Comité de la ONU falla a favor de Lydia Cacho y contra el Estado mexicano, por violaciones a sus derechos
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Comité de la ONU falla a favor de Lydia Cacho y contra el Estado mexicano, por violaciones a sus derechos

Se trata del primer caso de una mujer periodista que se resuelve en el sistema universal de derechos humanos de la ONU; se fijó al Estado mexicano un plazo de 180 días para responder.
Cuartoscuro
Por Verónica Santamaría
2 de agosto, 2018
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El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resolvió que existieron una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho y no se la ha hecho justicia en México, al ser detenida en 2005, luego de que publicara un libro sobre una red de prostitución infantil, en la que estuvieron involucrados personajes como el empresario Kamel Nacif, además de funcionarios.

“Es el primer caso de una mujer periodista con estas características, que se resuelve en el sistema universal de derechos humanos”, dijo Leopoldo Maldonado, abogado de la periodista e integrante de la organización Artículo 19, sobre el fallo en contra del Estado mexicano.

Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó en conferencia de prensa seis dimensiones en las que se desarrolla el caso de la periodista:

“Tortura; investigación de intimidación de castigo; violencia de género, discriminación a las mujeres; detención arbitraria de la libertad; evidentemente la libertad de expresión, la violencia contra periodistas e impunidad, como el denominador común de muchos derechos humanos en México y la colusión de poderes”.

Jarab dijo que Cacho tuvo que recurrir a instancias internacionales, “ante el fallo de los órganos de procuración de justicia nacionales”.

De las 10 personas que detuvieron a Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005, cinco eran empleados de Kamel Nacif, empresario mexicano de origen libanés, a quién la periodista denuncia en su libro Los demonios del Edén, por pornografía infantil, junto con funcionarios mexicanos, entre ellos Miguel Ángel Yunes y el exgobernador del estado de Puebla, Mario Marín.

Además de los empleados de Nacif, en la detención de Cacho estuvieron involucrados otros cinco agentes, de los cuales solo José Montaño Quiroz  fue sentenciado a seis años de prisión por tortura. En octubre de 2014 se presentó el caso de Lydia en Ginebra, “reactivan la investigación y en diciembre lo detienen”. En octubre de 2017, sentenciaron al policía.

“Nos parece una pena insuficiente por la gravedad de los delitos, por el carácter sexual y también de la tortura y por el tema que traen, de la violación a la libertad de expresión. Los jueces apelamos a la sentencia y el Tribunal Unitario de Quintana Roo solamente lo aumentó un poco, pero este sujeto, prácticamente, va a salir en 2020”, señaló el abogado Maldonado.

La autora, indicó el Comité, presentó denuncias por tortura, tentativa de violación, detención arbitraria y abuso de autoridad en marzo de 2006, sin que hayan avanzado 12 años más tarde.

El Estado, concluyó el Comité, tiene la obligación de proporcionar a Lydia un recurso efectivo, realizando las siguientes acciones:

  1. Una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lydia.
  2. Procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsable de las violaciones cometidas.
  3. Ofrecer compensación adecuada a Lydia.
  4. Adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, incluso mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.

El Comité señaló que “desea recibir en un plazo de 180 días información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen. Se pide al Estado mexicano que publique el dictamen, con amplia difusión”. 

Aquí puedes consultar el resumen de la resolución de la comunicación No. 2767/2016, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por el caso de la periodista Lydia Cacho: 

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Chile: 4 claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet

Una gran mayoría de chilenos votó este domingo a favor de reemplazar la Constitución vigente, que fue redactada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.
26 de octubre, 2020
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chile

Getty Images
Las autoridades iniciaron el recuento de votos en la noche del domingo.

Por primera vez en la historia de Chile, este domingo se preguntó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución.

El resultado fue abrumador: uni 78% de la población votó por el cambio de la Carta Magna.

Será además la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Tras conocer los resultados preliminares, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que “triunfó la ciudadanía y la democracia” tras conocerse los primeros resultados del histórico plebiscito.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, indicó.

El proceso, que transcurrió en tranquilidad, generó largas filas tanto en el país como en el extranjero, mientras las autoridades se esforzaban por mantener la distancia entre los votantes para evitar la propagación del coronavirus.

colas

AFP
Se han reportado largas filas a lo largo del país.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

chile

AFP
Efectivos del Ejército ayudan a algunas personas a ejercer el voto.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

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La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente ampliay en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

colas

Getty Images
Las autoridades han pedido a la población mantener la distancia social.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

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Muchas filas buscan mantener el distanciamiento social.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

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El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

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Las largas filas se han mantenido desde que abrieron los centros para ejercer el voto.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

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El referendo ha transcurrido con normalidad.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

colas

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El referendo se realiza en medio de la pandemia de coronavirus.

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

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El proceso ha sido calificado de histórico.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

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Las autoridades han tomado medidas especiales para evitar la propagación del virus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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