El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resolvió que existieron una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho y no se la ha hecho justicia en México, al ser detenida en 2005, luego de que publicara un libro sobre una red de prostitución infantil, en la que estuvieron involucrados personajes como el empresario Kamel Nacif, además de funcionarios.
“Es el primer caso de una mujer periodista con estas características, que se resuelve en el sistema universal de derechos humanos”, dijo Leopoldo Maldonado, abogado de la periodista e integrante de la organización Artículo 19, sobre el fallo en contra del Estado mexicano.
Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó en conferencia de prensa seis dimensiones en las que se desarrolla el caso de la periodista:
“Tortura; investigación de intimidación de castigo; violencia de género, discriminación a las mujeres; detención arbitraria de la libertad; evidentemente la libertad de expresión, la violencia contra periodistas e impunidad, como el denominador común de muchos derechos humanos en México y la colusión de poderes”.
Jarab dijo que Cacho tuvo que recurrir a instancias internacionales, “ante el fallo de los órganos de procuración de justicia nacionales”.
De las 10 personas que detuvieron a Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005, cinco eran empleados de Kamel Nacif, empresario mexicano de origen libanés, a quién la periodista denuncia en su libro Los demonios del Edén, por pornografía infantil, junto con funcionarios mexicanos, entre ellos Miguel Ángel Yunes y el exgobernador del estado de Puebla, Mario Marín.
Además de los empleados de Nacif, en la detención de Cacho estuvieron involucrados otros cinco agentes, de los cuales solo José Montaño Quiroz fue sentenciado a seis años de prisión por tortura. En octubre de 2014 se presentó el caso de Lydia en Ginebra, “reactivan la investigación y en diciembre lo detienen”. En octubre de 2017, sentenciaron al policía.
“Nos parece una pena insuficiente por la gravedad de los delitos, por el carácter sexual y también de la tortura y por el tema que traen, de la violación a la libertad de expresión. Los jueces apelamos a la sentencia y el Tribunal Unitario de Quintana Roo solamente lo aumentó un poco, pero este sujeto, prácticamente, va a salir en 2020”, señaló el abogado Maldonado.
La autora, indicó el Comité, presentó denuncias por tortura, tentativa de violación, detención arbitraria y abuso de autoridad en marzo de 2006, sin que hayan avanzado 12 años más tarde.
El Estado, concluyó el Comité, tiene la obligación de proporcionar a Lydia un recurso efectivo, realizando las siguientes acciones:
- Una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lydia.
- Procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsable de las violaciones cometidas.
- Ofrecer compensación adecuada a Lydia.
- Adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, incluso mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.
El Comité señaló que “desea recibir en un plazo de 180 días información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen. Se pide al Estado mexicano que publique el dictamen, con amplia difusión”.
Aquí puedes consultar el resumen de la resolución de la comunicación No. 2767/2016, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por el caso de la periodista Lydia Cacho:
