¿Por qué Japón está pidiendo a sus trabajadores que no vayan a la oficina un lunes al mes por la mañana?
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¿Por qué Japón está pidiendo a sus trabajadores que no vayan a la oficina un lunes al mes por la mañana?

Esta iniciativa en Japón se suma a la del "viernes premium", ideada el año pasado por el gobierno para fomentar el consumo.
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Por BBC Mundo
20 de agosto, 2018
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El gobierno de Japón quiere que los trabajadores tengan una vez al mes un “lunes resplandeciente”.

Es decir, que se tomen la mañana libre y no acudan a su lugar de trabajo.

Así es como el Ministerio de Economía espera recortar la cantidad de horas extra que trabajan los japoneses y motivarlos a llevar una vida más equilibrada entre lo personal y lo laboral.

Esta iniciativa se suma a la del “viernes premium“, ideada el año pasado por el gobierno para fomentar el consumo. Esta consiste en incentivar a las empresas para que dejen que sus empleados acaben su jornada a las tres de la tarde el último viernes del mes, el día en que la mayoría recibe su salario.

De esta forma pueden dedicar ese tiempo —y dinero— a viajar y hacer compras.

Evidencia empírica

El Ministerio defiende la eficacia del lunes resplandeciente con un experimento que condujo el pasado 27 de julio, cuando permitió al 30% de su plantilla tomarse la mañana libre.

Animado por los resultados, la institución ahora esboza planes para presentárselos al sector privado japonés.

Pero, al igual que el viernes premium, el lunes resplandeciente será voluntario para las compañías.

Valle de compras en Tokio

Reuters
El viernes premium intenta fomentar el consumo y una vida equilibrada.

En su primer año, la iniciativa del viernes premium fue recibida con timidez, según el propio Ministerio.

Pese a que los negocios y restaurantes ofrecieron descuentos y ofertas especiales para atraer clientes, solo el 11% de los empleados participó.

¿Por qué? El último viernes del mes es un día crucial para las empresas, ya que tienen que cerrar cuentas y entregar proyectos.

En cambio, el lunes resplandeciente permitiría al personal no trabajar la mañana del día laborable siguiente a este.

Trabajos que matan

Las autoridades japonesas están decididas a recortar las horas de trabajo porque esto se ha convertido en una cuestión de salud pública.

En 2016, una encuesta del gobierno en la que participaron 10.000 empleados reveló que más del 20% decía estar trabajando al menos 80 horas extras al mes.

Hombres de negocio en calle japonesa

Getty Images
El 20% de los trabajadores japoneses encuestados aseguraron hacer más de 80 horas extras al mes.

Ya en 1960, se registraron en el país casos de “karoshi” o “muerte por exceso de trabajo”, provocados principalmente por enfermedades cerebrales y cardíacas relacionadas con jornadas laborales largas.

El gobierno reconoció 236 muertes por karoshi durante el año fiscal de 2017.

A esto se sumaron 208 suicidios reconocidos oficialmente comokarojisatsu“, cuando un empleado se quita la vida debido a problemas de salud mental que se originaron en el centro de trabajo.

Morir joven

Pero los expertos dicen que estas estadísticas son solo la punta del iceberg.

Cerca de 2.000 familias exigen cada año compensaciones por casos que, según ellas, son similares.

Un estudio del Instituto Nacional Japonés de Seguridad y Salud Laboral descubrió en un estudio de 2017 que los suicidios estaban creciendo sobre todo entre los trabajadores que tienen entre 20 y 29 años.

Un caso muy sonado fue el de Matsuri Takahashi, una empleada de la firma de publicidad Dentsu que, en 2015 y con 24 años, se suicidó tras haber trabajado más de 100 horas extra en los meses anteriores a su muerte.

Sede de Dentsu

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Un caso de suicidio en la empresa Dentsu en 2015 reabrió el debate sobre las muertes por exceso de trabajo.

Las autoridades japonesas descubrieron que la excesiva carga de trabajo de Takahashi la llevaron a quitarse la vida.

En octubre, la compañía recibió una multa de US$4.500 por haber excedido el límite de las horas extra permitidas al personal.

El año pasado, el canal de televisión NHK admitió que su reportera Miwa Sado, que había muerto en 2013 debido a un fallo cardíaco, había sido clasificada como un caso de karoshi.

Sado tenía 31 años y había trabajado más de 150 horas en solo un mes.

El pasado mes de febrero, una compañía acordó pagar US$700.000 a la familia de Kota Watanabe, un joven de 24 años que murió en un accidente de tráfico cuando volvía a casa exhausto tras una noche de trabajo.

Este caso fue considerado “una advertencia” para el sector empresarial japonés y puso la atención sobre un fenómeno menos conocido: el“karo-jikoshi” o “muerte por accidentes ocasionados por el exceso de trabajo”.

“Estas revelaciones sugieren la importancia de incentivar el apoyo en materia de salud mental para los empleados, así como de incrementar la concientización sobre las condiciones laborales entre los estudiantes”, concluía el informe del Ministerio.

Medidas “simbólicas”

“Las jornadas laborales largas en Japón son un problema fundamental que nace de la ética laboral y la cultura corporativa profundamente incrustada en los centros de empleo y el estilo de trabajo que hay en el país”, le dijo a la BBC Sawako Shirahase, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Tokio.

Ella cree que el lunes resplandeciente y el viernes premium son iniciativas “simbólicas” del gobierno y que probablemente beneficien a un número limitado de trabajadores administrativos de grandes empresas.

Gente en el metro de Tokio

Getty Images
Las jornadas laborales en Japón suelen ser largas.

El empleado japonés promedio dedicó el año pasado 1.710 horas al trabajo, una cifra mayor a la de países europeos con economías similares pero menor a la de sus pares en Estados Unidos, Corea del Sur y muchas naciones emergentes.

Sin embargo, los expertos aseguran que muchos trabajadores japoneses trabajan más horas de las que declaran.

En un intento de atajar este problema, el primer ministro Shinzo Abe limitó oficialmente las horas extra a 100 mensuales. Los partidos de la oposición consideran que esta medida no es lo suficientemente ambiciosa.

En Corea del Sur, donde el trabajador promedio dedicó en 2017 más de 2.000 horas, las grandes compañías fueron obligadas a rebajar la jornada laboral de 68 a 52 horas semanales desde julio.

Liderazgo

Shirahase dijo que, además de programas de salud mental y mayor acción gubernamental, hacen falta “iniciativas fuertes de los líderes de las compañías” para cambiar la cultura de trabajo del país.

En un ambiente en el que se valora el trabajo duro y la lealtad, los gerentes suelen esperar que sus empleados no se vayan del trabajo antes que ellos.

Según el Ministerio de Salud, Empleo y Bienestar, los trabajadores japoneses solo suelen tomarse unos ocho días de vacaciones al año, menos de la mitad de lo que les corresponde.

Cuando están de vacaciones, algunos tampoco parecen relajarse: tres de cada cinco se sentían culpables por haber pedido ese tiempo libre, según una encuesta del portal de viajes Expedia realizada en 2017.


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Así se destruyó el expediente original de la investigación sobre la masacre de Cadereyta

A pesar del tiempo transcurrido quedan muchas interrogantes abiertas. ¿Pudieron restituirse todas las evidencias? ¿Por qué los empleados pudieron destruir un material tan sensible?

Trabajadores de la empresa de paquetería Redpack destruyeron los expedientes originales con las investigaciones sobre la masacre de Cadereyta que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (en aquel momento procuraduría) envió a la Fiscalía General de la República en Ciudad de México. Esta es la versión difundida por la propia FGJE a través de un comunicado en el que asegura que se repuso lo dañado y que se sigue investigando lo sucedido. Los hechos ocurrieron en 2018 y no se hicieron públicos hasta el pasado 13 de marzo, coincidiendo con el octavo aniversario de la mascare.

A pesar del tiempo transcurrido quedan muchas interrogantes abiertas. ¿Pudieron restituirse todas las evidencias? ¿Por qué los empleados pudieron destruir un material tan sensible? Y, sobre todo, ¿es tan débil la cadena de custodia como para que se pierdan en el trayecto de Monterrey a Ciudad de México las averiguaciones de una fiscalía sobre la muerte de 49 personas? ¿Es habitual que pruebas de casos graves se envíen como paquetes sin ninguna seguridad?

Lee: Fiscalía de NL reconoce extravío de expediente original sobre masacre de Cadereyta

El 13 de mayo de 2012 fueron hallados los torsos de 49 personas (43 hombres y seis mujeres) en el kilómetro 47 de la carretera Monterrey-Reynosa, a la altura de Cadereyta, Nuevo León. A día de hoy solo hay identificadas 17 de las víctimas, nueve de las cuales eran migrantes hondureños que trataban de llegar a Estados Unidos.

Aunque en aquel momento se atribuyó el crimen a Los Zetas, no hay detenidos ni procesados. Según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a las familias de nueve víctimas, “no hay siquiera una línea de investigación”.

La primera institución en personarse en el lugar del hallazgo fue la Fiscalía de Nuevo León, que abrió las averiguaciones previas 121/2012. Un día después, la entonces Procuraduría General de la República inició sus propias investigaciones, las averiguaciones previas PGR/NL/GPE-I/1479/D/2012.

A los cuatro años, el expediente de la FGR pasa a etapa de integración en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes con la denominación AP/PGR/SDHPDSC/UIDPM/M2/003/2016.

A su vez, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio que concluyó en la recomendación 8VG/2017, que se hizo pública el 17 de octubre de 2017. Entre las recomendaciones está la de que sea la instancia federal la que se haga cargo de toda la investigación por lo que la fiscalía de Nuevo León debe remitirle sus expedientes.

Este mandato se lleva a cabo el 3 de enero de 2018, según un comunicado de la Fiscalía de Nuevo León. Los documentos se entregaron en la sucursal de la colonia Cumbres de Monterrey y a partir de aquí se pierde su rastro. No llegarán a su destino en las oficinas de la fiscalía en la Ciudad de México.

Entérate: Fiscalía de NL reconoce extravío de expediente original sobre masacre de Cadereyta

“La paquetería no entregó dicho expediente y reportó posteriormente haberlo considerado como paquete abandonado, supuestamente por no encontrar al destinatario”, dijo la fiscalía de Nuevo León, que añadió que la FGR fue informada “de forma extraoficial” por parte de Redpack de la destrucción del expediente.

Según esta versión, la empresa sí trasladó el paquete de Monterrey a Ciudad de México y el problema fue que nadie en la fiscalía se presentó en las oficinas de Redpack a recogerlo.

Animal Político quiso conocer la versión de la FGR y de la empresa, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Con los expedientes desaparecidos, transcurre más de un año hasta que la comunicación entre fiscalía de Nuevo León y la FGR se reactiva. Así queda constatado en el oficio 1202/D.11.2019 de 22 de marzo de 2019 en el que, ante los requerimientos llegados desde la autoridad federal, Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal de Ministerio Público de la FGJE de Nuevo León, reconoce que las averiguaciones previas “y objetos relacionados” fueron entregados a Redpack y destruidos por alguno de sus empleados.

Dos meses después, el 18 de mayo, la FGR remite el oficio SDHPDSC-UIDPM-M2-198-2019 a Nuevo León para que se investigue el extravío del expediente. Seis días después, el 24 de mayo, la FGR recibe la reposición del archivo enviado desde Monterrey.

“Se hizo la reposición del mismo con las constancias certificadas que se encontraban como constancia del mismo”, dijo la fiscalía estatal.

El problema es que no hay modo de saber si lo que se envió en esta segunda ocasión es lo mismo que fue destruido o hay elementos que se han perdido para siempre.

Fuentes de la fiscalía de Nuevo León indicaron que existe respaldo digital de pruebas genéticas y autopsias y que el proceso de represión se realizó con constancia certificada y de acuerdo a los protocolos que establece la ley.

Esta explicación no convence a los representantes de las familias de las víctimas, que reiteran que la mención a los “objetos relacionados” de los oficios de FGE es relevante ya que refuerza la idea de que no solo se enviaron documentos, sino también pruebas físicas.

Fabbiane Cabaret, directora del área jurídica de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, asegura que en uno de los tomos de la investigación se señala que en el mismo paquete se incluyó la manta que apareció en el lugar en el que se hallaron los restos en 2012.

Se trata de una lona en la que Los Zetas se atribuyen los asesinatos. Días después en Zacatecas y San Luis Potosí aparecieron otras mantas en las que el mismo grupo delictivo se desligaba de la masacre. Sin embargo, una está perdida y las otras no se incluyeron en la causa, por lo que ya no sirven para encontrar a los culpables.

“De acuerdo al Ministerio Público, mandaron algunas copias de algunos tomos pero, efectivamente, nos lleva a la pregunta de cuáles son los respaldos. Es complicado pensar que ya no existe información sobre este paquete”, dice Cabaret, que recuerda que en Nuevo León había ministeriales encargados de la investigación y cree que su testimonio podría ser útil.

Desde que se extravía el expediente hasta que la FGR pide explicaciones pasa más de un año. En todo este tiempo ningún investigador se dio cuenta de que las pruebas obtenidas en el lugar de los hechos de la masacre se habían esfumado.

“Es difícil creer que esta pueda ser una situación accidental”, dice la abogada: “¿Por qué pasó (la destrucción del expediente)? ¿Por orden de quién? ¿Qué contenía el archivo?”

La fundación, que representa a nueve familias de víctimas, ha presentado una qujea ante la CNDH. En ella, califica los hechos de “violación grave a los derechos humanos”, por “haberse destruido intencionalmente información y evidencias trascendentales para la investigación”.

Advierten los quejosos que la destrucción del expediente impide “la realización de nuevos estudios”, argumentando que “las constancias y objetos relacionados eran de suma importancia para la continuidad de la investigación”. “La destrucción del expediente implicó borrar las evidencias recabadas durante esos años (de 2012 a 2018) e impedir la fiscalización y rendición de cuentas sobre las actuaciones del Ministerio Público. Representa una grave obstaculización a la justicia”, dice.

Con su queja, la Fundación pide que se abra una investigación y se tomen medidas cautelares.

Animal Político quiso conocer la opinión de la CNDH pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

Entre Cadereyta, Nuevo León y La Paz, en Honduras, hay más de 2 mil 400 kilómetros. Allá se encuentra José Dolores Suazo, hermano de Mauricio, una de las 17 víctimas identificadas. Dice que está dolido pero que sigue buscando justicia.

Su made murió poco después de que los restos de Mauricio llegaron a Honduras. Su padre falleció recientemente.

Ninguno de los dos llegó a ver quién pudo hacerle eso a su hijo, un hombre de 42 años que buscaba dar el salto a Estados Unidos a través de un México que se desangraba en la guerra iniciada por Felipe Calderón en 2006.

Nadie les ha dado una sola pista sobre quién o por qué le mataron junto a otras 48 personas.

“Estamos cansados y molestos, por la forma que hace el gobierno irresponsablemente con nosotros”, dice Suazo.

“No solo queremos que se haga justicia con nuestras familias, sino que el gobierno haga salvaguardas con los migrantes y que nunca más se vuelva a dar esta barbarie”.

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