Lula, candidato a la presidencia de Brasil: ¿podrá hacer campaña en la cárcel?
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Lula, candidato a la presidencia de Brasil: ¿podrá hacer campaña en la cárcel?

Su inscripción probablemente será vetada de la contienda electoral por la llamada Ley de Ficha Limpia, que hace inelegible a un candidato que haya sido condenado en dos instancias; actualmente está preso por corrupción pasiva y lavado de dinero.
4 de agosto, 2018
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A pesar de que enfrentará obstáculos casi infranqueables, el Partido de los Trabajadores (PT) decidió proclamar al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como su candidato a las próximas elecciones presidenciales de Brasil, durante una convención celebrada en Sao Paulo este sábado.

Lula no estuvo presente en la misma, pues desde el 7 de abril está preso en la Superintendencia de la Policía en Curitiba, tras ser condenado en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero en el escándalo Lava Jato.

Y la candidatura final del exmandatario brasileño está en entredicho, pues su inscripción probablemente será vetada de la contienda electoral por la llamada Ley de Ficha Limpia, que hace inelegible a un candidato que haya sido condenado en dos instancias.

Este proceso de impugnación de su candidatura no es, sin embargo, automático, lo que genera gran incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con la candidatura del PT y con las elecciones presidenciales.

Aquí están los escenarios posibles que se podrán desarrollar en las próximas etapas de este drama político.

Las fechas clave

Se espera que el partido registre como candidato a Lula ante la Justicia Electoral el 15 de agosto, el plazo final, cuando el Ministerio Público pedirá la impugnación del registro. La procuradora general de la República, Raque Dodge, ya dejó en claro que le dará prioridad al caso.

Según los abogados consultados por la BBC, ese proceso tiende a llevar algunas semanas, porque es necesario permitir tiempo para que la defensa se manifieste y escuchar los posibles testimonio de los testigos.

Convención del PT

AFP
El exmandatario no pudo estar en la convención donde se le proclamó candidato.

El fecha límite para que el Tribunal Superior Electoral (TSE) se pronuncie es el 17 de septiembre. Dentro de ese plazo el PT también tiene la posibilidad de cambiar a Lula por otro candidato.

Entre las opciones del partido están el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, el exgobernador del estado de Bahía Jaques Wagner y la senadora de Paraná y presidenta del partido Gleisi Hoffmann.

No obstante, después de un fallo del TSE, el PT aún podrá recurrir al Tribunal Superior Federal (STF), dilatando la indefinición sobre la candidatura.

Si no llega a haber una decisión definitiva sino hasta el 17 de septiembre y el PT haya optado por no sustituir a Lula dentro de ese plazo, podría quedarse sin candidato si el TSE llegara a vetar a Lula después.

Dado el caso, el partido tendrá que elegir entre insistir en el derecho de Lula a ser candidato, bajo el argumento de que él es un preso político, o adoptar la estrategia pragmática de desistir del nombramiento de Lula antes de que se tome una decisión final para poder cambiarlo por un candidato que no corra el riesgo de ser impugnado.

El exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad

Reuters
El exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad es una de las opciones del PT para sustituir a Lula como candidato.

Si el PT mantiene a Lula y éste es vetado definitivamente después de 17, pero antes de la primera vuelta, su foto probablemente seguiría en los tarjetones, pues no habría tiempo de retirarlo del sistema, explicó a la BBC News Brasil un ex magistrado del TSE.

Frente a ese escenario, todos los votos 13 (el número del PT) serían considerados nulos. Cabe mencionar que los candidatos que irán a la segunda vuelta serán el primero y el segundo que logren más votos válidos, aunque los votos en blanco y los anulados sumen más del 50%.

¿Qué pasa si el hay demora?

Si no hay una definición hasta la elección, convocada para octubre, Lula podrá estar en la contienda.

En caso de que quedara entre los dos primeros en la primera vuelta (el 7 de octubre), pero fuera vetado antes de la segunda (el 28), sus votos serían anulados y el candidato que llegara de tercero entraría a ocupar el lugar de Lula, afirma el abogado Marcelo Peregrino, ex-juez del Tribunal Electoral Regional de Santa Catarina.

José Mujica (expresidente de Uruguya) y Gleisi Hoffman en una manifestación a favor de Lula en Curitiba

AFP
El PT afirma que Lula es un preso político y que su condena par el caso Lava Jato fue ilegal.

Un eventual resultado electoral significativo, que sin embargo sea anulado en la segunda vuelta, podría resultar en “una seria polémica sobre la legitimidad del nuevo presidente”, observa Peregrino.

Si la consideración sobre la elegibilidad de la candidatura de Lula se extiende hasta el punto en el que él pueda disputar la segunda vuelta y finalmente ganar la contienda, su candidatura podría llegar a ser revocada por la autoridades electorales incluso después de ser elegido presidente.

“En ese caso, el presidente de la Cámara de Diputados asumiría la presidencia de la República y convocaría a nuevas elecciones directas en 90 días“, resalta.

Es posible que esos escenarios ocurran, en la opinión de Peregrino, pues la consideración del TSE sobre las candidaturas no es rápido, y Lula aún podría recurrir después al Tribunal Superior.

Pero el abogado Alberto Rollo, presidente del Instituto de Derecho Político Electoral y Administrativo, sostiene lo contrario y cree que la justicia tiende a dar celeridad estos casos.

¿Y la campaña?

Lula está preso porque el STF dictaminó que los condenados en segunda instancia pueden comenzar a cumplir su pena incluso cuando todavía haya recursos que interponer contra esa condena en las cortes superiores (el propio STF e o el Tribunal Superior de Justicia).

Esta decisión no interfiere en sus derechos políticos y, por eso, Lula puede hacer campaña mientras su registro como candidato aún esté bajo consideración en el TSE y en el STF.

Lula frente a una manifestación de sindicalistas adeptos antes de su entrega a las autoridades para cumplir con su condena

Reuters
El PT tendrá que recurrir a imágenes de archivo para hacer campaña a favor de Lula.

Sin embargo, la jueza Carolina Lebbos, responsable de la ejecución de la pena del expresidente, ha negado todas las solicitudes para que Lula grabe vídeos, conceda entrevistas o salga de la cárcel para participar en eventos como la convención del PT de este sábado.

Si la defensa del expresidente no consigue revertir esas decisiones en instancias superiores, el PT podrá hacer campaña a nombre de Lula, pero con imágenes de archivo o con nuevas declaraciones de él por escrito.

Además, la fiscal general, Raquel Dodge, ya anunció que el Ministerio Público Electoral pedirá el reembolso de recursos públicos usados ​​en campaña por candidatos cuya elegibilidad es cuestionada según la Ley de Ficha Limpia.

Al amenazar con buscar el resarcimiento de los recursos utilizados en campaña, la Procuraduría intenta restringir la candidatura de quienes saben que probablemente serán vetados según la Ley de Ficha Limpia para que no incurran esos gastos, restringiendo su capacidad de participar efectivamente en la carrera electoral.

Sin embargo, le corresponde a la Justicia Electoral determinar si de hecho el resarcimiento tendrá que hacerse.

Las posibilidades

Lula podría viabilizar su candidatura si consigue que el TSE o el STF tome la decisión de suspender su inelegibilidad bajo el argumento de que la condena en el caso Lava Jato fue ilegal.

Manifestación a favor de Lula, en abril de 2018 en Brasilia

EPA
La jueza responsable de la ejecución de la pena del expresidente, no ha permitido que Lula grabe vídeos, conceda entrevistas o salga de la cárcel para participar en eventos del PT.

Los abogados de Lula presentaron en junio un recurso en el Tribunal Supremo sosteniendo que ese proceso violó garantías constitucionales, como el derecho a una amplia defensa y el principio de tener un juez natural de la región (afirman que Sergio Moro, juez en Curitiba, no pubo haber juzgado un caso en una sala en el estado de São Paulo).

Sin embargo, parece improbable que Lula consiga una decisión favorable. El juicio del recurso no se ha iniciado todavía, pero se espera que pueda ocurrir a partir de la próxima semana.

Está listo para ser programado después de la presentación final de la defensa, cuyo plazo se vence este lunes.


 

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Cuartoscuro

Juez ordena al INM retirar mensajes discriminatorios contra personas migrantes

Migración y Segob deberán abstenerse de emitir mensajes “discriminatorios” tras un amparo presentado por el CDH Fray Matías de Tapachula.
Cuartoscuro
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El juzgado segundo de distrito del estado de Chiapas ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) retirar un boletín publicado el 1 de octubre de 2020 en el que amenazaba con cárcel a los migrantes accediesen al país “sin medidas sanitarias” derivadas de COVID-19.

Además, ordena a la institución que dirige Francisco Garduño y a la secretaría de Gobernación que “se abstengan de emitir en los distintos medios de comunicación oficial discurso o mensajes discriminatorios, estigmatizantes, segregantes y marginantes en agravio de las personas migrantes o extranjeras en situación de movilidad que ingresan a territorio nacional”.

La orden del juez viene después de que concediera la suspensión provisional tras un amparo presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula, Chiapas. Este recurrió a los tribunales después de un comunicado emitido por el INM en el que amenazaba con cárcel a los migrantes que accediesen a México y pudiesen portar COVID.

Alegaba Migración que existen leyes estatales y federales que prevén penas de hasta 10 años de prisión para quien pusiese en peligro la salud de otro y le expusiese a un contagio a sabiendas. Este comunicado se produjo en el contexto de una caravana que acababa de partir desde San Pedro Sula, Honduras, y que aprovechó el fin de los estrictos confinamientos con los que los países centroamericanos trataron de combatir la pandemia.

La marcha nunca llegó a territorio mexicano, ya que las autoridades guatemaltecas la dispersaron antes. Sin embargo, ahí quedó la amenaza del INM contra los migrantes sin documentación.

Ante el amparo presentado por Fray Matías, el juez ordena retirar el boletín “por considerar la parte quejosa que se transgrede el derecho humano a la no discriminación y de seguridad jurídica, al estimar que fomenta el estigma de que toda persona extranjera es fuente de contagio de COVID-19 y que representan un peligro por ello deben ser objeto de sanción penal”. 

El boletín ya ha sido retirado de la web del gobierno federal, ya que la resolución fue emitida el pasado 14 de diciembre. Animal Político quiso conocer la posición del INM ante la decisión judicial, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

“El gobierno de México ha estado emitiendo una serie de comunicaciones que tienden a generar un clima de discriminación, xenofobia, estigma y segregación a las personas extranjeras. Este ha sido un tema general, que se materializa con el boletín de prensa”, dijo Guillermo Naranjo, abogado del Fray Matías. En su opinión, resulta importante que la suspensión no se limite al comunicado de octubre de 2020, sino que se haga extensible a cualquier mensaje xenófobo o discriminatorio que pueda emitir el INM y la Segob. 

“Si el día de mañana se emite un comunicado que sugiera una suerte de discriminación, esta se puede hacer del conocimiento del juez y habría un incumplimiento. Este puede suponer multas, sanciones económicas o investigación penal”, explicó Naranjo.

Desde octubre, cuando una caravana partió desde Tapachula, el INM emitió diversos boletines en los que volvía a vincular a migrantes con diversas enfermedades. Por un lado, anunció haber detectado seis casos de dengue. Por otro, aseguró que varios de los que decidieron entregarse a las autoridades para que su caso fuese tramitado también presentaron COVID. Esto dentro de una estrategia que buscaba agotar a los integrantes de la marcha para que se desistieran: la Guardia Nacional cerraba la carretera y les impedía subirse a vehículos en los que avanzar sin tener que caminar

Ahora el juez debe entrar al fondo del asunto y valorar si los boletines del INM fueron discriminatorios. La audiencia estaba fijada para el martes, 11 de enero, pero un retraso en las comunicaciones obligó a retrasarla. Mientras se lleva a cabo, está vigente la suspensión. 

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