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Lula, candidato a la presidencia de Brasil: ¿podrá hacer campaña en la cárcel?
Su inscripción probablemente será vetada de la contienda electoral por la llamada Ley de Ficha Limpia, que hace inelegible a un candidato que haya sido condenado en dos instancias; actualmente está preso por corrupción pasiva y lavado de dinero.
4 de agosto, 2018
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A pesar de que enfrentará obstáculos casi infranqueables, el Partido de los Trabajadores (PT) decidió proclamar al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como su candidato a las próximas elecciones presidenciales de Brasil, durante una convención celebrada en Sao Paulo este sábado.

Lula no estuvo presente en la misma, pues desde el 7 de abril está preso en la Superintendencia de la Policía en Curitiba, tras ser condenado en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero en el escándalo Lava Jato.

Y la candidatura final del exmandatario brasileño está en entredicho, pues su inscripción probablemente será vetada de la contienda electoral por la llamada Ley de Ficha Limpia, que hace inelegible a un candidato que haya sido condenado en dos instancias.

Este proceso de impugnación de su candidatura no es, sin embargo, automático, lo que genera gran incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con la candidatura del PT y con las elecciones presidenciales.

Aquí están los escenarios posibles que se podrán desarrollar en las próximas etapas de este drama político.

Las fechas clave

Se espera que el partido registre como candidato a Lula ante la Justicia Electoral el 15 de agosto, el plazo final, cuando el Ministerio Público pedirá la impugnación del registro. La procuradora general de la República, Raque Dodge, ya dejó en claro que le dará prioridad al caso.

Según los abogados consultados por la BBC, ese proceso tiende a llevar algunas semanas, porque es necesario permitir tiempo para que la defensa se manifieste y escuchar los posibles testimonio de los testigos.

El fecha límite para que el Tribunal Superior Electoral (TSE) se pronuncie es el 17 de septiembre. Dentro de ese plazo el PT también tiene la posibilidad de cambiar a Lula por otro candidato.

Entre las opciones del partido están el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, el exgobernador del estado de Bahía Jaques Wagner y la senadora de Paraná y presidenta del partido Gleisi Hoffmann.

No obstante, después de un fallo del TSE, el PT aún podrá recurrir al Tribunal Superior Federal (STF), dilatando la indefinición sobre la candidatura.

Si no llega a haber una decisión definitiva sino hasta el 17 de septiembre y el PT haya optado por no sustituir a Lula dentro de ese plazo, podría quedarse sin candidato si el TSE llegara a vetar a Lula después.

Dado el caso, el partido tendrá que elegir entre insistir en el derecho de Lula a ser candidato, bajo el argumento de que él es un preso político, o adoptar la estrategia pragmática de desistir del nombramiento de Lula antes de que se tome una decisión final para poder cambiarlo por un candidato que no corra el riesgo de ser impugnado.

Si el PT mantiene a Lula y éste es vetado definitivamente después de 17, pero antes de la primera vuelta, su foto probablemente seguiría en los tarjetones, pues no habría tiempo de retirarlo del sistema, explicó a la BBC News Brasil un ex magistrado del TSE.

Frente a ese escenario, todos los votos 13 (el número del PT) serían considerados nulos. Cabe mencionar que los candidatos que irán a la segunda vuelta serán el primero y el segundo que logren más votos válidos, aunque los votos en blanco y los anulados sumen más del 50%.

¿Qué pasa si el hay demora?

Si no hay una definición hasta la elección, convocada para octubre, Lula podrá estar en la contienda.

En caso de que quedara entre los dos primeros en la primera vuelta (el 7 de octubre), pero fuera vetado antes de la segunda (el 28), sus votos serían anulados y el candidato que llegara de tercero entraría a ocupar el lugar de Lula, afirma el abogado Marcelo Peregrino, ex-juez del Tribunal Electoral Regional de Santa Catarina.

Un eventual resultado electoral significativo, que sin embargo sea anulado en la segunda vuelta, podría resultar en “una seria polémica sobre la legitimidad del nuevo presidente”, observa Peregrino.

Si la consideración sobre la elegibilidad de la candidatura de Lula se extiende hasta el punto en el que él pueda disputar la segunda vuelta y finalmente ganar la contienda, su candidatura podría llegar a ser revocada por la autoridades electorales incluso después de ser elegido presidente.

“En ese caso, el presidente de la Cámara de Diputados asumiría la presidencia de la República y convocaría a nuevas elecciones directas en 90 días“, resalta.

Es posible que esos escenarios ocurran, en la opinión de Peregrino, pues la consideración del TSE sobre las candidaturas no es rápido, y Lula aún podría recurrir después al Tribunal Superior.

Pero el abogado Alberto Rollo, presidente del Instituto de Derecho Político Electoral y Administrativo, sostiene lo contrario y cree que la justicia tiende a dar celeridad estos casos.

¿Y la campaña?

Lula está preso porque el STF dictaminó que los condenados en segunda instancia pueden comenzar a cumplir su pena incluso cuando todavía haya recursos que interponer contra esa condena en las cortes superiores (el propio STF e o el Tribunal Superior de Justicia).

Esta decisión no interfiere en sus derechos políticos y, por eso, Lula puede hacer campaña mientras su registro como candidato aún esté bajo consideración en el TSE y en el STF.

Sin embargo, la jueza Carolina Lebbos, responsable de la ejecución de la pena del expresidente, ha negado todas las solicitudes para que Lula grabe vídeos, conceda entrevistas o salga de la cárcel para participar en eventos como la convención del PT de este sábado.

Si la defensa del expresidente no consigue revertir esas decisiones en instancias superiores, el PT podrá hacer campaña a nombre de Lula, pero con imágenes de archivo o con nuevas declaraciones de él por escrito.

Además, la fiscal general, Raquel Dodge, ya anunció que el Ministerio Público Electoral pedirá el reembolso de recursos públicos usados ​​en campaña por candidatos cuya elegibilidad es cuestionada según la Ley de Ficha Limpia.

Al amenazar con buscar el resarcimiento de los recursos utilizados en campaña, la Procuraduría intenta restringir la candidatura de quienes saben que probablemente serán vetados según la Ley de Ficha Limpia para que no incurran esos gastos, restringiendo su capacidad de participar efectivamente en la carrera electoral.

Sin embargo, le corresponde a la Justicia Electoral determinar si de hecho el resarcimiento tendrá que hacerse.

Las posibilidades

Lula podría viabilizar su candidatura si consigue que el TSE o el STF tome la decisión de suspender su inelegibilidad bajo el argumento de que la condena en el caso Lava Jato fue ilegal.

Los abogados de Lula presentaron en junio un recurso en el Tribunal Supremo sosteniendo que ese proceso violó garantías constitucionales, como el derecho a una amplia defensa y el principio de tener un juez natural de la región (afirman que Sergio Moro, juez en Curitiba, no pubo haber juzgado un caso en una sala en el estado de São Paulo).

Sin embargo, parece improbable que Lula consiga una decisión favorable. El juicio del recurso no se ha iniciado todavía, pero se espera que pueda ocurrir a partir de la próxima semana.

Está listo para ser programado después de la presentación final de la defensa, cuyo plazo se vence este lunes.


 

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Cuartoscuro
13 años de impunidad en Atenco: víctimas exigen castigo, no quieren disculpa pública
En el aniversario de uno de los actos de violencia policial y de tortura más emblemáticos en la historia moderna de México, las víctimas narran en entrevista cómo aquel operativo les cambió la vida.
Cuartoscuro
3 de mayo, 2019
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A 13 años del operativo policiaco en Atenco, Estado de México, en el que policías cometieron graves violaciones a derechos humanos y actos de tortura sexual contra manifestantes, las víctimas denuncian que, a pesar de que hay una sentencia de un tribunal internacional, en México el caso continúa en la “total impunidad”.

De acuerdo con el Centro Pro de Derechos Humanos, que acompaña el caso, más de una década después, no hay ni un elemento policiaco, ni ningún integrante de la cadena de mando, que enfrente una condena en prisión por uno de los episodios de violencia policial y de tortura más emblemáticos en la historia moderna de México.

Por ahora, la justicia solo ha llegado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado mes de diciembre anunció una sentencia en la que declara responsable al Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que denunciaron haber sufrido detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, y falta de acceso a la justicia.

Lee: El Estado mexicano es responsable por la tortura sexual de mujeres en Atenco: CoIDH

En la sentencia, además, se obliga al Estado mexicano a implementar medidas de reparación del daño, y de no repetición de casos de tortura por parte de las policías y de las fuerzas armadas.

Cuando este viernes se cumplen 13 años del caso, las víctimas narran en entrevista con Animal Político cómo el operativo, y, sobre todo, el traslado posterior a prisión, donde los policías las amenazaron con “quemarlas vivas”, las marcó para el resto de sus vidas.

“A nosotras no nos interesa una disculpa pública simbólica del Gobierno. Lo que queremos es justicia, castigo para los culpables. Porque, así, otras luchadoras que vengan detrás de nosotras, tendrán la garantía de que no les sucederá lo mismo que a nosotras hace 13 años”, aseguran.

13 años después, sigue el miedo

Cristina Sánchez viste una blusa de color azul marino que reza California Happiness.

Pero su rostro, las bolsas que se acumulan debajo de los ojos, y hasta su forma de hablar y de gesticular, no transmiten ni un poco de esa felicidad que “grita” su vestimenta.

Más bien, comenta la mujer, una de las 11 que la Corte Interamericana reconoció como víctima en el caso, su vida no ha vuelto a conocer la felicidad como antes de aquel operativo, donde más de 2 mil 500 elementos, entre federales, estatales, municipales, y policía militar, trataron de impedir violentamente la instalación de los floricultores en el mercado, desatando una batalla campal con los vecinos de Atenco y Texcoco.

-Ha pasado ya tiempo -murmura Cristina con voz queda, que hace una pausa-. Pero cuando voy por la calle y veo a un policía, todavía se me acelera el corazón.

Cristina está sentada en un sofá, en una enorme sala de conferencias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), que acompaña legalmente el caso Atenco, junto a sus compañeras de lucha Yolanda Muñoz, Italia Méndez y Ana María Velasco.

Todas, cuando se les pregunta si esperaban la represión de la policía aquel día, se mueven incómodas sobre el sofá, y narran historias muy similares de las secuelas físicas y psicológicas -diabetes en unas, hipertensión en otras, depresión en todas- que les dejaron las agresiones.

Lee: Víctimas de abuso policial en Atenco aguardan veredicto clave en su denuncia contra el Estado mexicano

-El recuerdo aún nos quema la piel -dice Italia Méndez, para tratar de explicar lo difícil que es para su compañera Cristina, y para el resto, mirar atrás en el tiempo.

Tras la sentencia de Italia, Cristina respira hondo.

-Yo nunca fui una persona peligrosa, como para que la policía me pusiera una pistola en la cabeza -se arranca la mujer, y ladea la mirada hacia el haz de luz que entra por un ventanal con vistas al patio, donde una indígena jalonea a un soldado de mandíbula afilada sobre un mural pintado en una larga pared.

-Ninguna somos personas violentas, ni amenazantes, para que tantos policías llegaran a golpearnos, a patearnos, a abrirnos la cabeza con toletes. Fue algo que nos pilló por sorpresa.

Yolanda Muñoz, por su parte, recuerda que, además de las agresiones del operativo, lo peor fue el traslado de cinco horas hasta el reclusorio, donde, según la sentencia de la Corte Interamericana, hubo “tocamientos, manoseos, pellizcos, golpes en partes íntimas, como senos, genitales y boca”, y “desnudos forzados”.

-El trayecto a la cárcel fue el horror -dice con los ojos muy abiertos y remarcando la palabra horror, mientras sus compañeras la escuchan y asienten en silencio.

-Sinceramente, pensábamos que ya no saldríamos vivas. Los policías gritaban que nos iban a quemar vivas, y que en la cárcel nos esperaba una “bienvenida” que no olvidaríamos -agrega la mujer, haciendo referencia a las agresiones y torturas sexuales de las que fueron víctimas-.

“Nos decían mentirosas”

Más tarde, cuando pasaron los golpes, patadas, agresiones sexuales y un macabro largo etcétera, llegó la segunda parte del horror: la revictimización y la falta de acceso a la justicia.

-Desde un inicio, cuando fuimos a denunciar todo lo sucedido, las autoridades en México nos atendieron muy mal -recalca Cristina-. Nos decían que éramos unas mentirosas, que nosotras mismas nos habíamos golpeado, y que los moretones nos lo hicieron nuestros maridos. Se dedicaron, durante años, a hundirnos la moral.

En definitiva, tercia Yolanda, acceder a la justicia en México para ellas “ha sido imposible”.

Y prueba de ello, apunta ahora Stephanie Brewer, abogada del Centro Pro, es que, a 13 años de los hechos, “el caso sigue en la impunidad total”.

-Hubo un par de procesos judiciales muy al inicio -recuerda la abogada-. Pero fueron muy mal construidos (por la entonces Procuraduría General de la República) y quedaron en la impunidad. Luego, la Suprema Corte de Justicia, cuando tenía la facultad para investigar delitos graves, hizo una investigación del caso, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación. Pero, a día de hoy, no hay ninguna sanción para los responsables de los actos de tortura, ni para toda la cadena de mando.

Por eso, explica Brewer, la Corte Interamericana expone en su sentencia del caso Atenco en contra del Estado mexicano, que ésta no solo es por las agresiones y las torturas sexuales en contra de las mujeres, sino también por la denegación de la justicia.

La Corte determinó que no se investigó, juzgó y sancionó a todas las personas responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual. Por lo que ordenó al Estado mexicano a que realice una investigación a fondo de los hechos con perspectiva de género, y que incluya todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal.

Además, expone Stephanie Brewer, entre los puntos de la sentencia que la Corte obliga a México a cumplir, puesto que es una sentencia vinculante, hay medidas para la no repetición de los hechos, que establecen la creación de un Observatorio Independiente de Supervisión Externa para vigilar el funcionamiento de la Policía Federal y de la Policía del Edomex.

Esta medida retoma una propuesta de la sociedad civil, para que exista en el país una supervisión externa e independiente, para no dejar en manos de las unidades internas de la policía la vigilancia y el combate a asuntos como el uso excesivo de la fuerza púbica, y la tortura.

Mientras que otras de las medidas, agrega la abogada del Centro Pro, es fortalecer el trabajo, la estructura, e infraestructura, del mecanismo gubernamental, que ya existe, para combatir la tortura sexual en contra de mujeres, el cual coordina la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

-Llegar a la Corte Interamericana y que emitiera una sentencia a nuestro favor fue un triunfo -enfatiza Cristina Sánchez-. Porque sembramos un antecedente para que no se vuelva a repetir lo que sucedió en Atenco hace 13 años.

Te puede interesar: México acepta responsabilidad por tortura en Atenco, pero justifica violencia contra manifestantes

Disculpas sí, pero con castigo

No obstante, a pesar del hito histórico que supuso la sentencia de la Corte Interamericana, lo cierto es que ahora el Estado mexicano tiene un plazo de hasta dos años para ir implementando y cumpliendo con las medidas. Y, por ahora, ninguna de las dos expuestas por la abogada del Centro Pro, han sido incluidas en la nueva Ley que crea la Guardia Nacional.

Aunque para la abogada, que señala que el pasado 4 de abril ya mantuvieron una primera reunión interinstitucional con la Secretaría de Gobernación, las víctimas, y la sociedad civil, aún hay tiempo para incluir estas medidas de la sentencia en las leyes secundarias de la Guardia.

-El nuevo gobierno tiene una gran oportunidad de mostrar que, más allá de las palabras, quiere realmente instalar estos controles adecuados para que, en casos de abusos y torturas por parte de la policía, haya consecuencias reales y ya no se genere la impunidad que, a 13 años, lleva todavía a estas mujeres a seguir buscando justicia -apunta por su parte Sofía de Robina, abogada del área internacional del Centro Prodh.

Mientras tanto, las mujeres lo tienen claro: no se conformarán solo con actos públicos de disculpa.

-Yo tengo una natural desconfianza hacia el Estado mexicano -admite Italia con una breve sonrisa-. No me importa quién esté, porque nuestra experiencia con Felipe Calderón y Peña Nieto fue frustrante y revictimizante.

-Ahora -añade-, el nuevo gobierno dice que tiene la consigna de cumplir cabalmente con la sentencia. Y nuestra postura es que no nos vamos a conformar con menos de lo que incluye la sentencia.

-Es decir -concluye, categórica-. Para nosotras, la parte simbólica del perdón del Estado, solo es posible si está vinculada directamente al acceso a la justicia y a que los responsables paguen por lo sucedido hace 13 años en Atenco.

 

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