 5 de las entidades donde más ataques se perpetraron.

Además de las agresiones, en 2020 se cometieron los asesinatos de seis periodistas, por lo que suman 17 en total en el nuevo sexenio. Sin embargo, la impunidad continúa manteniendo niveles muy altos: hasta en el 98% de los casos denunciados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), la agresión a un periodista quedó impune y los agresores en libertad.

“Fantoches, pasquín inmundo, hipócritas…”

A pesar del aumento de la violencia en contra de la prensa, Leopoldo Maldonado, director de la oficina de Artículo 19 en México, destacó en entrevista que el Gobierno Federal ha debilitado presupuestalmente a instituciones como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, o la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAPP). Y por el contrario ha fomentado, especialmente desde la tribuna de las ‘mañaneras’, una estrategia de ataques verbales y descalificaciones continuas hacia la prensa crítica.

“Fantoches, conservadores, pasquín inmundo, hipócritas, doble cara, prensa ‘fifí’, neoliberales, mafia del poder”, son tan solo algunos de los adjetivos que el presidente dedica prácticamente a diario a los medios de comunicación y periodistas que entiende que son contrarios a su gestión, provocando, de acuerdo con Maldonado, dos cosas: una, que se desvíe la atención de lo documentado en las notas periodísticas, “convirtiendo su discurso, y no sus acciones, en la nota”. Y dos, pintar ante la ciudadanía “una imagen negativa de la prensa crítica, que justifica la violencia en su contra”.

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Se trata “de una estrategia de división y de estigmatización, que convirtió las conferencias mañaneras en el escenario clave para discriminar entre la supuesta única fuente de información confiable (el gobierno) y los adversarios (la crítica)”, subrayó Artículo 19.

Esta estrategia de división y estigmatización, además, ya es replicada por mandatarios de otros estados. Por poner un ejemplo: en Baja California, donde también gobierna el partido del presidente, Morena, la estigmatización oficial y las campañas de desprestigio contra la prensa representan hasta el 22.34% de las agresiones perpetradas por personas funcionarias públicas.

“Vemos con preocupación que hay un discurso permisivo de agredir a la prensa desde la propia mañanera del presidente, que está siendo tomado por otros actores políticos como un permiso para agredir, insultar, denostar, y estigmatizar continuamente a la prensa. Creemos que esto va a seguir generando un efecto cascada en las agresiones a la prensa”, recalcó Maldonado, que planteó que ese clima de permisión también ha generado el incremento de los ataques a la prensa en Internet y redes sociales: de las 692 agresiones documentadas en 2020, 191 fueron digitales (el 27.6%).

Sobre este punto, Artículo 19 señaló los casos de medios de comunicación digitales, como Animal Político, Ríodoce, o la versión digital del diario Noroeste, que sufrieron ataques informáticos para inhabilitar su sistema de suscripciones o para ‘tirar’ sus páginas web.

“Ante este tipo de ataques digitales, las autoridades muestran una total inoperancia e incapacidad para prevenirlos, o en su caso identificar y sancionar a los responsables”, expuso la organización civil.

Publicidad oficial, discrecional y concentrada en unos pocos

Por otra parte, Leopoldo Maldonado dijo que, si bien se ha reducido hasta en un 80% el el dinero que se gasta desde el Ejecutivo en publicidad oficial y comunicación social en comparación con el último año de Peña Nieto, la asignación del gasto continúa siendo discrecional, sin reglas claras, y concentrado en unos pocos medios, tal y como sucedía en sexenios anteriores.

“El nido de la víbora, en términos de censura sutil, o censura indirecta, no ha sido destruido en México porque no se quiere regular la publicidad oficial, ni establecer criterios claros y transparentes de asignación de recursos”, planteó Maldonado.

Sobre esto, otro dato: hasta el 54% del total ejercido en publicidad oficial se repartió únicamente entre 10 medios, que recibieron 1 mil 248 millones de pesos. Las empresas que más dinero recibieron fueron Estudios Azteca (148 millones 505 mil pesos), La Jornada (137), y Grupo Televisa (114).

El 46% restante del dinero en publicidad gubernamental se repartió entre 387 medios.

Además, durante prácticamente todo el 2020 hubo un subejercicio en el presupuesto asignado y no fue hasta diciembre que se erogó el 44.3% de los recursos, lo cual, según Artículo 19, es “inadecuado” si se toma en cuenta que parte de ese dinero público debió de haberse destinado, por ejemplo, a realizar campañas informativas sobre la pandemia de Covid 19 durante todo 2020, y no solo al final del año, cuando ya se había superado ampliamente la barrera de los 100 mil decesos por la enfermedad.

Sobre este punto, Artículo 19 también resaltó que la Secretaría de Salud únicamente utilizó alrededor de 14 millones de pesos en 2020, a pesar de la pandemia, ocupando el lugar 11 de las instituciones gubernamentales por gasto en comunicación social.

La dependencia que más gastó fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 331 millones, seguido del ISSSTE, con 144 millones, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 81 millones.

Continuando con el tema de la pandemia, la organización defensora de la libertad de expresión también criticó que, además del asedio de las instituciones y los ataques del crimen organizado, la prensa enfrenta otro enemigo: la precariedad laboral en sus empresas.

Desde que inició la emergencia sanitaria en marzo de 2020, un total de 99 periodistas fallecieron víctimas de la COVID- 19.

“Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país”, señaló Artículo 19.

En conclusión, Lepoldo Maldonado aseguró que, a pesar del discurso gubernamental que insiste en que en México “ya no se violan los derechos humanos”, la situación “continúa siendo muy precaria”.

“Sigue sin haber las condiciones de seguridad para ejercer de manera robusta, libre, crítica y segura, el periodismo en México”, concluyó el activista.

Lee aquí el informe completo:

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